La democracia es algo delicado que requiere cuidado permanente. Los riesgos de debilitamiento son constantes. Sobre todo, cuando estos son endógenos y se inoculan en las altas instituciones, lo que supone un gran peligro.

Guatemala es un caso claro de riesgo constante; en la última década ha alcanzado el máximo deterioro de lo que le queda de democracia. Antes de eso contaba ya con poco oxígeno y estaba atrapada por numerosos problemas históricos –siguen vivos– que agrupé, hace casi dos décadas, en el artículo “Guatemala, un volcán”. 

Una dictadura militar de treinta años, la incapacidad de los gobernantes para aceptar una realidad multiétnica; genocidios brutales como el que llevó a cabo el general presidente Ríos Montt, que fue condenado por la jueza Yasmín Barrios en 2013 –aunque más tarde se revisó la sentencia–; una gran pobreza y una inexistente redistribución de la riqueza –Guatemala es el país con más helicópteros del mundo por habitante–, etc.

Y, sobre todo, la corrupción. Esta ha sido una terrorífica lacra que ha convertido en escombros las instituciones del Estado, particularmente la magistratura y la Fiscalía. También las presidencias están contaminadas desde hace mucho. 

En mi penúltimo viaje, en 2015, como observador electoral de OEA (Organización de Estados Americanos), el día de llegada pude ver en televisión cómo era arrestada la vicepresidenta y días después el presidente Otto Pérez Molina. Entre otros latrocinios, estaba el de una adjudicación corrupta de un puerto a una naviera española, cuyo presidente fue salvado de extradición por la Audiencia Nacional donde los oficios altamente retribuidos de Villarejo debieron surtir efectos. 

A ese presidente le siguieron otros similares: Jimmy Morales y Alejandro Giammatei. Pero bajo sus mandatos se creó el pacto de corruptos, que es una alianza firme, consolidada y muy poderosa que agrupa a políticos, empresarios y jueces para asegurar la impunidad de quienes se mueven en esos lodazales. Estos últimos cumplen el papel más importante, pues son quienes aseguran, y no es gratis, que no le pase nada a quien esté inmerso en esas conductas criminales. En el ámbito judicial, este cártel que carcome el poder del Estado tiene en sus filas a jueces en las más altas instancias: Tribunal Supremo Electoral, Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pero llega también a algunas Cortes de Apelaciones. Hace un mes se inició el proceso de renovación de todas estas Cortes, pero las manipulaciones y malas artes lo están bloqueando, singularmente en la Corte Suprema. Se trata de mantener vivos y asegurar esos lazos de intereses corruptos y por eso se evita que nada pueda intentar desenredar estos fuertes nudos. 

En las elecciones del año pasado, la fiscal general (a la que luego me referiré) actuó firme para inhabilitar a dos candidatos que podían ser peligrosos para el sistema. Pero despreció otra candidatura llamada Semilla, cuyo líder, Bernardo Arévalo, tenía escasa implantación y peso en las encuestas.

Sorprendentemente, este candidato pasó a segunda vuelta aunque con menos votos que su oponente, Sandra Torres. Ella simbolizaba a esa clase muy poderosa y llevaba por eslogan en sus carteles una idea lamentable: “Sí es posible ayudar SIN QUITAR A NADIE”. Estas palabras aparecían así, en mayúsculas. Era un buen lema para quedar bien con sus patrocinadores (la clase social dirigente) pero pésimo para ganar las elecciones en un país donde casi nadie tiene nada, salvo los poderosos de derechas. Aquello lo pude vivir desde allí y lo plasmé en el análisis “Guatemala, un gran volcán con una semilla de esperanza”.

Bernardo Arévalo arrasó en la segunda vuelta, el 20 de agosto del 2023. Ya antes, la muy poderosa y corrupta –así la tienen declarada 42 países del mundo– fiscal general, Consuelo Porras, perseveró con saña en lo que dos meses antes había iniciado: destrozar al candidato y su partido. Lograría ilegalizar a Semilla hasta el punto de que recién electo presidente, hubo de pedir su baja del partido.

Porras intentó emponzoñar e incluso criminalizar al candidato votado por el pueblo abrumadoramente, pero la movilización social, particularmente la indígena,  impidió ese golpe de Estado. La toma de posesión se celebró en enero, precedida de horas de votaciones llenas de filibusterismo y trampas, dilatándose el debate parlamentario y la votación final que debía hacerse antes de las doce de la noche. Lo seguí por televisión alucinado y pude valorar la firmeza del respaldo democrático internacional que desarrollaba allí el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.

Desde las elecciones ha transcurrido un año y desde la toma de posesión, apenas seis meses, pero ya se puede hacer un balance de este breve tiempo de gobierno. Aunque en todas las áreas la ciudadanía desea mejorar su modo de vida, lo más importante es el compromiso esencial que asumió Arévalo y por el cual le votaron: la lucha contra la corrupción. El análisis “Diagnóstico de percepciones a los seis meses del gobierno de Arévalo”, elaborado por el Grupo de Análisis Diestra, es muy completo y fiable, y aporta algunas conclusiones sobre el mandato de Arévalo.

Pero lo esencial es conocer en qué punto se encuentra la promesa que le llevó a obtener la confianza del pueblo guatemalteco: la lucha contra la degeneración del sistema y la impunidad que es, sin duda, el grandísimo problema de Guatemala. Conscientes de ello, en julio pasado, se desplazaron al país el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH, que se reunieron con diversos agentes públicos y sociales. El jefe de Derechos Humanos de la ONU expresó en su informe que “la democracia sigue en peligro en Guatemala”.

La regeneración del estamento judicial es una prioridad absoluta. Es muy perversa la utilización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia, entre ellos jueces honestos y defensores de derechos humanos. Argumentos espurios, nimios o inventados han sido utilizados –en esto me recuerda a casos en nuestro país, siempre frente a dirigentes progresistas– para criminalizar a jueces que son atemorizados y perseguidos; más de cincuenta han tenido que exiliarse. Algunos valientes, que continúan en el cargo, llevan una protección policial con tanquetas. 

El problema es que todo está tan bien atado entre jueces, políticos y empresarios que el reto de Arévalo y su equipo por deshacer los nudos de la corrupción e impunidad, sobre todo el judicial, es muy complicado. La fiscal general, ariete fundamental para promover acciones penales contra los honestos, es clave. Nombrada en 2018 por Morales y renovada en 2022, le quedan todavía dos años. Es inamovible y está blindada no solo por la ley, sino ultra protegida por ese clan del pacto de corruptos. No ha acudido cuando el presidente de la República ni tampoco los organismos internacionales antes citados han visitado el país y requirieron su colaboración.

Desmontar este entramado lleva tiempo, energía y estrategia, y esto último, como subraya el análisis sociológico mencionado, es uno de los puntos en los que el Gobierno necesita mejorar. Los errores de comunicación son notables, aunque afecten más a la acción del Gobierno y los ministerios que al problema específico de la corrupción.

Hay que rescatar la institución y hacer que se cumplan las reglas del juego, pero estas están muy distorsionadas y manipuladas. Quizás algunos miembros de la alta magistratura cambien con el nuevo Ejecutivo, pero es difícil cuando ya se forma parte de una casta corrupta. La Corte Constitucional otorgó en mayo amparo a la fiscal general –solo uno se opuso– y reiteró el apoyo hace muy poco. En cambio, ella ha demandado al presidente Arévalo y promueve acciones contra gente próxima a Semilla. Es lamentable que los que están siendo perseguidos sean quienes intentan combatir la corrupción. 

Ahora el presidente promueve un cambio legislativo para cesar a la fiscal general, pero uno de los problemas es que está lejos de obtener la mayoría en el Congreso donde, además, no tiene reconocido a Semilla como grupo parlamentario, pues el partido está judicialmente suspendido. Todo son palos en las ruedas y laberintos para el reto de deshacer la madeja de la impunidad.

Guatemala es un lugar que siempre representa para mí una mezcla de contrastes al límite, sensaciones encontradas, que van desde la atracción inmensa por sus bellezas naturales y culturales multiétnicas y el dolor compasivo por la maldición de los estragos de unas dirigencias empeñadas en hacer que el volcán destructor esté siempre activo.