Según Cressey (1), la delincuencia organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo (2) muy cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia legal-racional (3), por eso, durante mucho tiempo, no hubo ninguna diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas. 

“La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquier otra forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tareas”. 

Todos los cambios que antes se observaban cuando un negocio que era el ilegal dejaba de serlo eran solo ajustes en el modus operandio en la tecnología y la red social que se veían  involucradas (4). Pero, en los últimos años y acorde con los tiempos de la globalización, dicha organización del crimen fue sufriendo una metamorfosis en su disposición, su alcance y su estructura; y hoy por hoy, los grandes capos o cárteles de capos, capaces de controlar  el tráfico de drogas a nivel mundial, y que se presentaban ante los medios de comunicación como lo hicieron en su día personajes como Pablo Escobar, ya pasaron a la historia. Aun así, el tráfico ilegal de cocaína continúa generando dinero negro, que de manera directa o indirecta o de forma diseminada, se incorpora diariamente a los cauces financieros globales mezclándose con dineros de procedencia lícita e ilícita. 

“Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de transferencias financieras realizadas por testaferros […] En la red de lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores financieros y prestanombres […] Un entramado de empresas fantasmas, licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin de blanquear al menos 6.7 millones de dólares” (5). 

En España, la transformación del denominado  crimen “organizado” (6)  en tramas ilegales y “alegales” (7) ha derivado de una mayor actividad e intervención de las redes españolas que actúan en Europa (8), con gran capacidad de maniobra en las instituciones políticas locales, y de incidencia en la economía sumergida, que se atribuye fundamentalmente a un  incremento importante de la corrupción en las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la utilización de sus funciones y medios en provecho de sus gestores.  Ya en agosto de 2003 un estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda situaba la economía sumergida en el 21% del PIB. 

“Ningún gobierno ha querido realizar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal existente en España. De esta forma, si no se reconoce el problema, no se tiene que justificar la falta de adopción de medidas para erradicar dicha lacra social”, aseguraba la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado en Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España, un documento de 32 páginas aprobado en noviembre 2007 y remitido al Gobierno español (9). 

A este respecto, las previsiones que se realizaron para España en 2010, según un estudio realizado por el catedrático de la Universidad de Linz (Austria) Friedrich Schneider, la economía sumergida alcanzaría una cifra próxima al 20% del PIB; un porcentaje que de acuerdo con el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) (10) en realidad se  elevó casi cuatro puntos porcentuales más, al haber rebasado el 23,7% del PIB (11). En el año 2013, según, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España pasó de la posición 23 que registraba en el año 2005 (12),  respecto del país menos corrupto, a la posición 40, por detrás de países como Chile o Uruguay, o países de la OCDE como Polonia y Portugal. Una posición ganada a pulso si se tiene en cuenta la avalancha de casos de corrupción denunciados ante los tribunales españoles. 

“En el año 2005, la encuesta internacional de victimización incluyó una pregunta para conocer casos de corrupción. La pregunta fue formulada del siguiente modo: ¿Algún funcionario del gobierno, por ejemplo de la policía, del ayuntamiento o de otro organismo público le ha pedido o ha esperado que usted le pagara un soborno por sus servicios? De los encuestados, seis personas dijeron haber sufrido esta situación, lo que representa el 0,4% de la muestra en tasa de victimización. Estas víctimas fueron cinco hombres (83,3%) y una mujer, y ninguna de ellas tenían más de 65 años de edad. Los funcionarios autores de la infracción fueron en dos casos policías y, en un caso cada vez, un funcionario del gobierno (central o autonómico), un funcionario de obras públicas, un auxiliar administrativo y otra persona que no se especificó. (…) Lo más interesante de estos magros resultados es el hecho de que ninguna de las víctimas denunció el hecho a la policía o a algún otro organismo. Desafortunadamente, no se incluyó la pregunta referente a las causas de la ausencia de denuncia, por lo que no fue posible añadir más información sobre el análisis de este delito. Tampoco se pudo calcular la tasa de incidencia porque no se preguntó si el hecho había ocurrido una o más veces”.

Aunque estos datos contradicen la apreciación del fenómeno por algunos altos cargos de las instituciones encargadas de combatirlo (14), sin embargo coinciden con la percepción social de la corrupción en el territorio, por la que se supone es igual de fácil sobornar o cooptar funcionarios de control en España que en países como Chile o Portugal, tanto como podría ser igual de fácil sacar o introducir dinero negro en España que en cualquiera de aquellos dos países.  

El fenómeno se percibe incluso cuando ya se ha producido una diversificación de los mercados ilegales y alegales (es decir, utilizando canales de actuación que posibilitan los ámbitos de lo discrecional, no regulado, ni prohibido), y se ha consolidado una adaptación estratégica del tráfico de capitales en el hemisferio norte, que afianza su operatividad transnacional. Pues si los grupos criminales identificados en décadas anteriores estaban ligados casi con exclusividad o principalmente al narcotráfico, el tráfico de  armas y el tráfico de personas, actualmente son más las tramas que operan en actividades como la extorsión, el cohecho, la piratería, la especulación inmobiliaria o financiera,  y el tráfico  de influencias, entre otros;  en las que siempre se encuentra a alguien que asesora fiscalmente (aunque despache localmente), y que cuenta con conexiones nacionales e internacionales de normalización o regularización, en función de la complejidad de los métodos y las técnicas utilizadas para transferir/ invertir y/o blanquear o lavar las ganancias ilegítimas. 

“Entre las razones por las que faltan los controles internacionales  de las transferencias electrónicas  está que los gobiernos tienen interés en preservar la confidencialidad de una variedad de transacciones financieras. Por ejemplo, los gobiernos insisten en la confidencialidad cuando los bancos centrales  intervienen el control de la fluctuación de sus monedas nacionales. Si estas transacciones fuesen conocidas se frustrarían los objetivos de intervención y serían una fuente primaria de información para especuladores (…). Otras transacciones comerciales  gubernamentales dependen de la confidencialidad, como las transacciones de armas, grandes transacciones de petróleo y otras transacciones que pueden ser marginalmente legales (por ejemplo, violaciones de embargos)” (15). «Esto nos plantea la duda de si realmente las actuaciones de los poderes públicos han tenido la capacidad de reducir el problema, o si simplemente el ‘problema’ se ha trasladado a contextos más favorables” (16). 

Aun si España mejorara sus controles institucionales, el fenómeno de la corrupción seguramente no se detendría en el aprovechamiento de sus debilidades.  Las transnacionales dedicadas a la ocultación y blanqueo de capitales de procedencia ilícita probablemente adecuarían también, en cada momento, sus estrategias institucionales a la realidad española. Una situación que se reproduce en todos los  países afectados pues el control efectivo del tráfico de capitales, sean lícitos o ilícitos, ya no depende exclusivamente de las medidas que se adopten en un solo país, sino que en mayor medida se deriva de las actuaciones coordinadas de los gobiernos implicados a escala regional y mundial. 

“Sería suficiente redefinir las relaciones económicas internacionales sobre una base multilateral, intervenir en la regulación de los paraísos fiscales y crear sistemas impositivos internacionales acordes con el carácter internacional de la actividad de muchas empresas. Como señalaba Morgenthau en los años treinta: técnicamente hablando los gobiernos tienen recursos suficientes para poner fin a esta sangría” (17). 

Por ello la debilidad e insuficiencia del control que ejercen las instituciones europeas sobre el tráfico de capitales genera condiciones que favorecen la actuación de las redes transnacionales ilícitas, las cuales a su vez crean escenarios de mayor corrupción y vulnerabilidad institucional, que benefician, asimismo, la actuación de las tramas  ilegales; pero  ya no sólo de aquellas dedicadas al blanqueo de capitales o al lavado de activos procedentes del tráfico ilegal de narcóticos u otros delitos considerados graves, sino, principalmente, de aquellas dedicadas al tráfico de influencias, el cohecho, o la evasión fiscal (18) (generando daños sociales, políticos y económicos de dimensiones catastróficas), que han venido beneficiándose en las últimas décadas de las rutas creadas internacionalmente por aquellas redes, para posibilitar y facilitar la libre e incontrolada transferencia de capitales, perfeccionando y sofisticando las técnicas de blanqueo o lavado de activos. Esa debilidad de las instituciones europeas, puesta de manifiesto en la impotencia de las instituciones españolas para luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales, se ha visto potenciada asimismo por la crisis económica y las dudas planteadas por  movimientos sociales como el 15M (19), sobre la legitimidad de ciertas normas/leyes sustantivas e incluso procesales dado que su cumplimiento ha llegado a favorecer intereses excluyentes y en algunos casos delictivos. 

    “Primero se ofreció a los defraudadores legalizar su patrimonio oculto pagando un recargo mínimo del 10%. Una vez realizada esta amnistía, que tuvo escaso éxito, afloraron algo más de 40.000 millones pero se recaudaron sólo 1.100 millones. El ministro de Hacienda ha puesto en marcha la segunda. Casi todas esas personas y sociedades que afloraron dinero negro en el extranjero lo han dejado depositado hasta ahora donde estaba, porque traerlo a España tiene, o mejor dicho, tenía, un impuesto sobre el beneficio aflorado del 27%. Lo que ha hecho Montoro ahora es eliminar ese impuesto cuando ese dinero se deposite en un fondo de inversión o una Sicav españoles, dándole el mismo tratamiento fiscal que cuando alguien mueve dinero de un fondo a otro dentro de España. No tributa en ese momento. Lo hará si el algún momento el inversor vende su fondo o parte de él y obtiene beneficios” (20).

Este fenómeno, juzgado por algunos autores paradoja del Estado Cooptado (21), se puede describir y analizar  identificando las prácticas genéricas que operan entre sus actantes, o que posibilitan su conexión e interacción para asegurar la obtención, y en algunos casos también la ocultación, de beneficios ilegítimos. Algunos autores también lo denominan “ingeniería institucional”, al tratarse de una actividad que aplica conocimientos, artificios y experiencias a la resolución de problemas relacionados con instituciones del Estado (por ejemplo, la Administración de justicia) e instituciones privadas (por ejemplo, los bancos). Las intervenciones de INGENIERÍA INSTITUCIONAL implican promover acciones y realizar maniobras tanto en el interior de una organización como fuera de ella, en sus inmediaciones, o al otro lado de la costa…

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Liliana Pineda, miembro de Attac.

Notas:

1 Influyente criminólogo estadounidense de los años sesenta. http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Cressey

2 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

3 Max Weber. http://prof.usb.ve/lcolmen/Burocracia%20de%20Weber.pdf

4 Cfr. Cressey, Donald R. ““Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem”. Annals of the

American Academy of Political and Social Science Nº 374.1967, pp. 101-112.

5 http://www.proceso.com.mx/?p=338495

6 Cfr. Fernández Steinko, Armando. Op. Cit.

7 Es decir utilizando canales de actuación que posibilitan los ámbitos de lo discrecional, no regulado, ni prohibido.

8 España se ha convertido desde hace años en la principal entrada de drogas en Europa.

http://www.publico.es/espana/205419/espana-pierde- la-batalla- contra-el- narcotrafico

9 Hernández Vigueras, Juan. “la Europa opaca de las finanzas sus paraísos fiscales offshore”. Op. Cit., p. 21.

10 http://www.funcas.es/

11 http://economia.elpais.com/economia/2011/06/01/actualidad/1306913580_850215.html

12 En: García España, Elisa y otros. “La delincuencia según las víctimas: un enfoque integrado a partir de una encuesta de victimización”. Observatorio de la delincuencia en Andalucía. 2006, p. 153.

Cfr. http://www.transparencykazakhstan.org/UserFiles/file/eng/CPI/cpi2005.pdf

13 Fuente http://www.transparency.org/what-is- corruption/

14 “En España la corrupción de las instituciones es pequeña”. Dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia contra el Crimen Organizado, Antonio Vega en el seminario ofrecido por el instituto de Criminología en el campus universitario. (22.02.2012 - 09:22). 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1191329/espana/la/corrupcion/las/instituciones/es/pequena.html

15 Bassiouni y Guatieri. “Internacional Mechanism, p.64. Citado por André Luis Callegari. Op. Cit., p. 88.

16 Díez Ripollés, José Luis y Gómez-Céspedes Alejandra. “La corrupción urbanística: Estrategias de análisis”. Universidad de Málaga” 2008, p.34, en: http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano6-2008/a62008art5.pdf.

17 Fernández Steinko, Armando. Op. Cit., p. 155

18 Fernández Steinko, Armando. Op. Cit., p. 284

19 http://madrid.tomalaplaza.net/2013/02/09/sobre-y- contra-la- corrupcion/

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/06/26/la- limitadisima-democracia- espanola-el- movimiento-15- m-y- la-respuesta- del-

 establishment-el- manifiesto-de- los-cien- y-democracia/

20 http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/llega-la- segunda-amnist%C3%ADa- fiscal-montoro- 114327692.html

21 Cfr. Garay Salamanca, Luis Jorge y Salcedo-Albarán, Eduardo. “Lavado de activos y narcotráfico en Guatemala: Análisis de red ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado”. VORTEX Working Paper No. 4, 2011, pp. 1-61 en:

http://www.scivortex.com/4lavadoactivosguatemala.pdf