”Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío”… Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte

La amenazante sanción del decreto de excepción constituye, quizás, el develamiento de una enorme parodia. Apoyado en un discurso barnizado de un léxico “socialista”, que busca hacer ver continuidad con el Gobierno de Chávez allí donde solo hay ruptura con él, el presidente Nicolás Maduro acaba de dar otro paso en el camino de la liquidación del proceso bolivariano tal como lo conocimos en estas dos décadas.

La democracia participativa y protagónica, las formas novedosas de propiedad, la garantía irrestricta a los derechos humanos, los derechos sociales y políticos que allí se establecen, hicieron de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela una hoja de ruta progresiva de la que nunca se alejó el presidente Chávez.

Esa Constitución expresó un proyecto, perfectible es cierto, pero emancipador. Se trataba del sueño de completar la independencia política, de alcanzar la soberanía económica y de construir la justicia social. Una revolución política en un marco democrático. Hoy ese proyecto está agonizando.

Con el Decreto 2323, la tentación autoritaria que durante meses vino mostrando la cúpula del Gobierno se encuentra frente al delgado límite de una medida extraordinaria que, de imponerse en todo su alcance, deroga, de hecho, las garantías y derechos constitucionales y suprime la república como forma de gobierno. Por medio del decreto el Gobierno ha declarado a viva voz su voluntad de transformar un régimen político democrático en uno bonapartista clásico: totalitario, reaccionario y represivo.

La compleja situación política, económica y social por la que atraviesa el país ha entrado, de la mano de ese decreto, en un tiempo de turbulencias agudas que pueden desembocar en hechos impredecibles. Estamos presenciando la profundización de un conflicto por el poder entre las dos cúpulas políticas, tanto la del PSUV como la de la MUD, que hace tiempo están alejadas de las necesidades de los ciudadanos. Se trata de la disputa por el control de la distribución de la renta. En esa disputa el pueblo es un simple y sufrido espectador que paga las consecuencias.

Y como el objetivo es inconfesable, el decreto, en sus considerandos, abunda en generalidades. Denuncia todo tipo de supuestos ataques hacia el Ejecutivo. No solo la oposición y la Asamblea son acusadas abiertamente convirtiendo las intenciones de sus dirigentes en pruebas, sino que sugiere que todo aquel que dentro de las propias “filas” disienta, cuestione, critique o haga propuestas alternativas tendría el “vil” objetivo de tumbar al Gobierno. Por otra parte los artículos del decreto al no especificar qué derechos y garantías podrían ser suspendidos, diseñan, para la solución de los problemas que el mismo señala, un Estado de carácter policial, enmascarado de “poder popular” con la función de “vigilancia” que le asigna a los CLAP y los Consejos Comunales.  

Al mismo tiempo se sigue sin atacar las causas fundamentales de la crisis económica. El anterior decreto de emergencia económica fue un fracaso. Algunos pocos datos ilustrarán lo que decimos: la inflación anualizada que para el año 2015 estuvo alrededor del 200%, medida anualmente al mes de marzo de 2016 ya alcanzaba el 514%, sin tener en cuenta el alza en los precios de abril que según el indicador Petare de Hinterenlaces superó los últimos 15 días de ese mes el 24% de incremento en los precios. Cuando el desabastecimiento en alimentos y medicinas en diciembre del año anterior llegaba al 60% aproximadamente, en el mes de marzo de este año ese desabastecimiento llega al 75% en alimentos y 80% medicinas.

Hay todavía un dato que explica la actual situación: la reducción en las importaciones serán mayores; según el ministro Pérez Abad lo que se destinaria a importaciones de productos indispensables este año apenas alcanzaría $MM 15.000, lo que significa una reducción de alrededor del 70% en relación al año 2013. Mientras que entre el año pasado y lo que va de este, los pagos en Deuda Externa, según se lamenta el presidente Maduro, alcanzaron la cifra de $MM 30.000.-

Por encima de todas las maniobras empresariales que condenamos, la base del desabastecimiento y la carestía internas está en esta política: todos los dólares que ingresan al país es para pagar deuda, y si algo sobra para alimentos y medicinas. Es la economía “productiva” que sin sonrojarse anuncia Pérez Abad, contra la que el pueblo en las colas ya ha empezado a rebelarse diariamente. Lo más grave es que con el decreto, el Gobierno pretende forzar a la Fuerza Armada que rompa su tradición y raigambre bolivariana y defienda una política miserable contra el pueblo.

Pero lo que concentra el cinismo del documento se hace evidente en lo referente al Arco Minero y el tema de conservación del ambiente. Mientras que en uno de los numerales de los artículos se cuestiona la tala indiscriminada de bosques, en otros se ratifica la línea de profundizar el extractivismo depredador del Motor Minero que no solo destruye bosques y vida sino que convertiría en piedra y polvo seco el 22% del territorio nacional. La inconsistencia de la argumentación es tal que queda a la vista cuando compara un fenómeno natural, previsible, como el del Niño, con las consecuencias depredadoras que provoca la minería para el suministro de agua y electricidad.

Por otra parte la acusación de golpe de Estado permanente contra el Ejecutivo que según el MG Cliver Alcalá Cordones no tiene fundamento, busca justificar el decreto y abre paso de cumplirse a una represión indiscriminada. En todo caso, lo que sí está dicho allí, es que el Gobierno considera, sin mencionarlo, que la única acción hoy visible, para que el pueblo evalué su gestión y decida sobre su continuidad como es el Referendo Revocatorio, es un instrumento subversivo y lo iguala a las guarimbas. Rechaza de esta manera uno de los instrumentos democráticos más avanzados que tiene nuestra constitución. Rompe con el legado de Chávez en su obra instrumental más completa.

Al asimilar la puesta en marcha del Revocatorio con la destitución de Dilma Rousseff y la salida del PT del Gobierno, la cúpula del PSUV desnuda toda la falacia de su discurso. Si lo que hubo en Brasil fue un “golpe” parlamentario forzando hasta la ilegalidad una cláusula constitucional, el Referendo Revocatorio no es una “opción” como se pretende desde el Gobierno, es un derecho ciudadano que el Estado a través del CNE tiene el deber de facilitar, así lo ordena y muy explícitamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pretendiendo anular ese derecho, la cúpula del Gobierno y el PSUV actúa de la misma manera que los parlamentarios brasileños que forzaron la salida de Dilma. Y todavía peor, porque en nuestro caso, con el Revocatorio es el poder constituyente, el soberano, el pueblo venezolano el que evalúa y decide. No se le está conculcando un derecho a la cúpula de la MUD. Se le está negando un derecho al pueblo venezolano que es quien al final evalúa y decide con su voto si el presidente continúa o es revocado.

El viejo Marx, analizando el golpe de Estado que derrocando a la Republica llevó a la asunción del sobrino de Napoleón como emperador, escribía al inicio de su trabajo El 18 Brumario de Luis Bonaparte la frase con la que encabezamos este texto. La pertinencia de esa imagen para relacionarla con la situación actual en Venezuela, está dada por el hilo rojo que recorre el decreto presentado por la nomenclatura gobernante: convierte el relato heroico y esperanzador con el que Chávez expresó la voluntad de independencia, soberanía y justicia de todo un pueblo en su opuesto, una farsa grotesca para lograr imponer la permanencia en el Gobierno, como sea, de una cúpula corrupta hoy cuestionada por la mayoría del país. La diferencia de la situación actual con aquella que analizaba Marx es que estas cúpulas han dado, con la sanción del decreto, un paso que los aleja todavía más del respaldo popular y los deja suspendidos en el aire. Los verdaderos bolivarianos, los chavistas sinceros, los socialistas democráticos, irreverentes y libertarios, ese pueblo que es la sangre y los nervios del Proceso Revolucionario, se enfrenta a un dilema, el apoyo al decreto de la ignominia o levantar la voz en la defensa irrestricta, de las garantías y derechos de la Constitución. 

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Esta tribuna fue publicada originalmente en la web Aporrea.org y en Sinpermiso.