Dos procesos electorales en medio año, con sus campañas, mítines, sondeos, expectativas varias y frustraciones de todo tipo en la batalla por ocupar el Gobierno (unos para continuar en la poltrona favoreciendo a los españoles, y otros, desde el otro lado, para protagonizar una política “del cambio” y la regeneración democrática), abren ahora el camino a otra forma de hacer política: la actividad de los partidos, a través de sus grupos parlamentarios, para controlar al poder ejecutivo, pedirle cuentas y promover medidas legislativas en beneficio de los ciudadanos y de un mejor funcionamiento democrático.

La tristeza con que, desde la izquierda emergente, se afronta la función política de trabajar para la gente en el Parlamento carece de grandeza democrática, además de que muestra un olvido profundo del papel del poder legislativo, en especial si el Ejecutivo gobierna en minoría, como apunta el resultado electoral del 26-J. Tuve que releer varias veces las palabras de Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, el 4-7-2016, manejando la posibilidad de que “el trabajo parlamentario (…) puede ser el camino al cretinismo político, así como sus temores a diluirse en la oposición, convertirse en “un partido normal”, lo cual tiene “enormes riesgos”, y verse atrapado en las rutinas de la Cámara baja. Menos mal que reconoció que el trabajo en las Cortes es la única vía por la que Podemos puede intentar cambiar las cosas. (Más complicado lo tendrá Ciudadanos para los cambios que propugna si, de un modo u otro, contribuye a la continuidad de Rajoy.)

Pero, ¿acaso en el Gobierno al que aspiraba Unidos Podemos no existen rutinas y obstáculos y no se gobernaría desde un “partido normal”? ¿O contaba con que su llegada a la Moncloa allanaba todos los caminos, conjuraba todas las dificultades, resolvía todos los problemas derivados de la función de gobernar? ¿O acaso el inteligente Pablo Iglesias fabulaba que, una vez asentado en el poder ejecutivo --no sabemos si en el puesto de presidente o en el de vicepresidente, y contando con que el matrimonio con el PSOE funcionara...--, la fuerte oposición del PP y Ciudadanos, más el añadido de alguna minoría conservadora, iban a facilitar, sin rechistar, unos presupuestos y unas reformas del cambio como los planteados desde la izquierda?

Las circunstancias electorales, todavía no aclaradas, han conducido a la izquierda a la oposición, pero no la han expulsado del juego político. Por el contrario, la han conducido al debate parlamentario, a la posibilidad de establecer comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”, a pedir la comparecencia del Gobierno y a preguntarle también sobre asuntos planteados individual o colectivamente por “la gente”, sobre los que el Gobierno “está obligado a explicarse”, todo ello en las sesiones plenarias que “serán públicas, salvo acuerdo en contrario (…) adoptado por mayoría absoluta”.

El optimismo de los electores

Los electores tendrían que recibir con optimismo la llegada al Parlamento de una oposición coincidente y mayoritaria en una serie de aspectos: derogación de la ley Mordaza y de la reforma laboral, nueva legislación electoral (incluido el voto desde los 16 años, ya aprobado por el Congreso en abril de 2016, con el voto en contra minoritario del PP y Ciudadanos y decaído al disolverse las Cortes), regeneración democrática, medidas legales y políticas contra la corrupción... Pero el desánimo de la gente está servido si esos electores observan que desde Unidos Podemos, en lugar de prepararse para sacar de la actividad parlamentaria rentabilidad política en favor de la ciudadanía, se alude a esta etapa como un riesgo de “congelación parlamentaria” o se afirma que “el exceso de parlamentarización de la vida política española es malo”.

Parece como si estos jóvenes políticos desconfiaran de su fácil éxito parlamentario --mucho más cerca de los votantes que desde el Ejecutivo-- cuando Iglesias afirma en eldiario.es: ”No basta con las organizaciones políticas, es necesario que sectores de los movimientos sociales asuman que hay un espacio político en el que tenemos que estar todos”. Pues claro. Y el propio Iglesias ofrece fórmulas muy alejadas de la “congelación parlamentaria” que dicen temer cuando se refiere con cierta nostalgia a la vinculación con los movimientos sociales y dice no querer ser “su voz en el Parlamento, sino un instrumento político de un proyecto que se tiene que configurar como bloque histórico”. Pues manos a la obra.

La lectura del capítulo de la Constitución dedicado a “la elaboración de las leyes” acaso proporcione sugerencias a estos avezados politólogos. A los socialistas también, pero muchos de ellos tienen más experiencia; unos y otros deben aparcar su papel de alternativa de gobierno y centrarse en sus expectativas presentes como legisladores, a las que tendrían que dedicarse con alborozo. La necesidad de mayoría absoluta del Congreso para la aprobación de leyes orgánicas --desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía y régimen electoral, entre otras-- merece recordar la legislatura en la que el PP disfrutó de esa mayoría, que le permitió aprobar normas legales que la exigían, sin un solo voto de la oposición, que ahora puede ejercer en muchas cuestiones su hegemónica mayoría para aprobar leyes orgánicas o derogar las aprobadas por la mayoría absoluta monocolor del PP. El juego de mayorías de la próxima legislatura permitirá poner fin al abuso del Gobierno de Mariano Rajoy de legislar mediante decretos-leyes, excepción que tendrá que ajustarse  a los términos que establece el artículo 86 de la Constitución. 

Iniciativa legislativa popular

Aparte de la iniciativa legislativa que corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, desde el Parlamento se puede prestar colaboración a la ciudadanía para la presentación, por iniciativa popular, de proposiciones de ley, de modo que aparte de las 500.000 firmas acreditadas que se exigen como mínimo, no se extremen los requisitos ni las dificultades para que los movimientos sociales tengan acceso y participación en determinadas regulaciones legislativas.

Una eficaz vigilancia parlamentaria facilitará también que, una vez aprobado un proyecto de ley por el Congreso y remitido al Senado --que seguirá contando con la mayoría absoluta del PP--, se cumpla escrupulosamente el artículo 90 de la Constitución, de modo que en caso de que la Cámara Alta oponga su veto o introduzca enmiendas al mismo, se devuelva al Congreso en los plazos previstos, para que decida sobre las objeciones por mayoría simple.

La hegemonía legislativa que la Constitución reconoce al Congreso, y que impedirá un bloqueo senatorial de la producción de leyes del cambio, queda de manifiesto en dicho artículo --que será necesario aplicar-- cuando dice: “El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”.

La tarea parlamentaria, solo esbozada en estas líneas, ofrece todos los alicientes para trabajar, desde la política, en favor de los ciudadanos. Y no solo mediante la brillantez expositiva que se sea capaz de desplegar desde las tribunas en las sesiones públicas, sino porque la función principal consiste en la elaboración de leyes que pueden ser muy útiles --a veces imprescindibles-- para la vida de las personas de este país y para “establecer --como se dice en el preámbulo de la Constitución, que redactó Enrique Tierno Galván-- una sociedad democrática avanzada”.