El 25 de abril de 2014 llovía en Chinchero. A 3.700 metros de altura y en los últimos coletazos de la época de lluvias, con el frío andino curtiendo los rostros, los vecinos salieron a las calles de esta pequeña localidad a 30 kilómetros de Cuzco para celebrar una vieja promesa: la construcción de un aeropuerto. Ese día se adjudicaba la obra, con una inversión de 600 millones de dólares, al consorcio Kuntur Wasi. Pero pocos vieron los perjuicios de un sueño llevado a tierra: la misma que tuvieron que abandonar más tarde.

"En La Pampa teníamos todo: agua, luz, desagüe. El cambio fue brusco: trabajaba la papa y me dedicaba a la ganadería: seis toros, una vaquita, mi chancho. Mis hijos tenían leche, queso, papas. No comprábamos en el mercado. Antes vivía tranquilo", cuenta Cirilo Quillahuamán en su nueva casa, un edificio en carne viva de un barrio inventado en la montaña.

Al alzar la vista desde la explanada de 357 hectáreas donde se ubicará el nuevo aeropuerto que mandará al olvido al de Cuzco –cinco millones de pasajeros frente a dos, el triple de superficie, la pista más larga, vuelos internacionales–, se ve una mancha en mitad del verde intenso de la comunidad campesina de Yanacona: es Nueva Yanacona, una colección de construcciones de quienes habitaban a los pies de lo que hoy son cimientos de adobe devastados por la maquinaria.

El aeródromo, que comenzará a construirse a finales de 2015, se asentará sobre las comunidades campesinas Racchi Ayllo, Ayllopongo y Yanacona (la más afectada), en el Valle de Urubamba

El aeródromo, que comenzará a construirse a finales de año, se asentará sobre las comunidades campesinas Racchi Ayllo, Ayllopongo y Yanacona (la más afectada), en el Valle de Urubamba. Pero, a pesar de que el Congreso aprobó la expropiación de los terrenos que llevó a cabo el Gobierno Regional de Cuzco, también se realizó un referéndum en las comunidades del distrito de Chinchero. Y ganó el sí al aeropuerto. El Gobierno compró los terrenos y entonces comenzaron los desplazamientos.

"Como persona no estoy de acuerdo con el proyecto, pero ya no podemos oponernos", opina Elmer Choque, presidente actual de la comunidad campesina de Yanacona. Si en un primer momento fue la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) la que alertó de la violación de los derechos de pueblos indígenas con la construcción de la infraestructura, ahora son las propias comunidades quienes han elevado la voz. "No se han hecho las observaciones correspondientes para hacer el convenio" prosigue el presidente de la comunidad, cuyos terrenos son –eran– comunales, "y la misma empresa ha obviado muchas cosas. En la parte social no nos consideran lo que somos como población".

También denuncia el proyecto PACRI, ése que tras el abandono de sus tierras originales les debía de proveer de nuevas casas: con alcantarillado, luz, agua, gas. Un proyecto que –dice el texto– tiene como objetivo "evitar o minimizar los desplazamientos de población por los efectos que produce esto en la forma de vida de la población", pero que, en la práctica, no se llevó a cabo. Cirilo, que se negó a ver cómo una excavadora arrancaba su casa de los 15.000 metros cuadrados de campo que tenía junto a sus hermanos, ilumina la casa que tuvo que construir con la indemnización con velas; se calienta con leña que recolecta en los terrenos comunales; compra un depósito de agua de 1.100 litros cada dos semanas. Cirilo, que habita una casa adornada con hierros retorcidos, vendió 50 gallinas y un modo de vida.

"¿Crees que estos terrenos cultivables darán los mismo con el aeropuerto aquí?", se pregunta Juan Sallo junto a su esposa, Florentina Quispe, a los pies de su casa de adobe. La casa y la granja –dos vacas, cuatro toros, gallinas, patos– seguirán en su sitio: las estacas plantadas que delimitan los terrenos del aeropuerto quedan a 100 metros de su casa; su campo de avena, a dos pasos.

En la inmensa llanura que custodia una empresa de seguridad, hay una advertencia que prohíbe la entrada del recinto –"bajo pena de ser denunciado penalmente por el delito de usurpación"–, pero aún no tienen efecto: los paisanos siguen cruzando los terrenos, sus ovejas siguen mordisqueando la hierba, sus casas siguen estando conectadas con el resto de la comunidad por los mismos caminos.

Pero cuando comiencen las obras, las casas de las siete familias que viven en este sector de Yanacona llamado Chaquelcocha quedarán aisladas del resto de la comunidad al cortarles el paso por los terrenos que ya no son suyos. De momento, ya han comenzado a notar ciertas consecuencias: la electricidad viene de más lejos y con menor potencia. También el enorme signo de interrogación en que se ha convertido sus vidas y que alimentan unos miedos en continua expansión. "Hay muchos impactos que nos van a influir", expone el matrimonio, "pero no nos dicen de qué manera va a afectarnos. Cuando les preguntamos cuáles son los impactos directos o indirectos, no nos responden".

"Nos han engañado. Estamos haciendo las denuncias con documentación (...), ya que nos estamos oponiendo al estudio ambiental que hicieron. Ellos van a usar nuestras aguas y el aire va a ser contaminado. Queremos que nos respeten", justifica Elmer.

El presidente de la comunidad campesina también reivindica nuevos estudios y talleres informativos donde se aborden los problemas que aún permanecen abiertos. "Estamos ahora con el impacto ambiental. El taller informativo no fue informativo: nos han engañado. Estamos haciendo las denuncias con documentaciones físicas, ya que nos estamos oponiendo al estudio ambiental que hicieron. Ellos van a usar nuestras aguas y el aire va a ser contaminado. Queremos que nos respeten", justifica Elmer.

En el valle de Urubamba, donde la agricultura y la ganadería configuran una rutina ahora amenazada, se hallan algunos de los tesoros arqueológicos más valiosos de todo el país. A ello se le une la sombra del desarrollo urbanístico y de infraestructuras aledañas de una zona que puede desplazar a la población originaria de los centros urbanos. El investigador José Canziani ya alertó en un artículo de la ubicación del nuevo aeropuerto. En él afirmaba que "deben estudiarse otras alternativas que impliquen un menor impacto en el territorio, desde el punto de vista productivo y cultural, como también un menor margen de riesgo por los factores geológicos y de compromiso ambiental". Pero el guión siguió y ahora, un año después de la adjudicación y dos después de la expropiación, los conflictos de criterios y de compra de terrenos han dado paso al dinero: a algunos los pagaron. A otros no.

Bernardino Amau se encadenó al templo de La Sagrada Familia, en Chinchero, reclamando el pago de los 1.200 metros cuadrados que le expropiaron en la zona de Umanes. "El expresidente de la comunidad ha registrado nuestro lote a nombre de otra persona", denuncia este comunero a regañadientes.

Los títulos de su propiedad estaban en posesión de la comunidad y acusa a otro expresidente de la comunidad, Humberto Huamán, con causas judiciales pendientes, de quedarse con el dinero. Pero también fue el encargado de repartir los 200 millones de soles (más de 60 millones de dólares) entre los comuneros. Hoy, Huamán es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Amau cree que la actitud del dirigente se debe a viejos rencores, ya que él le denunció anteriormente por motivos electorales y falsificación documental. "Nos ha expulsado como comuneros por decir la verdad. Una persona con sentencia no puede ser dirigente. Nosotros estamos en nuestra razón y tenemos que sacar más pruebas", continúa el comunero.

Junto a su esposa Adela, reclama el dinero de su lote y el de las zonas comunes que, según ellos, les han quitado de sus manos por oponerse a que fuera dirigente de la comunidad de Yanacona, que cuenta con el 80% de los terrenos que se destinarán al nuevo aeródromo. Y tiene una remota esperanza: que se anule la construcción del aeropuerto "porque él firmó todos los convenios". Pero tanto él como Adela prefieren no seguir hablando sin aportar más pruebas.

Las denuncias por apropiación indebida se investigan en la fiscalía. El nuevo presidente de Yanacona también sospecha de Huamán. "Quiero saber cuánto ha rendido Humberto. No puedo hablar mal sin tener documentos, pero nuestros dirigentes no han hecho seguimiento y la comunidad no ha participado en el contrato", opina Elmer Choque.

Hay en Chinchero un centenar de familias desplazadas por el proyecto que llevaba anexa una promesa: el 15% de la comunidad trabajaría en la nueva infraestructura clavada en sus campos. La comunidad propuso una indemnización de 84 dólares por metro cuadrado; el Gobierno regional de Cuzco, 20. Y el Estado, 4 dólares. Tras un arbitraje, ganó la propuesta de 20 dólares.

"El dinero no es suficiente: no todo es plata", dice Cirilo Quillahuamán en Nueva Yanacona, la pequeña ciudad levantada en los terrenos comunales: una explanada empedrada repleta de casas que parecen esqueletos. "No estamos acostumbrados a vivir así", insiste. ¿Y los animales? "Los vendimos", responde. ¿Y ahora? "Ahora no puedes salir ni al solecito por la tarde".