Pasadas las emociones colectivas que sacaron a la calle a más de cuatro millones de franceses en una ejemplar demostración de solidaridad, llega la hora de hacer balance y tomar decisiones. La tentación de los políticos pasa una vez más por dictar leyes de excepción que permitan, entre otras cosas, crear nuevos archivos de viajeros aéreos o controlar la mensajería electrónica sin necesidad de visado judicial, todo ello en cumplimiento del falso axioma de que solo con nuevos recortes a la libertad se puede mejorar la seguridad.

Si algo han puesto en evidencia los atentados de París es que la policía no necesitaba herramientas legales adicionales para controlar a los tres terroristas. Los dos hermanos Kouachi, autores de la matanza de Charlie Hebdo, estuvieron sometidos a seguimiento policial o control telefónico desde noviembre de 2011 hasta hace unos meses, bajo sospecha de que pertenecían a una red de captación yihadista. Amedy Coulibaly gozó de una sorprendente libertad de movimientos tras cumplir varios meses de prisión y verse obligado a llevar una pulsera electrónica como cómplice en el intento de evasión de un salafista argelino. Nada de esto le habría impedido coordinarse con los Kouachi para prolongar su estela criminal con el asesinato de una policía y cuatro rehenes judíos en un supermercado kosher.

Esta sucesión de groseros fallos de los servicios secretos exige una explicación precisa en la comisión de investigación que anuncia la Asamblea francesa. Pero entretanto diversos gobernantes europeos, entre ellos manifestantes de pacotilla el domingo pasado, anuncian medidas de excepción que en algunos casos se alinean con la Patriot Act dictada por George W. Bush tras al atentado de las Torres Gemelas. 

David Cameron anticipa como un compromiso electoral ante los comicios de mayo una batería de leyes en la que figura el acceso de la policía a los mensajes electrónicos tipo WhatsApp, cuyo permiso operativo estaría condicionado al cumplimiento de esta exigencia. Angela Merkel se propone retirar los documentos de identidad a los sospechosos de yihadismo, lo que les impediría viajar a terceros países, mientras Sarkozy propone en Francia justamente lo contrario: que se anule la ciudadanía y se expulse a los franceses que hayan combatido en las filas del Estado Islámico, lo que no difiere gran cosa de los planteamientos de Marine Le Pen. El Gobierno de Hollande responde por su parte con un despliegue sin precedentes del Ejército en tareas de protección especialmente focalizadas en escuelas judías y sinagogas...

En España, el Gobierno de Rajoy no quiere quedarse atrás en este frenesí antiterrorista, a pesar de que España tiene una extensa dotación legislativa en la materia por sus antecedentes históricos: medio siglo de terrorismo de ETA y el doloroso récord de haber sufrido el mayor atentado yihadista en suelo europeo. Al plan especial que Zapatero aprobó en 2010 (del que no ha habido noticia hasta ahora), Rajoy está decidido a sumar el fichero especial de viajeros de avión y nuevos controles de las telecomunicaciones. No en balde ya había abierto la puerta a los pinchazos telefónicos sin autorización judicial previa antes de los atentados de París, a través de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y ha presumido de mano dura y de campeón del orden público con la lamentable Ley Mordaza.

Mentes sensatas apelan a analizar con rigor los hechos y a debatir medidas de consenso una vez apagadas las emociones más fuertes. Algunas corrientes profundas de islamofobia empiezan a salir a la superficie, sobre todo en Alemania y los países nórdicos, con el consiguiente riesgo de estallidos sociales en un continente que cuenta con 25 millones de musulmanes, muchos de ellos de segunda generación como los terroristas de París. Convertirlos a todos en sospechosos, como proponen quienes se dejan arrastrar por la tiranía del miedo y la industria de votos de la seguridad, es un pasaporte seguro hacia la catástrofe. Convertir un atentado cometido por franceses en una coartada para arremeter contra las libertades individuales de todos, y sobre todo de los extranjeros, un paso más hacia el precipicio de una Unión Europea donde proliferan los gobernantes extremistas, xenófobos e irresponsables.