“Cada vez que volvían de las montañas, me violaban. Era su entretenimiento”. A sus cerca de 70 años, sin hablar ni entender español y cubriendo su cabeza con un rebozo maya, Rosa Tul tiene fuerzas para dar detalles de su cautiverio en el destacamento militar de Sepur Zarco, al este de Guatemala. Junto a ella, una decena de compañeras también están dispuestas a romper el silencio y la impunidad. Han esperado más de 30 años para que un tribunal juzgue los delitos de esclavitud sexual y doméstica como crímenes de guerra y lesa humanidad imprescriptibles. Es la primera vez que se juzga algo así en Latinoamérica y, por primera vez en el mundo, lo hace un tribunal nacional.

Guatemala se enfrenta de nuevo a su pasado. Un pasado que no sólo dejó 200.000 muertos y desaparecidos, sino también un reguero de abusos contra las mujeres. A los hombres se les mataba, a las mujeres se las dominaba. Eran un juguete de recreo para los militares, un objeto con el que podían hacer cualquier cosa. La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, es tajante: “En Guatemala, la diferencia entre matar a un hombre y a una mujer es que a ésta le hacen sufrir antes de asesinarla, la violan, la golpean, la mutilan”.

Reyes Girón y Valdez Asij escuchan el relato impasibles. El primero sólo cambia el rostro cuando escucha cómo la fiscal Hilda Pineda le acusa de “consentir que soldados bajo su mando ejercieran violencia sexual y tratos inhumanos, crueles y denigrantes en contra de mujeres mayas Q'eqchí”. Niega haber participado en los abusos ni encontrarse alguna vez en esa zona. Se apoya en que el Ejército de Guatemala, siempre celoso con sus documentos, asegura no conservar registro alguno de los militares que dirigieron destacamentos durante los años ochenta. Al tribunal, sin embargo, le basta como prueba el reconocimiento de su cara por parte de las víctimas. Algunos rostros nunca se olvidan.

Esteelmer Reyes Girón era el teniente del Ejército encargado de dirigir el destacamento militar de Sepur Zarco. Nada se movía allí sin su consentimiento. Cuando mandó construirlo ya sabía a por quiénes se dirigían. La lista se la había preparado el comisionado militar Heriberto Valdez Asij, antiguo policía de un municipio cercano y gran conocedor de la región. Su objetivo eran 18 campesinos, los que se habían atrevido a gestionar un título de propiedad de su tierra en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Un testigo protegido en el juicio, que logró huir a las montañas, solloza indignado: “Nos odiaban porque queríamos regularizar las tierras. Nuestras tierras”.

Era el verano de 1982. En Nicaragua había triunfado la Revolución Sandinista, en El Salvador, la amenaza del FMLN seguía latente y la idea de una victoria de la guerrilla en Guatemala que expropiase tierras y diera el poder a campesinos e indígenas preocupaba a los militares y a la élite del país. La simpatía por los guerrilleros y las extorsiones a terratenientes no dejaban de aumentar. El militar Efraín Ríos Montt hacía cuatro meses que había llegado al poder mediante un Golpe de Estado y la paranoia se apoderó de su Gobierno. Veía comunistas por todas partes. La forma de acabar con la insurgencia era fulminar su apoyo popular: la teoría del “pez y el agua”. La guerrilla cuenta con la ayuda de la población, que les da de comer y refugio. Son como el pez y el agua. Si quitamos el agua, el pez muere.

Para los Q'eqchi, uno de los 22 pueblos mayas que habitan en Guatemala, “quitar el agua” significó la destrucción de sus aldeas, la quema de sus cosechas y asesinatos indiscriminados. Las viudas de los campesinos de las comunidades cercanas a Sepur Zarco quedaron “disponibles” para servir en el destacamento militar. Seis meses de esclavitud doméstica donde se las obligaba a realizar turnos de 12 horas para lavar la ropa de los soldados o cocinar. Seis meses durante los que  fueron violadas y humilladas sistemáticamente por militares. Daba igual el lugar: en habitaciones, en la entrada, en la orilla del río. No eran mujeres, eran cosas desechables.

Al acabar su turno, no tenían donde volver, así que tuvieron que apañárselas para improvisar cabañas en los alrededores del destacamento. "Lloraba, vivía llorando porque no tenía que darles de comer a mis hijos". Rosa Tul no recuerda cómo consiguió sobrevivir ni sacar adelante a su familia. Los militares no les daban comida, ni salario alguno. Ellas mismas debían llevar el jabón para lavar la ropa o el maíz para prepararles las tortillas.

Sumergirse en el pasado es revivir el dolor. Rosa Tul intenta sin éxito contener las lágrimas antes de responder:

- ¿Qué le decían los militares cuando las violaban?

- Que si oponía resistencia, me iban a matar. En ocasiones, cuando me violaban, me agarraban otros y me colocaban una pistola en el pecho.

- ¿Cuántos soldados la abusaban?

- A veces eran tres, otras veces cuatro o cinco.

Tul fue violada en una ocasión delante de sus hijos. La dureza fue tal que se desmayó. Al día siguiente la hemorragia no se detuvo. Nadie la auxilió, ni siquiera cuando veían que su sangre corría mientras caminaba hacia un río cercano al campamento para lavar la ropa de los soldados: “Me trataron como a un animal”.

La violación no fue un hecho aislado, sino una práctica generalizada, masiva y sistemática dentro de la política contrainsurgente del Gobierno. Un instrumento de guerra para generar terror. Para Ada Valenzuela, portavoz de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), una de las organizaciones que apoya a las víctimas, una crueldad inhumana: “Se ensañaban con su cuerpo y órganos sexuales. Llegaron a violar a mujeres a punto de parir, incluso les extraían el feto y después de abusar de ellas mataban a ambos”.

La UNAMG, la Asociación Mujeres Transformando el Mundo y la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad han acompañado a más de un centenar de mujeres indígenas víctimas de abusos sexuales. Les han ayudado a que comenzasen a hablar de las vejaciones sufridas. Era necesario escucharlas, permitirles encontrar su voz, su valentía y su poder para iniciar el camino hasta llegar al juicio. El machismo y las ideas patriarcales siguen muy presentes en la sociedad guatemalteca. La violencia sexual se continúa reproduciendo para mantener el control y la dominación. Además, señala Valenzuela, la estigmatización de la comunidad permanece como el factor clave para no denunciar.

Los Acuerdos de Paz de 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno. En ninguno de los 12 puntos firmados se establecieron, sin embargo, medidas para revertir o reparar la violencia contra las mujeres. Guatemala tiene la tercera tasa de feminicidio más alta del mundo, sólo detrás de El Salvador y Jamaica. Un hecho que Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, dedicada a luchar contra la impunidad, achaca a la ceguera de las autoridades a la hora de reconocer el problema al acabar la guerra: “40.000 hombres que habían sido entrenados para violar mujeres retornaron a sus hogares y no recibieron ayuda para regenerarse”.

En 2013, 758 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. Una cada dos días. En 2014, la cifra ascendió a 846 mujeres. Entre los años 2008 y 2014, casi 31.000 mujeres sufrieron algún tipo de agresión sexual. Eso, las cifras registradas. El silencio sigue reinando.  

Lentamente se van produciendo avances. Guatemala se convirtió en 2010 en el primer país del mundo en crear órganos jurisdiccionales especializados en feminicidio. La magistrada presidenta de uno de ellos Ana Rodríguez destaca que era necesario abordar el problema desde una perspectiva de género y capacitar a los jueces para abordarlo. En marzo de 2011 se creó el primer Tribunal de Conciencia, un espacio donde las mujeres víctimas de abusos del Ejército pudieran sentirse seguras y narrar lo que les sucedió. Este tribunal fue el germen del caso de Sepur Zarco. Para Paula Barrios, una de las impulsoras de este tribunal y coordinadora general Asociación Mujeres Transformando el Mundo, este juicio debe servir para que la sociedad se conciencie de que no se debe permitir más violencia contra las mujeres.

Asij y Reyes son solo dos de los cientos de agentes del Estado que abusaron de las mujeres. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hay registrados 1.465 casos de violencia sexual, 285 de ellos documentados. Sepur Zarco es el primer paso para la justicia y la reparación. Solo los pueblos que han reconocido y juzgado su pasado han podido reconstruir sus sociedades y comenzar a edificar el futuro juntos.