Votar es el máximo acto de soberanía que realizamos los ciudadanos. Nos permite algo tan fundamental como elegir a nuestros gobernantes, un derecho que a los españoles les fue negado durante cuarenta años por la dictadura franquista, que la mitad de la población actual afortunadamente no tuvo que padecer. Conviene no olvidarlo, aunque la política nos conduzca a menudo a la náusea. Las urnas permiten, precisamente, sancionar a quienes han gobernado contra el interés de la mayoría, a los que han intentado desmantelar lo público para favorecer a los amigos, a quienes han metido la mano en la caja.

Este domingo se renuevan más de 8.000 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas (todas salvo Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco). Sería un error pensar que se trata de una convocatoria menor frente a las elecciones generales previstas para finales de año. Para empezar, aspectos esenciales del Estado de Bienestar, como la sanidad y la educación, dependen de los gobiernos autonómicos, que tienen capacidad para decidir sobre la gestión pública o privada de los hospitales, sobre la calidad de la educación y las condiciones exigibles a los colegios concertados o los fondos que se destinan a atender la dependencia. En definitiva, cuestiones capitales para reducir las brechas de desigualdad que han crecido con las políticas de austeridad aplicadas primero por Zapatero y luego por Rajoy.

Uno de los males endémicos de nuestra democracia es la corrupción, y ésta reside fundamentalmente en las instituciones que se renuevan el 24 de mayo. Los partidos más cínicos han encontrado en la dispersión y en la lentitud de la justicia la fórmula ideal para sortear la rendición de cuentas y, en el peor de los casos, para lavarse las manos cuando se destapan los escándalos. Las grabaciones que cada cierto tiempo salen a la luz son un infame catálogo del latrocinio que ha sentado sus reales en la contratación pública, alentado primero por la financiación delictiva de los partidos y engrosado después por la codicia particular de los recaudadores.

Las promesas de transparencia y regeneración que todos los partidos lanzan en tiempos de campaña son incompatibles con candidaturas que rozan la desvergüenza. En una democracia como la anglosajona, que Esperanza Aguirre dice admirar tanto, sería inviable que pudiera aspirar a la alcaldía de Madrid alguien que, como ella, tiene el lamentable récord de haber gobernado la comunidad con tres consejeros hoy imputados por corrupción, y elegido para las alcaldías a algunos de los principales socios de la red mafiosa Gürtel. Y qué decir de las compañías de Rita Barberá en la alcaldía de Valencia, o de las de CiU en Cataluña…

Estas elecciones son una oportunidad para impedir que la mentira y el cinismo se asienten definitivamente en nuestra vida política. Es hora de que el descontento ciudadano que se ha expresado en mareas de diversos colores se traslade de la calle a las urnas. La infidelidad de los políticos del bipartidismo a sus propios programas, su alejamiento de los ciudadanos de a pie, su abandono de los más necesitados y su sometimiento a los grandes grupos financieros, amén de la intolerable mancha de la corrupción, han introducido en el tablero político a nuevos agentes que no tienen deudas con el pasado.

Para que el escrutinio contribuya de una vez por todas a airear el ambiente fétido de la vida política española es necesario ejercer el voto desde la memoria y la responsabilidad. Reducir la desigualdad que amenaza con la exclusión a más de doce millones de españoles, y combatir la corrupción que se ha adueñado de muchas de nuestras instituciones son dos objetivos elementales, que merecen ser ponderados. Repasemos lo que ha acontecido en la última legislatura antes de depositar el voto. Desalojemos del poder a cuantos han abusado de él en beneficio propio y a los que todavía lo hacen para tratar de cerrar el paso a lo nuevo. 

El lunes deberíamos sentir que no hay premio para los tramposos, y que este país aún tiene el coraje de corregir algunos de sus vicios más arraigados. España necesita renovar su clase política, emprender la Segunda Transición y desterrar al olvido a los desahogados que se permiten negar que la corrupción existe, afirmar que del paro ya no se habla o aventar el miedo sosteniendo que si gana Podemos estas serían las últimas elecciones libres.

No es hora de sentir miedo, sino de participar, de movilizarse y de cambiar para recuperar la ilusión y el futuro.

No hacerlo sería no solo una grave equivocación, sino también un bochorno internacional.