Quien se acerque al programa del Partido Popular en materia de economía no se quedará decepcionado: al contrario que en 2011, año en el que el Partido Popular presentó un programa que sabía que no podía cumplir, en esta ocasión el PP se ha centrado en presentar un programa que no sonará extraño a quienes han realizado un seguimiento de la política económica de esta última legislatura. En efecto, el PP ha presentado un programa económico que no es sino la continuidad, durante cuatro años más, de las políticas económicas que ha venido promoviendo desde su acceso al poder durante el 2011.

Tiene su lógica: si uno piensa que el rumbo económico de España es el adecuado, ¿para qué variar la dirección? Y esto es lo que ha plasmado el Partido Popular en su programa: una serie de compromisos emanados de su acción de gobierno aderezados con algunas medidas gancho, pensadas para movilizar a un electorado insatisfecho. Junto con el programa del PSOE, es el programa con propuestas con menor perfil político y con mayor vocación de gobierno, pero, mientras que en el caso del PSOE se dibuja una ruta para cambiar el rumbo, en el caso del PP pareciera como si el programa no fuera sino la relatoría de las ideas de los directores generales de Castellana 162, sede de los ministerios económicos (Economía, Industria y Hacienda).

De esta manera, los populares dedican tanto esfuerzo a justificar sus logros pretéritos como a presentar su batería de propuestas, centradas en el ámbito del mercado laboral, el fomento de la competitividad y la política fiscal, como ejes prioritarios de actuación.

En materia de empleo y  mercado laboral, el PP hace recuento de los resultados de su última reforma y propone  profundizar en la misma dirección, proponiéndose alcanzar los veinte millones de ocupados en 2020. Su apuesta por la creación de empleo no incorpora una nueva reforma laboral, aunque recupera algunas ideas de interés como el fomento de la flexibilidad interna –situar el despido como última opción--, y el planteamiento aislado de las ideas ya expresadas por Ciudadanos, como la mochila austriaca o el cheque de formación. El PP sitúa como prioridad la formación de los trabajadores, como ya hicieran Ciudadanos y PSOE, y propone la creación de un “instituto para el talento”, con unas atribuciones todavía por desarrollar. Adicionalmente, propone reforzar la inspección para evitar las contrataciones temporales en fraude de ley, sin proponer una modificación profunda del marco de relaciones laborales ni una verdadera modificación del sistema de contratos.

El PP dedica tanto esfuerzo a justificar sus logros pretéritos como a presentar su batería de propuestas, centradas en el ámbito del mercado laboral, el fomento de la competitividad y la política fiscal, como ejes prioritarios de actuación

En el ámbito de la competitividad, el Partido Popular se hace eco –¡cómo no!-- de la problemática sobre el tamaño de las empresas y sus efectos en la productividad nacional, propone un cambio en el régimen de los autónomos, aboga por la desintermediación financiera y el uso del capital riesgo  y otros mecanismos, como el Mercado Alternativo Bursátil, o el Mercado Alternativo de Renta Fija, para facilitar la financiación de las pymes. Al igual que en el caso del PSOE, el PP define una política específica para algunos sectores, como el turismo o el agrario, y sorprende por su tibieza su política energética, destinada a que no cambie prácticamente nada en el complejo entramado energético español, lo cual no parece incompatible, a su juicio, con la declaración de compromiso con los requisitos de la política europea en materia de cambio climático. Aciertan al señalar el uso intensivo del Fondo Español de Eficiencia Energética, aunque las dotaciones previstas de hasta 1800 millones en los próximos cuatro años parece una cifra poco ambiciosa. El PP apuesta por profundizar en la unidad de mercado, otro de los ámbitos donde se sienten cómodos, y dispone una batería de medidas para hacerlo efectivo en los próximos años. Propone igualmente una inversión en infraestructuras planificada de forma rigurosa, que facilite el despegue de la industria logística. Destacan sus menciones a la modernización de las administraciones públicas, incluyendo la apuesta por las smart cities, o por el gobierno electrónico, y se proponen mejorar las infraestructuras digitales, como la extensión de la banda ancha, para mejorar el acceso a la Red.

Como no podía ser de otra manera tratándose del Partido Popular, el apartado destinado a la fiscalidad se concentra en la reducción de impuestos. Como ya ocurriera en el caso de Ciudadanos, el PP fía toda la senda de cumplimiento de la consolidación fiscal al crecimiento, la reducción de ineficiencias y la reducción de los gastos de carácter cíclico, afirmando que la reducción de impuestos permitirá mantener el dinero “en los bolsillos de los ciudadanos” al tiempo que se cumplen los compromisos de consolidación fiscal.

Y este es, precisamente, el punto débil de la propuesta del partido popular: el principal –y casi único-- atractivo del Partido Popular es su promesa permanente de bajar los impuestos. Lo ha hecho durante los dos últimos años –pese a la subida inicial debida al proceso de consolidación fiscal-- y lo ha prometido para la próxima legislatura, con nuevas reducciones en los tramos más bajos y más altos de la escala. Que la Comisión Europea haya advertido de los perniciosos efectos de estas reducciones de impuestos de cara a la senda de consolidación fiscal, o que los recortes más dramáticos que ha producido durante los últimos años –en materia de educación y sanidad, o en dependencia, por ejemplo-- hayan impactado tan negativamente en la igualdad de oportunidades y la protección social de los más golpeados por la crisis, no han sido óbice en absoluto para insistir en esta estrategia.

El programa refleja claramente el carácter de su presidente y candidato a la presidencia del Gobierno: previsibilidad  y aprovechamiento máximo de la inercia generada en los años del ajuste 

En un contexto en el que toda la consolidación fiscal prevista se va a realizar por el lado del gasto, nuevos recortes de ingresos públicos sólo pueden traer como consecuencia nuevos recortes de gasto público, sin que el PP precise dónde y cómo se van a producir. Una lástima que el partido de gobierno sea incapaz de convencer a las instituciones europeas y a sus potenciales votantes sobre su programa fiscal: lo que les dice a unos contradice lo que debe contar a otros.

En definitiva, el modelo económico que propone el Partido Popular es una extensión temporal de las políticas que ha aplicado durante la última legislatura. Aunque insiste acertadamente en las infraestructuras de red (digitales, energéticas y de transporte), no contiene más medidas estratégicas para la transformación del modelo productivo y fía la recuperación del empleo al mero efecto del ciclo económico, que nos debe llevar a cuatro años de crecimiento, siempre y cuando no se produzca un empeoramiento del entorno macroeconómico mundial. Su sabor es más intervencionista y menos innovador que el de Ciudadanos, salvo en lo relativo a sus objetivos fiscales, que están en plena consonancia. Esta falta de rigor en materia fiscal no se ve en su programa compensada con reformas de calado o propuestas de carácter estratégico en sectores como la innovación, donde sus propuestas se quedan cortas y carentes de ambición. La impresión general es que los populares pretenden llevar a España a un nuevo modelo productivo sin desactivar el piloto automático del Programa Nacional de Reformas presentado a la Unión Europea, programa que ya ha sido criticado por su falta de realismo y sus previsiones excesivamente optimistas en numerosas ocasiones.

Leyendo el programa del Partido Popular, podríamos decir que refleja claramente el carácter de su presidente y candidato a la presidencia del Gobierno: previsibilidad  y aprovechamiento máximo de la inercia generada en los años del ajuste. Su debilidad es precisamente esa: el desajuste productivo y el deterioro social de España exigen una mayor proactividad, y la Comisión Europea y sus análisis sobre el devenir de la economía española exigen nuevos ajustes en materia fiscal y laboral. Viendo la respuesta del Partido Popular a ambos retos,  le viene a cualquiera a la memoria aquel viejo proverbio que dice que se puede engañar a alguien todo el tiempo, o engañar a todo el mundo durante un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El programa del Partido Popular tiene como objetivo superar los límites lógicos de este proverbio. Desde su punto de vista, quizá puedan aducir que no son tiempos para experimentos y que más vale no variar el rumbo de aquello que tan buenos resultados les ha dado. Queda por saber si este piloto automático será suficiente para afrontar las numerosas debilidades estructurales de nuestra economía.