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El capitalismo popular

Si el núcleo duro tenía participaciones en el capital que no eran mayoritarias y el Estado se deshizo de la práctica totalidad de sus acciones en las joyas de la abuela, ¿quién compró el resto? Los ciudadanos. España se volvió definitivamente moderna abriendo las puertas al gran invento de Margaret Thatcher, el capitalismo popular. Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque solo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo. Y lo hizo. La mayoría de las OPV, no todas, arrojan cifras vertiginosas de revalorización. Las acciones se destinaron mayoritariamente al inversor minorista en 19 de las 30 privatizaciones realizadas mediante OPV y entre ellas estaban las empresas de los llamados sectores estratégicos. Si entre 1988 y 1996 los ciudadanos compraron de media el 48% de las acciones públicas vendidas a través de OPV, entre 1997 y finales de 1998 la media fue del 67%, explica Luis Gámir, presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, en su libro Las privatizaciones en España (Ediciones Pirámide, 1999). 

La estrategia, consciente o no, provocaba tal dispersión en la propiedad del capital que daba escasa capacidad de influir en la gestión a los titulares de la gran mayoría de las acciones. Hay otro efecto que Rafael Pampillón, profesor del IE Business School, recoge en el capítulo ‘La política de privatizaciones: el caso español’, que escribió junto a Rodolfo Ramos dentro de la obra Fundamentos y papel actual de la política económica (Ediciones Pirámide, 1999): con el “capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización de la empresa privatizada puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos”. No hay marcha atrás.

No fue poco el empeño que se puso en conseguir que los ahorros de los españoles virasen hacia la Bolsa. Para empezar, se utilizó la mejor aspiradora de dinero que haya conocido este país: la red de araña de las sucursales de las entidades financieras, que lo mismo vende preferentes que planes de pensiones que coloca una operación de salida a Bolsa tras otra, como hizo entonces. El cliente no llegaba de nuevas a la ventanilla. No se escatimaron gastos en publicidad. Miles de millones de pesetas regaban televisiones y periódicos que andaban tan contentos recomendando en sus informaciones el mejor modo de hacerse con un alto número de títulos, esquivando en lo posible la brutal demanda y las estrecheces de los prorrateos. Peticiones por el máximo admitido; peticiones dobles y triples… 

Por poner algunos ejemplos, la campaña publicitaria de la OPV de Telefónica de febrero de 1997 (la que vendió el último 21% en manos del Estado) se adjudicó por 2.500 millones de pesetas. En el caso de la privatización global de Argentaria, en 1998, se invirtieron en publicidad más de 1.800 millones de pesetas. La campaña de la llamada OPV del billón, la que privatizó el 26% de Endesa en 1997, presupuestó una inversión en publicidad de 3.500 millones de pesetas de los que 2.000 millones fueron a parar a prensa y televisión.  

Y para mayor abundancia, la Bolsa subía y subía. La salida de la crisis del 93 generó un clima de euforia, avivado por la ola de privatizaciones a nivel mundial y la caída de los tipos de interés, que puso al capital a buscar fertilidad en los mercados. Estos se hincharon de gusto. Si en la OPV de Telefónica de octubre de 1995 los inversores minoristas recibieron cada una de sus acciones por 1.617 pesetas, en febrero de 1997, hacerse con una matilde en la OPV (descuento incluido) supuso desembolsar 3.239 pesetas.  El éxito de la privatización global de Telefónica abrió los ojos al Gobierno que debió entonar su propio #Sísepuede. Aún fresca la OPV de la teleco, la SEPI (propietaria junto a Patrimonio de buena parte de los títulos de las empresas aún en manos del Estado) enviaba el diseño de la OPV del 10% que el Estado mantenía en Repsol al Consejo Consultivo de Privatizaciones (organismo teóricamente independiente que creó el PP para informar de modo no vinculante sobre las ventas y a cuyo frente puso a un parlamentario del partido, el citado Luis Gámir). La venta era aprobada el 7 de marzo en Consejo de Ministros. El objetivo, de nuevo, un fuerte tramo minorista. El resultado: récord de demanda.

Con el viento a favor, el Gobierno se atrevió con la gran operación: la privatización del 67% que aún conservaba en Endesa, la principal compañía eléctrica española entonces, con cerca del 50% de cuota de mercado. Se haría por tramos pero la intención era la misma: vender finalmente el 100%. ¿Cómo atraer al inversor minorista, teniendo en cuenta que la revalorización de Endesa (cuyo valor se había duplicado en poco más de un año) había colocado sus títulos a un precio que podía disuadirle? Para esquivar este inconveniente, se optó por dividir los títulos en tantas partes como hiciera falta para situarlos en un precio razonable que los hiciese atractivos para un número suficiente de bolsillos. En concreto, cada acción se dividió en cuatro (split), pasando de un día a otro de un precio por acción de unas 12.500 pesetas a unas 3.000 pesetas.  La preparación de la OPV llamada del billón de pesetas, la mayor de la Bolsa española hasta aquel momento, no fue óbice para que se pusiera en marcha al mismo tiempo la venta de la parte que conservaba el Estado en Argentaria. No había tiempo que perder.

La Bolsa parecía un centro comercial en rebajas. En las OPV se ofrecían sorteos de viajes al Caribe y bonus de fidelidad, preferencias en el prorrateo, repartos del beneficio en forma de dividendo superiores al 50% pero, sobre todo, descuentos sobre el precio de las OPV para los inversores minoristas. Ese fue quizás el gran invento. Una fórmula que permitía hacer dinero de inmediato con solo vender en cuanto se recibían los títulos. Hubo al menos dos efectos perniciosos de aquel reclamo: la ansiedad por hacerse con el número deseado de títulos en medio de una disparada demanda llevaba a los nuevos inversores a realizar peticiones muy por encima de sus deseos de compra, en el límite máximo establecido en la OPV, con la intención de quedarse algo más cerca de la cantidad que realmente se esperaba. Se hacían peticiones a ciegas. El segundo efecto fue que la Bolsa sintió en sus carnes el conocido como efecto flow-back. Como muchos de los compradores de los títulos los ponían en venta nada más recibirlos para capturar el margen del descuento, provocaban fuertes turbulencias en el mercado. Para evitar el bache se ofrecieron acciones gratis a quienes mantuvieran un año los títulos, pero aun así el flow back obligó a los bancos colocadores a emplearse a fondo para estabilizar el valor en cada salida a Bolsa. Dicho sea de paso, a pesar de la crítica constante que hizo el Consejo Consultivo de Privatizaciones al respecto, las entidades colocadoras de las OPV eran, en la mayoría de los casos, las mismas que formaban el núcleo duro de la empresa que estaba siendo objeto de la privatización.  

No tan liberales

El reparto atomizado, demostraba el flow back, no era eterno. El chófer de Rockefeller podía vender en cualquier momento sus títulos a alguien empeñado en hacerse con un porcentaje de capital capaz de influir en la gestión. Y una cosa era vender el cortijo y otra entregar la llave. Por eso, las privatizaciones de las joyas de la corona vinieron acompañadas de la llamada golden share, un escudo forjado en el BOE que daba de facto al Estado capacidad de veto durante una década para las decisiones que considerase estratégicas. Hasta liberales como Piqué rubricaron una fórmula tan intervencionista. El Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, de aplicación del régimen de autorización administrativa previa a Endesa y a determinadas sociedades del grupo, lleva su firma. El mismo plazo se dio a la golden share de Telefónica, Repsol e Iberia. La de Tabacalera, de menor plazo, fue revocada para permitir su fusión con la francesa Seita, que dio lugar al nacimiento de Altadis a cuyo frente estaba César Alierta hasta que fue nombrado presidente de Telefónica. Con el resto, Europa le tuvo que tirar fuerte de las orejas a España (como a otros países, que esto de dejar una mano metida en las empresas no es exclusivo de aquí) para que, a finales de 2005, casi al borde de que venciese el plazo establecido, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero iniciase el proceso de tramitación de la ley que derogaría la acción de oro. 

Lo que no hizo el Ejecutivo de Zapatero fue abrir los cajones de las privatizaciones para arrojar la luz que, cuando estaba en la oposición, siempre criticó que le faltó al proceso. El PSOE incluso había logrado que el Tribunal Constitucional le diese la razón en que se había vulnerado el derecho del ejercicio del cargo parlamentario al negarse el PP en 1997 a la comparecencia en el Congreso de los presidentes de las privatizadas Telefónica y Endesa. Cuando llegaron al poder, nada. Dice el exministro socialista Jesús Caldera que eso es lo normal, que las transiciones de un Gobierno a otro “se hacen a beneficio de inventario”. Lo que hay es lo que hay y se mira hacia delante. Vaya. 

Puertas giratorias

Los sectores liberalizados y/o las empresas privatizadas, cuyos defensores abominan en teoría de todo lo que huela a político, han acogido a decenas de ellos en sus filas hasta hacer algo común del fenómeno conocido como puertas giratorias.

La lista es larga si se cita únicamente a los más altos cargos del Estado, sin bajar a cuartos niveles del escalafón ni a los ex altos cargos autonómicos que han acabado en puestos de responsabilidad de compañías energéticas. El sector ha dado trabajo, de momento, a dos ex presidentes del Gobierno, uno de cada signo. Aunque con el mandato ya vencido y pocas posibilidades de renovación por sus declaraciones sobre cuánto se aburre, Felipe González es consejero independiente desde finales de 2010 de Gas Natural Fenosa [lo abandonó en marzo de 2015], empresa que entre otras cosas se hizo bajo su mandato (1994) con la pública Enagás, lo que equivalía a entregar a una empresa privada el monopolio casi total del gas en España, incluida la distribución. La situación fue enmendada por un decreto del Gobierno de Aznar (2000) que obligaba a Gas Natural a vender Enagás en cómodos plazos. La mayor parte se hizo a través de OPV (2002 y 2004) y el resultado final tras la venta fueron unos ingresos de unos 1.000 millones de euros para Gas Natural frente a los en torno a 400 millones que le había costado hacerse con Enagás. Eso, después de 15 años de privilegio. González cobró 127.000 euros en 2014 (126.500 en 2012 y otro tanto en 2013) por esa labor tan tediosa de sentarse en el máximo órgano ejecutivo de Gas Natural Fenosa. José María Aznar fue fichado en 2011 como asesor externo de Endesa, la empresa protagonista de las mayores salidas a Bolsa que tuvieron lugar durante las privatizaciones de su mandato. Su labor está retribuida con entre 300.000 y 400.000 euros al año.

En el mismo sector han terminado unos cuantos titulares de los ministerios de Economía e Industria, carteras desde las que se diseñaron las principales líneas de las políticas de liberalización del sector así como de las privatizaciones españolas. Miguel Boyer, exministro de Economía del PSOE aunque mucho más cercano al PP de Aznar desde 1996 y patrono de la fundación FAES desde 2002, fue consejero externo independiente de Red Eléctrica desde 2010 a 2014, el año de su fallecimiento. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria y Energía con Felipe González en pleno diseño de la normativa para la liberalización del monopolio de petróleos, es consejero de Repsol desde 2007. Joan Majó, ministro de Industria con el mismo Ejecutivo y uno de los grandes críticos de la privatización de Endesa, fue nombrado miembro del consejo asesor de la eléctrica en Cataluña en 2011. Elena Salgado, ministra de Economía en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, es vocal del consejo de administración de una filial de Endesa. Pedro Solbes, exvicepresidente y exministro de Economía tanto con González (con quien diseñó la política de privatizaciones), como con Zapatero (junto a quien protagonizó el espectáculo de injerencias políticas que acabó con Endesa en manos de la italiana Enel), encontró un hueco en el sector al salir de la política. Precisamente, ¡oh, sorpresa!, como consejero de Enel. 

Dentro de las filas socialistas, por debajo del rango de ministro y en estas mismas carteras ligadas a los sectores estratégicos, podría incluirse a Ramón Pérez Simarro, consejero independiente de Enagás, que fue director general de Energía en 1990. 

Procedentes de gobiernos populares y en cargos igualmente sensibles puede citarse a Nemesio Fernández-Cuesta, exsecretario de Estado de Energía  y consejero dominical de Gas Natural Fenosa en nombre de Repsol, así como a Luis Valero, exsecretario general de Industria y consejero independiente de Enagás. Además, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, quien fuese director general de Política Económica y Defensa de la Competencia en el primer Gobierno de Aznar y secretario de Estado de Economía en el segundo, fue consejero de Endesa desde 2009 hasta su incorporación al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El exministro de Interior y ex secretario general del PP Ángel Acebes se sienta en el consejo de administración de Iberdrola; la exministra de Exteriores Ana Palacio, en EDP y Enagás; e Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, ocupa igualmente puesto de consejera independiente en la gasista. 

Pero si hay una empresa privatizada que acoge con los brazos abiertos a los políticos, esa es Telefónica. Le viene de largo. Nada más ser nombrado presidente, Juan Villalonga eligió entre los consejeros independientes a Gaspar Ariño y a Juan Antonio Sagardoy, dos de los vocales del Consejo Consultivo de Privatizaciones que habían participado en el visto bueno de la venta de lo que quedaba de la teleco en manos públicas. El idilio con la política de la compañía ha hecho guiños a uno y otro lado durante la presidencia de Alierta pero en este caso son los populares los que ganan por aplastante mayoría. Ellos y sus familiares. Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy), Iván Rosa Vallejo (marido de Soraya Sáenz de Santamaría) o Elvira Aznar (hermana del expresidente) encontraron hueco en su día en el antiguo monopolio de las telecomunicaciones. También lo encontró Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de Castellón hoy encarcelado, esposa del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes y protagonista de aquel “¡Que se jodan!” pronunciado desde su escaño en el Congreso de los Diputados mientras el PP anunciaba recortes en las prestaciones por desempleo. Familiares aparte, durante años, fue un fichaje político de la teleco el que destacó por su polémica: el de Eduardo Zaplana que, durante su etapa como ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar, había puesto su firma a un ERE de 15.000 trabajadores de Telefónica en España y que llegó a la teleco sin una función determinada que aún a día de hoy se le conozca. Una nimiedad comparada con el fichaje de Rodrigo Rato como asesor internacional de Telefónica para el mercado latinoamericano en enero de 2013, cuando este ya había sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por presunta ocultación de información en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Tan llamativo como efímero fue el paso de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, por la teleco. Los populares apostaron fuerte por él en las elecciones de 2008 y, como perdieron, Pizarro decidió que no era un destino adecuado para él quedarse cuatro años en la oposición. Carlos López Blanco, secretario general de Telecomunicaciones con el Gobierno de Aznar, y el que fuera secretario de Estado de Comunicación Alfredo Timmermans, también recibieron la llamada de Telefónica.

El PSOE no ha colocado tantas piezas en la compañía pero sí algunas sonadas, como el ex secretario de Juventudes Socialistas, Javier de Paz, fichado al mismo tiempo que Pizarro. Igualmente pasó por la teleco Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González y hoy imputado por un presunto delito de administración desleal como presidente de Catalunya Caixa. Y Javier Nadal, que llegó a Telefónica en marzo de 1995 tras haber sido durante una década director general de Telecomunicaciones. Serra, De Paz y Nadal dejaron el consejo de Telefónica en 2012, recién llegado el PP al poder.