En el primer artículo de esta serie desgranábamos los principales actores que impulsan las guerras de género, pero es necesario también analizar algunas de sus formas de intervención.

Por un lado, están las tareas de lobby, sobre todo el que se realiza en organismos supranacionales como la ONU o las instituciones europeas. Pero estos agentes internacionales también utilizan el derecho como un arma, por ejemplo cuando usan el litigio estratégico. A veces, incluso llegan a entrometerse en la política nacional de determinados países para impulsar la aprobación o modificación de leyes. Aquí descubrimos que, si la oposición a los derechos de las mujeres y los derechos de las disidencias sexuales fue primero de carácter reactivo –el trabajo estaba enfocado en reaccionar a avances como sucedió con el matrimonio igualitario–, hoy también implica impulsar normas propias, por ejemplo de “protección” a la libertad religiosa. Pero también existen intentos “preventivos” de constitucionalizar posiciones antiderechos como cuando se trata de definir legalmente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer –entendidos como “biológicos” y no de forma transincluyente–. Sobre esta cuestión analizaremos el caso del referéndum rumano de 2018 que permite comprender cómo construyen sus campañas.

Tareas de lobby

El trabajo que realizan los grupos de presión está asentado desde hace años y puede ser realizado a nivel de los parlamentos nacionales o las instituciones internacionales. Se da en la ONU, pero también en el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en Viena o la Corte Europea de los Derechos Humanos en Estrasburgo.

Desde 2010, las instituciones europeas han registrado un aumento muy significativo de la actividad de lobbies religiosos

Desde 2010, las instituciones europeas han registrado un aumento muy significativo de la actividad de los grupos de presión religiosos. Las iglesias y organizaciones confesionales han mantenido más reuniones políticas en Bruselas que grandes empresas como Google o la tabaquera Phillip Morris. Los datos reflejan la preponderancia del cristianismo –incluye a católicos y protestantes–, cuya capacidad de influencia está respaldada por un sólido soporte económico. El lobby de la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece), contaba en 2019 con un presupuesto de más de un millón de euros, según los datos del Registro de Transparencia de la UE.

Además han conseguido algunos privilegios que les permiten influir en las instituciones de la UE sin necesidad de hacer pública esta actividad, aunque el resto de grupos de presión sí están obligados. Algunos de los lobbys más destacados son el español Profesionales por la Ética, C-Fam, European Dignity Watch, New Women for Europe, el Observatorio de la Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa o los vinculados con el fundamentalismo cristiano estadounidense –la Alliance Defending Freedom estadounidense y el European Center for Law and Justice–.

El derecho como arma ofensiva

El movimiento estadounidense fue el primero en utilizar el derecho de esta manera. Recordemos que se activaron para luchar contra los avances feministas/LGTBIQ sobre todo a partir de los años ochenta y de manera internacional en la década de los noventa. Tienen pues ya treinta años de experiencia y conocimientos técnicos que pueden ir adaptando a los contextos locales. Así como todo un desarrollo argumental que puede traducir sus posiciones ultraconservadoras al lenguaje de los derechos e, incluso, de los derechos humanos. Es significativo a este respecto el concepto de “libertad religiosa”, utilizado profusamente por la derecha estadounidense y que, junto con la “libertad de expresión”, han ido cobrando importancia en los últimos años. En lugares como EEUU han conseguido redefinir ambas libertades para permitir a los fundamentalistas saltarse las leyes antidiscriminatorias en la esfera pública, particularmente contra las disidencias sexuales, como explica Wendy Brown. De manera que si alguna empresa se niega a ofrecer un producto o servicio, por ejemplo a una pareja homosexual, pueden alegar que esa acción forma parte de su derecho a la libertad de expresión o religiosa. Ese argumento se usa, asimismo, para defender a los grupos antiabortistas que se hacen pasar por centros de planificación familiar para tratar de convencer a las mujeres de que no aborten, incluso con información falsa. Para Brown, el triunfo de estos argumentos legales en los tribunales estadounidenses nos habla de un mundo plagado de fake news, en el que el cristianismo conservador, la propiedad y la riqueza son disfrazados de libertades para atacar la democracia política y social.

El peligro es que aquí se están amenazando derechos civiles fundamentales y, más allá de EEUU, ya se están produciendo casos en Estrasburgo en los que estos grupos impulsan litigios estratégicos presentándose como víctimas de la discriminación. Cada vez se usan más conceptos como el de “cristofobia”, con el que tratan de argumentar que en el mundo occidental se les impide desarrollar su vida según su fe y valores. También estamos viendo cómo instrumentalizan en su favor los llamados “delitos de odio”, que supuestamente se impulsaron para proteger a las minorías.

Instrumentalizan en su favor los llamados “delitos de odio”, que supuestamente buscan proteger a las minorías

En este marco, aluden a un supuesto “consenso progre” que les estaría discriminando, por ejemplo, cuando defienden a políticos que se niegan a celebrar matrimonios homosexuales. O en un célebre caso sucedido en Suecia, donde una matrona se negó a ayudar a dar a luz a una mujer lesbiana. Además, mediante estos mismos argumentos, amplían el derecho de los profesionales de la salud a negarse a participar en actividades que violen sus creencias religiosas o morales –como un farmacéutico que se niega a vender anticoncepción de emergencia–. Las leyes que originalmente estaban destinadas a proteger a las minorías religiosas ahora se manipulan para sortear las legislaciones antidiscriminatorias o la justicia más elemental.

Un referéndum en Rumanía

Vayamos con el ejemplo de Rumanía y su referéndum del 2018 sobre la reforma constitucional. El objetivo era cerrar la posibilidad a futuro de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo –y otros derechos asociados como la adopción– por lo que se intentó incluir en la Constitución una definición del matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”. Para ello se lanzó una iniciativa legislativa popular –otra de sus herramientas preferidas– que consiguió las tres millones de firmas requeridas. Fue promovida a partir del 2015 por un grupo de la sociedad civil llamado Coalición por la Familia, que se declaraba como “no religioso” y que consiguió el apoyo de la coalición en el gobierno encabezada por el Partido Socialdemócrata (PSD).

La maniobra del PSD puede enmarcarse en la clásica guerra de género como estrategia coyuntural para ganar respaldo popular en momentos difíciles. Por un lado, por su pertenencia a la socialdemocracia, este partido estaba ligado simbólicamente a la izquierda, es decir, al universo del antiguo partido comunista, según los esquemas políticos de la región. Apoyar los derechos de las disidencias sexuales se relaciona allí con la adhesión al marxismo, que produce rechazo en una parte importante de la población. Por otro, se supone que en las zonas rurales, donde más apoyo tiene el PSD, las personas muestran valores más conservadores y es a ellos a quienes se dirigía esta medida. En ese momento, Liviu Dragnea, presidente del Congreso, estaba involucrado en varios casos de corrupción, por lo que se enfrentaban a un problema de falta de legitimidad y pérdida de apoyo popular. Unos meses antes, había habido fuertes protestas que habían sido reprimidas con dureza. Al mismo tiempo, la UE acusaba al gobierno de atentar contra la división de poderes por su presión sobre el poder judicial –enmarcándola en los ataques que también se estaban produciendo en Polonia y Hungría–. En ese contexto, los agentes antigénero impulsaron la iniciativa del referéndum constitucional que el gobierno se prestó a apoyar. Este incluso llegó a modificar la ley electoral para disminuir los requisitos de participación necesarios para cambiar la Constitución: estos pasaron de un 50% a un 30%.

La Coalición por la Familia era una plataforma compuesta por organizaciones fundamentalistas de diverso signo, sobre todo por la APOR –una Asociación de Padres a favor de la religión similar a la CONCAPA española– vinculada a la Archidiócesis de Bucarest, es decir, contó con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa –mayoritaria en Rumania–. También participaron otras ONG de carácter religioso como la Asociación de Familias Católicas Rumanas y otras agrupaciones ultras antiaborto como Vita București y Alianța Familiilor –favorables además a las terapias de conversión–. La plataforma tuvo un fuerte respaldo de las organizaciones vinculadas a la derecha cristiana estadounidense: Alliance Defending Freedom (ADF), Liberty Counsel, el World Congress of Families (WCF) y el European Center of Law and Justice (ECLJ). Estas organizaciones proporcionaron argumentación jurídica para el proceso legal, patrocinaron varios conferencias en el parlamento, impulsaron campañas propias e hicieron tareas de lobby a favor del cambio.

AFD y el Liberty Counsel presentaron sendos documentos de asesoramiento a la Corte Constitucional –Amicus curiae–, que tenía que pronunciarse sobre la constitucionalidad del referéndum. El de Liberty Counsel tenía 68 páginas y proporcionaba un listado de casos con argumentación legal destinada a demostrar que el “matrimonio tradicional” es una institución anterior al derecho y “no puede ser modificada por la ley”. Se apoyaba en toda la producción sobre lo que se ha llamado “ideología de género”, incidiendo en argumentos supuestamente extraídos de la ciencia y de carácter irrefutable. Explicaba que negar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer implica renunciar a la verdad en favor de una “construcción social artificial de carácter ideológico (…) Esa ideología, a su vez, está basada en la experimentación humana, específicamente en el abuso sexual de niños, y en una concepción de la demografía sesgada destinada a cambiar el orden social establecido”.

Su informe señalaba “los efectos nocivos del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo en el puñado de naciones que han probado este experimento social” y hablaba contra la revolución sexual. Estos argumentos fueron fundamentales para refutar los informes presentados por varias organizaciones internacionales del activismo LGTBIQ, como ILGA Europa y Amnistía Internacional. También desplegaba toda la panoplia de argumentos habituales contra lo que denominan “colonialismo ideológico”: “Rumania y otras naciones tradicionales de Europa se han visto sometidas a una creciente presión extranjera para que abandonen su herencia, tradiciones y soberanía en favor de la agenda homosexual impulsada desde el extranjero”, explican en su web.

La campaña fue encarnizada y en ella se mezclaban las fake news y los pánicos morales sobre la infancia amenazada: “Si no vas a votar, dos hombres podrían adoptar a tu hijo”, decía la propaganda de Coalición por la Familia. Sin embargo, el proyecto de reforma no llegó al mínimo necesario de participación. Solo votó el 21% del electorado, de manera que no fue aprobada. Desde entonces, referéndums parecidos han sido impulsados en otros países de la región como el de Eslovenia, en 2015, con apoyo de la ADF. En este caso tampoco pasó –algo más el 63% votó en contra y solo el 36,5% a favor–. Sin embargo, aunque las propuestas ultras no salgan adelante, las guerras de género lanzadas en estos procesos son útiles para impulsar el marco conservador y dominar la agenda todo el tiempo que estas duran. Además, introducen en el debate público representaciones negativas de las disidencias sexuales e impulsan su deshumanización, de manera que estas personas pueden ver agravadas las discriminaciones cotidianas que sufren que pueden vivirse también en forma de violencia individual o colectiva –como sucede en los casos protagonizados por movimientos neonazis y similares que se ven respaldados por este marco del debate público.–