“El día que detuvieron a mi padre, me tenía en sus brazos”, rememora Teresa Bielsa el momento exacto en el que miembros del ejército sublevado apresaron a su progenitor en su propia casa cuando tenía seis años. Lo hace con lágrimas en los ojos, mientras se aferra con su mano izquierda, la misma en la que luce un anillo con forma de rosa con los colores de la bandera tricolor, a un cartel tamaño folio con una fotografía de su familiar y su ficha personal. Alejandro Bielsa. Fusilado en el Penal de Ocaña (Toledo). 23 de julio de 1940. Como ella, Francisco Olmos, de 83 años, también tiene grabada la última vez que vio a su padre, un agricultor de un pueblo de Badajoz. Fue un caluroso día de principios de agosto de 1936 cuando el hombre se despidió de sus dos hijos y su mujer. “Salió por la puerta y nunca más regresó”, subraya Olmos. Bielsa y Olmos son solo dos víctimas del franquismo, entre las miles que existen en España, que buscan acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Con ese objetivo se reúnen cada jueves, desde que inhabilitaron al juez Baltasar Garzón, en la madrileña Puerta del Sol, en lo que han llamado la Ronda de la Dignidad. Una plataforma que reúne a afectados directos del tardofranquismo y familiares de segunda o tercera generación, así como a asociaciones y diferentes grupos. Este día de la semana, llueva o nieve, rodean la estatua ecuestre de Carlos III y paran en cada vuelta frente a la fachada de la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad, recordando a las víctimas de torturas.

La Ronda de la Dignidad emula a las protestas de las madres argentinas de la Plaza de Mayo, quienes caminaban, también los jueves, alrededor de la Pirámide de Mayo, el monumento más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Las mujeres no podían permanecer quietas, ya que estaban prohibidas las reuniones de más de tres personas y corrían el riesgo de ser detenidas. Así que comenzaron a andar. Y lo hacían, y lo hacen, tanto en Argentina como en la Puerta del Sol, en sentido contrario a las agujas del reloj, como si fuera ésta una forma de rebelarse contra el tiempo, demostrando que van a dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de su vida a luchar por la justicia. 

“Cuando llegó la democracia nos dijeron que era muy pronto para hablar de esto. Pasaron los años y ahora, cuando se puede condenar el franquismo, es muy tarde”. Así explica Gabriel Cardiel esta agonía, que para ellos es demasiado larga. A su juicio, se han consumado muchos errores respecto a este asunto, pero dos fundamentales: “el primero de ellos, la sanción de la Ley de Amnistía el 17 de octubre de 1977”. En dicha norma quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1966. Es decir, la Ley perdonaba a los presos políticos de la dictadura, incluyendo a aquellas personas que habían perpetrado delitos de lesa humanidad, como genocidios o desapariciones forzosas, durante la Guerra Civil o la dictadura. Tras la aprobación de la misma, los actores del régimen obtuvieron una total impunidad, a pesar de que se calcula que durante la represión franquista perdieron la vida entre 150.000 y 200.000 personas. España, con más de 100.000 cuerpos aún en fosas comunes, se sitúa como el segundo país con más desaparecidos del mundo, solo por detrás de Camboya. Además, se estima que alrededor de 30.000 niños fueron arrebataron a las madres republicanas.

El segundo gran desacierto llegó con la Ley de Memoria Histórica, que impulsó durante su mandato el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que se aprobó en el Congreso en el año 2007. El grupo considera que con estas medidas lo único que se logra es que las víctimas no existan y permanezcan en la memoria de sus seres queridos, pero en el olvido de los gobiernos y de la sociedad. “En ella se legaliza el franquismo cuando el Estado debería condenarlo públicamente”, agrega Cardiel. El ejemplo más claro de esta aprobación tácita es que en ninguno de los puntos de la normativa se judicializa la exhumación de las fosas y esto se traduce en que no se exige que se persone un magistrado cuando se desentierra un cadáver. 

“Si no abres un proceso judicial, la muerte no se investiga ni se juzga”, explica el experto en Derechos Humanos Jacinto Lara Bonilla. “Las familias dependen de las subvenciones que, desde el año 2011, no existen, con lo cual si tú quieres estrangular la efectividad de las disposiciones contenidas en esa ley, es tan sencillo como no dotar presupuestariamente esa cuestión”, resume Lara Bonilla la actuación del Partido Popular durante su gobierno. Esta falta de liquidez ha provocado que las asociaciones y los familiares recurran a métodos como el crowdfunding para poder realizar los análisis de ADN y que asuman una responsabilidad que corresponde a las administraciones.

La falta de colaboración de las instituciones españolas, tanto a nivel local, autonómico como nacional, así como la falta de sensibilidad de los partidos hacia esta causa, son los principales obstáculos a los que se enfrentan las víctimas. “Es un problema estrictamente de voluntad política que responde a un relato oficial que se ha mantenido desde el año 77 y que se ha arrastrado en busca de unos determinados equilibrios políticos que, a lo mejor, eran necesarios, pero que después de cuarenta años de democracia necesitan de una respuesta adecuada. Es un problema gravísimo de derechos humanos que a nivel internacional es un auténtico escándalo”, dice este especialista.

Naciones Unidas ha instado a España en numerosas ocasiones a derogar la Ley de Amnistía del 77 y a investigar los crímenes del franquismo para que los familiares puedan dar digna sepultura a sus seres queridos. Pero, a pesar de las reiteradas advertencias de la organización internacional, la realidad es que en España ni se investiga ni se deja investigar. Por esta razón, la mayor parte de los que se reúnen en la Ronda de la Dignidad se han ido sumando, poco a poco, a la Querella Argentina que instruye la jueza María Servini en el juzgado número 1 de Buenos Aires y que está conformada por alrededor de 400 denuncias. “Lo que queremos conseguir es que no solamente que se investiguen los crímenes cometidos durante la dictadura, sino que se enjuicie a los responsables que aún están vivos y que son los autores de esos crímenes”, resalta Lara Bonilla.

El mayor deseo de ese grupo es que se juzguen en España para que se reconozca que fue un golpe de estado “a un Gobierno legal”. “Franco hizo una guerra contra el pueblo y éste se levantó a favor de la República”, dice Antonio Virtud Casado. Y se pregunta: “¿Cómo les van a juzgar si los golpistas son los padres y abuelos de muchos de los actuales políticos?”. Esa acción judicial es una utopía que sí ha existido en otros países que sufrieron terribles represiones donde no solo se encarceló a los criminales, sino que los gobiernos impulsaron la recuperación de los cadáveres. “España está sembrada de cuerpos que no nos dejan ver”, dice Purificación Gallardo. Entre ellos se encuentran los de sus abuelos paternos, en una fosa en el pueblo de Valdetorres (Badajoz). “Mi abuela se enteró por carta de que habían asesinado a mi abuelo cuando estaba en la cárcel. Le escribieron diciéndole que se había ido de viaje con su hermana Ana, fallecida algunos años antes que él. Desde ese día, ella murió en vida”, narra Gallardo su historia con ayuda de su marido y de una tocaya que también perdió a su abuelo. Este recuerdo de la muerte de su antepasado es todavía demasiado doloroso para su familia, especialmente para su padre. Antes él le acompañaba a la Ronda, pero su delicado estado de salud le impide sumarse a la marcha de los jueves. La opinión de los tres es clara: la avanzada edad de las víctimas urge una pronta solución. Parecido piensa José Espinosa Losa, otro de los asiduos, quien bromea sobre su situación: “El día que nos muramos poco más se podrá hacer, así que voy a tener que cuidarme mucho”. Hasta que llegue ese momento seguirán viniendo cada jueves porque, en palabras de Purificación Gallardo, lo que reclaman “no es venganza, sino dignidad”.