Dos titiriteros llevan cinco días en prisión por exhibir una marioneta con la pancarta “Gora Alka-ETA” en una obra que el Ayuntamiento de Madrid había incluido en su programa infantil de carnaval. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha entendido que cometieron un delito de enaltecimiento del terrorismo y a petición del fiscal ha decretado su ingreso en prisión sin fianza. Raúl y Alfonso, autores de un guiñol seguramente inapropiado para un público infantil, se han convertido de pronto en peligrosos delincuentes que merecen ser privados de libertad en aras de la tranquilidad pública.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 503 las causas tasadas por las que un juez puede decretar la prisión provisional de un acusado por delitos penados con dos o más años de prisión: impedir su fuga, evitar que destruya o altere las pruebas y asegurarse de que no repita el hecho delictivo. Esta última cláusula es la que ha aplicado el juez Moreno, aunque es difícil imaginar cómo podrían reincidir si se tiene en cuenta que su contratante, el Ayuntamiento de Madrid, ha sido también su denunciante y no es nada probable que vuelva a cederles un espacio público para repetir su espectáculo. Sorprende que este riesgo de reincidencia no se contemple para tanto acusado como hay por blanqueo de capitales, fraude fiscal o malversación de caudales públicos.

Este desafuero trae causa de un guiñol titulado La bruja y don Cristóbal, con el cartel añadido de 'A cada cerdo le llega su san Martín'. Una historia por la que desfilan policías corruptos, que crean pruebas falsas como la pancarta del delito, violadores, asesinos y jueces de horca. Talentos al margen, una historia tan bárbara como tantas otras que titiriteros de toda Europa vienen representando en sus plazas desde hace siglos sin que la ley (mordaza) caiga sobre ellos. El Padrino III reproduce en una plaza de Sicilia un guiñol en el que la infidelidad se paga con la muerte a espada. Michael responde al horror de su exmujer Kate: “¿Te ayudaría pensar que es sólo una marioneta?”.

Resulta inquietante que, mientras los titiriteros permanecen en prisión, el equipo municipal de Madrid esté discutiendo acerca de quién debe responder por su contratación. Tiene razón la alcaldesa Carmena al calificar todo este episodio de error lamentable, pero lo más urgente ahora es anular cuanto antes la orden de prisión. La diligencia que mostró el ayuntamiento para denunciar a los titiriteros, lo que permitió su detención incluso antes de que terminaran el espectáculo, debe dedicarla ahora a exigir su libertad.