La expresión Gobierno a la valenciana se ha convertido en un mantra y todo apunta a que lo seguirá siendo después del 26J. Como todo mantra ha perdido su sentido real; se ha convertido en una invocación no demasiado fiel a la verdad. Pablo Iglesias, incansable, repitió la consigna por todos los rincones del Congreso: planteaba un Gobierno a la valenciana y pedía ministerios cuando, en la Generalitat, Podemos renunció a integrar el Consell. Por su parte, Pedro Sánchez clamó por el mestizaje, tocando con la punta de los dedos el léxico del Acord del Botànic, cuando, en realidad, estaba proponiendo algo totalmente opuesto: un Gobierno socialista monocolor en minoría y sostenido en una ideología supuestamente contraria.

El Gobierno de la Generalitat se ha utilizado como pivote legitimador de los movimientos tácticos de Podemos y PSOE tras el 20D, y no es por casualidad. El Ejecutivo que comandan Ximo Puig y Mónica Oltra constituye un ejemplo de esa capacidad de diálogo y de gestión de las contradicciones que implica todo pacto; una prueba de que es posible, al menos de momento, guardar la lanza electoral sin arriesgarse a ser ensartado por la espalda, y de que la humildad partidista es la mejor actitud para afrontar una herencia dramática. En consecuencia, con mayor o menor discreción, Iglesias y Sánchez han aludido al referente valenciano para acicalar sus tentativas y estrategias.

El pacto no fue fácil, se articuló durante casi un mes de negociaciones, rumores, declaraciones indignadas y presiones. En principio, Oltra optaba a la presidencia porque, con el apoyo de Podemos, superaba en escaños al líder socialista. El día anterior a la firma del Acord del Botànic, el PSPV plantó a Compromís y se reunió con Ciudadanos para asustar. Al final, la cosa se saldó con una mirada a los ojos y una petición de confianza: Mónica Oltra decidió apoyar a Puig y el Partido Popular fue destronado.

Ximo Puig hizo oídos sordos a la aversión de su partido contra el ‘populismo’ de Compromís y Podemos, quizás porque resonaba en su memoria aquella frase que le dejó su abuelo republicano: “Sempre de esquerres”. Incluso, ahora, en precampaña, Puig ha trasladado a las agrupaciones del PSPV la consigna de no sumarse a los ataques de Ferraz contra sus socios.

Podemos se mantuvo en clave nacional, gestionando una ambigüedad que suponía útil para las elecciones generales. Negoció y firmó el pacto, pero prefirió apoyar la gestión desde fuera del Ejecutivo.

A Puig y Oltra les ha tocado gestionar un mundo postapocalíptico. El PP se había dedicado a pisotear el prestigio de la Comunidad Valenciana con unos zapatos carísimos y había destrozado el equilibrio presupuestario, social e institucional. La ambición principal del Acord del Botànic era recuperar la cordura. El texto contiene cinco ejes: rescate de las personas, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, gobernar para la gente, instaurar un nuevo modelo productivo y una financiación justa y efectuar una auditoría ciudadana.

Las grandes diferencias ideológicas entre las partes y la sombra de los combates políticos nacionales no han convertido la gobernanza en un camino de rosas. Alguna que otra vez se han propagado rumores de crisis en la coalición. El politólogo de la Universidad Complutense de Madrid Jaime Ferri ha estudiado las dinámicas de los gobiernos de coalición: “Gestionar el acuerdo suele implicar dificultades, pero estos ejecutivos no suelen romperse. Además, en el sur de Europa, los medios de comunicación están muy polarizados, sobre todo en el polo de la derecha, e intentan contribuir al enfrentamiento y al desgaste”.

Tal vez para evitar que cada consejería se convirtiera en una avanzadilla partidista o tal vez por desconfianza, se adoptó la teoría del mestizaje: si el PSPV nombra un Consejero, el secretario autonómico se adjudicaría a Compromís, y viceversa. También las direcciones generales se repartieron conforme a un sistema de cuotas paritario. Este sistema pretende evitar las actuaciones unilaterales de los socios. Sin embargo, según apunta Ferri, “este no es un sistema común y podría crear ciertas lentitudes e ineficacias”.

Para la Generalitat, la transparencia y la auditoría ciudadana han supuesto un deber moral en una región tan azotada durante 20 años por una política crápula. Para ello, se aprobó una ley de transparencia, información y participación. A la vez, se constituyó una comisión de seguimiento del acuerdo para que la excusa de la realpolitik no arrollara las promesas de la coalición. En seis meses, los objetivos del pacto se consideraron superados y se planteó la necesidad de ampliarlo.

El Botànic ha creado un plan de lucha contra la pobreza energética que ya incluye a 30 municipios. En un acto de resistencia a Madrid, se ordenó devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Se han impulsado medidas para primar en las contrataciones a entidades bancarias que no practiquen desahucios. Se han ampliado las becas de comedor. De hecho, los presupuestos para 2016, que se aprobaron con una velocidad pasmosa, dedican el 60% a Sanidad, Educación, Cultura, Investigación y Deporte.

En la misma línea, la ambición de devolver protagonismo a la inversión pública ha llevado a la configuración de una suerte de banco público a través de la reestructuración del Instituto Valenciano de Finanzas. 

Uno de los mayores obstáculos para los botánicos, según esgrimen, es el modelo de financiación autonómica. Puig y Oltra permanecen unidos en la pugna contra Montoro. En los últimos días, se han visto obligados a aceptar un plan de ajuste para poder desbloquear el Fondo de Liquidez Autonómica. La líder de Compromís se quejó de que habían afrontado la negociación del plan “con una pistola en la cabeza”.

Tal vez desde el Consejo de Ministros se torpedea a la nueva Administración valenciana porque, desde el desalojo del PP de ayuntamientos y de la autonomía, la labor de limpieza institucional ha sido minuciosa. La Generalitat quiere recuperar para los valencianos las masas de billetes que se llevó la corrupción, y se ha personado en diez de las causas en curso, tales como Emarsa, Aido, Aidico, Cooperación, IVAM, Nóos o Vaersa.

Pese a los avances, resulta obvio que la situación a nivel de partido no es fácil. El PSOE y la confluencia Compromís-Podemos compiten por una misma base electoral, lo cual es motivo de ansiedades y fricciones. Cada partido debe, por un lado, defender las cesiones que se practican al frente del Gobierno y, por otro, remarcar su identidad política. Un conflicto que, realmente, se produce por una falta de cultura de coalición. Para Jaime Ferri, “al estar acostumbrados a ejecutivos monocolor, no sabemos diferenciar el partido del Gobierno, en estos casos, no necesariamente los primeros espadas deben asumir carteras, pueden ocuparlas personas próximas a cada formación para que así, éstas, desde fuera, espoleen el cumplimiento de acuerdos o critiquen cuando sea oportuno”.

Con este trasfondo, los componentes del Acord del Botànic aprovechan ciertas situaciones para fijar sus posturas ideológicas. Los mayores choques se han producido en la Consejería de Economía, a cuenta de la apertura de los comercios en domingos y días festivos, donde, a pesar de las promesas electorales, el PSPV aboga por el ‘abierto total’. De la misma forma, el PSPV pretende derogar la ley de custodia compartida que aprobó en 2011 el PP con el apoyo de Compromís porque entiende que fomenta la desigualdad de la mujer.

A pesar de los roces, aparentemente, el pacto llegará intacto al final del mandato, de forma que durante los meses posteriores al 26J, Sánchez e Iglesias podrán seguir utilizando eso de Gobierno a la valenciana para marcar las negociaciones, aunque parezca que no saben a qué se refieren realmente.