Para dos millones de personas, ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales será casi una misión imposible. Desde que en 2011 se produjo la implantación por ley orgánica del voto rogado, los españoles que residen en el extranjero han visto cómo sus posibilidades de participar libremente en los procesos electorales se han reducido. Enredados en un sinfín de trabas burocráticas e inmersos en un proceso con unos ajustados plazos, votar se ha convertido en una especie de gymkana que muy pocos pueden superar. 

Los datos hablan por sí solos: más de un 31% de ciudadanos españoles residentes en el exterior votó en las elecciones generales de 2008. Tras la reforma de la Ley Electoral en 2011, la participación cayó a menos del 5%. Como si en una ciudad del tamaño de Barcelona se hubiese abstenido el 95% de la población. El último informe de Marea Granate, el colectivo que unifica las demandas de estos inmigrantes españoles, confirma que la mayoría de los encuestados (un 67%) tenía intención de participar en las pasadas elecciones europeas pero no pudo hacerlo.

Revertir esta situación por la buena salud de la democracia es el objetivo de medio centenar de juristas que, apoyados por Marea Granate y por el colectivo +Democracia, presentaron el 2 de noviembre en Madrid la plataforma DosMillonesDeVotos, con la que pretenden defender el derecho al voto de los residentes en el extranjero y poner sobre la mesa una serie de medidas para evitar que miles de españoles acaben cayendo en la abstención obligada.

Entre los firmantes del manifiesto fundacional, que se presentó en el Ateneo de Madrid, se encuentran juristas como Antonio Baylos, Baltasar Garzón, Adoración Guamán, José Antonio Martín Pallín, Argelia Queralt, Carlos Slepoy o Fernando Vallespín. Todos abogan por algo que debería considerarse normal en una democracia constitucional: que a los ciudadanos españoles residentes en el exterior se les facilite el voto en lugar de ponerles obstáculos para ejercer su derecho.

Al acto de presentación acudieron los abogados Jacinto Lara y Juan Puig de Bellacasa, miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de España; Emilia Sánchez, presidenta de +Democracia; Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO y exdiputado en el Congreso; Cristina Sánchez y María Almena, miembros de Marea Granate (ésta última en conexión telefónica desde París); y Miguel Mora, director de CTXT, que ejerció de moderador.

“Nos constituimos en plataforma para dar cobertura y apoyo técnico a todos los ciudadanos españoles que tienen dificultades para ejercer su derecho al voto”, dijo Juan Puig, que tachó de inconcebible “que en una sociedad avanzada como la española nos resignemos a este atropello”. Los promotores quisieron dar la voz de alarma ante la situación de estos ciudadanos “invisibles”, que pueden mover la balanza en favor de un resultado electoral u otro, pero que cada vez se topan con más dificultades para ejercer su derecho al voto.

El proceso actual consta de tres pasos que, a priori, parecen sencillos. El primero consiste en inscribirse en el censo de residentes en el exterior. Aquí ya surgen las primeras dificultades, ya que en muchas ocasiones se exige a los inmigrantes que se desplacen al consulado más cercano, que a veces está a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de residencia. En el caso de que, por ejemplo, un inmigrante español residiese en la costa Este de Estados Unidos, para inscribirse tendría que desplazarse hasta Miami, asumiendo los gastos de un viaje de 10 horas en coche o de 4 en avión. “Si a personas con serias dificultades económicas, que no son residentes permanentes y que tienen contratos en situaciones ruinosas se les pone este tipo de trabas, acaban no votando, porque el proceso supone un esfuerzo excesivo y trasladarse al consulado, un gasto”, explicó Puig.

Tras realizar la inscripción en el consulado correspondiente, el ciudadano tendrá que emitir su solicitud de voto y esperar a recibir las papeletas correspondientes para ejercerlo. Lo restrictivo de los plazos (en estos momentos, los ya inscritos pueden emitir sus reclamaciones del 2 al 9 de noviembre) impide que apenas exista margen de maniobra para subsanar fallos si, por ejemplo, hay algún error en el envío o la recepción de la documentación. La gran complejidad de los trámites, las instrucciones restrictivas sobre lo que se considera residencia temporal o permanente o la escasa flexibilidad en la aplicación de las normas por parte de los consulados convierten en una odisea la participación de estos ciudadanos en los procesos electorales.

Gráfico: Instrucciones para votar desde el extranjero 

Para reducir los “efectos perversos” del voto rogado en las elecciones del 20D, los juristas de DosMillonesdeVotos proponen once medidas urgentes a los ministerios de Interior y de Asuntos Exteriores --sin desdeñar la necesidad de una reforma legal una vez constituido el nuevo Parlamento--, entre las que se encuentran la ampliación de los horarios de apertura de los consulados, la posibilidad de registrarse en el censo y de realizar modificaciones de forma telemática, la habilitación de un teléfono de asistencia y la introducción de una serie de procesos de auditoría y verificación que permitan que el votante constate que su voto ha sido efectivamente contabilizado.

La reforma: peor el remedio que la enfermedad

La introducción del voto rogado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2011 convirtió este derecho en una tarea titánica. La modificación de la norma tenía un objetivo fundamental: corregir las irregularidades del censo en el que, entre otras cuestiones, votaban ciudadanos que ya habían fallecido. Con el apoyo de PP, PNV y CiU, el gobierno socialista de Zapatero dio luz verde a un proyecto que en las siguientes elecciones tendría un efecto devastador.

Antonio Gutiérrez era entonces presidente de la Comisión de Economía y diputado independiente adscrito al grupo socialista en el Congreso. “Yo fui uno de los que perpetró con su voto este desmán democrático en febrero de 2011”, reconoció. La votación, según expuso, pasó sin apenas debate y fue objeto de “esos ‘toma y daca’ tan típicos de la política española”. “Fue la expresión de la coalición más letal que puede sufrir un país democrático: la coalición entre los malvados y los necios. Se quiso resolver un problema que habría requerido soluciones técnicas y se acabó creando uno de aún mayor magnitud política”.

Fue el propio Alfredo Pérez-Rubalcaba el que meses después, recién elegido secretario general del PSOE, animó a derogar la norma por sus efectos perniciosos. Los socialistas también sugirieron crear una circunscripción para los españoles en el exterior, pero ningún partido ha articulado hasta hoy ninguna propuesta verdaderamente sólida para acabar con el voto rogado, según la Marea Granate. “Ahora vienen elecciones generales y la emigración es un tema muy sensible de cara a la opinión pública. Pero no queremos que esto quede en papel mojado después de las elecciones. Queremos una reforma transparente y en la que haya participación de la sociedad civil, especialmente de las asociaciones de emigrantes”, explicó María Almena, que lamenta que su organización haya tenido que realizar toda la labor informativa que corresponde al Estado.

Aunque desde la plataforma no aventuran si los partidos emergentes saldrían más beneficiados si se derogase el voto rogado, sí que coinciden en que parece no haber interés en que los inmigrantes españoles voten. “La ciudadanía cada vez está más movilizada, así que esto es una cuestión de voluntad política”, concluyó Emilia Sánchez, de +Democracia, animando a organizaciones sociales a dar su apoyo a la plataforma.

La iniciativa Dos millones de votos también quiere dar a conocer a estos ‘olvidados’ entre la sociedad civil. Si quieres prestarles tu apoyo como ciudadano, puedes adherirte al manifiesto fundacional en su página web o firmar esta petición en Change.org.