La situación es la siguiente: si en 2016 España tuviera que cumplir los topes de déficit marcados por la Unión Europea, se vería obligada a pasar del 5,2% (dato real de 2015, un punto más del 4,2 comprometido) al 2,8%, que ya se pactó. Es decir, tendría que realizar un ajuste de 24.800 millones de euros, superior al que se realizó en 2012 y que provocó el hundimiento de la economía. La simple idea es brutal.

Todavía más brutal es pensar que esos “ajustes” y esa nueva negociación con Europa vayan a correr a cargo, de nuevo, del Partido Popular, de Mariano Rajoy, de Luis de Guindos, de Cristóbal Montoro y de Fátima Báñez. Ya sabemos hacia dónde se dirigen sus políticas, qué sectores sufren los recortes, qué parte de la población recibe la embestida y dónde infligen las heridas más profundas. Ya sabemos lo que significa y la tranquilidad con la que disponen del futuro de los menos favorecidos, engañando, además, sin el más mínimo pudor.

Así que conviene no perder de vista lo que va a suceder, si nadie lo remedia: en abril, el gobierno en funciones del PP va a presentar ante la Comisión una serie de medidas y reformas encaminadas a atajar ese déficit, un plan de Estabilidad que incluirá ya algunas decisiones importantes. A finales de mayo, la Comisión hará públicas sus previsiones de primavera y poco después se sabrá su opinión definitiva sobre España. Unos cuantos en Bruselas, hartos de las mentiras de Rajoy, quieren abrir un procedimiento de sanción y colocar al nuevo gobierno español, sea el que sea, en el disparadero.

Si el Gobierno de Rajoy no sido capaz de cumplir el déficit con un crecimiento económico del 3%, la única forma será obligarles con dureza, opina este selecto grupo de tecnócratas y expertos. Otro grupo, más político y más escarmentado de los resultados obtenidos por los tecnócratas del austericidio, opta por esperar a que se forme un gobierno y negociar con este nuevo gabinete un nuevo calendario y un nuevo plan. Pero en cualquier caso, unos y otros diseñarán un programa de reformas y recortes que deberá negociar el nuevo gobierno español.

Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quién va a negociar ese nuevo plan? ¿Quién y con qué aliados va a acudir en nombre de los ciudadanos a esa cita? ¿A quién va a tener presente ese presidente del Gobierno español en sus pensamientos cuando eche números? ¿Recordará el 50% del paro juvenil? ¿Los dos millones de hogares sin ingresos garantizados? 

Seguramente cualquier político que examine fríamente la situación en la que se encuentra España piense que no es el mejor momento para hacerse cargo de un gobierno. Pero son precisamente los políticos que se comprometen en estas difíciles circunstancias para intentar proteger a las capas menos privilegiadas de la ciudadanía, quienes no dudan en dejar a salvo la educación y la sanidad, los que están dispuestos a negociar milímetro a milímetro para mejorar las condiciones de los empleos precarios y de los jóvenes parados, los que merecen la pena.

Hay argumentos de sobra para negociar en Europa. Es verdad que el gobierno popular no ha cumplido los límites de déficit pactados, pero también lo es que la población española ha hecho un esfuerzo enorme, ha protagonizado un sacrificio extraordinario, solo inferior al aplicado a los griegos y los portugueses. Existen razones suficientes para negarse a administrar nuevos recortes en sanidad y educación, que están ya en los huesos, y de los que depende el futuro. Un nuevo gobierno debe defender un nuevo proyecto más solidario con sus propios ciudadanos y también con Europa en su conjunto, más integrada en sus proyectos y problemas. España comprende que es necesaria una cierta flexibilidad con Alemania, para hacer frente al reto de la integración de un millón de inmigrantes; que también Francia debe recibir un trato flexible para hacer frente a sus problemas de seguridad. Pero por las mismas razones un gobierno español puede exigir flexibilidad a sus socios europeos a la hora de que España, Portugal o Italia hagan frente a sus emergencias sociales, las más importantes de todas.

¿Alguien va a impedir que esa tarea siga recayendo en un partido imputado por corrupción y en un grupo de negociadores sumisos y desacreditado, comandado por Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez?