El nuevo alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), se ha propuesto acabar con los desahucios en la ciudad como primera medida de calado de su Gobierno. Pero para hacer de esta promesa una realidad tendrá que superar muchos obstáculos. El principal es que los ayuntamientos no tienen competencia legislativa en vivienda. Y a esto se suma que el Tribunal Constitucional dictó, justo antes de las elecciones municipales, que las comunidades autónomas, aun siendo titulares de esta competencia, no podían saltarse las directrices generales que impone el Estado. Anuló de esta forma partes esenciales del decreto andaluz, en especial la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de la vivienda a bancos que iban a desahuciar a inquilinos en riesgo de exclusión.

¿Son entonces irrealizables las promesas de estas candidaturas municipales avaladas por Podemos? Santisteve acaba de nombrar a Pablo Híjar (Zaragoza, 1978) nuevo concejal de Vivienda. Afiliado al PCE y a IU desde los 15 años, reconoce que conseguir este objetivo va a ser complicado si no se modifican las leyes. Pero añade que las medidas para lograrlo son muchas, y menciona, por ejemplo, la subrogación de hipotecas: que el Ayuntamiento se haga cargo de ellas si es viable y la titularidad pase a ser municipal. Si no, siempre quedará el realojo, aunque existe otro problema: las 2.200 viviendas que posee el Ayuntamiento de Zaragoza están casi al completo. Y Stop Desahucios tiene, solo en este mes de julio, 12 casos de familias que van a ser desalojadas por impago de alquiler. 

Híjar era, precisamente hasta que se presentó a las primarias por Zaragoza en Común, el rostro más visible de esta plataforma antidesahucios y por ello conoce a fondo la situación. Ha estado en este movimiento desde que empezó y, ahora en el Consistorio vive una curiosa circunstancia. En abril de 2013, dentro de la campaña a favor de la Iniciativa Legislativa Popular finalmente frustrada por el PP, participó en el escrache al diputado por el Congreso Eloy Suárez, que a su vez es el líder de la oposición en el Ayuntamiento. Fue una protesta pacífica desde la acera contraria a la vivienda del diputado --sin dejar de ser un escrache--, aunque en ese momento Suárez no estaba en casa (se encontraba en Madrid). La Delegación del Gobierno le multó con 1.500 euros por haber organizado ese escrache, mientras que absolvió a los otros 50 participantes, a los que al principio pedía 200 euros a cada uno. 

Esta sanción ya la ha pagado con “la caja de resistencia de Stop Desahucios”: la plataforma inició una recogida de fondos para pagar las multas, con la que consiguió unos 5.500. No obstante, ha decidido interponer un contencioso-administrativo a título particular para recuperar el dinero. “Me he cruzado con Eloy Suárez estos días, pero no me dijo ni hola. No se lo tengo en cuenta porque yo tampoco lo hubiera hecho. A mí me resulta muy complicado tratar con alguien que te ha sancionado o ha ido a por ti, igual que con Gustavo Alcalde (el delegado del Gobierno en Aragón), que también estuvo en la investidura. Ni nos saludó ni aplaudió ni una vez”, señala.

En los pocos días que lleva como edil electo y, ahora como concejal, se ha visto envuelto en un par de polémicas. La primera con unas declaraciones en las que decía que por encima del principio de legalidad estaba la justicia social.

No me opongo al principio de legalidad, porque sería como oponerse al principio de gravedad. El problema es que la interpretación que hace el PP de esto (y el PSOE y CHA, por lo que he visto en prensa) no tiene que ver con el principio de legalidad. Me he equivocado al usar ese término y darles la oportunidad de atacarme. Ellos de lo que están hablando es de aplicar las leyes tal como son sin tener en cuenta ningún tipo de circunstancia personal.  O como si la ley fuera una guillotina que no se puede cambiar. En eso es en lo que no estoy de acuerdo. Lo que planteo lo volveré a plantear: para mí los derechos de las personas están por encima de cualquier tipo de ley. Lo tengo muy claro. No estoy proponiendo que cada uno haga lo que quiera ni que incumpla las leyes. Pero sí creo que el derecho a la vivienda, a la enseñanza, a la sanidad y a un trabajo digno debe estar por encima del marco de ordenamiento jurídico. Se lo puse fácil porque Eloy Suárez dijo que ellos eran la garantía de que en Zaragoza se iban a cumplir las leyes. Yo le preguntaría a Suárez dónde queda el principio de legalidad en los 12 desahucios que tenemos señalados para este mes de julio. ¿Dónde queda el principio de legalidad para deudores de buena fe en situaciones sobrevenidas por la crisis que van a ser desahuciados porque hay una ley que así lo manda y que además no recoge ninguna solución habitacional? Yo creo que eso respeta la ley, pero no cumple el principio de legalidad. No medí bien que eso iba a salir en la prensa, porque fue solo una comparecencia de dos minutos.

La otra polémica ha sido la celebración que hubo tras la investidura, con esa foto en la que aparece con la banda municipal en la cabeza y que ha salido hasta en televisiones nacionales.

No me la puse ni cinco segundos y ni me la llegué atar. Que se tranquilicen los zaragozanos (sonríe). La banda es patrimonio de la ciudad, no está arrugada y está a buen recaudo. Para mí es una chorrada. Lo que no es una chorrada es la campaña mediática que se está montando contra los concejales (de este tipo de partidos). Somos conscientes de que nos han investigado en profundidad los perfiles de Twitter durante la campaña y que lo siguen haciendo. No puede ser que porque una banda municipal se pose sobre mi frente durante cinco segundos haya salido ya en una viñeta en uno de los periódicos más importantes de Aragón, que me hayan dedicado varias páginas en ambos periódicos, e incluso que saltara el tema a nivel nacional. 

 Somos conscientes de que nos han investigado en profundidad los perfiles de Twitter durante la campaña y que lo siguen haciendo

¿Se siente entonces atacado por los medios?

Aunque no va a ser lo fundamental de nuestra actuación política, creo que, en cierta medida, esta forma de celebrar la investidura o las limitaciones salariales que nos hemos puesto se están entendiendo por algunos como una forma de desprecio a esa manera que existe de enganchar a los cargos públicos al sistema. Hay una parte de la sociedad, entre ellos los propietarios de los medios de comunicación, a la que le escandaliza y le da miedo que no sigamos los convencionalismos, porque puede denotar cierta independencia o libertad a la hora de tomar decisiones. Yo creo que es lo que está detrás. Porque si no no se explica tanto ataque.

Acaba de ser elegido concejal delegado de Vivienda, y Santisteve ha prometido acabar con los desahucios. Pero no tienen competencia legislativa...

Es cierto y es un problema muy importante. Y, por eso, lo primero que vamos a reclamar es un cambio normativo, tanto en hipotecas como en alquiler. Cuando Carme Chacón (PSOE) reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los desalojos por impago de renta fueran exprés era una época en la que no ocurría esto. Pero en plena crisis se ha convertido en una bomba de relojería. Por desgracia para los afectados, los juzgados de Zaragoza son muy eficientes en este tema y en cuestión de dos meses te desahucian. Cuando te llega la carta ya te indican la fecha de la vista y la del desalojo. El problema que tenemos es que el Tribunal Constitucional es un órgano político, con mayoría del PP ahora, que a su vez recurre sistemáticamente las leyes autonómicas. Después de lo que ha ocurrido con la ley andaluza, habrá que ver qué ocurre con la vasca, que también permite la expropiación temporal del uso de la vivienda.

Pero entonces, ¿su política se va a limitar a instar al Gobierno a central a que cambie la ley?

No nos podemos escudar en la falta de legislación y nosotros vamos a actuar de oficio. Pero eso no quiere decir que el resto de administraciones puedan mirar para otro lado. Nos vamos a dedicar cuatro años a denunciar esto. Al futuro Gobierno de Aragón le vamos a pedir que cree un marco que permita la expropiación del uso de la vivienda. Qué ocurrirá no lo sabemos. Hay que dejar margen a que se constituya y reunirnos. 

Entiendo entonces que el Ayuntamiento va a apostar por el realojo de desahuciados.

Podemos hacer de todo. El Ayuntamiento de Zaragoza tendría la posibilidad de expropiar viviendas basándose en la ley actual, que aún data del franquismo. Pero como debe ser el Consejo de Ministros el que finalmente dé el visto bueno, entramos en el mismo cuello de botella y es inviable. El Ayuntamiento tiene ahora un parque con 2.200 viviendas, muchas más que el Gobierno de  Aragón, y es un buen punto de partida, aunque insuficiente porque están prácticamente todas ocupadas. El objetivo es ampliar las unidades hasta las 5.000.

El problema que tenemos es que el Tribunal Constitucional es un órgano político, con mayoría del PP ahora, que a su vez recurre sistemáticamente las leyes autonómicas

¿Cómo conseguirlo?

Tenemos básicamente cuatro vías. La primera es la subrogación de hipotecas, es decir, que cuando el Ayuntamiento detecte en la futura Oficina de la Vivienda de Zaragoza a una familia que no puede pagarla y corre el riesgo de ser desahuciada, estudiará si es viable económicamente hacerse cargo de su hipoteca, por ejemplo, si la cantidad que queda por pagar es pequeña. Esa vivienda pasaría entonces a ser propiedad del Ayuntamiento, sin necesidad de expropiarla, mientras que la familia pagaría un alquiler social y en el plazo de 5 o 10 años, si su situación económica ha mejorado, se le daría la posibilidad de que la recuperase. Si no, seguiría siendo del Ayuntamiento. El estudio de cuánto costaría esto ya está planteando como una de las medidas de los primeros 100 días.

Pero parece una medida que tendría un coste importante, más aún teniendo en cuenta la deuda que arrastra Zaragoza y que el Ministerio de Hacienda exige déficit cero.

Hay muy pocas medidas de coste cero. Pero otra vía de adquisición de vivienda es apelar directamente a las cesiones voluntarias de entidades financieras, empresas privadas y particulares. Si fueran cesiones de uso, el Ayuntamiento se encargaría del mantenimiento del inmueble. Estamos pensando en la Sareb (banco malo) o incluso en los grandes bancos de la zona. En los próximos días nos reuniremos con Ibercaja para ver hasta dónde podríamos contar con su colaboración.

¿Y cree que los bancos van a aceptar? ¿Qué harán si no acceden, señalarlos?

Aún no sé en qué tono van a ser las reuniones. Mi opinión es que hay que plantearles que son corresponsables de todo lo que ha ocurrido y que deben mucho a la sociedad por los rescates. Esta ciudad ha sufrido el 85% de los desahucios de Aragón. Y para estas entidades, la cantidad de viviendas de las que estamos hablando es muy asumible. Por otro lado, la tercera vía sería captar viviendas vacías en manos de particulares. El Ayuntamiento garantizaría al arrendador el pago de una renta mensual y firmaría un seguro por desperfectos, de arreglos, de pintura...  Evidentemente, también tendría un coste porque habrá que hacer campañas de publicidad para que los dueños den un paso adelante, incluso sacar a la gente a la calle para captarlos.

¿Y la posibilidad de que el Ayuntamiento construya directamente vivienda sociales?

Nosotros rechazamos que haya más desarrollos urbanísticos ahora mismo. Hoy, sin hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, si nos pusiéramos a construir todo lo que está proyectado tendríamos 50.000 viviendas más en Zaragoza, y eso es una locura. Pero en todos los barrios consolidados hay solares sin uso, muchos de ellos de propiedad municipal, y nos planteamos ver dónde podrían hacerse pequeñas actuaciones, no grandes bloques de pisos, para hacer varios cientos de viviendas sociales cada año e intentar llegar a las 5.000. 

Reconocerá que va a ser complicado.

No va a ser fácil, está claro. Si por el medio tuviéramos una ley, lo veríamos mucho más sencillo. Pero hay otra vía más, que ya no depende del Ayuntamiento, que es que Stop Desahucios y las plataformas recuperen viviendas vacías de entidades por su cuenta. Si los ayuntamientos y las comunidades no tenemos capacidad para expropiar, y el Estado hace dejación de funciones, no quedará más remedio que la sociedad civil se organice para forzar a las administraciones públicas a que luego actúen como mediadoras con las entidades. Nosotros no podemos participar en la obra social de la PAH y Stop Desahucios, obviamente, pero sí podemos estimular el asociacionismo con estas entidades y darles herramientas legales. Y daríamos la opción a los bancos de que acuerden un alquiler social con ellos o incluso que esas viviendas recuperadas pasen a la bolsa del Ayuntamiento, con garantías de pago.

Si los ayuntamientos y las comunidades no tenemos capacidad para expropiar, y el Estado hace dejación de funciones, no quedará más remedio que la sociedad civil se organice para forzar a las administraciones públicas a que luego actúen como mediadoras con las entidades

Pero ya sabe que la usurpación es un delito. El convenio antidesahucios del anterior Gobierno de Aragón (PP-PAR), aun en funciones, excluye de la posibilidad de un realojo a todos aquellos que están de okupas.

El Ayuntamiento sí que va a entrar en estos casos. Estamos preocupados porque cada vez hay más familias viviendo de usurpación, que entran en una casa vacía dando una patada en la puerta. En Zaragoza, algo que refleja este hecho es que casi no hay gente viviendo en la calle. Nosotros no defendemos la usurpación de viviendas, pero tampoco nos desentendemos de la situación familiar que hay allí. Es que ahora, si ocupas una casa, te echan independientemente de la situación social en la que estés, aunque tengas niños muy pequeños. Por eso, la futura oficina de vivienda no va a ser solo para hipotecas y alquileres, sino también para ocupaciones. No es sencillo por la rapidez con lo que van estos desahucios. Y seremos especialmente cuidadosos en todos los casos. Cualquier solución no debe perjudicar nunca a un particular, porque es verdad que hay muchos casos de propietarios que utilizan esa renta para sobrevivir. La clave es que haya vivienda pública para el realojo.  

No faltan las voces que les recriminan que van a dar casas gratis, mientras otros se esfuerzan en pagarlas.

Los beneficiarios, que pagarán un alquiler social, van a ser siempre deudores de buena fe en situaciones sobrevenidas por la crisis y personas en riesgo de exclusión social. Ojo, las dos cosas no son excluyentes. Puede haber deudores de buena fe que no entren en los criterios de vulnerabilidad social que hayas puesto. Nosotros entendemos que una familia que se está enfrentando a un desahucio está en riesgo de exclusión. En la plataforma conozco a trabajadores con nóminas pequeñas que han pasado y están pasando por situaciones muy graves. Esa gente en teoría no está en exclusión, pero lo está pasando muy mal. El problema es que la ley del PP no habla de deudores de buena fe, sino de familias de especial vulnerabilidad y pone unos criterios kafkianos. Por ejemplo, una familia monoparental con un niño de cuatro años no entra en el convenio, pero si tiene tres años o menos, sí. No tiene ningún sentido.

¿Pero qué significa exactamente deudor de buena fe en situación sobrevenida por la crisis?

Que no puede pagar la hipoteca o el alquiler de manera comprobada. La administración tiene capacidad para conocerlo. Fraudes, alguno puede haber, pero contamos con trabajadores sociales para conocer cuánto ingresa la familia y por qué no paga. 

Se refiere siempre a casos de pérdida de la vivienda habitual, entiendo.

Eso lo tenemos muy claro. Si alguien tiene dos viviendas, no puede acceder a esto. Luego es verdad que te encuentras con casos de personas que tienen dos viviendas y que entra en un efecto dominó en el que al final están en riesgo de perderlo todo. Pero no es lo normal.

Pero entonces, ¿dónde va a poner el límite?

El Ayuntamiento va a atender a todo deudor de buena fe. No vamos a funcionar con los criterios excluyentes del Gobierno central. Evidentemente, si nos encontramos con una familia que cobra 60.000 euros al año, no va a entrar. Tiene otro tipo de servicios que se puede pagar.

También sabe que hay casos -eso lo dicen en los propios juzgados- de “expertos en desahucios por alquiler”. Me refiero a familias que han sido desalojadas muchas veces, incluso antes de que empezara la crisis. ¿Qué hacer en estos casos?

Es complicado. Profesionales de vivir del cuento habrá siempre. También es cierto que si no siguieran estas dinámicas, estarían viviendo en la calle. La solución en estos casos pasa por una actuación integral de los servicios sociales, con seguimiento de la familia y educación social. El problema es que ahora se observa que esta situación ya no es solo de gente acostumbrada a vivir en estas dinámicas. A la asamblea de Stop Desahucios ha llegado gente que decía: “Estoy cansada de ir a un propietario, darle la entrada y saber que en cuatro meses le voy a tener que dejar de pagar, que van a empezar los líos, las llamadas y que no me quedará otra que aguantar hasta que me echen. Y entonces, me voy a otro...”. En esta situaciones, lo único que puedes hacer legalmente es ir alquilando casa tras casa y esperar a que te desahucien. 

Se reunió a principios de semana con representantes del Poder Judicial. ¿Qué les dijeron?

Los jueces lo tienen claro. Hace falta que el convenio antidesahucios tenga rango de ley. El actual les obliga a aplicar un procedimiento extraño que no está recogido en ninguna norma. Es un protocolo en el que el juez se moja, porque no se basa en ninguna ley, posponiendo el desahucio hasta que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) le dice si realoja a la familia o no. Y encima de que se la juegan, luego a veces el IASS les dice que, aun entrando dentro de los criterios de vulnerabilidad, no pueden acceder al convenio porque no tienen viviendas suficientes o porque la familia arrastra una deuda con la administración.

¿Los realojos que plantean serían temporales, hasta que la situación del afectado mejore?

Es lo que vamos a hacer. Pero como ayuntamiento sí que nos planteamos dar una vuelta a la política de vivienda, aunque en cuatro años no da tiempo. Entendemos que apostar por los alquileres sociales debería producir un descenso de lo que se pide en el mercado, que son especialmente caros en relación a las hipotecas y eso hace que en plena crisis la gente prefiera endeudarse. El tratamiento de la vivienda social en España tiene cierto aire de beneficiencia y hay que romper con ese esquema. Debería ser como Austria, donde el alquiler social es absolutamente normal. Un cartero vive en una vivienda social, un profesor de universidad también... No debe ser una casa barata por definición, sino adecuada a los ingresos de la familia, de forma que se les deje suficiente renta para sobrevivir. Es una idea que en cuatro años no nos da tiempo a aplicar. Pero la gente debe entender que con una nómina de 1.000 euros no eres ningún privilegiado y que tendrías que tener derecho a que el Estado te proveyera de una vivienda en condiciones a un precio razonable.