Al comienzo de cada campaña de recolección de los principales frutos del campo, uno de los hechos tradicionales que se repiten año tras año es la convocatoria de múltiples manifestaciones de organizaciones de agricultores reclamando precios “más justos” para sus productos. A estas acciones suelen unirse otras de carácter más violento como el asalto de camiones cruzando la frontera de los Pirineos o la quema de contenedores para impedir el paso de vehículos ante las centrales de logística de los principales grupos distribuidores alimentarios.

Más que hablar de un típico caso en el que la “historia se repite”, se trata de un problema mucho más profundo, enquistado de tal manera que aportar cualquier solución “fácil” no resuelve prácticamente nada. Los bajos precios que tiene la uva en la campaña 2016/2017 no son una novedad de este año, tampoco lo son los de la leche. Es un problema que tiene más de 50 años de historia y que se presenta con un denominador común: la organización del mercado agrícola hunde los precios en origen, provocando caídas de la renta de los agricultores permanentes y continuadas en el tiempo.

La organización del mercado agrícola hunde los precios en origen y provoca caídas de la renta de los agricultores permanentes y continuadas en el tiempo

Bajo esta premisa, el sector agrícola siempre ha sido una “excepción regulatoria”. Mientras se cerraba la ruinosa siderurgia pública en los años ochenta o se privatizaba y abría a la competencia a las principales industrias nacionales en los noventa, el campo ha seguido en un limbo económico bajo un marco regulatorio enormemente desfavorable y en el que la política de intervención siempre ha sido la misma desde la creación del Servicio Nacional del Trigo en los primeros compases del franquismo y recién terminada la Guerra Civil: control de precios y subvenciones directas al productor.

Cada movimiento dentro de ese marco regulatorio es peligroso. Lo que más teme un Gobierno (y, en especial, su ministro de Agricultura de turno) es una manifestación de tractores (una “tractorada”) en medio del Paseo de la Castellana o un bloqueo de las principales fronteras del país con barricadas incluidas y saqueo de productos en origen. Aunque la agricultura pesa apenas el 4,2% en el PIB, es un sector lo suficientemente importante como para ser muy cautelosos y más aún con el historial de conflictividad que acumula ya más de medio siglo.

La idea básica de la que parte el actual marco –caída permanente de la renta agraria por acción del mercado y necesidad de subvencionar al agricultor– apenas se ha modificado en más de 50 años. Con este escenario la Unión Europea, siguiendo los pasos de España y Francia, planteó la Política Agraria Comunitaria (PAC) como un coto cerrado de ideas y un esquema privilegiado que salta por encima de las normas básicas de transparencia, competencia, no discriminación y otros principios básicos de funcionamiento del Mercado Común. 

Conforme ha ido avanzando la economía, lo único que ha cambiado es la forma de actuar. Antaño se hacía construyendo silos para intervenir directamente sobre los stocks. El Estado era a la vez un monopolio y un monopsonio (monopolio por el lado de la demanda) y, desde la puesta en marcha de la PAC o con mecanismos como el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), se interviene vía subvenciones por cualquier hecho o circunstancia. 

La Unión Europea, siguiendo los pasos de España y Francia, planteó la Política Agraria Comunitaria (PAC) como un coto cerrado de ideas y un esquema privilegiado que salta por encima de las normas básicas de transparencia

Lo más preocupante es la falta de crítica hacia un sistema que lejos de conseguir sus objetivos, está provocando un daño considerable a un campo que ya no es homogéneo y en el que la revolución tecnológica comenzó y se ha consolidado a espaldas de la regulación. El problema de los precios de la uva o del trigo (entre otros muchos) no es el supuesto “enorme margen” que obtienen todos los actores que intervienen en la cadena alimentaria forzando al agricultor de base a vender su producto a un precio bajísimo. La cuestión de fondo es, por un lado, a mala organización institucional de este mercado y, por otro lado, el efecto del sistema de subvención permanente que proporciona la PAC.

El mercado agrícola tiene enormes barreras a la entrada que son completamente artificiales y que han sido edificadas por la regulación. Incluso, el método de cerrar mercados como es el de las “Denominaciones de Origen” contribuye aún más a la caída de los precios en origen. En España no todos pueden ser distribuidores alimentarios o transformadores de insumos, por ejemplo. El sistema de licencias, otorgadas por las Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, y la maraña regulatoria han creado una industria en la que los actores son los mismos desde hace décadas y tienen poder suficiente para imponer precios.

El problema de los precios del campo es la mala organización institucional de este mercado y el efecto del sistema de subvención permanente que proporciona la PAC

Otra de las claves son las subvenciones directas sobre un cultivo. Estas provocan el descenso de los precios porque el agricultor está percibiendo una renta adicional que no proviene del mercado. Los compradores de su producto, sabedores de este hecho, reducen los precios de compra hasta equilibrarse con el precio sin subvención. Por tanto, lo que en teoría serviría para apoyar al agricultor como es una subvención, en realidad se traduce en mayor beneficio para el intermediario. 

La PAC tiene el dudoso mérito de haber conseguido que el dinero de la subvención que percibe el agricultor sea en realidad una transferencia de renta del presupuesto público (en torno a dos tercios del presupuesto de la UE) a los intermediarios. Ante la evidencia del razonamiento económico, surge la siguiente pregunta: ¿nadie se ha dado cuenta hasta ahora de los miles de millones de euros gastados de forma ineficiente en subvenciones al campo?

No parece razonable, en suma, mantener un sistema así. Sin embargo, siendo realistas, el fin de la PAC y la reforma en profundidad del mercado agrícola son a día de hoy casi imposibles. Mientras tanto, la falta de profesionalización y la existencia de un verdadero mercado integrado, seguirá arrojando escenas lamentables como el saqueo de camiones españoles cargados de vino en Francia o el reparto gratuito de frutas y hortalizas en manifestaciones en pueblos de España cada verano.