–¿Para salvar la tierra hay que acabar con el capitalismo?

Un silencio breve. Una mirada cómplice. Una respuesta inequívoca.

–Sí, para salvar la tierra hay que acabar con el capitalismo. Yo siempre he dicho a mi gente que quisiera volver a como todo era antes.

La ecuatoriana Elisabeth Durazno es una de las caras más visibles de la lucha antiminería de Ecuador. En Río Blanco, a 3.550 metros de altitud, en la provincia ecuatoriana de Azuay, Durazno encarna como nadie lo que llaman “la resistencia”, “la lucha” o “la prevención”. Esta mujer de 41 años y cuatro hijos rememora cómo era la vida antes del inicio de las prospecciones de la empresa minera británica Rio Tinto-Zinc en 1993. “Éramos felices. Vivíamos del campo, de nuestros pequeños animales, de nuestros propios cultivos. No utilizábamos abonos, porque no se necesitaba. No se gastaba el montón de dinero del capitalismo. Se utilizaba el intercambio de productos y de proyectos. Se hacían mingas (trabajo realizado conjuntamente por la comunidad) y no necesitabas comprar comida”, afirma Elisabeth Durazno, en una entrevista presencial realizada en el encuentro Território de Saberes de Paraty (Brasil).

Éramos felices. Vivíamos del campo, de nuestros pequeños animales, de nuestros propios cultivos

Durazno explica que algunas comunidades de las parroquias de Molleturo y Chaucha, las más afectadas por la minería, empezaron a considerarse pobres cuando “la empresa” (como denomina a la compañía minera) les catalogó así: “La empresa empezó a traer cosas nuevas de tiendas. Estábamos en equilibrio con la tierra, pero alguien de fuera, de repente, dice, ‘ustedes son pobres’. Dijeron que iban a traer empleo y turismo y desarrollo a nuestra comunidad, y la gente se ilusionó”, afirma Durazno. Cuando la minera Rio Tinto empezó a explotar el oro y plata en Río Blanco, ella era adolescente. Asistió frustrada al rápido proceso de cooptación de los líderes masculinos locales y a la división de las comunidades. “Nosotras no podíamos alzar la voz porque existía mucho machismo. Una mujer no podía opinar. Una esposa no podía opinar. Sólo opinaban los hombres y ellos estaban de acuerdo con la empresa”, matiza. Elisabeth, sin sospechar que un día sería la gran lideresa que paralizaría judicialmente la extracción de metales preciosos de la región, empezó a plantar cara a su padre: “Yo le decía a mi papá, voy a crecer. Algún día yo voy a ser grande, voy a salir de mi casa, voy a poder alzar la voz. No me voy a callar las muchas violencias en mi propio hogar, en mi territorio, en mis comunidades”.

Confiesa que sofocaba su dolor conectándose con la naturaleza. Hablando con las plantas, con el agua, con las piedras. Decidió irse a vivir a la ciudad de Cuenca. Al regresar unos años después, la canadiense International Minerals Corporation (IMC) había comprado los yacimientos. La tierra estaba arrasada por los productos usados en la minería. El agua empezaba a escasear. Muchos pequeños propietarios habían vendido sus terrenos. La comunidad estaba fragmentada y debilitada. Muchas personas se fueron a vivir a Cuenca. “Empezamos a decirle a la empresa que algunas tierras y caminos comprados eran de uso comunal, pero ellos nos decían que no, que eso no existía”, argumenta.

Promesas incumplidas

Durazno asevera que “la empresa” engañó a las comunidades. “Prometieron que nos iban a dar un centro de salud y nunca cumplieron su promesa. No mejoraban las escuelas. Abrieron solamente el acceso de una vía, pero no para el uso de la comunidad, sino solo para la empresa”, asegura. Las comunidades demandaban la apertura de un camino. Ante la negativa de la empresa y las autoridades, comenzaron a construirlo “a pico y pala”. “Empezamos con los propios recursos de cada familia, unos daban mil dólares, otros daban 50, y así logramos mejorar un poco la vialidad. Lo acabamos de construir en 2008. La empresa minera nos denunció. Decían que no era necesario”, afirma.

La compra del proyecto Río Blanco por parte de Junefield Ecuagoldmining S.A., el brazo ecuatoriano del conglomerado privado chino Junefield Mineral Resources, en 2013, tampoco produjo mejoras para la comunidad. La situación, de hecho, fue empeorando. La llegada a la presidencia de Ecuador de Lenín Moreno en 2017 selló una alianza con la minería. Entonces, el presidente aspiraba a que el sector alcanzara un 4% del PIB nacional. En 2017, Elisabeth Durazno sintió que llegaba el tiempo de las mujeres. Se involucró en la organización femenina Sinchi Warmis (“mujeres de la naturaleza” en quechua). Poco a poco, fue convirtiéndose en la figura de referencia de la resistencia. “Les decía: nos estamos quedando sin agua, nuestra comunidad está rota, nuestro pueblo está roto. Empezaron a creer en mi palabra y a seguirme. Ahora cuando voy a diferentes territorios, ven que yo firmo y la gente firma el documento. Mientras que yo no firmo, nadie firma”, sostiene.

La asociación de mujeres decidió denunciar judicialmente a la compañía minera, con ayuda del prestigioso abogado indígena Carlos Yaku Pérez. Acusaron a la empresa de no haber cumplido sus compromisos laborales, de no mejorar la calidad de vida local, de taponar una laguna con escombros, de promover divisiones dentro de las comunidades y de fraude en la compra de tierras. Especial peso en la denuncia tuvo la cuestión del agua. La mina está situada en los bordes del Parque Nacional Cajas, Reserva de la Biosfera de las Naciones Unidas, que alberga cientos de lagunas y es el manantial de una decena de ríos que fluyen desde sus páramos hacia Cuenca, la costa ecuatoriana y la cuenca amazónica.

Llamarnos mestizos era una estrategia de la empresa para negarnos la consulta

El principal punto de inflexión en el proceso fue que los habitantes de Río Blanco comenzaron a identificarse como indígenas Cañari Quechua, lo que les otorgaba el derecho legal a ser consultados para cualquier proceso extractivista en su territorio. La condición de indígenas les otorgó un derecho protegido por la Constitución ecuatoriana y por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas, firmado por Ecuador. “Empezamos a decir: somos indígenas, nosotros no somos mestizos. Llamarnos mestizos era una estrategia de la empresa para negarnos la consulta. Nos decían que no hablábamos quechua. Pero con apellidos de los comuneros logramos demostrar que somos Cañari”, afirma Durazno. La represión de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado creció. Aumentaron las amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que depende de la Organización de Estados Americanos, OEA– solicitó a Ecuador garantizar la seguridad del abogado Carlos Yaku Pérez, amenazado de muerte. “La empresa incentivó el racismo dentro de la propia comunidad local contra quienes se autodefinían como indígenas. Empezaron a mandar ejércitos, policías, seguridad privada, a amenazarnos con disparos”, narra Durazno.

El odio de las fuerzas represoras de “la empresa” se concentró en una palabra: Pachamama. El vocablo de los pueblos indígenas andinos para la madre tierra devino un insulto. “Nos decían... oye, Pachamama, ¿qué haces aquí? Para ellos era una palabra fea. Para nosotros era algo bonito y sagrado”, sostiene Durazno. La tensión fue in crescendo. Las comunidades contrarias a la mina de oro comenzaron a bloquear la vía asfaltada. Establecieron incluso check points para impedir el paso de los vehículos. En mayo del 2018, una protesta pacífica en Río Blanco acabó con un incendio en el campamento de la minera.

Victoria judicial

El 1 de junio del 2018, el juez de primera instancia Paúl Serrano suspendió las actividades en la mina y ordenó la desmilitarización de la zona. “La empresa” fue condenada por haber violado los derechos al agua, al trabajo y por haber violado el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas. El Gobierno ecuatoriano apeló la sentencia y el caso escaló hacia el Tribunal Provincial de Azuay. El 3 de agosto de 2018 tres magistrados ratificaron el fallo.

El Gobierno ecuatoriano decidió apelar de nuevo. Ahora, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

El empuje de Elisabeth Durazno no solo consiguió paralizar la actividad de una de las cinco mayores minas de Ecuador, sino que provocó alianzas inesperadas. Cientos de ONGs, organizaciones, colectivos y abogados se movilizaron a favor de su causa. “Es hora de que las empresas chinas que están invirtiendo o quieren hacerlo en América Latina enfrenten el desafío, adopten buenas prácticas globales, escuchen con sinceridad y respondan a las preguntas de las comunidades afectadas”, escribió la abogada ambientalista Jingjing Zhang, directora del Programa de Rendición de Cuentas Ambiental Transnacional de la Universidad de Maryland.

Mientras la Corte Constitucional se pronuncia, Elisabeth Durazno canaliza sus esfuerzos hacia la asociación Sinchi Warmis: “Estamos tratando de restaurar la región reforestándola con plantas endémicas para recuperar la humedad. La empresa sembró plantas de otro país, que no son adecuadas. Lo hacemos todo nosotras, porque el Estado, las autoridades locales, las autoridades públicas, no tienen la mínima intención de recuperar nada”. Especial preocupación muestra con la contaminación de los humedales provocada por la extracción de oro. “De ahí es de donde viene más la contaminación, porque para extraer oro utilizan el mercurio, el cianuro y todos esos materiales. Todo va a los humedales, a los ríos”, afirma. Elisabeth Durazno, al pronunciar la palabra oro, frunce el ceño. No acaba de entender la obsesión planetaria con “un metal inútil” usado apenas para “las joyas” y para “hacerle el juego al sistema”. Antes de concluir la entrevista, la mujer que tumbó a una multinacional lanza un consejo al mundo: “Deberían parar de dar medallas de oro en los Juegos Olímpicos”.