Desde que casi todas las noticias llevan el apellido crisis, una de ellas golpea especialmente el ánimo: la pobreza infantil. Los datos asustan, porque la situación no ha dejado de empeorar. El último informe de Cáritas, del pasado 20 de agosto, señala que en Cataluña la pobreza vuelve a crecer. En 2014, la cifra de ciudadanos en esa situación ascendía hasta el 20,9%, frente al 19,8% del año anterior. Y entre los niños, el panorama es, si cabe, más desolador: entre los menores de 16 años, el 28,8% es pobre.

Para combatir la situación se han tomado diversas iniciativas, pero donde los políticos ven soluciones eficaces, las organizaciones no gubernamentales consultadas para este reportaje ven parches insuficientes para devolver a las familias a sus niveles de vida previos a la crisis. El dato pone negro sobre blanco el problema de la cronificación de la pobreza. Mientras el paro disminuye en Cataluña desde 2012 --la tasa de desempleo era entonces del 23,8%, y el año pasado bajó hasta el 19,9%--, la tasa de riesgo de pobreza aumentó 5 décimas de 2012 a 2013 hasta el 19,8% según Idescat, el Institut d’Estadística de Catalunya.

Mientras el paro disminuye, la tasa de riesgo de pobreza aumentó 5 décimas de 2012 a 2013, hasta el 19,8% según el Institut d’Estadística de Catalunya

Cuando pensamos en pobreza, directamente lo hacemos en estómagos vacíos. La mayoría de las políticas están dirigidas a evitar el hambre y la medida estrella son las becas de comedor, destinadas a garantizar que los niños hacen por lo menos una comida sana y equilibrada al día. En Barcelona, el gobierno de Ada Colau ha decidido apostar, de momento este año, por aumentar su presupuesto. Para el curso 2015-16 se destinarán 2,8 millones para estas ayudas, un 24% más que el año anterior. Unas 5.000 familias con rentas muy bajas podrán beneficiarse, según fuentes del Ayuntamiento.

La novedad es que las becas cubrirán el total del precio del comedor para estas familias, 6 euros, una reclamación de la Defensora del Pueblo de Barcelona y otras entidades. Hasta este año, las ayudas cubrían sólo el 50% del coste, 3 euros. “Había familias que no solicitaban la beca porque no podían sufragar la otra parte del coste”, decía Laia Ortiz, teniente de alcalde del Área de Derechos Sociales, cuando presentó las nuevas becas, a finales de julio.

Pero esas becas cubren sólo el curso escolar. En verano las familias vuelven a verse ante el abismo. El consistorio decidió en marzo, gobernado entonces por el convergente Xavier Trias, aumentar las ayudas para que las familias mandaran a sus hijos a casas de colonias, centros de juventud y otras entidades que organizan actividades infantiles en verano y que en su mayoría incluyen la comida. Aumentó un 14% el presupuesto para actividades escolares, de las cuales el 80% incluye servicio de comedor.

En total, 198 entidades han desarrollado actividades este verano para 231.598 niños. Aunque, en realidad, la subida de las becas se hace a través de un aumento de la renta mínima necesaria para acceder al porcentaje máximo de beca, que es del 90%. Si antes se podía ser beneficiario con 3.907 euros anuales, este año se han podido solicitar becas con hasta 6.140 euros de renta. Esto conlleva una subida del presupuesto destinado a becas a familias de 415.000 euros.  

En ningún caso se ha llegado a sufragar el total de la actividad. Además del vericueto burocrático, las familias tienen que correr, como mínimo, con el 10% de los gastos. Por ejemplo, en la Escola Francesc Macià, uno de los cuatro casales que abre en el barrio barcelonés de Sants e incluye la comida, con una beca del 90%, los padres debían pagar 44,1€ por las siete semanas. Pero todavía había otro problema añadido: la mayoría de casales y colonias no abrieron durante el mes de agosto.  

Mientras el Ayuntamiento de Barcelona forma parte de la lista de instituciones caritativas desde hace años, no es el caso de la Generalitat. En pleno debate sobre cuántos comedores se abrirían y cuántos no durante el verano, y sobre si llegarían a todas las familias que lo necesitan, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau (CDC), se negó a abrir los comedores de los colegios aduciendo que las familias que lo necesitaran deberían acudir a servicios sociales. Para más justificación, añadió que abrir los comedores de los colegios es una medida “altamente discriminatoria y estigmatizadora”.

Estos debates han llevado a diversas voces a cuestionar el sistema. Albert Sales, politólogo, sociólogo y, desde junio, asesor del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, cree que aunque los comedores cumplen con la función de solventar la emergencia social, también conllevan riesgos. Delegar la alimentación de los más pequeños en terceros “es muy duro”, dice, y se ha vuelto de una normalidad que Sales contradice con la siguiente cadena de preguntas: “¿Por qué enviar a tu hijo a un casal para que coma bien? ¿Por qué no darle el dinero que cuesta el casal a esa familia para que le alimente bien? ¿El derecho de un niño a comer está vinculado al éxito de sus padres en el mercado de trabajo?”.

Albert Sales, asesor del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona: “Hay que romper con la idea impuesta de que el pobre se lo gasta todo en vicios. El clima de sospecha ha llevado a reducir las ayudas en dinero y sustituirlas por comida”

Si las entidades coinciden en que se deben dar pasos más allá y desarrollar una estrategia integral para atajar la pobreza infantil, Sales propone que se agrupen las ayudas a las familias y se aumente su dotación. Según su experiencia, el ayuntamiento ha ido creando hasta ahora bolsas de ayudas a golpe de emergencias y están tan atomizadas que las familias “se convierten en peregrinas de los servicios sociales”.

Además, el sociólogo critica que “en muchos casos se trata de problemas que se solucionarían con pequeñas transferencias de renta”, lo que evitaría que tuvieran que pasar por trámites destinados a personas con problemas más allá de lo económico. “Pero para eso habrá que romper con la idea impuesta desde los 80 de que el pobre se lo gasta todo en vicios. El clima de sospecha ha llevado a reducir las ayudas en dinero y sustituirlas por comida. Por la comida que nos sobra y que evita que la crisis social llegue al conflicto”, sentencia Sales, que ve en el circuito de ayudas “el negocio redondo”.

La pobreza no es sólo malnutrición

“En Cataluña no hay desnutrición, hay malnutrición, y sigue vigente aunque se salga de la crisis”. Así ataja la conversación Javier Massaguer, director general de la Fundación Hospital de Nens, un centro sin ánimo de lucro de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su institución lucha por ofrecer otros servicios que solucionen los problemas derivados de la malnutrición, como la salud bucodental.

Mientras se protege a los críos del hambre, se olvida lo demás. La Defensora del Pueblo de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, denunciaba hace meses que se ha llegado a asumir que los niños cuyas familias no tienen mucho dinero no vayan a las salidas extraescolares que hacen los centros. “Las primeras necesidades son las que son, pero los niños tienen otras además del hambre, que también son graves”, dice Vilà. 

A la Defensora le preocupan tres áreas: “Los desahucios, porque se está echando a niños de su casa y lo están viendo y viviendo en primera persona, la alimentación y la cultura, que es fundamental para que los niños se integren en la sociedad”. Aun así, se muestra satisfecha con los pasos que está dando el ayuntamiento, sin dejar de reconocer que queda mucho por hacer.

Se ha asumido que los niños cuyas familias no tienen mucho dinero no vayan a las salidas extraescolares de los colegios, denuncia la Defensora del Pueblo de Barcelona, Maria Assumpció Vilà

Según el Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona, publicado el pasado julio, el 1,4% de los menores de 16 años viven en hogares donde no se pueden permitir comer carne o pescado --o equivalentes para vegetarianos-- al menos cada dos días. Sin embargo, el propio ayuntamiento reconoce que el trabajo hecho hasta ahora ha estado dirigido a cubrir los problemas de alimentación y no tanto el resto de carencias. “Debemos proteger también el derecho a jugar y a relacionarse con otros niños”, reconocía Laia Ortiz. Son un 11,3% los que no pueden permitirse actividades de ocio de manera regular.

“Además de comer cada día, los niños deben tener garantizados otros derechos como no pasar frío en casa o tener acceso a una educación”, dice Xavier Puigdollers, presidente de la Sección de Derechos de la Infancia del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Para hacer frente a la pobreza, el ICAB considera que se necesitan “prestaciones sociales dignas” porque los niños que la sufren “viven en familias que no disponen de ingresos suficientes para su subsistencia, porque sus padres o bien trabajan pero tienen sueldos insuficientes, o han perdido el trabajo y viven de subsidios precarios o en muchos casos ya han agotado estos subsidios y no disponen de ingresos económicos”.

Es la crítica que hace también Cáritas. Desde marzo advierte de que se necesitan “políticas más activas” para atajar la pobreza infantil y que esto debe hacerse desde todos los frentes. Su director en Barcelona, Salvador Busquets, decía entonces que lo que más preocupaba a la organización era ver que la pobreza es creciente y “afecta cada vez a más niños y adolescentes".

“El problema principal es que se han dado respuestas puntuales y parciales a determinadas necesidades de la infancia”, analiza Jordi Balot, director de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina. Este centro de día para niños con dificultades sociofamiliares ha visto también cómo la malnutrición infantil se ha convertido en lo más preocupante, dejando de lado otros problemas. Además, Balot añade que la salida del túnel está lejos, porque “el empleo que se está creando es temporal, precario y con sueldos que no permiten la subsistencia”.

Además de estas críticas, hay quienes ven en las políticas actuales un refuerzo del asistencialismo que está lejos de resolver el problema. “Las instituciones sólo piensan que hay que defender a los niños, en vez de empoderarlos y que ellos también participen de las decisiones, que es su derecho”, denuncia Maria Truñó, responsable de políticas de infancia en Unicef Cataluña.

Esta organización elaboró un estudio para averiguar cuánto dinero hace falta para sacar a una familia de la pobreza y concluyó que con 100€ por niño las dificultades de los 400.000 que se encuentran en situación de pobreza en Cataluña tendrían solución. Pero Truñó admite que los servicios sociales “tienen poco margen de acción” para llevar a cabo medidas así y falta voluntad política: “Dar 100€ a una familia significa hacerla dueña de su destino y, en cambio, el Estado está promoviendo con las ayudas actuales que se deje a los niños en manos de terceros”. Unicef España ya pidió que se implementara esta ayuda en un Pacto de Estado por la Infancia, ya que la actual prestación autonómica condicionada a la renta “resulta ineficaz por su baja cuantía y la poca población beneficiada”.

A pesar de la desesperanza, algunas organizaciones como Cruz Roja han puesto en marcha medidas que buscan reforzar a las familias, como la tarjeta prepago destinada a la compra de alimentos. Con ella, las familias acuden al supermercado, adquieren comida y evitan pasar por el estigmatizador trago de hacer cola en un comedor social. “Queremos que las familias sean capaces por sí mismas de salir de la pobreza”, admite Óscar Barberó, portavoz de la organización humanitaria en Cataluña. Eso sí, no es “halagüeño” con la anunciada salida de la crisis: “Son cifras macro, quedan muchos colectivos que todavía lo van a pasar mal y los niños están entre ellos”.