Empecemos con algunos datos. En la Comunidad de Madrid hay diecinueve universidades, seis públicas y trece privadas. Entre 1993 y 2006 se fundaron ocho privadas; entre 2019 y 2022 se crearon otras cuatro. La única universidad pública inaugurada en fecha más o menos reciente es la Rey Juan Carlos, que abrió sus puertas en 1996. Es decir, que desde mediados de los noventa han surgido doce universidades privadas y una pública en la Comunidad de Madrid. Si tenemos en cuenta que el Partido Popular lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1995, no hace falta ser muy sagaz para constatar que estamos asistiendo a un proyecto sistemático de fomento de la universidad privada en detrimento de la pública. En su cruzada neoliberal-trumpista, Isabel Díaz Ayuso ha pisado el acelerador en esta tendencia, dando luz verde a la fundación de nuevos campus, pese a contar con reiterados informes técnicos negativos por parte del Ministerio, y no parece que tenga intención de parar: está previsto que la decimocuarta privada inicie su andadura a lo largo de 2025, aun habiendo recibido un nuevo informe en contra.

Es una dinámica que podemos ver en otros ámbitos. También la sanidad pública y la enseñanza primaria y secundaria se han visto golpeadas una y otra vez desde los noventa. La estrategia es siempre la misma: se infrafinancia de forma sostenida durante años, lo que produce degradación de las instalaciones, merma en la calidad del servicio y una precarización insostenible del personal, que se ve obligado a trabajar más y en peores condiciones. En muchas ocasiones, esto genera fatiga y descontento entre la ciudadanía; fatiga y descontento que los poderes mediáticos aprovechan para orquestar una campaña mediática dirigida a desacreditar lo público y a ensalzar lo privado. Y, sin embargo, las prestaciones del sistema privado no son mejores. Pongamos algunos ejemplos. Por un lado, se ha generado un sistema low-cost de clínicas privadas donde nos solemos encontrar las mismas listas de espera y un trato tan burocrático como el del sistema público de salud. Con tres diferencias: que la sanidad pública es gratuita, mientras que la sanidad privada es cara; que cuando tienes alguna enfermedad crónica, las aseguradoras privadas te rechazan porque no les resultas rentable; y que cuando te pasa algo realmente grave, te redirigen al sistema público. Es decir: es un modelo que únicamente existe para lucrarse a costa de nuestra salud. Puede decirse lo mismo de los institutos privados y concertados, donde los profesores cobran menos y trabajan más horas que los profesores de la enseñanza pública –el propio convenio colectivo lo permite– y donde, por consiguiente, la educación es de peor calidad, por muy lustrosos que se vean los uniformes y muy flamantes que parezcan las instalaciones. Es fácil de entender: un profesor peor pagado y más explotado siempre va a dedicar menos tiempo a corregir, a preparar las clases y a involucrarse con sus estudiantes.

Todo esto tiene una finalidad evidente: generar una brecha social cada vez más profunda

Todo esto tiene una finalidad evidente: generar una brecha social cada vez más profunda, donde solo quienes tienen capital económico, social y cultural podrán acceder a buenos servicios. Si tienes dinero para pagarle a tus hijos una academia de inglés, o un refuerzo en matemáticas o lengua, o alcanzas a sufragar las tasas universitarias, que cada vez son más caras, tus hijos podrán acceder a una educación que después les colocará en buena posición para acceder a buenos puestos de trabajo. Si no, ajo y agua. Además, ese fomento descarado de escuelas y universidades privadas está contribuyendo a apuntalar una élite vigorosa y bien asentada en el tejido social, frecuentemente vinculada a grupos de presión conservadores –no solo religiosos–, que así disponen de una plataforma valiosísima para difundir la ideología reaccionaria que tanto nos preocupa en los últimos años. La aporofobia, el racismo, el revisionismo de la dictadura, la exaltación de la familia tradicional, el antifeminismo, la LTGBI-fobia o el negacionismo climático se extienden porque las élites que propugnan tales ideologías ocupan buena parte de los altavoces sociales y culturales que más influencia tienen: las instituciones educativas.

Por centrar el tema en la universidad, pensemos en lo siguiente: Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, pero al mismo tiempo es la región con las tasas más altas. En 2020, los precios públicos de las universidades madrileñas rondaban los 3.600 euros, frente a los 2.400 euros de Cataluña o los 1.200 euros de Andalucía o Baleares. En 2022, el precio medio de la primera matrícula de grado era de 17,32 €, mientras que en Madrid era de 23,37 € y en Galicia de 11,93 €. En cambio, la inversión por estudiante es la más baja de todo el país: en 2022, Madrid invirtió 6.005 € por estudiante, frente a los 10.068 € de La Rioja, los 9.955 € de País Vasco o los 9.775 € de Cantabria, en un contexto en el que la media nacional se situaba en 7.378 €. En síntesis, la Comunidad de Madrid tiene las tasas más elevadas y la inversión pública más reducida de todo el Estado. Es perfectamente coherente: ante la infrafinanciación sostenida, las universidades públicas suben el precio de las matrículas, porque es el principal instrumento que tienen para mantenerse a flote. Todo eso favorece una vez más al proyecto oligárquico de Isabel Díaz Ayuso: si quieres acceder a la universidad, necesitas proceder de clases más o menos acomodadas, porque ni siquiera la pública tiene un coste asequible para la gente con pocos recursos.

Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, pero tiene las tasas más altas

Ahora bien, no pensemos que este panorama se debe únicamente a las políticas del Partido Popular. También el PSOE es responsable de una ideología cómplice con los poderes económicos que, desde la implantación del Plan Bolonia, ha favorecido la conversión de la universidad en un centro de reclutamiento de profesionales para el mercado y en un bochornoso espacio de connivencia entre lo público y lo privado. Estamos tan obsesionados por la “empleabilidad”, la “rentabilidad”, la “tasa de retorno”, la “transferencia a las empresas”, la “productividad académica” y demás mantras de la universidad neoliberal, que se nos han olvidado las cosas importantes. Hay un emblema que mi hija reivindica y que alguna vez le ha llevado a organizar pequeñas manifestaciones caseras: “Que lo cursi sea guay”. Tiene toda la razón. Puede que suene cursi o romántico, pero el principal objetivo de la universidad debería ser desarrollar el conocimiento mediante la investigación y transmitir dicho conocimiento mediante la docencia. Así de simple y así de importante. De ello depende el avance científico y la formación de una ciudadanía crítica con el rumbo de nuestras sociedades. Sin embargo, parece que la universidad ha dejado de ser un centro de educación cívica y de cultivo del conocimiento, para pasar a convertirse en una escuela en la que “producimos” profesionales destinados a convertirse en engranajes del sistema, donde lo que importa son los grados de negocios, finanzas, comercio internacional, administración de empresas y similares.

En definitiva, hemos puesto al mercado al volante, cuando debería ser al revés. Si, por ejemplo, la ciencia y la investigación nos dicen que hemos traspasado seis de los nueve umbrales ecológicos dentro de los cuales es posible un planeta habitable, es el mercado quien debería adaptarse, replegándose y apostando decididamente por el decrecimiento. Pero no: contraviniendo la racionalidad y la sensatez más elementales, hemos decidido que sea el mercado quien dicte los derroteros que debe seguir la universidad. Insisto, ésta es una cultura que han difundido gobiernos de todos los signos políticos. Solamente echando un vistazo a los porcentajes del PIB que se destinan a la educación superior, podemos constatar que la universidad pública no ha sido una prioridad para nadie. En 2020, el gasto público de España en educación superior era de 14.361 dólares por alumno, mientras que el promedio de la OCDE era de 18.105 dólares, es decir, un 20% más que en nuestro país. Además, aunque el furor privatizador de la Comunidad de Madrid es particularmente notable, la tendencia hacia la privatización y la penetración de las empresas en la universidad es una tendencia generalizada en toda España, incluyendo la entrada de fondos de inversión en el “negocio” universitario. Todo esto ya sucedió hace décadas en Chile, convertido en laboratorio del neoliberalismo desde la época de Pinochet, y condujo a una degradación vergonzante del sistema universitario. Lo he visto con mis propios ojos: en la ciudad donde yo vivía, con una población de 300.000 habitantes, había un total de ocho universidades, dos de las cuales no tenían ni biblioteca. Si queremos evitar caer en semejante aberración, debemos frenar en seco esta oleada privatizadora.

Precisamente para eso, las universidades públicas madrileñas estamos constituyendo plataformas y convocando concentraciones en defensa del sistema público de educación superior. La Comunidad de Madrid ha planteado unos presupuestos irrisorios, que contemplan destinar 47 millones de euros para las seis instituciones públicas de la región, cuando los rectores demandaban un mínimo de 200 millones para poder hacer frente a las nóminas y el mantenimiento básico de edificios e instalaciones. Pese a que se ha conseguido amortiguar la primera propuesta de Isabel Díaz Ayuso, que preveía dotar a las universidades con 5 millones –¡195 millones menos de lo que se necesita!–, la situación sigue siendo crítica. Además, se está preparando una ley autonómica de universidades cuyos contenidos son preocupantes: un papel preponderante de las empresas privadas en la financiación de las universidades, medidas de represión frente a la protesta estudiantil, subordinación de las subvenciones al cumplimiento de objetivos docentes e investigadores… En definitiva, se quiere convertir a las universidades públicas en febriles productoras de réditos mercantiles y en agentes económicamente “competitivos”. El próximo jueves, día 19 de diciembre, nos concentraremos frente a la Asamblea de Madrid para denunciar la aprobación de los presupuestos, y seguiremos movilizándonos en 2025, con el objetivo de frenar una ley pensada para dilapidar los principios esenciales del sistema público.

Me gustaría terminar con un llamamiento a la comunidad universitaria. La lucha por una universidad pública y de calidad es una lucha política. No creo que existan las cosas apolíticas o libres de ideología, porque todo lo que hacemos son gestos políticos, lo queramos o no, seamos conscientes o no. Sin embargo, político no es lo mismo que partidista. Nuestras reivindicaciones no se alinean con el ideario de ningún partido. Evidentemente, en toda movilización tenemos que ponernos de acuerdo con personas que pertenecen a colectivos y que tienen ideologías distintas de la nuestra. Pero es fundamental que caminemos juntos en la reivindicación de una financiación digna y adecuada para las necesidades del servicio que prestamos: necesitamos laboratorios bien equipados, bibliotecas abastecidas, edificios donde la calefacción funcione, instalaciones donde los techos no se caigan. Además, la defensa de una universidad independiente de servidumbres al mercado, bien dotada en términos financieros, orientada a cultivar la ciencia y la investigación, libre de presiones políticas o económicas, equivale a defender un bien común que a todos nos atañe. En definitiva, equivale a reclamar la libertad científica y la igualdad en el acceso al conocimiento. O sea: proteger la universidad pública es tanto como proteger la libertad. Pero no solo la libertad de algunos, sino la libertad de todos.

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Luis Lloredo Alix es profesor de Filosofía del Derecho de la UAM.