La alcaldesa de Lille y exministra de Trabajo, Martine Aubry, y una serie de diputados y personalidades francesas [1], en su mayoría adscritos al Partido Socialista, han denunciado la política del Gobierno francés en una tribuna que se publicó el 24 de febrero en Le Monde y que se ha convertido en un manifiesto que se ha pasado a la firma pública en la web Sortirdelimpasse.

El texto afirma que el pacto de responsabilidad, la privación de la nacionalidad, la negativa a acoger más refugiados, el "indecente discurso" del primer ministro, Manuel Valls, contra Angela Merkel, y la reforma regresiva del Estatuto de los Trabajadores hacen temer un "fracaso de los cinco años de mandato de Hollande", así como "la prolongación del debilitamiento de Francia y de la izquierda".

La división del Partido Socialista francés ante la deriva autoritaria y neoliberal de Hollande y Valls coincide con la fractura de otros partidos socialistas europeos, como el PSOE. Publicamos a continuación el manifiesto íntegro.

 Salir del punto muerto

Hay veces que no es agradable decir la verdad pero no hay más remedio que hacerla pública. ¡Demasiado, ya es demasiado! Desde [la llegada al poder de François Hollande en] 2012 no ha habido muchos motivos de satisfacción acerca de las políticas que se han llevado a cabo. Nosotros, como tantos otros, hemos alertado sobre ello. Pero desde hace meses, las discrepancias han dado paso a una gran inquietud. Cuatro derrotas electorales sucesivas han confirmado con rotundidad la ira popular. Lo que se perfila no es ya únicamente el fracaso del quinquenio Hollande, lo que se está preparando es un persistente debilitamiento de Francia y, evidentemente de la izquierda, a no ser que se frene esta caída a la que nos han arrastrado.

No olvidamos, por supuesto, el éxito de la COP21, la prioridad que se ha dado a la lucha contra las desigualdades en la escuela y el avance que ha supuesto la reforma de la ley de sanidad. Pero junto a ello ¡cuántos retrocesos!

En enero de 2014, la izquierda asistió asombrada al pacto con la [organización patronal] Medef, que se reveló como una estafa. Lo advertimos pero no se nos hizo caso. Nos hubiera gustado equivocarnos. Desgraciadamente, como ha reconocido el propio primer ministro, la realidad, tan previsible, se impone: frente al millón de empleos prometidos se han creado, como mucho, algunas decenas de miles. Es evidente que había que ayudar a que nuestras empresas recuperaran la competitividad pero para ello habría que haber focalizado las ayudas en las empresas expuestas a la competencia internacional y unirlas a contrapartidas concretas.

Esos 41.000 millones de euros que no han servido para nada, o para casi nada, habrían sido muy útiles si se hubieran destinado a la nueva economía, la ecología, la educación y la formación, las regiones, el acceso al empleo de los que están más lejos de lograrlo, el poder adquisitivo, la inversión pública y privada y, por tanto, a las carteras de pedidos de las empresas. En cada etapa, y por diversos medios, hemos hecho propuestas concretas para relanzar el crecimiento y el empleo en el marco de un nuevo modelo de desarrollo social y ecológico, y de una reorientación de Europa. ¡Pongámonos a ello ya!

Más tarde, en invierno del 2015, se nos impuso el desolador debate sobre la privación de la nacionalidad. A pesar de que, tras los atentados de enero y noviembre, Francia se había mostrado digna y fuerte, unida en torno al presidente de la República. De que aprobamos un estado de emergencia para reforzar la actuación de las fuerzas del orden y los servicios de información frente a una amenaza terrorista sin precedentes. En Versalles, el presidente de la República emitió la idea del establecimiento de la pena de pérdida de la nacionalidad para los terroristas. En seguida comprendimos que era un callejón sin salida: si se reserva únicamente a los que tienen doble nacionalidad, va en contra del principio de igualdad. Si se aplica a los que tienen sólo la nacionalidad francesa, crearía apátridas. Si este debate nos duele tanto es porque afecta a la raíz de nuestra idea de la identidad de Francia. Para la izquierda, la identidad francesa debe ser republicana: no se define como una comunidad de origen sino de destino, basada en los valores de libertad, igualdad, fraternidad y laicidad.

Evitemos esta profunda fisura

El texto aprobado por la Asamblea Nacional ha suavizado las asperezas sin suprimir los efectos y agravándolos al ampliar la privación de nacionalidad a los delitos. En manos de futuros Gobiernos mal intencionados, abre la puerta a todo tipo de desviaciones. Ir al Congreso de Versalles [2] en estas condiciones significaría una profunda fisura para la izquierda, y también para algunos demócratas. Evitémosla. Sustituyamos la pérdida de nacionalidad por una pérdida de ciudadanía o una indignidad nacional inscrita en la ley que castigue a todos los terroristas sea cual sea su origen.

Debido a una desgraciada aceleración del tiempo, la semana pasada recibimos el golpe que supuso el indecente discurso [de Manuel Valls sobre los refugiados] en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Evocar la libertad de tono no da carta blanca. No, Angela Merkel no es una ingenua, señor primer ministro. No, no ha cometido un error histórico. No, no ha puesto en peligro a Europa sino que la ha salvado. La ha salvado del deshonor que hubiera supuesto cerrar totalmente nuestras puertas a esas mujeres, esos hombres y esos niños que huyen de la persecución y la muerte, y olvidar a los que todos los días pierden la vida en el Mediterráneo.

El lenguaje firme es el que hay que emplear con esos Estados europeos que se eximen de toda solidaridad, de toda responsabilidad frente a los refugiados. Francia no debe de estar entre ellos. Cuando Francia se apoya en sus valores, como lo ha hecho a lo largo de su historia acogiendo, por ejemplo, a los que se oponían a las dictaduras, es un país respetado, admirado y amado. Ello obliga a las mujeres y los hombres que lo dirigen. La misión de Francia no es erigir muros, sino construir puentes. Sin despreciar, ni por asomo, la amplitud del problema, esperamos que Francia esté al lado de los que actúan.

¡Y ahora la emprenden con el Estatuto de los Trabajadores! La izquierda ha aprendido del movimiento obrero que no hay libertad sin igualdad. No es una cuestión de tabús. El derecho no enclaustra, libera. Libera al frenar la libertad de los demás donde empieza la de uno. Libera al otorgar a los más débiles unos derechos enfocados a reequilibrar las relaciones en las empresas.

Y por haberlo ignorado es por lo que, en todo el seno de la izquierda, el anteproyecto de ley, conocido como "El Khomri" [por el apellido de la ministra de Trabajo], ha provocado no ya decepción sino ira. Se ha derribado todo el edificio de las relaciones sociales de nuestro país al tumbar la jerarquía de las normas y dar prioridad al acuerdo en las empresas en un país en el que la sindicalización es débil y con una patronal a la que no le ha gustado nunca negociar. Los asalariados van a sufrir un chantaje permanente y las empresas se verán sometidas a distorsiones de competitividad, mientras que los acuerdos sectoriales unifican, por el contrario, las condiciones generales de trabajo para las empresas de un mismo sector. ¿Quién va a creerse que al aumentar la facilidad de despido, como prevé el proyecto de ley --limitación de poder de apreciación del juez sobre el motivo económico, tener solo en cuenta las filiales francesas a la hora de valorar los problemas de una multinacional, poner un tope muy bajo a las indemnizaciones por despido improcedente dictadas por el juzgado de lo social... --sí, quién va a creerse que con ello se favorece la creación de empleo? Reducir la protección de los asalariados frente al despido llevará con mucha más seguridad a un aumento de los despidos.

¡Nosotros no, la izquierda no!

¿Alguien puede pensar que al generalizar la posibilidad de no pagar las horas extraordinarias como horas extraordinarias --cálculo sobre tres años de la duración del trabajo, sueldo fijo en las pymes, posibilidad de derogar los incrementos previstos por un acuerdo sectorial...– se va a mejorar el empleo en Francia? ¿Quién puede hacernos creer que aumentar el tiempo de trabajo va a disminuir el paro? Menos poder adquisitivo de los asalariados, menos contratación de parados en caso de exceso de actividad ¿es eso lo que queremos para un país de más de 3,5 millones de desempleados y cuyas empresas tienen unas carteras de pedidos demasiado vacías?

Que la patronal mantenga estas reivindicaciones, vale, aunque nos parezcan desfasadas respecto a lo que nos dicen las empresas sobre el terreno. Pero que se conviertan en leyes de la República ¡no! ¡Nosotros, no, la izquierda, no!

No hay duda de que, como cualquier texto normativo, el Estatuto de los Trabajadores debe evolucionar en función de los cambios del mundo, pero sin disminuir su fuerza protectora. La izquierda debe hacer al respecto grandes reformas que sean fuente de competitividad para las empresas y de progreso social para los trabajadores, como la seguridad social profesional, que permite que todo el mundo pueda, en el siglo XXI, recuperarse en caso de dificultades sin pasar por la casilla del paro, y progresar a lo largo de su vida profesional.

Y además, digámoslo claro, el método es insufrible. De nuevo se enarbola la amenaza del artículo 49-3 de la Constitución [3]¿Los diputados que no estén de acuerdo, deben, en ese caso, votar la moción de censura? Es la cosa menos razonable del mundo. Una Francia gobernada sin su Parlamento es una Francia mal gobernada. Es un atentado a la democracia. Devolvamos todo el poder al Parlamento; al respetar, así, la Constitución los textos que surjan serán mejores y su legitimidad se fortalecerá.

Los valores, la ambición social, los derechos humanos universales, la separación de poderes, ¿qué quedará de los ideales del socialismo cuando, día tras día, se hayan ido socavando sus principios y sus fundamentos? No ignoramos en absoluto las dificultades actuales, la crisis económica, el aumento del terrorismo, el recalentamiento climático, las migraciones, la crisis agrícola... No ignoramos en absoluto las dificultades del ejercicio del poder, lo hemos demostrado. De lo ideal a lo real hay siempre una distancia que, desde Jaurés, asumimos.

Pero ver el mundo tal y como es no significa renunciar a transformarlo para hacer que se aproxime constantemente a lo que debería ser. Y aún menos, alejarnos de cualquier idea de justicia. Y eso es lo que está pasando. No basta reivindicar que uno es reformista social para merecer ese nombre. No hay nada de auténtica reforma ni nada de social en muchas de las políticas que se han llevado a cabo en los dos últimos años. Encontramos propuestas inspiradas en las del bando opuesto, que no tienen nada de moderno ni nada de eficaz. Y puesto que se nos habla del juramento de Versalles, recordemos el de Bourget [discurso de campaña de Hollande] una vez más invalidado o cuestionado seriamente y en el que sin embargo se fundamenta la legitimidad en nombre de la cual se ejerce el poder desde 2012.

Para salir de este impasse se necesitan auténticas reformas, que sean sinónimo de progreso económico, social, ecológico y democrático. Deben ser portadoras de emancipación para cada individuo y de convivencia para todos. ¡Ese es el camino que hay que reencontrar! ¡Que no es otro que, sencillamente, el de la izquierda!