No por esperado, el dato del déficit público de 2015, casi un punto del PIB por encima de lo previsto, deja de ser una mala noticia para la economía española. En efecto, desde finales del verano de 2014, los servicios de estudio, la Comisión Europea, y hasta la Autoridad Fiscal Independiente señalaban el alto riesgo de que, en un contexto de un año con doble cita electoral, el Gobierno hiciera caso omiso a las advertencias y cayera en la tentación de levantar el pie del ajuste para provocar, de esta manera, unas décimas más de crecimiento económico y unas décimas de empleo.

En este mismo medio, ya advertimos de que la Comisión Europea nos terminaría pasando la factura del rescate bancario a través de un previsible ajuste de varios miles de millones de euros entre 2016 y 2017. La realidad es tozuda y ha desbordado hasta las previsiones más optimistas. España no está sólo fuera de pista para 2016, sino que en 2015 la desviación fue tal que compromete en gran medida el espacio fiscal del que pueda disponer un hipotético nuevo gobierno.

Las claves de esta desviación son múltiples. Montoro, reconvertido al keynesianismo bastardo de promover el crecimiento vía relajación del ajuste fiscal en año electoral, ha culpado a las comunidades autónomas de la desviación, exonerando de esta manera a la Administración central que, de acuerdo a sus propias previsiones, ha cumplido holgadamente el objetivo de déficit público que él mismo se había asignado. Tal es así que se permitió adelantar una anunciada rebaja de impuestos porque "había margen para ello". Una lectura con un mínimo de profundidad ofrece un panorama diferente, que no ha tardado en salir a la luz incluso por sus propios compañeros de partido que todavía gobiernan en varias comunidades autónomas.

Lo cierto es que las finanzas públicas en España no se pueden separar tan alegremente, en la medida en que la autonomía fiscal de las comunidades autónomas está muy limitada, y su política financiera muy mediatizada por las medidas que la Administración General del Estado ha promovido desde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Fondo de Liquidez Autonómica, o la mutualización de la deuda de las comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómico es manifiestamente mejorable, en la medida en que las CCAA no pueden, por sí mismas, fijar sus ingresos, que están coordinados no sólo por la política tributaria general del Estado, sino también complementados por los fondos de garantía, convergencia y suficiencia de servicios, cuyo reparto es responsabilidad de la Administración central.

A esta insuficiencia del sistema de financiación autonómica cabe añadir el desigual reparto en la carga del ajuste fiscal, que ha recaído particularmente en las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central se reservaba para sí mismo un objetivo de ajuste mucho menos exigente. Ajuste cuyas dificultades e impacto social es manifiesto, dado que son las comunidades autónomas las que cargan con la responsabilidad de gestionar dos de las políticas sociales más importantes, esto es, la sanidad y la educación, políticas que han experimentado cuantiosos recortes en los últimos años, y cuyas consecuencias sociales han sido catastróficas.

Desde este punto de partida, el Gobierno del Partido Popular, y para más inri, aprobó una reducción de impuestos que no se puede calificar sino de populista e irresponsable, dado su negativo impacto en unas finanzas públicas todavía deterioradas. Se calcula que el recorte del IRPF supuso reducir la recaudación en 7.000 millones de euros, suficiente para enjugar buena parte del desvío en el déficit público producido durante el ejercicio.

El Gobierno del Partido Popular, y para más inri, aprobó una reducción de impuestos que no se puede calificar sino de populista e irresponsable, dado su negativo impacto en unas finanzas públicas todavía deterioradas

Pero no acaban ahí las críticas a la gestión macroeconómica del Gobierno. Aunque durante 2015 se ha creado empleo neto, su baja calidad y los bajos salarios obtenidos no han permitido elevar las cotizaciones a la Seguridad Social, cuya tesorería no hace sino incrementar su déficit y cuya tensión financiera no hace sino vaciar el fondo de reserva. En conjunto, y este dato es un buen indicador de la pésima dirección de nuestras finanzas públicas, el déficit público combinado de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social --esto es, las partidas controladas por el Gobierno central y que forman parte de los Presupuestos Generales del Estado-- ha sido mayor en 2015 que en 2011. Dramático resultado que conviene no perder de vista para conocer los efectos perniciosos de la política fiscal del actual gobierno, y que, de nuevo, contribuyen a entender cómo el peso del ajuste fiscal ha recaído particularmente en las Comunidades Autónomas.

Las consecuencias de esta gestión son de momento impredecibles. España ha perdido en Bruselas toda la credibilidad que tenía, y sólo el apoyo inamovible de Alemania evita un duro correctivo para nuestras finanzas públicas. Previsiblemente, el plazo de consecución de nuestro objetivo de déficit se retrasará hasta 2017 o incluso 2018, pero este es un consuelo menor, porque augura nuevos recortes tanto en 2016 como en 2017. Aunque se han barajado cifras cercanas a los veinte mil millones de euros, es probable que la cifra final exigida sea menor, a cambio de una nueva vuelta de tuerca en las llamadas "reformas estructurales" y una mayor supervisión de la Comisión Europea. Nos enfrentamos a esta negociación, en el mejor de los casos, sin un gobierno  previsible, al menos, hasta bien entrado el verano, ya abocado a preparar los Presupuestos Generales de 2017.

En estas condiciones, esperar milagros de una política expansiva en la nueva legislatura es poco menos que una quimera. La irresponsabilidad fiscal de 2015 y 2016 ha sido el peor enemigo para la posibilidad de cierta política expansiva en 2017, porque ha dejado la economía española sin espacio fiscal alguno.

La irresponsabilidad fiscal de 2015 y 2016 ha sido el peor enemigo para la posibilidad de cierta política expansiva en 2017, porque ha dejado a la economía española sin espacio fiscal alguno

Pese a que no faltan voces que indican que sería necesario más incremento del gasto público, lo cierto es que bajo la arquitectura actual de la gobernanza económica de la Eurozona, la posibilidad de expansión se ha esfumado con estos datos acumulados. No falta quien, desde posiciones keynesianas, aboga por defender el déficit público generado en 2015 y 2016. Sin duda, este déficit "de más" ha incrementado el ritmo de crecimiento de la economía española. Y una política fiscal más flexible permitiría reforzar y afianzar nuestra recuperación de manera más rápida. Pero este análisis obvia que España está sujeta a las normas de la Eurozona, y tarde o temprano tendremos que cumplir con ellas con un mayor o menor grado de intervención por parte de la Comisión Europea. Incrementar el déficit público sin atender a las consecuencias posteriores --esperando que sean otros los que las asuman-- no puede ser motivo de defensa política, sino de crítica. Si queremos cambiar las normas de la Eurozona, lo que debemos hacer es defender razonadamente su irracionalidad y proponer –y lograr-- un cambio. La incapacidad de un buen número de países para cumplirlas es prueba notoria de su deficiente diseño y de lo equivocado de sus planteamientos de partida.

En vez de reconocer el pésimo diseño de las reglas fiscales de la Eurozona y apostar, junto con otros países como Francia, Italia o Grecia, por una revisión en profundidad de las mismas, España ha optado por atrincherarse con Alemania en su defensa política, para luego saltárselas con fines electoralistas, esperando que sean otros los que asuman las consecuencias. Una estrategia que ni es responsable ni es razonable. Es, simple y llanamente, puro populismo. De la peor especie.