El Parlamento Europeo ha pospuesto sine die la votación en sesión plenaria del polémico acuerdo de libre comercio e inversión entre EEUU y Europa (TTIP por sus siglas en inglés). Una cancelación que viene precedida por una serie de enmiendas y contraenmiendas que reflejan profundas grietas dentro de la socialdemocracia europea en particular y de los partidos denominados tradicionales.

Este giro producido pocas horas antes de la votación prevista ha sido saludado por los grupos opositores al TTIP como una pequeña victoria y un signo de que la gran coalición de facto entre populares, socialistas y liberales de la Eurocámara se resquebraja o al, menos, muestra severas contradicciones. La batalla, sin embargo, no está ganada por ninguna de las dos partes y todo indica que a partir de ahora, las dos facciones intentarán utilizar los tiempos políticos de la manera más conveniente para sus intereses.

La propia Comisión Europea encargada de la negociación del Tratado con Washington reconoce la dificultad de que las conversaciones entre los dos interlocutores puedan darse por finalizadas a finales de este año, tal y como estaba previsto inicialmente. Uno de los mayores temores también reside en que un posible cambio de Administración por parte de Estados Unidos ralentice un proceso que está resultando arduo y pedregoso y que puede suscitar la oposición in crescendo de la opinión pública europea, vapuleada por las crisis económica.

Los primeros signos de divisiones dentro de la familia política socialista se produjeron tras la luz verde en la Comisión de Comercio Internacional la última semana de mayo de una resolución que los grupos de izquierda y ecologistas consideraron una traición. La enmienda de la discordia pactada entre populares, conservadores, socialistas y liberales hacía referencia a la madre de todas las batallas: los polémicos arbitrajes de carácter privado ante disputas entre Estados e inversores, en su gran mayoría multinacionales.

El texto proponía "una solución permanente" para resolver este tipo de litigios de manera que sean tratados con la transparencia debida por parte de "jueces profesionales independientes elegidos públicamente en audiencias públicas y con un mecanismo de apelación" dentro del engranaje de las jurisdicciones nacionales y europeas. El mismo texto, sin embargo, reconocía de manera velada que esto no será factible a corto plazo. En la misma enmienda, se aseguraba que "a medio plazo un Tribunal Internacional Público de Inversiones sería el medio más adecuado para tratar estas disputas" sin mencionar más detalles.

La izquierda europea censuró el condicional empleado en esta última frase, la falta de detalles en los plazos sobre los tipos de tribunales y la exclusión en el último momento de un párrafo específico que prohibía sin ambages los arbitrajes privados en lo que consideraron una calculada ambigüedad que de facto resucitaba esta posibilidad. El único voto en contra de esta resolución dentro de la familia socialista fue el del representante francés, Emmanuel Maurel. Los socialistas españoles apelaban a la importancia de lo conseguido hasta ese momento (blindaje de los servicios públicos europeos y petición a EEUU de que firme todos los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo) y a la "importancia estratégica" de una resolución por parte de la Eurocámara.

Tras el eco mediático, los propios socialistas europeos enmendándose la plana a sí mismos presentaron otra contraenmieda de cara a la sesión plenaria que introducía la expresa la prohibición de los arbitrajes privados.

Pero aquí empiezan las sorpresas, la estrategia ha cambiado. Tras el eco mediático, los propios socialistas europeos enmendándose la plana a sí mismos presentaron otra contraenmieda de cara a la sesión plenaria que introducía la expresa la prohibición de los arbitrajes privados y cambiaba los tiempos condicionales en un reconocimiento implícito de la ambivalencia de la resolución anterior que ellos mismos aprobaron. A la oposición inicial de los socialistas franceses al primer texto se unieron belgas e incluso españoles que amenazaron con votar en contra de la resolución en su conjunto si no quedaba meridianamente claro el controvertido punto de los arbitrajes. No es la primera vez que se producen este tipo de hechos, ya que las familias políticas de la Eurocámara compuestas por sus diferentes facciones nacionales operan con una libertad de voto mucho mayor que en la gran mayoría de los parlamentos nacionales, lo que también da pie a que los intereses de cada Estado y los vaivenes de la política interna prevalezcan en algunos casos sobre las banderas ideológicas.

A todo esto se suma la proliferación de partidos no tradicionales dentro del espectro ideológico europeo que están actuando como un catalizador del desapego de la ciudadanía hacia la manera de gestionar la crisis económica y social por parte de las fuerzas políticas consolidadas tanto de derecha como de izquierdas, que han puesto en marcha recetas muy parecidas. Otro episodio de este tipo se produjo tras la oposición por parte de los socialistas españoles a la investidura del conservador Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión Europea. Una decisión contra el resto de los socialistas europeos y que fue interpretada como un primer golpe de timón por parte de Pedro Sánchez para contrarrestar el auge de Podemos, tras su irrupción en los comicios europeos.

Pero este nuevo giro de los socialistas europeos, más beligerantes con los arbitrajes privados, no ha conseguido el necesario consenso con los populares y liberales, que han reaccionado sorprendidos y reticentes ante este último cambio. De ahí que la izquierda europea considere que haber pospuesto la votación, por parte del presidente del Parlamento Europeo, el socialista Martin Shulz obedece no a un tecnicismo ante el ingente número de enmiendas sino al miedo a una votación que evidencie profundas divisiones de cara a la opinión pública. De hecho, no sólo se ha pospuesto la luz verde a la resolución sino también al debate público que iba a tener lugar entre los diferentes grupos del Parlamento Europeo. De momento, el texto vuelve a la Comisión de Comercio Internacional, y se da por sentado que no tendrá cabida en la habitualmente ya sobrecargada sesión plenaria de julio. El nuevo curso político deberá volver a coger el TTIP por los cuernos.