Una información crítica sobre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha desmembrado el equipo de investigación de El País, el principal periódico generalista de España, y ha acabado desatando un reflejo autoritario del director del diario, Antonio Caño. La crisis generada tras la salida del periódico de dos periodistas de investigación a los que Caño acusó en público y por escrito de “falta de profesionalidad” por retirar sus firmas de un artículo cuyo titular él mismo había censurado, evidenció anoche una fractura en la redacción.

El órgano que representa a los periodistas para asuntos profesionales ante la dirección, el Comité de Redacción, había pedido al director que respetara el deber de no hurtar información “contrastada” y “relevante” a los lectores, según un comunicado que debía someterse el miércoles 16 de septiembre a la votación de los redactores. Caño, sin embargo, ordenó a mediodía del martes 15 el bloqueo del censo, impidiendo así la votación. 

El desencadenante del enfrentamiento es una información exclusiva sobre el conflicto de intereses entre la vicepresidenta Santamaría y Telefónica, empresa de la que su marido es “alto cargo”, publicada el 15 de julio pasado. De la noche a la mañana, el director cambió en la web el titular original publicado en la edición de papel por otro favorable a la vicepresidenta y quitó la mención a Telefónica, tal y como adelantó El Plural, sin avisar a los autores de la noticia. Los redactores, Rafael Méndez y Manuel Altozano, retiraron entonces sus firmas haciendo uso de la cláusula de conciencia.

Quince días después, Caño dijo en una reunión con el comité profesional “tener serias dudas sobre la capacidad de [ambos] periodistas para cubrir informaciones de este nivel”, y pidió que así constara en el acta enviada a la plantilla el 29 de julio [ver PDF adjunto]. Los dos reporteros dejaron el diario, acogiéndose al ERE que El País mantiene abierto desde 2012 (35 días por año trabajado), a la vuelta de las vacaciones.

El martes, un portavoz del periódico señaló a CTXT que se trata de “un asunto interno” y declinó hacer cualquier comentario al respecto.

Manuel Altozano y Rafael Méndez habían llegado al equipo de investigación del diario –la sección era “una apuesta de Antonio Caño”, según declaró entonces el redactor jefe-- en mayo de 2014. El Comité destacaba en su comunicado la “acreditada trayectoria” de ambos, con más de diez años de experiencia, así como la “pérdida de calidad informativa”.

En septiembre ha dejado también el rotativo Álvaro de Cózar, premio Ortega y Gasset por el especial de los desahucios en 2013 y que también se acogió al ERE que hace casi tres años supuso el despido y la prejubilación de 130 periodistas --y que se ha ampliado desde entonces--.

Por otra parte, el subdirector José Manuel Romero, que fue enlace entre el anterior equipo de dirección y el actual, ha abandonado el periódico al ser llamado por Vicente Jiménez, director general de la SER, para dirigir los informativos de la cadena. 

En la última reunión del Comité de Redacción, celebrada el pasado 29 de julio, el director –que accedió al puesto después de que se filtrara a los medios el llamado Informe Caño, donde criticaba la línea editorial del periódico y al equipo directivo anterior y prometía abrir El País “a las nuevas mayorías”— había mandado un contundente mensaje contra los dos reporteros. El Comité transmitió las descalificaciones del director, aunque no las comparte “en absoluto”, según han confirmado a CTXT fuentes del órgano que media entre los periodistas y la cúpula.

En el comunicado, que debía votarse hoy, el Comité pedía a Caño que respetara el periodismo independiente: “Los lectores confían en nosotros para que no les hurtemos ninguna información que haya sido debidamente contrastada y resulte relevante”, afirmaba. Caño llegó al cargo en mayo de 2014 desde la corresponsalía de Washington, en sustitución de Javier Moreno.

El Comité había decidido someter el comunicado a votación después de que el director afirmara en su última reunión que no representaban a la redacción. Caño matizó sus afirmaciones durante una reunión convocada de urgencia para anunciar que la votación no iba a tener lugar, asegurando que no tenía dudas sobre la representatividad del Comité en sí mismo, sino sobre el “descontento” que según ellos vive la redacción. Sin embargo, él mismo impidió que la plantilla expresara su juicio sobre su gestión al frente del diario y, en particular, respecto de la crisis desatada por la información sobre Santamaría.

El Comité sostiene, según las fuentes consultadas por CTXT, que después de que el director afirmara que no representaban el sentir de la mayoría, pensaron en convocar una asamblea. Sin embargo, “a la vista de que existe un temor generalizado a expresarse en público”, afirmaba el comunicado, el Comité acabó redactando el texto que quería someter a votación. “Nos pareció un ejercicio de salud democrática”, aseguran fuentes del Comité. Tras conocer que el director había ordenado el bloqueo del censo, comentaron: “Habíamos pensado que era coherente y democrático, pero está visto que la dirección no está con los nuevos tiempos”. El comité pide al director una gestión más abierta a la colaboración y el debate, tanto sobre los contenidos como sobre la organización que el entorno digital impone.

Caño se reunió el martes con la plantilla después de haber ordenado a la directora de Recursos Humanos, Josefa Rodríguez, que no facilitara el censo al Comité de Redacción. Durante la reunión explicó, según uno de los asistentes, que en la reunión de julio con el Comité “se le había calentado la boca”. Fuentes de la redacción, sin embargo, recuerdan la “insistencia” del director en que sus descalificaciones constaran, negro sobre blanco, y que se enviaran a toda la plantilla. Méndez y Altozano no han querido comentar su marcha.   

“Yo desde luego no recuerdo nada parecido”, aseguran fuentes del Comité a CTXT, en referencia al tono y las descalificaciones proferidas por Caño contra los dos redactores en julio. La tensión de la reunión fue creciendo a medida que se avanzaba en el orden del día, aunque desde hace un tiempo tampoco resultaba una novedad: “Por el tono de los comentarios en algunas de las últimas reuniones”, los representantes de la redacción plantearon directamente al director si creía que ellos iban “en contra del actual equipo directivo”. “Su respuesta fue contundente: Sí”

Los "asuntos de Telefónica"

En su artículo, Altozano y Méndez habían revelado la existencia de un informe del Ministerio de Justicia “hecho a medida” de la vicepresidenta Santamaría y en contra de la letra de la ley de incompatibilidades de 2006, y así titularon: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido”. El titular encabezó la edición digital y luego se publicó en la edición de papel. A las “diez de la mañana” siguiente, sin embargo, el director ordenó sustituirlo por otro que contradecía frontalmente el contenido de la información. “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. Antonio Caño no ha querido explicar qué le hizo cambiar de opinión. Telefónica es accionista de PRISA, el grupo editor de El País.

El texto sobre Santamaría no es, sin embargo, el único que evidencia las presiones políticas y empresariales que están distorsionando la cobertura informativa de El País, tal y como recoge el acta de la reunión. A finales de junio se “levantó de la segunda edición” otra información sobre Telefónica, a instancias de “un subdirector”. Según han confirmado a CTXT tres fuentes distintas, se trata de la subdirectora Eva Saiz. 

En aquel caso, el argumento ofrecido por Saiz fue que la información sobre las quejas de muchos accionistas contra la subida de salarios del consejo de administración no daba los nombres de los socios que se habían opuesto a la medida. Es “insólito”, escribió el Comité, "hay que tener en cuenta que dicha compañía tiene miles de accionistas”. La noticia, que se había publicado en la propia web de telefónica, afirmaba que el 34% de esos miles de socios eran “opositores” al aumento de sueldo. CTXT intentó contactar ayer con Saiz, sin éxito. 

"Temor generalizado"

Fuentes del Comité aseguran que, de haber podido disponer del censo, y a pesar de la opinión del director de que una convocatoria así no está prevista en el Estatuto de la Redacción, la votación se habría llevado a cabo. No es la primera vez que Caño recela de las votaciones anónimas. El Comité tiene previsto realizar también una encuesta sobre la valoración de la gestión del periódico, a la que se sometieron en su día los anteriores directores, y así lo planteó en julio. “El director expresó sus dudas sobre si la encuesta debe ser anónima”, recoge el acta de la reunión.

El argumento de que una votación así no está contemplada entre las atribuciones del Comité y por tanto no se puede realizar contradice una máxima jurídica: “Lo que no está prohibido, está permitido”. Además, contrasta con la experiencia de la redacción. El Comité ha sometido sus comunicados en numerosas ocasiones a votación, siempre a mano alzada. “Esta vez no queríamos que fuera a mano alzada”, explican desde el Comité, dado el clima de “temor generalizado” que según el comunicado, consensuado entre sus cinco miembros, existe entre la plantilla. Negando el censo, Caño impidió que se pudiera votar en urna, pues a falta de un censo actualizado, habría carecido de validez.

El Estatuto de la Redacción, aprobado por la Junta General de Accionistas de PRISA en 1980, reconoce en su artículo 6 el derecho de los periodistas a retirar su firma de aquellos artículos con cuyo contenido no estén de acuerdo. Tampoco prohíbe la convocatoria de ningún tipo de consulta por parte del Comité de Redacción. El fundador de El País y presidente ejecutivo de PRISA, Juan Luis Cebrián, declinó anoche hacer ningún tipo de comentario sobre la situación que vive la redacción. “No voy a decir nada y además no tengo ninguna información”, señaló a este periódico.

La deuda de PRISA, que llegó a rozar los 5.000 millones de euros en 2008, ha sumido al grupo en una grave crisis financiera que le obligó a reestructurar a fondo su accionariado y que ha mermado la plantilla y la independencia de su principal cabecera, El País. En los últimos años, la familia del fundador, Jesús de Polanco, que había poseído casi el 80% de las acciones del grupo, ha visto reducida su participación a menos del 20%, según publicó Infolibre.

Desde que comenzó la crisis, las grandes empresas, los bancos acreedores y dos fondos buitres se han convertido en los principales accionistas del Grupo editor de El País. Actualmente, Telefónica, HSBC, el Banco Santander, La Caixa; el empresario mexicano cercano al PRI Roberto Alcántara, y el sultán qatarí Ghanim Alhodaifi Al Kuwari figuran entre los diez principales accionistas del grupo. 

CTXT quiere iniciar con esta información, reveladora sobre el estado del sistema financiero, mediático y democrático español, un debate público sobre Prensa, ética y democracia.

Para añadir argumentos, datos y una visión externa, esta tarde publicaremos la traducción de un gran reportaje de la publicación estadounidense The Nation sobre el estado actual de los medios, viejos y nuevos, en España. Los artículos relacionados con esta pieza ofrecen más información relevante. 

Les animamos a participar en el debate en nuestra página de FB, https://www.facebook.com/redcontexto.