Las elecciones europeas están muy cerca y las encuestas indican una fuerte subida de las derechas radicales. Los dos grupos del Parlamento Europeo donde se integran –Identidad y Democracia y los Conservadores y Reformistas Europeos– podrían tener hasta treinta escaños más si se confirman las predicciones, que les auguran un 23% de la intención del voto, como explica Steven Forti en este análisis. Pero, ¿qué puede implicar este ascenso para otro tipo de derechos asociados al género –de las mujeres o de las disidencias sexuales–, esos que la UE suele presentar como una seña de identidad propia?

Realmente no es fácil responder, sobre todo porque depende tanto de los consensos previos con los que se enfrentan, como de las resistencias que pueden llegar a producirse. (Además, para que se hagan efectivos estos derechos asociados al género de manera plena se tendrían que contemplar como parte de un sistema más amplio de garantía de derechos sociales, y no de forma aislada. Por ejemplo, las leyes antidiscriminatorias no sirven si las personas no tienen acceso a sanidad, renta, a una vivienda digna… o simplemente si las personas no tienen acceso a la justicia de una manera igualitaria para hacer valer esos derechos).

En todo caso, para entender lo que sucede en Europa en relación a este ámbito, hay que atender también a una cuestión en la que no solemos poner el foco: el crecimiento de la influencia de la derecha religiosa estadounidense. Desde hace años, se ha erigido como un actor más en las instituciones europeas a través de una miríada de organizaciones fundamentalistas bien financiadas. Esta derecha religiosa –y sus organizaciones– es la misma que apoya directamente a Donald Trump que, de volver a la presidencia, usará sin duda los recursos del Estado para tratar de impulsar a sus aliados: las derechas radicales europeas y sus agendas ultraconservadoras.

Las tropas de Trump

Buena parte de cómo se concibe el activismo antiderechos hoy –con grandes oenegés bien financiadas que lanzan campañas coordinadas con otros actores políticos, muchas veces copiando las formas de movilización de los movimientos sociales de izquierdas– se lo debemos a estas derechas religiosas estadounidenses. Se empezaron a organizar de forma muy similar a como las conocemos hoy, a partir de la segunda mitad de la década de 1970 y como reacción a las revueltas de valores del 68 y las luchas feministas/LGTBIQ+. Desde esa década, su principal objetivo ha sido derribar el acceso al aborto en Estados Unidos, algo que han conseguido en buena medida, ya que, desde que el Tribunal Supremo anuló la protección de este derecho, se calcula que una de cada tres mujeres ya no tiene acceso a un aborto seguro en este país.

Desde que el Tribunal Supremo anuló la protección de este derecho, una de cada tres mujeres ya no tiene acceso a un aborto seguro en este país

Durante la década de 1990 se crearon las principales agrupaciones antiderechos, como la International Organization for the Family –que organiza los congresos mundiales de la familia–, la Alliance Defending Freedom (ADF) o el American Center for Law and Justice (ACLJ), que tiene una versión europea. Estas en concreto son las que más presencia tienen en el continente, ya que entendieron que para luchar contra el aborto en Estados Unidos –o contra otros derechos asociados al género– se tenía que influir en la legislación o jurisprudencia de otros países, lo que supuso un gran impulso para la campaña transnacional contra la “ideología de género”.

Una de las más activas en Europa es Alliance Defending Freedom (ADF), que se jacta de haber contribuido a redactar leyes del aborto tan restrictivas como la de Misisipi y de tratar de frenar las políticas antibullying en instituciones públicas destinadas a prevenir la depresión o incluso el suicidio entre las personas LGTBIQ+.

Funciona como un Abogados Cristianos, aunque enorme –en 2022 su presupuesto fue de 104 millones de dólares–. Su última declaración fiscal indica que ha duplicado su inversión en Europa desde 2018 –de 2,6 millones de dólares en 2018 a 4,3 millones de dólares en 2019–, según Corporate Europe. Disponen de 2.200 abogados colaboradores que han intervenido en más de 500 casos ante foros nacionales e internacionales, como explican en su web. “Dirigimos casos que presentamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y colaboramos a escala local con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, añaden.

El European Centre for Law and Justice y la ADF han intervenido en docenas de casos judiciales europeos durante la última década: se han opuesto a la adopción por parte de personas del mismo sexo; han apoyado a médicos y empresas que se niegan a brindar servicios a mujeres y personas LGBT y, en al menos siete casos, han presentado argumentaciones legales –Amicus curiae– en tribunales europeos en apoyo de las posiciones antigénero del gobierno polaco.

El derecho como arma ofensiva

Hoy, estos grupos no solo promocionan los valores cristianos en el campo social, sino que hacen tareas de lobby en la UE, financian a organizaciones afines y tratan de influir en las legislación europea o de otras partes del mundo, impulsando la promulgación de leyes nacionales o incluso reformas constitucionales.

El ejemplo de Rumanía es claro. Allí apoyaron a las organizaciones locales, que impulsaron una iniciativa legislativa popular en 2018 que pretendía impedir a futuro la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo –y otros derechos asociados, como la adopción–. Para ello se intentó incluir en la Constitución de ese país una definición del matrimonio como exclusivamente compuesto por “la unión entre un hombre y una mujer”. En este caso, la derecha estadounidense ayudó a sus organizaciones locales afines con recursos económicos, argumentación jurídica o patrocinando varias conferencias en el Parlamento nacional en apoyo del cambio.

Sin embargo, la enorme campaña, con sus fake news incluidas, donde se decía, por ejemplo, “si no vas a votar, dos hombres podrían adoptar a tu hijo”, no surtió efecto. La reforma no salió adelante por falta de participación, pero como sucede en estos casos, para estos actores posicionar en el debate público que el matrimonio es únicamente heterosexual puede acercarles ya a sus objetivos. Además, este tipo de guerras de género proyectan políticamente a los actores fundamentalistas locales o a los partidos ultraderechistas, que asumen protagonismo durante estas campañas. Aunque en otros casos, como en el de Polonia, propuestas similares impulsadas por grupos antiderechos como Ordo Iuris sí han funcionado y han conseguido prohibir la principal forma de acceso legal al aborto vía moción de inconstitucionalidad. Es fácil ver aquí una réplica del funcionamiento de sus homólogos estadounidenses.

Litigio estratégico

Para impulsar sus guerras de género se sirven de una herramienta fundamental para las extremas derechas en todo el mundo, como es la del litigio estratégico, que sirve tanto para perseguir a sus oponentes como para crear precedentes legales. Por ejemplo, presentan muchos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque esas sentencias pueden ser utilizadas como argumentos legales en juicios de los Estados Unidos.

Desde 2010, las instituciones europeas han registrado un aumento muy significativo de la actividad de los grupos de presión religiosos

Hoy, Abogados Cristianos, en España, es una réplica de cómo operan estas organizaciones en Europa o EEUU, defendiendo gratuitamente a los que acosan, a las puertas de las clínicas (los “rezos públicos”) a las mujeres que van a abortar; a los padres que protestan contra la educación sexual en las escuelas; acusando de delitos de odio o contra la libertad religiosa a activistas feministas o LGTBIQ+; o actuando contra los políticos y políticas progresistas. Un ejemplo reciente es el de las querellas presentadas contra la esposa del presidente Sánchez. Tanto Hazte Oír como Manos Limpias presentaron las suyas propias y partidos ultras como Vox o los ultraminoritarios Iustitia Europa y PorTodos se personaron como acusación popular en busca de atención mediática e información directa del proceso.

Una de las principales estrategias legales que están importando de EEUU a Europa es la defensa de la “libertad religiosa” o “libertad de expresión”. Wendy Brown, en Las ruinas del neoliberalismo, habla de la creación de “jurisprudencia neoliberal” en estos casos, donde se reconoce la libertad de expresión de las empresas, lo que les permite sortear las legislaciones antidiscriminatorias o contra los delitos de odio –que penalizan según qué declaraciones públicas contra las personas trans u otras disidencias sexuales–. Brown pone el ejemplo de un pastelero que se negó a hacer una tarta de boda a una pareja gay, pero que ganó el juicio porque cualquier actividad o producto –en este caso la tarta– se considera un “discurso” protegido bajo la libertad de expresión. Aunque son casos muy adaptados al derecho estadounidense, dan cuenta de la astucia de los antiderechos, acumulada después de 50 años de actividad que ponen al servicio de la creación de nueva jurisprudencia europea a su favor.

Tareas de lobby

Para dar cuenta de la capacidad de estas organizaciones estadounidenses en Europa, podemos seguir el rastro del dinero. Las doce más grandes han invertido al menos 80 millones de dólares desde 2008, según el Observatorio Corporate Europe. No es una cifra menor y es probable que sea mucho más alta, pues existe bastante opacidad. Desde 2010, las instituciones europeas han registrado un aumento muy significativo de la actividad de los grupos de presión religiosos. Sus actividades en el Parlamento europeo consisten en ofrecer formación y recursos a los parlamentarios afines o montar campañas mediáticas y de presión. Pero también se dedican a bombardear con informes y comunicaciones a los eurodiputados sobre sus temas estrella. Uno, evidentemente, es el aborto. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución –de carácter simbólico– para que el aborto sea un derecho fundamental, después de que Francia lo incluya en su constitución. Durante la votación, los eurodiputados recibieron un feto de plástico realista junto con una carta en contra del aborto.

En cualquier caso, y a pesar del autobombo de su propaganda –que normalmente sobredimensiona su propia capacidad–, estos actores internacionales no son omnipotentes. Evidentemente, los amplios recursos materiales de los que disponen y sus redes internacionales sirven para impulsar sus ideas y su proyecto político en alianza con otras fuerzas conservadoras; sin embargo, necesitan encontrar un ecosistema cultural favorable y no consiguen grandes victorias allí donde los movimientos feministas/LGTBIQ+ son más fuertes. La batalla sigue, por tanto, abierta.