Hace unos días, la consultora Capgemini presentó el Informe Mundial sobre la riqueza (aunque la referencia histórica ha sido siempre la del informe de Credit Suisse) donde señalaba que en 2015 el número de millonarios en España se había incrementado en 15.000 personas. Este resultado ciertamente sorprendente se lo atribuyó minutos después el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado en el que defendía la tesis de que el incremento del número de millonarios era consecuencia de su política de lucha contra el fraude fiscaly afloramiento de patrimonios que hasta la fecha estaban ocultos.

Con esta toma de posición, Hacienda una vez más ha vuelto a ligar dos cuestiones que no son necesariamente equivalentes: los “ricos defraudadores” y la persecución “eficaz” de los inspectores de la Agencia Tributaria. Concretamente, en el mes de marzo, el Fisco publicó que había conseguido recaudar 15.664 millones de euros en 2015 gracias a la lucha contra el fraude, un 27% más que en 2014. Supuestamente, este 1,5% del PIB recaudado ha sido gracias a la diligencia de la Hacienda española a la hora de perseguir a los grandes defraudadoresy el cobro de deudas pendientes.

Tanto las cifras como el argumentario de Hacienda pueden sonar bien y hasta incluso llegar a convencer al ciudadano de que la lucha contra el fraude es una vía de generación de ingresos inmediatos para las arcas públicas, sustituyendo las caídas de recaudación que se están produciendo en impuestos como el IRPF o Sociedades. Sin embargo, he aquí el error: la lucha contra el fraude no genera ingresos tributarios reales ni sirve para reducir el déficit público.

Se trata de una cuestión contable. En Contabilidad Nacional, las Administraciones Públicas anotan los ingresos con criterio de devengo, es decir, cuando se tiene conocimiento de que en un futuro se va a producir un ingreso, éste debe contabilizarse en el momento actual, independientemente de que se haya cobrado o no. Así se hace también con los gastos, pero en este caso existe un ajuste que se denomina “de caja” para diferenciar ingresos devengados de ingresos cobrados y gastos devengados de gastos pagados.

En este sentido, al tratarse de cantidades derivadas de un pago de impuestos que se debería haber producido y que el contribuyente no efectuó en el momento oportuno, todo lo que Hacienda le reclama en su lucha contra el fraude fiscal no es más que cobrar lo que ya contabilizó en su momento como ingresos aunque estos no se cobraran hasta este momento. Con lo cual, el efecto sobre el déficit es nulo. Como mucho, habría un pequeño incremento de los ingresos proveniente de la aplicación de recargos e intereses de demora, muchos de ellos neutralizados por el coste que tiene para la inspección de Hacienda perseguir a estos contribuyentes.

Solamente cabe una posibilidad para que el dinero que se obtiene pueda contabilizarse como ingreso y, por tanto, contribuir a la reducción del déficit público. Si en algún momento Hacienda da por perdidas las cantidades reclamadas a un contribuyente, si este finalmente paga se contabiliza el ingreso como tal y la reversión de la pérdida imputada. 

En teoría y tomando la normativa que sigue la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la lucha contra el fraude sí que generaría ingresos reales porque previamente la Administración de turno debería haber excluido del cómputo del déficit público esos ingresos devengados y no cobrados, también por una cuestión de principio de prudencia. Sin embargo, en la realidad esto no es así y lo que manda tanto el Sistema Europeo de Cuentas como el Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre del 2000, en España no se ejecuta al pie de la letra. 

La Contabilidad, en este caso, desmonta el argumento de que la lucha contra el fraude sirve para cuadrar las cuentas públicas. Una cosa, sin duda, es que los contribuyentes hagan frente a sus obligaciones fiscales y otra muy distinta es que se intente retorcer la normativa contable para que las actuaciones de Hacienda se puedan “vender mejor” de cara al público, mientras que queda difuminado entre el resto de noticias un dato muy revelador: 607.337 contribuyentes con rentas superiores a 60.000€ suponen el 37% de la recaudación por IRPF en España en 2014 según la propia Agencia Tributaria.

Más allá de los eslóganes políticos y la repercusión mediática de semejantes cifras, lo cierto y verdad es que España no puede permitirse ni un solo error en política fiscal ya que la crisis fiscal por la que pasa el Estado va camino de convertirse en un problema de difícil solución conforme pasan los meses y no se forma nuevo Gobierno. La recaudación tiene un comportamiento preocupante mientras que el gasto está desbocado. Esto obliga a ponerse a trabajar de forma urgente en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017 donde el objetivo prioritario sea cumplir con las metas de déficit y deuda pactadas con Bruselas.