“Esto es gestionar miseria. Estamos todo el día designando abogados y procuradores para juicios y contestando escritos del juzgado”, explica Adrián Tello (CHA), alcalde de La Muela, el municipio de la estepa zaragozana que pasó de prodigio inmobiliario en los años de la burbuja a paradigma del mamoneo cuando la policía detectó, hace ya más de ocho años, que la caries de la corrupción minaba su ayuntamiento. 

La Muela pasó de no alcanzar el medio millar de vecinos a finales de los años 80 a superar los 5.000 con el cambio de siglo y a elucubrar con doblar esa cifra. Para lograrlo, el consistorio llegó a recalificar –“reclasificar”, según la eufemística normativa urbanística aragonesa-- en tiempos de Mariví Pinilla, alcaldesa del PAR, suelo para más de 8.000 viviendas que siguen esperando albañiles que las levanten.

Eran otros tiempos, cuando el polígono crecía a tal ritmo que superaba la demanda de naves, el equipo del pueblo subía de categoría año tras año con la ayuda de constructores que realizaban aportaciones de 116.000 euros, los primeros toreros del escalafón llenaban la plaza local, los vecinos viajaban subvencionados al Caribe y las sucursales bancarias del lugar alcanzaban cifras de negocio inverosímiles –“era normal que la gente trajera 300.000 o 400.000 euros”, dice uno de sus exdirectores-- a rebufo de un mercado inmobiliario en el que el precio de los secanos se disparaba en cuanto caía en determinadas órbitas. 

Pero no era oro todo lo que relucía en la Marbella de la estepa, un pueblo cuyo origen remite, paradójicamente, a una pequeña guarnición instalada en su alto durante la Edad Media para defender de los bandoleros a los viajeros del Camino Real. Andando el tiempo, desaparecieron los centinelas y se instalaron los bandidos: el escrito de conclusiones de la Fiscalía en el llamado caso La Muela, u operación Molinos, describe un tinglado de sobornos, mordidas, comisiones y contabilidades paralelas cuyas dimensiones alcanzarían la categoría de fabulosas si no fuera porque la policía descubrió que eran reales. Tan verídicas que varios de sus autores han optado por confesarlas y por cerrar pactos con la Fiscalía, la Abogacía del  Estado y el consistorio en un último intento por eludir los barrotes de la prisión.

La lista de confesiones confirma que la exalcaldesa y su familia recibieron en una década 2,9 millones en b de Aranade, la empresa que gestionaba el urbanismo en el municipio

La lista de confesiones confirma que la exalcaldesa y su familia recibieron en una década 2,9 millones en b de Aranade, la empresa que gestionaba el urbanismo en el municipio, aunque, según la Fiscalía, el clan se gastó “solo” entre 2002 y 2009 3,5 millones “cuyo origen se deriva de las actividades ilícitas”. También, que uno de sus antecesores en el cargo, su primo Carmelo, escamoteó a Hacienda casi cuatro millones en fraudes fiscales comprando y vendiendo huertos y secanos –los 7,38 millones de fraude tributario detectado por el fisco en toda la trama rondan el volumen del caso Bárcenas--. E, igualmente, que el empresario madrileño José Carlos Fernández se llevara de casa de Pinilla 250.000 euros en metálico, en billetes nuevos de 500, dentro de una bolsa de plástico de un supermercado. Su empresa familiar estaba asfixiada de tanto pagar comisiones y mordidas. 

Esa bolsa es uno de los detalles memorables de la trama, que incluye momentos grotescos como el del padre que aguanta las quejas del hijo al que pretende enviar a por pan con un billete de 500, el nunca esclarecido episodio del misterioso personaje que cobró por ventanilla en una sucursal bancaria de Zaragoza un cheque de dos millones –también en billetes de 500-, la entrañable charla conyugal sobre la idoneidad de llevar “unos calcetines finicos” para un viaje a la Polinesia o una negociación para comprar apartamentos de tres en tres –“uno para cada chico”-- que al final solo fueron dos.

La Fiscalía solicita que los acusados paguen al Ayuntamiento de La Muela indemnizaciones que superan los 2,7 millones de euros. Sin embargo, no está nada claro que eso vaya a aliviar las maltrechas arcas de un consistorio que arrastra una deuda de 16 millones, está intervenido de hecho por Hacienda y tiene la mitad de los ingresos estatales --700.000 euros al año-- embargados, mientras la otra mitad va a pagar una condena. 

La Fiscalía solicita que los acusados paguen al Ayuntamiento de La Muela indemnizaciones que superan los 2,7 millones de euros

El actual alcalde, Adrián Tello,  se teme que la última jaqueca de la monumental resaca de aquellos maravillosos años va a tener forma de casas, pisos, terrenos y naves, que son el grueso de las propiedades que el juzgado embargó a los imputados.

“Va a ser un problema mantenerlos, porque no vamos a poder venderlos. Tendremos un patrimonio en inmuebles tremendo pero nada de cash”, explica Tello, que todavía mantiene una esperanza: “Alguno tendrá que soltar dinero para evitar la cárcel”. 

Los principales acusados –una docena de 36 que se sentaron en el banquillo, a los que se añaden cuatro absueltos y dos fallecidos durante la instrucción-- han pactado condenas de prisión elevadas, pero compuestas por varias penas de menos de tres años de prisión en la mayoría de los casos. Sus abogados mantienen que eso puede permitirles eludir la prisión, aunque para lograrlo deben asegurar antes el pago de las multas y las indemnizaciones.

El ayuntamiento, mientras se despeja el enigma de las indemnizaciones, sobrevive entre estrecheces: un banco le ha embargado los 300.000 euros que recibía anualmente por la instalación de aerogeneradores en terrenos de su propiedad –la abundancia de molinos en su paisaje inspiró a la policía el nombre de la operación-- para recuperar un crédito fallido de 2,7 millones, ha pedido un préstamo de seis millones para afrontar otra condena por una tropelía urbanística, espera otra ejecución de 400.000 euros más intereses, están sobre la mesa convenios por cinco millones más y los promotores de una urbanización de 224 viviendas cuyas obras no llegaron a comenzar reclaman la devolución de los 900.000 euros de licencia de obras que tuvieron que adelantar en la época de Pinilla. En La Muela las cosas se hacían así.

“Si esto se parara sería otra historia, pero siguen llegando sorpresas casi a diario”, explica Tello. Pese a esa situación de asfixia, en un municipio que apenas ingresa 200.000 euros al año en licencias de obras cuando en plena burbuja llegó a recaudar 18 millones, la deuda se reduce en algo más de dos millones al año. Aunque no deja de crecer por otro lado por nuevas condenas y reclamaciones.

No solo el ayuntamiento sufre las consecuencias del marcaje de Hacienda, que en la práctica, y partidas de Personal al margen, limita el margen de maniobra municipal a uno de los siete millones que el consistorio ingresa cada año. “El ministerio nos dice casi lo que tenemos que hacer, ordena los pagos”, señala el alcalde. También prohíbe aplicar bonificaciones en los tributos, caso del IBI, lo que ha hecho que los vecinos lleven tres años soportando un catastrazo del 11% que todavía tiene pendiente una cuarta subida: los 2,4 millones que pagaron en 2012 son ya 3,3 y superarán los 3,5 este ejercicio. 

Otra consecuencia, en el fondo, de aquellos maravillosos años en los que nadie parecía percatarse de que la estepa, aunque el dinero sucio viajara en bolsas de supermercado en lugar de en maletines, también era Tangentópolis.