Decenas de líderes políticos internacionales asisten en Cartagena de India, el lunes 26 de septiembre de 2016, al acto de firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. El fin de la guerra abre en el país un reto fundamental: la incorporación a la ciudadanía social y política de miles de personas que hasta el momento vivían en la clandestinidad o en situación de desplazamiento.

El paso del Estado legislativo del s. XIX al Estado constitucional en el s. XX fortaleció el intervencionismo del Estado no sólo en la esfera económica, sino también en la esfera civil mediante la garantía de derechos a los ciudadanos. La expansión de la administración pública incorporó el desarrollo complejo de la sociedad civil a la estructura general del Estado. Ahora bien, en ninguna parte esta asimilación estatal de lo civil ha sido nunca absoluta. Siempre existen espacios que quedan fuera de la esfera jurídico-garantista. Se trata de lo que podemos llamar espacios de no constitucionalidad.

Ejemplo de ellos son los nuevos espacios de mercado, la reestructuración neoliberal de la economía, las privatizaciones, la limitación del déficit público, etc., que implican la reconstitución de espacios de relaciones sociales “libres” donde no operan las limitaciones u obligaciones en defensa de los derechos fundamentales propias del constitucionalismo. O espacios de irregularidad administrativa, ocupados por inmigrantes o refugiados que se encuentran en una posición de “ilegalidad” o “alegalidad” que los ubica fuera del espacio de constitucionalidad. O espacios de guerra en cuyo interior rige una especie de sociedad de naturaleza regulada por el derecho penal del enemigo y no el contrato social regulado por el derecho penal garantista.

Los sujetos que ocupan todos estos espacios se conforman en meros “moradores”, “avencidados” o “residentes”, pero no en ciudadanos, pues a pesar de habitar en la sociedad lo hacen en condición de sin derechos o con derechos limitados. No cabe duda de que, durante muchos años, la guerra en Colombia ha colocado a mucha gente fuera del espacio de constitucionalidad diseñado por la Constitución de 1991. Directamente a los actores del conflicto (guerrilleros, ejército, paramilitares) e indirectamente a las miles de personas desplazadas que, fruto del conflicto, se vieron obligadas a abandonar sus casas e ir a los centros urbanos, sin vivienda ni recursos con los que subsistir.

Durante muchos años, la guerra ha colocado a mucha gente fuera del espacio de constitucionalidad diseñado por la Constitución de 1991

El gran reto en que se encuentra ahora el país es cómo integrar a todas estas personas en el espacio de constitucionalidad o, lo que es lo mismo, en la ciudadanía social y política. Su integración se puede hacer de dos manera distintas, que exigen procedimientos jurídico-políticos distintos y tienen consecuencias también diferentes en las relaciones de poder. En primer lugar, a partir de un modelo de ciudadanización por absorción o por arriba que exigiría, como mucho, una simple reforma constitucional. O, en segundo lugar, a partir de un modelo de ciudadanización por descentralización o por abajo que exigiría un proceso constituyente.

El modelo de ciudadanización por absorción o por arriba, heredero de la noción liberal de igualdad como similitud o igualación de todos los ciudadanos, implicaría una especie de regularización ciudadana de los excluidos equiparándolos al resto de ciudadanos. El reconocimiento de la ciudadanía se haría aquí desde una lógica de asimilación o absorción de estos sujetos a los espacios, derechos y roles del sistema, aunque sin transformar este último. El sistema los absorbe individualmente como personas y colectivamente como nuevo partido, equiparándolos al resto de ciudadanos y partidos para que operen dentro del entramado constitucional vigente que se mantendría intacto. Para llevar a cabo esto, es suficiente la aprobación de determinadas leyes o, como mucho, una reforma constitucional, pero no un proceso constituyente.

De usarse esta vía se producirá una ciudadanización social fallida y una ciudadanización política conservadora. 

A pesar de que la Constitución de 1991 no reconoce fundamentalidad a los derechos sociales ni tampoco los protege por vía del recurso de amparo, la vía de acceso a la ciudadanía social, durante los 90, de gran parte de la población colombiana fue el fuerte activismo jurisprudencial de una Corte Constitucional enfrentada a las políticas neoliberales del Gobierno. Este papel de enfrentamiento de la Corte contra el Gobierno desaparece en la década de 2000 tras lograr el Ejecutivo controlar la Corte. Asimismo, la crisis económica que atraviesa también América Latina hace que en un país donde la garantía de los derechos está fuertemente vinculada a los presupuestos generales del Estado, no existan en los próximos años muchas expectativas de garantía estatal de los derechos sociales. Todo ello hace que el acceso a la ciudadanía social por vía de una homogeneización de derechos intermediados por el Estado será más formal que real.

El acceso a la ciudadanía social por vía de una homogeneización de derechos intermediados por el Estado será más formal que real

A la vez, la simple reconversión de la guerrilla en un partido más de los existentes supondría la transformación de toda la estructura comunitaria y autogestionaria mediante la que los exguerrilleros organizaban sus campamentos en un nuevo partido tradicional insertado en la lógica institucional, lo que implicaría la sustitución de lo que podría ser una nueva izquierda con una fuerte base comunitaria, descentralizada y autogestionaria por una izquierda institucionalizada, burocratizada e integrada. Por eso hablo de una ciudadanización política conservadora.

La alternativa a este primer modelo sería otro en el que se produjera una ciudadanización de los hasta ahora excluidos por descentralización o por abajo, lo que exigiría un proceso constituyente.

Este es un modelo que, heredero de las concepciones multiculturales de base antiliberal, plantea que la integración de los grupos sociales excluidos debe hacerse por vía del reconocimiento de éstos como sujetos colectivos y de sus formas propias de organización social. Reconocer, legalizar e institucionalizar los espacios de autogestión y autoejecución de derechos (sanidad, educación, etc.) de los exguerrilleros en sus campamentos, descentralizando en tales espacios competencias decisorias y de implementación comunitaria de políticas asignadas, tradicionalmente, al Estado, permitiría: por un lado, sobrepasar la concepción liberal-estatal de acceso a la ciudadanía, creando nuevas construcciones diferentes de acceso a nuevas ciudadanías desde abajo. Y, por otro lado, exigiría nuevos repartos descentralizados del poder en el interior del Estado, lo que en términos políticos implica una transformación en la racionalidad y formas de organizar política y jurídicamente el Estado.

En un contexto de fuerte crisis económica estructural donde el Estado ya no puede asegurar de forma tecnocrática y vertical la procura existencial a todos los ciudadanos, la reconfiguración y adaptación de las prácticas de garantía de los derechos por vía de la autogestión comunitaria implica un acceso exitoso a la ciudadanía social para muchos de los excluidos. Asimismo, el reconocimiento y empoderamiento competencial de las comunidades permite a la nueva izquierda naciente adoptar la forma de partido-movimiento con fuertes estructuras sociales autogestionarias cuya potencialidad movilizadora, transformadora y de generación de conflicto no violento es mucho mayor que la de un partido tradicional institucional desvinculado de lo social.

La ciudadanización social y política de los excluidos por esta segunda vía sí exige abrir en el país un proceso constituyente que redefina las formas de organización y redistribución del poder. Este es el reto de la nueva izquierda colombiana.

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Albert Noguera es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.