Tras tres lustros de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, el 29 de abril de 1991 se constituyó en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). Un plan que establecía “un periodo de transición para la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos”.

Aquel periodo transitorio cumple ahora 25 años, y el referéndum sigue sin celebrarse. Además, el mandado de la Minurso, a diferencia de casi todas las de Naciones Unidas desplegadas por el mundo, no contempla un mecanismo de observación de los derechos humanos.

A continuación se recogen los testimonios de algunas víctimas saharauis de abusos por parte de Marruecos que reclaman a la ONU que la Minurso, cuya misión ha de renovarse en estos días, asuma esta competencia.

Hatra Aram

Hatra tiene 38 años y una vida marcada por el dolor. Desde su humilde casa, con banderas saharauis pintadas en las paredes, esta madre de familia denuncia haber sido torturada y maltratada en numerosas ocasiones por las fuerzas de seguridad marroquíes. Uno de estos trágicos episodios se produjo en 2012, cuando fue brutalmente agredida. Entonces Hatra estaba embarazada del menor de sus hijos, el mismo que hoy juguetea en el salón mientras su madre recuerda lo ocurrido. Las secuelas de aquella paliza, registrada en un vídeo que recorre aún las redes sociales, no se borran de su memoria. Tampoco de su cuerpo.

“Nosotros no estamos protegidos, somos objetivo diario de torturas, desapariciones por parte de las fuerzas de ocupación, una autoridad que no respeta los convenios internacionales que ha ratificado”, lamenta Hatra mientras vierte el té de un vaso a otro hasta conseguir que se haga espumoso. A finales del pasado año, la policía marroquí quemó su casa, donde en la actualidad viven sin luz ni agua, según denuncia la mujer.

Sus hijos tampoco escapan de la pesadilla. Dos fueron detenidos siendo menores de edad y su hija se vio obligada a abandonar los estudios, después de ser expulsada del colegio con 14 años, debido a su activismo pro saharaui.  “Temo por la vida de mis hijos”, dice Hatra.

Hamma Qotb

Hama, padre de tres hijos, asegura haber sufrido torturas y malos tratos por parte de las autoridades marroquíes. Su hermano El Hafed Qotb desapareció  1992 tras ser detenido en una manifestación pacífica organizada por jóvenes saharauis. Aunque han pasado más de dos décadas de lo sucedido, a sus 54 años, Qotb aún lo recuerda con lágrimas en los ojos. “El caso de mi hermano no es único, por eso queremos una protección de los derechos humanos dentro del mandato de la Minurso. Para que sea testigo de las violaciones cometidas por Marruecos”.

Apoyado en su coche aparcado en una de las principales calles de El Aaiún, por la que en numerosas ocasiones se manifiestan los saharauis, relata en voz alta lo que piensa. “No existen los derechos de los niños ni mujeres, ni de libre  tránsito. Incluso levantar jaimas --tienda de campaña tradicional saharaui-- está prohibido.”

“Queremos que este drama que ya dura 40 años acabe ya”, exclama Hama, que se muestra bastante satisfecho con el contenido del último informe de Ban Ki-Moon, crítico con Marruecos aunque siga sin incorporar la vigilancia de los derechos humanos al mandato de la Minurso.

Aaziza Amidan

Nacida en 1979, durante los primeros años de guerra en el Sáhara, Aaziza forma parte del colectivo Foro de Futuro de Mujeres Saharauis y, al igual que otros compatriotas, es familiar de un preso político.

Para esta mujer, hablar de “derechos humanos” resulta algo ajeno a su realidad. “Como todos los saharauis, este concepto lo escuchamos solo en los medios de comunicación”, se queja. Siendo una niña, presenció cómo  “las autoridades de la ocupación irrumpieron en la casa familiar y la destrozaron”. Su madre fue trasladada al hospital en estado crítico.

El dolor está presente en la vida cotidiana de Aaziza y sus ojos vidriosos y la voz entrecortada la delatan. “Todos mis hermanos fueron encarcelados por participar en manifestaciones, uno de ellos, Chiekh Amidan, estuvo preso durante cinco años y otro fue detenido hace días y no sabemos qué va a pasar con él, ni la sentencia”.

Durante la conversación, que transcurre en la calle, con el temor de ser descubierta por algún policía de paisano, Aaziza también explica la difícil situación de las mujeres saharauis en los territorios ocupados. “Somos un objetivo claro de las fuerzas represivas”.

Antes de despedirse, la joven comparte su mayor anhelo. “Como madre deseo para mi hijo una patria libre, con derechos garantizados, que no viva como yo; por eso pido la vigilancia de los derechos humanos, para que aquí los niños vivan una vida normal, y no la misma infancia cruel que nos tocó a los mayores”.

Aabdati Ramdan

Aabdati Ramdan fue víctima de desapariciones forzosas. Ahora es activista y periodista en Equipe Media, un grupo de informadores locales que documenta manifestaciones, eventos y abusos hacia la población saharaui.

“Cuando haya un mandato de vigilancia de los derechos humanos tendré margen para poder expresarme”. Esta afirmación no la encuentra en los posos de su taza de café en un intento mitológico de asomarse al futuro, sino en su propia experiencia diaria.

Envuelto en  humo de las caladas de un cigarrillo, Aabdati explica que han “intentado crear un  espacio en medios de comunicación porque existe un bloqueo informativo impuesto por las autoridades”. Una tarea que se torna complicada ya que les “impiden grabar y ejercer el periodismo”.

En este lado del mundo el precio de informar es alto.  Pone como ejemplo a uno de sus compañeros que “fue detenido y condenado a 6 años de prisión”. Para Aabdati, esto es ya motivo más que suficiente para “exigir un mandato de vigilancia de los derechos humanos en las competencias de la Minurso”.