¿Compra usted habitualmente el periódico?, ¿es fiel radioyente o telespectador de un “parte” o de un telediario concreto?; pues, relájese y lea.

Hace siete años, la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga realizó un valioso trabajo de campo —¡escasamente difundido!— cuyo principal resultado apenas precisa dos líneas: Cuarenta y cuatro (44) de los cincuenta y dos (52) directores de periódicos que contestaron al cuestionario reconocieron que recibían presiones de forma habitual para manipular, difundir o silenciar informaciones u opiniones.

Estudios similares posteriores, aunque ninguno con tan elevada fiabilidad ni protagonizado por directores de medios, han confirmado que la mayoría de los profesionales de la información —no sólo los directores— están sometidos a presiones e incluso a chantajes. Para colmo, el fenómeno ha ido y va a más.

En México, el territorio en paz con el escenario profesional más letal del mundo, matar periodistas es noticia habitual, pero en casi todos los Estados de Derecho —aunque la división de poderes sea un bluf y otro tanto la protección profesional y laboral— es innecesario recurrir a la violencia.

Los castigos o acicates personalizados a periodistas fueron en aumento hasta 2012, pero tras la reforma laboral es más barato y efectivo despedir

En España bastan los castigos personalizados o alternativamente los acicates: ascensos, pluses, sobres (iba a escribir premios y sobornos, pero he caído en la humana tentación de usar la palabra de moda en materia de corrupción, sea profesional o política). Desde finales de los años noventa hasta la reforma laboral del PP esa fue la tendencia al alza, pero se acabó, ahora es muy barato despedir. Punto.

El estudio de 2007 ya apuntaba que las intimidaciones o recomendaciones de orden político que reciben los medios son realizadas por cargos públicos que “reparten” publicidad institucional, subvenciones o ayudas a la modernización tecnológica, entre otros beneficios; pero cada vez es más habitual que esa tarea la asuman dirigentes o “emisarios” de partido que tienen poder presupuestario, o bien directivos de organismos autónomos del Estado e incluso ejecutivos de las empresas intermediarias que contratan publicidad y “espacios informativos” (noticias, reportajes e incluso entrevistas difundidas como información pero que en realidad son promociones de empresas o propaganda de partidos que han pagado por la difusión de lo que les interesa).

Por ende algunas de esas entidades dedicadas a la intermediación han sido creadas por los propios medios. (A título personal, doy testimonio de “invitaciones” cursadas por empresas vinculadas a El Mundo, El País y La Razón; pero son más, también lo hacen cadenas de radio y canales de televisión, según testimonios de colegas de profesión).

Sin olvidar las presiones y órdenes más efectivas: las ejercidas por el banco o inversor que posee acciones de la empresa propietaria del rotativo o la emisora (también basta con que tenga acciones pignoradas, que para el caso tanto da).

El silencio es la demanda más común de quienes presionan a los medios, y en el origen o en el objetivo casi siempre figura una institución pública

Abundando en detalles del estudio de marras, 36 de los 52 directores que osaron rellenar el cuestionario reconocieron que la mayoría de quienes ejercen presiones recurren a la misma fórmula: silencie lo que sabe, publique lo que me interesa o de lo contrario retiro la publicidad… y en el caso de las instituciones la amenaza consiste en reducir la publicidad o ayudas varias.

El estudio también reseñaba que las empresas anunciantes tendían a establecer relaciones con los medios que iban más allá de lo puramente comercial y publicitario. Los casos más claros al respecto eran (y son), por poner sólo dos ejemplos: el del banco que —teniendo o no acciones de la editora o emisora— está interesado en potenciar a tal o cual candidatura política, o la compañía productora o comercializadora de energía a la que molesta que se escriba y hable de Fukushima.

(En los medios y ámbitos locales las amenazas son menos “espectaculares” pero mucho más efectivas porque casi siempre inciden en cuestiones de índole personal).  

La demanda más habitual consiste en exigir que no se publique una información u opinión, siendo minoría quienes reclaman difundir algo o tergiversar hechos.

No menos llamativo es que ya en 2007 eran más las presiones o amenazas de origen político e institucional que las ejercidas por empresas y particulares.

Dos detalles a modo de resumen y para que nadie se llame a engaño:

1) En 2007, todos los directores que respondieron a la encuesta indicaron que el mal era viejo; y

2) En 2015 la independencia y el rigor informativos de los medios son más débiles; y de los cada vez más precarizados periodistas no vale la pena decir más nada…

Sin aspavientos: el deterioro de los medios españoles convencionales bate marcas en la Unión Europea y sólo es equiparable al que se registra en media docena de países del extinto bloque soviético.