“Aún no nos han dado las nuevas reglas. No sabemos qué tenemos que hacer para adecuarnos a la nueva situación. No tenemos claro cómo nos afecta”, dice Jará Stagou. Es la coordinadora del campo de refugiados de Elinikó, el más grande de los que hay en la periferia de Atenas. Actualmente alberga a 4.600 refugiados repartidos entre la terminal de salidas del antiguo aeropuerto de Atenas y los estadios de hockey y béisbol de las Olimpiadas de 2004, que se encontraban abandonados y en estado semirruinoso. Como el resto de estadios de los Juegos Olímpicos de Atenas, la mayoría de los cuales fue proyectada por Santiago Calatrava.

Stagou explica que su mayor preocupación ahora es encontrar hueco para los más de 5.000 refugiados que malviven en tiendas de campaña en el puerto de El Pireo. El 1 de abril comienza oficialmente la temporada turística. Con ella, aumenta la frecuencia de ferris entre la capital y las islas y el gobierno quiere tenerlo todo listo para los turistas. Los refugiados deben irse.

“Los que están aquí tienen un documento de tránsito [expedido en los llamados hot spot, los campos de refugiados que hasta el 20 de marzo funcionaron como centros de identificación] por lo que su estancia es legal a todos los efectos. Si pasan los seis meses de validez del permiso sin que Europa cumpla con las reubicaciones pactadas tendremos que ver qué hacemos”, dice Stagou.

¿Qué pasa si, como con el acuerdo de la Comisión Europea, los Estados miembros no cumplen su parte? El pasado octubre se comprometieron a reubicar a 160.000 refugiados desde Italia y Grecia y sólo se han podido acoger a este plan 937 personas. Stagou se encoge de hombros y contesta que “el Gobierno griego no contempla esa opción. Los europeos tienen que cumplir su parte”. A estas alturas, ¿el Gobierno griego sigue confiando en sus socios comunitarios? “Sobre todo esperamos que Turquía cumpla su parte. Les vamos a dar entre todos 6.000 millones de euros. Tienen que cumplir”, zanja Stagou.

Se le nota incómoda. La incomodidad de alguien que cumple un papel que nunca había imaginado ni querido. Lleva unas llaves colgadas en el cuello, en una cinta en la que pone “GUE-NGL”. Son las siglas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, la coalición de la izquierda europea de la que Syriza forma parte. El GUE-NGL es extremadamente crítico con el acuerdo UE-Turquía. El mismo acuerdo que Tsipras ha firmado. El primer ministro heleno defiende el acuerdo como el mejor de los posibles en función de la actual correlación de fuerzas que hay en Europa al mismo tiempo que critica que, para abordar el fenómeno de los refugiados, “socialdemócratas y liberales han asumido la agenda de la extrema derecha”.

Said, que huyó de Afganistán, muestra el documento expedido en el campo de Moria, en Lesbos, y pregunta si ese papel es válido para llegar hasta Alemania. Sabe que la frontera de Macedonia está cerrada pero no concibe otra opción. “Llevo aquí [en Ellinikó] treinta y cinco días. Somos una familia con niños pequeños, no podemos esperar más. Si esto sigue así, en una semana iremos a Idomeni. Aunque la frontera esté cerrada”, asegura.

A su alrededor, miles de familias viven, como Said, en tiendas de campaña dentro de lo que una vez fue la terminal de salidas de un aeropuerto. Hay muchísimos niños, que corretean entre las tiendas sorteando las cuerdas de tienda a tienda en las que cuelgan la colada. La esperanza de los de aquí está en ese documento que les reconoce como solicitantes de asilo previos a ese acuerdo. Es decir, solicitantes de asilo no expulsables.

Grecia no cuenta con la infraestructura necesaria para tramitar las peticiones de asilo si las llegadas siguen siendo tan numerosas como hasta ahora. Porque los refugiados a los que Europa ya no dará refugio siguen llegando. El domingo, el día que entraba en vigor el acuerdo, llegaron 1.662 personas, 830 a Jíos y 698 a Lesbos. El martes 22 llegaron 600: 281 a la isla de Quíos, 181 a Lesbos y el resto a Kos y Leros. En las islas había 5.775 refugiados a las cinco de la tarde del martes 22 de marzo, cuando se hizo el último recuento.

Sin embargo, el contingente de entre 2.300 y 4.000 funcionarios de las diversas agencias europeas que requiere la puesta en marcha  del acuerdo no llegará a Grecia hasta  el 28 de marzo. Es decir, hasta después de la Semana Santa católica, que los griegos no celebran --la pascua griega no la fija el calendario gregoriano sino el juliano--.

Los funcionarios sustituirán a las ONG que hasta ahora trabajaban en los campos. Los debe asignar  la propia Grecia, el resto de Estados miembros, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y FRONTEX. El Consejo de Europa prevé 200 funcionarios griegos especialistas en asilo y 400 expertos de otros Estados miembros para tramitar las solicitudes de asilo. Para el proceso de apelación, 30 miembros de Grecia así como 30 jueces con experiencia en leyes de asilo de otros Estados miembros y 30 intérpretes.

Para el proceso de devolución harán falta 25 oficiales de readmisión griegos, 250 policías griegos y 50 expertos que pondrá Frontex. Más 1.500 agentes de policía pagados por FRONTEX y 1.000 agentes que cubrirán entre empresas de seguridad privada y el Ejército griego.

Además de ello, 8 ferris  pagados por FRONTEX con capacidad para 300 o 400 pasajeros cada uno y 28 autobuses. Se construirán 14.000 plazas adicionales en los campos de refugiados, sumadas a las 6.000 ya existentes. La logística requerirá 190 contenedores.

No está claro si organizaciones humanitarias se han ido de los campos de refugiados de Lesbos o les han echado. Algunas, como Médicos Sin Fronteras (MSF), han anunciado que se van porque no quieren ser cómplices de la deportación de refugiados y han denunciado que el acuerdo “convierte los campos de recepción en centros de expulsión”. “Hemos tomado esta difícil decisión de cesar nuestras actividades en Moria porque continuar trabajando en el interior del centro nos haría cómplices de un sistema que consideramos injusto e inhumano”, afirma Marie Elisabeth Ingres, coordinadora general de MSF en Grecia, en un comunicado. “No permitiremos que la ayuda a MSF sea instrumentalizada para llevar a cabo una operación de expulsión masiva”, añade, “nos negamos a formar parte de un sistema que no tiene en cuenta las necesidades humanitarias ni de protección de las personas en tránsito”.

En la misma línea, ACNUR ha declarado que “no forma parte del acuerdo UE-Turquía” y que no colaborará en las expulsiones. “El ACNUR ha reorganizado sus equipos en las islas y nos estamos retirando de las infraestructuras. No vamos a participar en ninguno de los procedimientos que tienen que ver con este régimen cerrado y la provisión de servicios allí. Están en situación de detención y nosotros no vamos a proveer servicios dentro de un centro así, sería completamente contrario a nuestro mandato", ha afirmado en un comunicado. No obstante, la agencia de las Naciones Unidas asegura que “seguirá en las islas monitorizando las condiciones de quienes llegan, trabajando en la detección de casos especiales, como los menores no acompañados, y supervisando que se cumple la legalidad internacional en la ejecución de las condiciones que marca el acuerdo”.

El acuerdo UE-Turquía es el punto final de la breve historia del derecho de asilo en Europa. Un derecho creado en 1948 y aceptado por los Estados de Europa occidental en un contexto geopolítico mundial que ya no existe. Entonces intentaban fomentar la fuga del telón de acero, ofreciendo un estatus legal privilegiado y garantista. El 20 de marzo en Bruselas decidieron cambiar las reglas.

El asilo ya no es un derecho de cualquier persona desplazada por una guerra: la UE establece en 72.000 el número máximo de exiliados. Ya no es universal: el acuerdo sólo se lo reconoce a los sirios, a pesar de que el artículo 3 del protocolo de Nueva York prohíbe la discriminación por nacionalidades. Ya no está sujeto al principio de legalidad: un refugiado que llegue a Grecia no tiene los mismos derechos que los que lleguen a otros países de la UE. Ya no rige el principio de non-refoulement:  el derecho a no ser expulsado mientras la solicitud de asilo es resuelta, en virtud del artículo 33 de la Convención de Ginebra.

Y lo más preocupante, no hay vías seguras y legales para ejercerlo: el acuerdo obliga a que un sirio arriesgue su vida y sea deportado para que otro reciba protección estipulando que "por cada sirio devuelto se reubicará a otro sirio en alguno de los países miembros".

Una de las frases más recurrentes tras los atentados de Bruselas ha sido que “es un atentado contra nuestros valores, contra el corazón de Europa". En Idomeni, Lesbos y Atenas muchos se preguntan qué valores son esos.