A raíz del evento que tuvo lugar el pasado 29 de febrero en el Colegio de Abogados de Madrid, organizado por Los 50, en el que por primera vez compareció Gil Marín para dar explicaciones sobre el traslado del Club a la Peineta, se han abierto muchas incógnitas sobre la conveniencia o no de tan trascendental operación, a la cual, tal y como está configurada, Señales de Humo se opone abiertamente. Pasamos a explicar nuestros motivos.

1º.- Miguel Ángel Gil no está legitimado para decidir el futuro del Atleti.

Es sobradamente conocida la forma en que Jesús Gil y Gil se hizo con el Club en el año 1992, perpetrando un delito de apropiación indebida del que Enrique Cerezo fue cooperador necesario, si bien el Tribunal Supremo declaró el delito prescrito y en consecuencia no fueron condenados. Sin embargo, mucha gente desconoce que Gil Marín sí fue condenado en 2004 –como consecuencia del denominado “Caso Atlético”– a la pena de 18 meses de prisión por estafar al propio Atlético de Madrid. Como quiera que no tenía antecedentes, no llegó a ingresar en prisión.

No obstante y en contra de lo previsto en la legislación mercantil y en los propios estatutos del Club, que prohibían y aún prohíben que un condenado pudiera ser consejero o administrador de una entidad mercantil, Gil Marín se ha perpetuado en el tiempo como Consejero Delegado de la SAD, de forma claramente ilegal y a pesar de las exigencias para que dimita que esta asociación ha desplegado en diversas Juntas Generales, con suerte esquiva por la negativa del resto de accionistas.

Así las cosas, si ya es muy discutible que Gil Marín pueda ser el máximo accionista de la SAD, dado que sus acciones –y las de Enrique Cerezo- derivan de un fraude de ley declarado así mismo por el Tribunal Supremo, no cabe duda alguna de que no debería ejercer ni un minuto más como Consejero Delegado del Atlético de Madrid y que carece de toda legitimidad para decidir nada al respecto del Club, deduciéndose nítidamente de lo expuesto que su mandato está bajo continua sospecha.

2º.- Nunca se ha consultado con la afición el traslado.

Gil Marín fue increpado en el evento del 29 de febrero por no haber consultado con la afición el traslado del Club, a lo que respondió que no hacía falta porque era una medida buena para el Atlético. El Consejero Delegado se sitúa por encima del bien y del mal. y él solo decide lo que es bueno para el Club, con los antecedentes que le avalan: alimentando el endeudamiento histórico, percibiendo un salario millonario e ilegal, cosechando derrotas en los tribunales y llevando a cabo actuaciones como alquilar el Calderón al propio Atleti por una renta anual igualmente millonaria, montando una sociedad –DIVISIÓN INMOBILIARIA-- con personajes de sórdido pelaje, todos ellos señalados por la corrupción --con el único fin de recalificar y vender la parcela donde se asienta el Calderón--, hasta el punto de verse salpicada por el mayor pelotazo de la trama Gürtel --13 millones de euros de comisión-- tal y como parece deducirse de la investigación, aún sin cerrar, que dirige el juez Ruz.

Con estos antecedentes, reiteramos, que solo denotan graves perjuicios para el Club, el Consejero Delegado se convierte en el faro que guía los designios del Atleti, en el vigía del occidente rojiblanco. La afición es mera clientela, pagar y callar. Aunque esa misma afición, o en su caso sus padres o abuelos, pagaran el Estadio Manzanares con el que ahora Gil Marín pretende hacer negocio.

3º.- La operación es económicamente insostenible y podría endeudar al Atleti en más de 250 millones de euros.

Hemos pasado de una operación que reportaría pingües beneficios al Club y lo colocaría en la élite mundial, enjugando además la deuda histórica que la propia familia Gil se había encargado de multiplicar por cien, a abordar una situación de endeudamiento de todo punto insostenible. Así lo ha entendido el propio Carlos Slim, al mando ahora de FCC. La constructora y el Atleti suscribieron un convenio por el que aquella ejecutaría la construcción del nuevo estadio a cambio de las plusvalías urbanísticas correspondientes a la SAD en la operación Mahou-Calderón.

Pues bien, como consecuencia de la paralización judicial del ámbito Mahou-Calderón y la anunciada revisión del mismo por parte del Ayuntamiento, con la consiguiente reducción de la edificabilidad proyectada por el Club y Mahou en connivencia con el Ayuntamiento gobernado por el PP, resulta que FCC ya no ve atractivo seguir perdiendo dinero en virtud del pacto contraído y se baja del carro, asumiendo unas pérdidas de 34 millones de euros por lo hasta ahora ejecutado y devolviendo al Atleti los terrenos y la consiguiente obligación de finalizar la construcción de la Peineta y su urbanización. Para eso el Atleti debe emplear 166 millones de euros que le presta un banco de Slim, concretamente Imbursa. Dicho crédito hay que devolverlo, en el mejor de los casos, en julio de 2021. Con sus consiguientes intereses. Es obvio que FCC, harta de asumir riesgos, se los pasa al Atleti, que ahora se ve entre la espada y la pared por la nefasta gestión de todas las partes implicadas y con una única parte que arriesga todo: el Atleti.

Además, se hace público en el evento, ante el estupor de los presentes, por el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que está en el aire que se pueda vender la parcela de la Peineta al Club por los 44 millones pactados con Alberto Ruiz- Gallardón, dado que dicho precio resulta escaso para la Comunidad de Madrid, con la que están discutiendo el asunto y que valora el suelo en 30 millones más.

Así las cosas, son 166 millones más intereses: 44 millones como mínimo, si no es más, por el precio del suelo de la Peineta; y 50 millones adicionales que el Ayuntamiento pretende endosar a un Gil Marín siempre dispuesto a quedarse con el esqueleto del Centro Acuático. Más de 250 millones y subiendo por el suelo del Calderón, cuya edificabilidad total ahora mismo está en el aire, de la misma forma que lo está el soterramiento de la M30 que, tal y como señaló el concejal, ya no se ve imprescindible, aunque desde el punto de vista de los residentes actuales y futuros, sí parece trascendental que se acometa tal obra, con la consiguiente devaluación del suelo si no se hiciera. Un suelo que no se sabe cómo ni cuando se venderá y que, de momento, está afectado por dos procesos judiciales, iniciados por Señales de Humo y Ecologistas en Acción, cuya sentencia, de devenir firme, puede que le entierre en la limitación de las tres alturas más ático de la Ley del Suelo de Esperanza Aguirre, por mucho que PP y Ciudadanos hayan aprobado una burda ley autonómica que pretende cargarse la judicialización del ámbito Mahou-Calderón, con un fuerte tufillo a inconstitucionalidad.

Si tenemos en cuenta la deuda financiera y con la administración pública ya existente, y que como consecuencia de otra ilegalidad en los terrenos de Alcorcón --donde iba a ir la soñada Ciudad Deportiva--, la recalificación de los mismos ha sido anulada por el Tribunal Supremo, lo que ha supuesto unas pérdidas de 72 millones de euros parapetadas en las cuentas anuales del ejercicio 2015 y pendientes de su necesario afloramiento, hemos de concluir que la situación económica de la SAD es de por sí insostenible, como para asumir ahora otros 250 millones de golpe.

Miguel Ángel Gil Marín se manifestó ante el auditorio con rotundidad respecto del traslado “sí o sí”, pero luego todo fueron devaneos, hipótesis y subterfugios respecto de cómo se afrontaría económicamente la operación, de manera que los asistentes salieron del Salón de Actos del Colegio de Abogados con más dudas de las que entraron.

4º.- Las dudas no solo son económicas: tampoco está asegurada la comodidad de la afición. No se cambia para mejorar, se cambia para especular.

Más allá de que el proyecto del Nuevo Estadio de Madrid pueda resultar espectacular --aunque su grada principal, no lo olvidemos, vaya a cumplir 22 años--, es obligado convenir que no todo consiste en ver el fútbol desde un asiento más o menos cómodo. Al fútbol hay que desplazarse y el panorama en este aspecto es desolador. 

Nos trasladamos a un estadio situado a muchos kilómetros del centro de Madrid, en una zona de escaso arraigo rojiblanco, con unos servicios públicos de transporte muy escasos y con unas infraestructuras viarias que actualmente no son capaces de absorber mínimamente el tráfico normal del barrio.

Se nos cuenta que hay una estación de Metro a pie de estadio con cincuenta tornos, pero se omite que el problema se dará en vagones y andenes, toda vez que se va a colapsar de aficionados, dado que las otras estaciones de metro más cercanas se hallan a 20 minutos. Se nos habla de un intercambiador de autobuses, que hoy en día es humo, pues los proyectos se paralizaron en octubre del 2014 y actualmente solo pasa una línea de autobuses por la zona.

No se cuenta con estación de cercanías, pues la proyectada era para el anillo olímpico y hoy en día no se piensa acometer.

Los planes municipales específicos para mejorar la movilidad y accesibilidad en la zona también se encuentran parados desde hace años y no se ha ejecutado ni un metro cuadrado de infraestructura viaria.

Ante tal tesitura, Gil Marín se descuelga con que la temporada 2017-2018 la iniciaremos en la Peineta. Es probable que el estadio esté terminado para dicha fecha (julio 2017) pero en modo alguno las infraestructuras van a estar creadas y el aficionado se va a ver imposibilitado para acceder al estadio con un mínimo de comodidades con las que, sin embargo, ahora cuenta satisfactoriamente: varias paradas de metro cercanas, una parada de cercanías, numerosas líneas de autobuses, por no hablar de que la mayoría de los aficionados se desplazan andando desde Usera, Carabanchel, Latina, Arganzuela o Centro.

Respecto a las plazas de aparcamiento, más de 4.000 en La Peineta, de poco servirán si como hemos puesto de manifiesto no se crean antes las infraestructuras viarias necesarias, a cuyo coste luego aludiremos. Recordamos que a ambos lados del Calderón existían dos solares que podrían haberse utilizado como aparcamientos si no se hubieran vendido como suelo residencial para hacer pisos.

La conclusión es clara: la ubicación del Calderón es mucho más atractiva para el aficionado, infinitamente más cómoda. Cabe preguntarse si era necesario el traslado de un estadio céntrico, declarado “Cinco Estrellas” por UEFA hace muy pocos años, cuya remodelación o modernización es posible y bastante más económica, a otro en la periferia de Madrid con la problemática que ello entraña.

La respuesta es obvia. Sólo la ambición, la especulación y el afán de lucro personal mueven esta operación. Los rectores de la SAD han abandonado maliciosamente a su suerte un estadio que podría ser digno, cómodo y práctico para que la afición se convenza de que es necesaria una mudanza indeseada. Hoy el Vicente Calderón es un estadio indigno exclusivamente por la inacción de sus ilegítimos propietarios. Se utiliza como subterfugio que se ha quedado pequeño cuando fue el propio Gil y Gil quien redujo un aforo que se podría recuperar y que llegaba hasta las 70.000 personas. Además, es una mera suposición que se necesite tanto aforo, pues el Calderón solo se llena tres días al año. La Peineta puede presentar un aspecto semidesértico en muchos partidos, sobre todo en función de los horarios entre semana, en los que es previsible que el aficionado se vea en la tesitura de pedir un día libre para ir al fútbol o no poder ir por la inaccesibilidad al estadio en hora punta, o porque se vea compelido a llegar a su casa de madrugada para madrugar al día siguiente.

No era necesario el traslado, pero la familia Gil tuvo claro desde que se apropió del Club que el suelo del Calderón era el patrimonio más rentable para hacer dinero y que más tarde o más temprano habría que acometer esa operación de venta y promover el éxodo de la sufrida afición a costa de llenarse los bolsillos. Es más, ya desde el año 1989 Jesús Gil pedía precio al Presidente Leguina por el Calderón. Fue realmente precoz a la hora de adivinar el negocio, y las ansias le pudieron aún sin ser dueño del Club.

5º.- El Convenio con el Ayuntamiento podría haberse incumplido por el Club.

Basta ojear el Convenio firmado por Ruiz-Gallardón y Cerezo para entender que esta operación pendía de la concesión de los JJOO a Madrid, porque los ingresos que proporcionarían las Olimpiadas a las arcas municipales sufragarían con creces todas las obras que habrían de acometerse, beneficios para la ciudad aparte. Así, el convenio rezuma olimpiadas en sus términos y condiciones. Y cuando se conoció que no habría JJOO para Madrid, sin nada iniciado, con tiempo de sobra para dar marcha atrás, debió de acometerse tan necesaria medida. Pero la ambición pudo a la prudencia y ahora Madrid se ve sometida a infinidad de problemas, heredados, además, por un Consistorio ajeno a la negociación y que no sabe por dónde le vienen los tiros y carece de recursos económicos para afrontar sus responsabilidades, si bien maneja argumentos más que suficientes para jugar sus bazas en detrimento de los intereses particulares del Atleti y en aras de favorecer el más necesitado interés público de la ciudad.

Nos encontramos ahora con un convenio de difícil cumplimiento para ambas partes, sobre todo para un Ayuntamiento endeudado por obra y gracia de los que le precedieron en el gobierno e incapaz de asumir el coste de las infraestructuras que le son atribuibles y que se han presupuestado en 80 millones de euros. Se buscan fórmulas, además, para armonizar con la Comunidad el precio final del suelo que debe pagar el Atleti y, sobre todo, cómo se aborda la recalificación del mismo para poder vendérselo, algo que debe cumplir con la estricta legalidad y que ya en el propio convenio se aventuraba como algo que podría no darse.

Podrá parecer que todo son problemas para el Consistorio, pero es que el Club ya podría haber incumplido el Convenio y de forma muy grave, si nos atenemos al plazo de ejecución de la obra pactado en la estipulación 5. Dicha estipulación fija un plazo máximo de tres años desde la firma del acta de replanteo para remodelar y reformar el Estadio y urbanizar la zona. Como quiera que el acta de replanteo se firmó el 21 de octubre de 2011, salvo que se haya acordado una prórroga para la total ejecución de las obras, lo cual ni consta ni se ha hecho público, es evidente que el Club habría incumplido la estipulación 10 a) del Convenio y habría incurrido en una infracción por falta muy grave, recogida en la estipulación 18 a), 1, que podría implicar la extinción de la concesión de conformidad con lo previsto en la estipulación 20, 2 a).

Si resultara que la dilación del Atleti a la hora de ejecutar las obras –no olvidemos que se le favoreció durante tres años para que ejecutara obras sin licencia-- hubiera provocado la extinción de la concesión, algo que nos parecería gravísimo si no se hubiera subsanado de alguna forma que, reiteramos, de existir no se ha hecho pública, el Ayuntamiento podría dar por zanjada la cuestión desde ya, reclamando los daños y perjuicios sufridos, lo cual coloca al Atleti en una posición muy endeble para negociar con aquel, suponiendo que se abordara alguna negociación.

6º.- Las irregularidades del ámbito Mahou-Calderón

Respecto al solar del Calderón, más allá de la ilegalidad de rebasar la limitación de las tres alturas más ático en el Plan del ámbito Mahou-Calderón, antes reseñada, que tiene judicializada la operación, resulta patente que Mahou y Atlético de Madrid ni siquiera ostentan la legitimación necesaria para constituir una Junta de Compensación a fin de desarrollar dicho ámbito, pues no poseen en propiedad el 50% de los terrenos que lo conforman. Ambas entidades tienen la propiedad de 92.297 m2 y el Área de Planeamiento Remitido APR. 02.21, cuenta con una superficie total de 204.218 m2, por lo cual se puede afirmar que la Junta de Compensación constituida no se ajusta a derecho al ostentar únicamente el 45,2% del suelo, cuando es requisito legal indispensable que alcancen como mínimo el 50%.

También es muy discutible que sea lícito que, como cargas asociadas al desarrollo, se hayan tenido en cuenta los gastos de traslado de Atleti y Mahou, a fin de obtener un mayor coeficiente de edificabilidad, pues ambos traslados se deben a intereses particulares ajenos al desarrollo del ámbito en sí.

El concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible nos informó el día 29 de que la intención del Consistorio es revisar el desarrollo del ámbito desde cero, a fin de dotarlo de un cariz más sostenible, menos especulativo y en definitiva más social y garante de los derechos de la ciudadanía. Pretende rebajar la edificabilidad y dotarlo de más equipamientos. Esta medida perjudicaría notablemente los intereses del Club, pues reducirá la edificabilidad y por ende el valor del suelo del Calderón. Es lo que ha propiciado la actuación irregular de los rectores del Club, junto a la de los demás agentes intervinientes en la operación, esto es, Mahou y el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, dirigido por el PP, con Ruiz-Gallardón y Ana Botella al frente, que impunemente ha favorecido ciertas conductas cuanto menos anómalas, que ya hemos ido describiendo en este texto.

Desde Señales de Humo consideramos que es de justicia adoptar las medidas necesarias para corregir o eliminar las ilegalidades cometidas utilizando el buen nombre del Club Atlético de Madrid. La gestión de Gil Marín y Cerezo está manchada de inicio, y ellos son los únicos responsables de lo que le pueda pasar al Club. Por nuestra parte, mantendremos nuestra posición en los frentes judiciales que tenemos abiertos y en los que en un futuro se puedan abrir. Es la única medida que está a nuestro alcance para intentar preservar la legalidad en todo lo concerniente al Atlético de Madrid.

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Jesús Martínez Caja es abogado y miembro de la Asociación Señales de Humo.