Un reciente artículo explora la hipótesis de que la precariedad es un factor determinante en la salud mental de los jóvenes. La publicación es de Lara Maestripieri, Matilde Cittadini, Adriana Offredi y Roger Soler i Martí, (IGOP/Universitat Autònoma de Barcelona); Míriam Acebillo-Baqué, INGENIO (CSIC-Universitat Politècnica de València); Karen van Hedel (Utrecht University) y Alba Lanau (Universitat Pompeu), y se basa en una encuesta y un grupo focal llevados a cabo en 2023 en todo el territorio español y centrados en jóvenes de 20 a 34 años. En total, entrevistaron a 3.012 participantes.

El artículo muestra que lo que afecta a la salud mental de los jóvenes no es tanto carecer de un empleo fijo como percibir que están en situación de precariedad. La precariedad es un concepto complejo que incluye también significados que van más allá de las condiciones laborales y que están más relacionados con la incapacidad de garantizar un nivel de vida digno. Los resultados demuestran que la precariedad laboral y la inseguridad económica se distribuyen de forma desigual entre los grupos sociales, pero el sentimiento de precariedad es común entre todos los jóvenes en España. 

Para los encuestados, el significado de precariedad va más allá de tener un mal trabajo: se relaciona con su capacidad de acceder a un nivel de vida digno y disponer de suficientes recursos para cubrir los costes de una vida independiente (vivienda, alimentación, energía). 

Trabajo

Mientras que una parte considerable de los menores de 30 años son estudiantes a tiempo completo (28,6%) o parcial (19,2%), en el grupo de 30 a 34 años la situación más frecuente es la de dedicarse solo a trabajar (58,3%). Entre los jóvenes de origen inmigrante son más frecuentes los contratos eventuales o esporádicos (12,3% en el caso de migrantes hombres menores de 30 años) o el pluriempleo (18,8% en el caso de migrantes mujeres menores de 30 años) que entre los autóctonos o los mayores de 30 años. El empleo no estándar involuntario se da entre todos los grupos, pero se concentra sobre todo entre la población autóctona menor de 30 años (con mayor frecuencia en las mujeres). También hay un porcentaje relevante de jóvenes sin trabajo, educación ni formación (ninis): el 8,3%. Entre hombres y mujeres de origen inmigrante, la proporción es aún más elevada, del 15% y el 12%, respectivamente.

Solo el 28,1% de la muestra define la precariedad como tener un trabajo con ingresos insuficientes o malas condiciones laborales, y tan solo el 1,6% la define como falta de oportunidades laborales.

En gran medida los encuestados perciben la precariedad en términos económicos, y la definen como la incapacidad de permitirse una vivienda independiente (9,7%), de satisfacer las necesidades básicas (23,8%) o de vivir una vida digna (4,5%). Otros la describen como vivir por debajo del mínimo (5,3%) o sentir inseguridad tanto en el trabajo como en la vida en general (8,8%). 

Salud mental

El 31% de los encuestados presenta un riesgo potencial de depresión o ansiedad. La sensación de precariedad es el factor más significativo a la hora de explicar los problemas de salud mental de los jóvenes. Las mujeres están más expuestas a una mala salud mental que los hombres y las personas no binarias. En cambio, la edad, el hecho de haber emigrado o vivir en una zona rural no son factores significativos para explicar la mala salud mental. También se ha encontrado que los problemas en la salud física o una discapacidad afectan a la salud mental.

El 40,6% de los jóvenes entrevistados declararon sufrir problemas de salud –sentirse ansiosos o angustiados, tener dificultades para dormir o sufrir un problema de salud física– debido a dificultades económicas. Los migrantes y las personas no binarias son las más expuestas a este riesgo.

Inseguridad económica

El 63,6% de los adultos jóvenes encuestados ha vivido como mínimo una dimensión de inseguridad económica en los últimos dos años, y ha tenido que hacer ajustes o pedir ayuda para cubrir sus necesidades. La inseguridad económica a nivel individual es un fenómeno que se distribuye de forma desigual entre grupos sociales. Por ejemplo, los hombres de origen migrante tienen más probabilidades que los autóctonos de haber recibido ayuda de alguna ONG (10%), de haberse visto obligados a cambiar de alojamiento por motivos económicos (alrededor del 15%) y de recibir ayuda de familiares o amigos (33%). Las mujeres migrantes también son vulnerables a la inseguridad económica, como se muestra mediante la reducción del consumo de bienes básicos (16%), del consumo de energía (27%) o retrasando la visita al dentista (28%). En general todos los grupos tienden a reducir su nivel de vida por motivos económicos, pero esta tendencia es más acusada en las mujeres migrantes y las personas no binarias. 

Los encuestados que sienten estar en una situación de precariedad extrema se han visto más afectados por el contexto macroeconómico desfavorable que los que se consideran menos precarios. Para los primeros (puntuación de 7 o más en nuestra escala de precariedad subjetiva), la inflación (64,1%) y los costes energéticos (65,3%) han representado un factor determinante que ha puesto en entredicho la seguridad económica de sus familias, mientras que en el segundo grupo, con niveles más bajos de precariedad subjetiva, estos porcentajes han sido del 56,9% y el 56,5%, respectivamente. 

Los costes relacionados con la vivienda (41,5% en los primeros, 24,4% en los segundos) y los bajos ingresos laborales (42,2% frente a 16,8%) también suponen desafíos importantes para los que se sienten más precarios.