Edgar Pérez (Ciudad de Guatemala, 1969) lleva casi la mitad de su vida dedicada a la abogacía. En 2010 fundó el Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, desde donde desarrolla una intensa labor para esclarecer violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante el último conflicto armado interno. Ahora visita España y atiende a CTXT para abordar la realidad del país centroamericano. Hablamos de cómo el lawfare opera contra aquellos partidos y candidatos que persiguen renovar un sistema agujereado por la corrupción, de los peligros a los que se enfrenta el presidente electo Bernardo Arévalo hasta su toma de posesión, y del miedo que persigue al propio Pérez, para quien dar esta entrevista ya supone un peligro para su vida.

No sé si sabrá que últimamente se ha hablado mucho sobre el lawfare en España. ¿Es algo que también se da en Guatemala?

Nosotros lo llamamos criminalización, directamente. Para mí, supone una manipulación del derecho penal al presentar causas superficiales, manipuladas y arbitrarias contra personas opositoras o que tienen una posición crítica con las políticas públicas del gobierno. Intentan neutralizarlos y limitar la lucha que llevan a cabo. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto capturas realizadas contra catedráticos, universitarios y trabajadores de la Universidad San Carlos.

En los pasados comicios del país no se pudo presentar el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de corte indígena y que cosechaba muy buenos resultados, con Thelma Cabrera a la cabeza. ¿Hasta qué punto algo así es frecuente en Guatemala?

Podríamos afirmar que este lawfare es algo estructural. En esta ocasión, fueron varios los partidos que no pudieron ser elegidos por la ciudadanía ya desde la primera vuelta del 25 de junio, además del que mencionas. Es el caso de Roberto Arzú, al que acusaron judicialmente de hacer campaña anticipada, o Carlos Pineda, quien cosechó una gran popularidad y que por órdenes judiciales tampoco se pudo presentar. A ellos se suma Aldo Dávila, a quien también se dejó fuera bajo unos criterios muy cuestionables.

En cambio, Semilla, el partido liderado por Bernardo Arévalo, ganó la segunda vuelta de las elecciones que se celebraron el 20 de agosto. Arévalo es hijo de Juan José Arévalo Bermejo, presidente del Gobierno guatemalteco desde 1945 hasta 1951, considerado el primer presidente libre del país centroamericano. ¿Qué resistencias existen en Guatemala todavía para que Bernardo Arévalo llegue al poder, presumiblemente, el 14 de enero?

Yo no conozco todas las resistencias que existen, pero sí que sufre un ataque continuo y criminalización desde su elección el 25 de junio. Para abordar esta cuestión, hay que hacerlo desde una perspectiva histórica. Bernardo Arévalo es hijo de uno de los presidentes con mayor visión social que ha tenido Guatemala en toda su historia. Yo no quiero ponerle en un pedestal, pero reconocer todos los avances democráticos y de conquista de derechos que se dieron bajo su mandato es de justicia.

Bernardo Arévalo es hijo de uno de los presidentes con mayor visión social que ha tenido Guatemala en toda su historia

No solo se preocupó por el desarrollo económico de su país, sino también por el desarrollo humano de su población. Ese legado es muy fuerte, y ahora lo posee Bernardo Arévalo, quien ha sido capaz de crear expectativas de cambio entre la ciudadanía. Las resistencias comienzan cuando el nuevo Gobierno que quizá se forme tenga entre sus banderas la transparencia, ya que los anteriores han tenido un alto índice de corrupción. Si él llega a la presidencia, seguramente conoceremos muchas cosas que no conocemos ahora mismo. 

¿Por qué los tribunales no consiguieron ilegalizar el Movimiento Semilla, del presidente electo Arévalo ?

Los tribunales todavía lo siguen intentando. En las últimas semanas, de hecho, se ha agudizado esta judicialización de la política. Es importante saber que las ilegalidades que se le plantean a Semilla encuentran su razón de ser en su fundación. ¿Por qué hasta ahora Semilla [el Movimiento nació hace cinco años] ha podido participar en las elecciones, incluso sacar diputados? ¿Por qué esperan ahora para investigar a un partido político?

Otro aspecto crucial es que a Semilla se le está investigando bajo la ley especial contra el crimen organizado, que establece que se puede suspender temporalmente a cualquier empresa o licencia que se haya obtenido para cometer delitos, pero no a partidos políticos. Podría ser corrupto, pero en el futuro, y si llega al gobierno. 

A Semilla se le está investigando bajo la ley especial contra el crimen organizado

Seguramente, habrá grupos políticos que han cometido actos de corrupción y que temen que un presidente con un legado tan fuerte y con criterios más democráticos podría descubrir y hacer público todo este tipo de corruptelas que han ocurrido en los gobiernos de Guatemala en los últimos cuatro períodos de elecciones.

Como respuesta, miles de personas lideradas por organizaciones indígenas cerraron durante veinte días más de cien tramos de carreteras por todo el país. Además, continúan concentrándose frente a la Fiscalía General de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general del caso. Les acusan de ejecutar un golpe de Estado. ¿Considera que están en lo cierto estas organizaciones?

Está establecido que todo lo relacionado con el proceso de las elecciones se regirá por una ley especial. Si un partido político no cumple los requisitos en su constitución, tendrá que resolver el Tribunal Superior Electoral. Aquí lo que ha pasado es que un juez ordinario ha aplicado una ley para la que no tiene competencias y ordena la suspensión de ese partido.

Lo que ha pasado es que un juez ordinario ha aplicado una ley para la que no tiene competencias y ordena la suspensión de ese partido

Por más de cuarenta días, la población mantiene su movilización frente a la Fiscalía General porque entienden que debe ser ella quien actúe. Lo que quieren es que renuncien los funcionarios que han manipulado el derecho penal para atacar a aquellos candidatos que no consideran adecuados. Eso es lo que ocurre, así que no me atrevería a responder a tu pregunta porque conlleva demasiada responsabilidad.

Recientemente, la misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala publicó su informe sobre los comicios generales de 2023. En su presentación, el eurodiputado Jordi Cañas, jefe de misión, afirmó que en el país hay “un contexto marcado por una limitada separación de poderes, severas restricciones a las libertades de expresión y de prensa, un uso indebido de instituciones cooptadas políticamente con fines electorales y por continuos ataques al Estado de derecho”. ¿Considera a Guatemala una democracia?

En el papel pone que es una democracia, pero en la práctica esa democracia es muy débil. Tenemos una democracia constituida por ley, pero en su ejercicio hay muchas limitaciones. Está limitado el ejercicio de los derechos, y por supuesto la independencia de poderes. Se usan indebidamente a las instituciones para atacar a aquellos que simple y sencillamente tienen criterios disidentes sobre las políticas públicas. Hablar de democracia donde no puede haber disidencia es hablar de una democracia muy débil.

Usted se dedica a buscar justicia para las víctimas y familiares de víctimas de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil guatemalteca, cometidos durante el conflicto armado interno. Entre ellos está la quema de la Embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980. Murieron 37 personas. ¿En qué punto se encuentra este caso?

Este caso tuvo una sentencia en torno al 2014 que dio como resultado la condena del señor Pedro García Redondo, jefe de un escuadrón policial de investigación, lo que no dejaba de ser un aparato paralelo a los oficiales del Estado dedicado a actos vandálicos y ejecuciones extrajudiciales de aquellos que consideraban opositores. La justicia de Guatemala lo ha condenado a 80 años de prisión, pero esa misma justicia no resolvió nada en cuanto a la reparación que un caso como este debía dar.

Hemos presentado el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, y ya ha superado la fase de admisión. Ahora estamos a la espera de conseguir un informe de fondo para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de sus mayores logros es la condena que consiguió para cinco exmilitares responsables de la masacre de las Dos Erres por tortura, violación y muerte de más de 200 civiles y por crímenes contra la humanidad. En total, fueron 6.000 años de prisión. Asimismo, en 2009 logró la primera condena por desaparición forzada durante el conflicto armado interno, emitida por un tribunal nacional. ¿Considera que se ha dado un cambio de mentalidad en la justicia guatemalteca?

Considero que estos resultados se dieron en un momento de apertura democrática del sistema judicial de Guatemala. De 2009 a 2014, aproximadamente, tuvimos una senda de procesos judiciales ante los que el sistema respondió bajo criterios democráticos y tomando en consideración los estándares internacionales, la inmensa mayoría de ellos relacionados con el conflicto armado interno.

Pudimos saber que hubo agentes policiales que se resistieron a cumplir órdenes de sus superiores porque las consideraban ilegales

Aquello supuso un reforzamiento del estado de derecho. Aquella ventana de oportunidad que se abrió hoy parece que se cierra. Por otro lado, hay cierto cambio de mentalidad. Lo vimos en las últimas manifestaciones y disturbios que se han dado por el último proceso electoral. Hoy en día, como todo se publica en las redes sociales, pudimos saber que hubo agentes policiales que se resistieron a cumplir órdenes de sus superiores porque las consideraban ilegales.

Cuando vi aquello, que se daba cierta resistencia por los agentes de seguridad para confrontar de manera violenta con los manifestantes, sentí cierta satisfacción porque todo este trabajo de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno parecía dar como resultado la concienciación de los agentes.

Su labor de defensa de los derechos humanos le ha granjeado fuertes amenazas. De hecho, normalmente le acompañan las Brigadas de Paz Internacional. ¿Teme por su vida?

Digamos que defender los derechos humanos en un país como Guatemala siempre es un riesgo. Desafortunadamente, quienes lo hacemos nos convertimos directamente en opositores, cuando realmente deberíamos ser figuras elogiadas que buscan fortalecer el estado de derecho y aumentar la fortaleza jurídica.

Es difícil de contestar porque ni siquiera pienso en temer por mi vida. He sufrido algunas acciones no gratas en el desarrollo de mi trabajo, y continúan hoy en día. El temor no es tanto a que te maten físicamente, que también podría darse, pero hoy en día el miedo es que te puedan encarcelar. Muchas mujeres valientes que lucharon contra la corrupción del Estado están en prisión, otras tantas continúan litigando y las restantes en el exilio. Incluso decir lo que he dicho en esta entrevista puede suponer un peligro para mi vida.

¿Y a qué le tiene miedo?

A que la gente desconozca realmente sus garantías fundamentales, que realmente no valga la pena lo que muchas mujeres y hombres, entre los que estoy, hacemos. A eso le tengo miedo, a que el país caiga en una arbitrariedad total.