La aplicación indiscriminada y abundante del delito por “enaltecer el terrorismo”, tal y cómo lo recoge el Código Penal español, ha sido cuestionada por prestigiosas, y nada sospechosas, organizaciones del ámbito jurídico internacional a lo largo de los últimos años. Sin ir más lejos, la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Synthesis, organizaciones consultivas de la ONU, remitieron en 2010 a la Secretaría General de Naciones Unidas un documento para que exigiera al Gobierno español un límite razonable en la aplicación de esta infracción. Para estas asociaciones, la tipificación de qué es terrorismo en España es “imprecisa” y, lo que es peor, sufre un “deterioro gradual” al aplicarse en casos que “no constituyen violencia grave. Tal exageración punitiva se utiliza para cualquier acto, a fin de asociarlo a la esfera de lo terrorista”, denunciaron en el documento que presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos.

Pero estas advertencias no han sido las únicas que le han llegado al Gobierno español por la aplicación de la legislación penal en materia antiterrorista. Más recientemente se ha posicionado de manera similar el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el mismo que ahora ha dado la razón a Julian Assange (Wikileaks) y que ha exigido a Reino Unido y Suecia que acaten su fallo, sobre la base de informes elaborados por organizaciones como Amnistía Internacional a lo largo del pasado año. Entre las muchas observaciones a la Reforma del Código Penal realizada por el PP en la pasada legislatura, la organización humanitaria muestra su preocupación por la orientación de las nuevas leyes, como la conocida como ley Mordaza, enfocadas, en su opinión, “a desincentivar la protesta social en España”. Amnistía Internacional asegura además tener documentos que acreditan “el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a los manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión, lo que ejerce un efecto disuasorio en la protesta pública”. La ley Mordaza suscitó las críticas incluso de The New York Times, que en mayo pasado publicó un editorial que afirmaba que la "ominosa ley mordaza" retrotraía a España "a los tiempos más oscuros del franquismo".

En este sentido, no está de más recordar las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmando que “la sátira no es un delito”. Pese a su apelación a la aceptación de la disidencia como un síntoma de salud para la democracia y el Estado de Derecho, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, calificó su comentario como “poco digno", y le instó a “callarse o decir otra cosa”. Quizá el ministro olvidó repasar la hemeroteca, porque el argumento esgrimido por Colau para pedir la libertad de los dos titiriteros fue utilizado por el Gobierno de Mariano Rajoy para apoyar la movilización internacional tras el asesinato de 12 trabajadores del semanario satírico francés Charlie Hebdo por yihadistas radicales en enero de 2015.

Desde la llegada al poder del PP, la utilización del recurso penal “enaltecer del terrorismo” ha aumentado de forma considerable en España. Un dato: en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 está registrada la apertura de 33 procedimientos por “enaltecimiento” de ETA; 27 de ellos fueron cerrados al no encontrarse delito o localizarse a sus autores, y los seis restantes terminaron en querellas de los propios afectados. Si se da por cierto el estudio de Amnistía Internacional del pasado año, hay un factor político en estas actuaciones cuando menos exageradas, como es “la disuasión de la protesta pública”, que se une a otro tecnológico: los ataques a la privacidad de las redes sociales en la difusión de mensajes considerados peligrosos y punibles.

En los 39 días que han transcurrido del nuevo año, la Audiencia Nacional ya ha celebrado cinco juicios por el mismo delito que el juez Ismael Moreno imputa ahora a los dos titiriteros encarcelados el viernes 6 de febrero.