El pasado 1 de agosto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba su decisión de adelantar las elecciones gallegas al 25 de septiembre, un mes antes de lo previsto (aunque los malpensados habituales aseguran que quien realmente tomó la decisión fue el lehendakari Iñigo Urkullu al convocar las vascas para esa fecha). En su momento, Feijóo había renunciado a convocarlas coincidiendo con la segunda vuelta de las generales “porque no sería justo con la oposición”, pero tampoco es que la prórroga les sirviese de mucho a sus rivales. El anuncio pilló al PSdeG-PSOE con el candidato, Xoaquín Fernández Leiceaga, estrenándose en el puesto, y con el grupo parlamentario en armas contra él. El BNG estaba con un nivel de votos que ni le aseguraría entrar en la cámara, en la que llegó a ser segunda fuerza, pero al menos con los candidatos claros (la portavoz nacional, Ana Pontón, y los mismos que encabezaron, sin éxito, las listas en las generales). 

Pero En Marea, la necesaria tercera pata del banco sobre el que asentar un gobierno alternativo, y quizá el eje sobre el que pivotaría, no tenía en esa fecha ni candidato definido (o lo que es peor, varios posibles). Ni siquiera estaba claro qué fuerzas participarían, ni de qué forma o bajo qué nombre. Llevaba públicamente desde el 21 de diciembre, e internamente desde antes, debatiendo el tipo de relación entre los partidos que conformaban la coalición (Podemos, Anova, Esquerda Unida), y cómo ir más allá, o no, de una marca electoral de éxito. En realidad, la única ventaja es que, al contrario del sainete que representaron las fuerzas progresistas en la Carrera de San Jerónimo en las semanas posteriores al 20D, y que quizás se reestrene, en Galicia todos saben, y el primero Feijóo, que si el PP pierde la mayoría por un diputado, pierde la Xunta.  

Hay partido

Dos semanas después de aquel anuncio de Feijóo, En Marea es un proyecto político que irá más allá del 25 de septiembre, sea cual sea el resultado ese día, con un candidato indiscutido, Luis Villares, un magistrado del Tribunal Superior de Galicia de 38 años. La versión corta de la historia se podría remontar al 5 de julio cuando, después de meses de marejada de movimientos tácticos y contradeclaraciones, los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro; Santiago, Martiño Noriega, y Ferrol, Jorge Suárez, lanzaron un manifiesto. Su importancia iba mucho más allá de su contenido (en el último año, en Galicia salimos a un manifiesto semanal), y de que los tres firmantes encabezasen gobiernos ciudadanistas, de distinta tipología. Ferreiro es el líder de Marea Atlántica, promotora del movimiento Mareas en Común, que pretendía nuclear En Marea alrededor de los movimientos municipalistas; Noriega es el portavoz nacional de Anova, la organización de Xosé Manuel Beiras, y Suárez es militante de Esquerda Unida. “Los alcaldes sacaron el barco de las rocas donde lo habían encallado los partidos”, poetizó Beiras.

La maniobra de salir a mar abierto permitió integrar, además de a los partidos, a medio centenar de agrupaciones ciudadanas locales y, lo que es más importante, a cualquier persona, que hasta entonces solo habría podido apuntarse enrolándose en una de las opciones partidarias, y que ahora podía inscribirse en Marea Constituinte. En la asamblea constituyente celebrada en Vigo el pasado 30 de julio, un millar de personas acordó que la Marea será un partido instrumental con vocación de permanencia, con nombre por definir (de momento puede utilizar electoralmente también En Marea Galega o En Marea de Galicia). Lo del partido no es solamente una fórmula jurídica. La constitución de un partido instrumental (como lo es, por ejemplo, Marea Atlántica) para presentarse en las elecciones generales había sido reclamado, en vano, por el partido de Beiras, pero no solo, y sobre todo para el 26J, para así poder amarrar el grupo parlamentario propio. Entonces el órdago a Podemos no funcionó. 

El demarrar del mes de julio se produjo por una serie de circunstancias, que se podrían resumir en tres. Primera, el trabajo de Marea Atlántica como aglutinador del resto de agrupaciones municipalistas y como factoría de protocolos de funcionamiento. Segunda, la aparición, un tanto fortuita, de un candidato que satisfacía a todos –y no desagradaba a los que no satisfacía—. El nombre de Luis Villares fue una filtración en los medios, pero al revés de lo que suele pasar, que asomase la cabeza no sirvió para que se la cortasen, sino para que la tomasen en consideración. En primer lugar, por Xosé Manuel Beiras, el último recurso al que habría que echar mano si ningún otro estaba por dar un paso al frente, y el primer político en la historia de Galicia en descartarse y avalar a otro por Twitter. La tercera es que alrededor de los hábitats tradicionales de En Marea se estaba concentrando mucha gente, principalmente del campo nacionalista, por la derecha y por la izquierda, que no tenían forma orgánica de sumarse. Se podría sumar una cuarta: el sentido del ridículo y del fracaso histórico de llegar a unas elecciones peleándose hasta la entrega de las listas. Algo que sí pasó en las últimas autonómicas en Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), el precedente de En Marea – y ya puestos, de Podemos—, lo que no les impidió dar el campanazo y llegar a ser tercera fuerza y segunda, por encima del PSOE, en varias ciudades. Pero no siempre el viento está de cara.

Quedaba todavía la negociación con Podemos. El partido morado en Galicia no es un prodigio de estabilidad. El primer secretario general, Breogán Riobóo, fue descabalgado, entre otras cosas, por oponerse a la renovación de la confluencia con En Marea para el 26J. Para reemplazarlo se presentaron tres candidaturas y no ganó la oficialista, en la que se integran los dos congresistas que tiene Podemos en el subgrupo de En Marea, ni la saliente, sino una tercera, encabezada por Carmen Santos. La consulta a la militancia sobre la forma de presentarse a las autonómicas, en la que participaron unas 6.000 personas, arrojó un saldo del 75% favorable a favor de confluir con En Marea, aunque sin especificar cómo. El problema es que En Marea no quería reeditar la fórmula de la coalición, sino que el partido de Pablo Iglesias se integrase, como los demás, dentro del partido instrumental, sin conservar las siglas. En Marea retrasó hasta tres veces el cierre de su proceso de primarias, para dar entrada a Podemos, y otras tantas las negociaciones se rompieron. La dirección de la formación estatal desplazó a Santiago a Carolina Bescansa y a Pablo Echenique, que consiguieron acercar posturas, pero no lo suficiente. 

Cuestión de números

Amigos sí, pero la vaca por lo que vale, reza uno de los dichos menos solidarios del refranero tradicional gallego. En Galicia habían obtenido resultados superiores a la media estatal en ambas convocatorias, y también sufrido menos pérdidas el 26J. Y en una encuesta exprés realizada días antes (fiable o no, pero publicada) sobre el escenario autonómico, a En Marea le adjudicaban el doble de escaños que a Podemos (12 a 6, en un parlamento de 75 con la mayoría absoluta del PP en el aire) caso de ir separados. Y encabezar un partido, y no una coalición (como AGE, que empezó con 9 diputados y acabó con 3 en el grupo mixto) era una de las condiciones que en teoría no puso el magistrado Villares para acceder a ser candidato. Cuando las negociaciones ya estaban rotas, los teléfonos de los representantes de Marea Atlántica en la coordinadora provisional del nuevo partido, los que mantienen un contacto más estrecho con la dirección de Podemos, ardieron. El viernes 12, poco antes de que finalizase el plazo de inscripción de las candidaturas, la cuenta de Twitter de Pablo Iglesias emitía este tuit: “No hay nada por encima de la unidad cuando nos jugamos el cambio en Galicia. Podemos estará con En Marea sea cual sea la fórmula”. Roma locuta, causa finita.

En Marea inscribió ocho candidaturas más (dos de Podemos por cada provincia, una por cada sector, con lo que a las primarias concurrirán 238 personas en 25 listas) y volvió a prorrogar 24 horas más el plazo de inscripción en el censo, flexibilizando también los criterios de admisión, para facilitar la incorporación de los afiliados a Podemos (el viernes antes del acuerdo estaban inscritas más de 7.000 personas). Uno de los once miembros de la coordinadora provisional que gobierna En Marea admite que, en cierta forma, es una discriminación positiva, pero también que “es lo menos que podíamos concederles. Al fin y al cabo, van a ser nuestros compañeros”.