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CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agueros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?

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El martes 27 de septiembre finalizó la fase de cuestiones previas del juicio por las tarjetas black. Fuera de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde se celebra el juicio, se vivía un ambiente poco acorde al suntuoso y acelerado tren de vida asociado al uso de tarjetas corporativas de la cúpula de Caja Madrid: una lista sin fin donde quedaba la huella de exclusivos hoteles, clubes de alterne, restaurantes, bebidas, puros, un 52% de esos gastos en periodo de vacaciones. Lejos de su zona de confort, destronados, Rato, Blesa y compañía entraron cabizbajos a la sede, desconcertados por el trajín de camiones y un murmullo casi imperceptible de periodistas, interrumpido por el grito ahogado de un jubilado de 60 años, vecino de San Fernando, parapetado en la entrada toda la mañana. Sin parar de moverse, esperaba nervioso el paso del coche de Rato y Blesa para ajustar cuentas: “¡Chorizos! ¡Nos habéis destrozado la vida!”, les gritó. 

Indignado por estar solo, no se daba cuenta de que aquel día 27 de septiembre estaba gafado para nuestra historia, que ese día las tarjetas quedaban opacadas por la muerte política de Pedro Sánchez tras anunciar a Pepa Bueno su negativa a votar a Rajoy y a dimitir, y que ese hecho a su vez tapaba que se celebraban los cinco años de la reforma del artículo 135 firmado por Zapatero en 2011, que convertía en ley la palabra austeridad. Quizá eso explique el ambiente enrarecido del juicio a Blesa, Rato y hasta 66 antiguos miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia que utilizaron unas tarjetas al margen del fisco para unos gastos “ajenos al desempeño de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de su función”, que llegaron a los 12 millones de euros. 

Las penas a las que se enfrentan --un máximo de 6 años de cárcel en el caso de Blesa y de 4 años en el caso de Rato-- daban un halo de vendetta justiciera a la acusación, sin poder ocultar la motivación latente: dejar inmaculado el concepto de austeridad y honestidad en la nueva era Bankia. Eso, quizá, parece ser lo extraño del caso, pues la vendetta que debía llevar por vengado y vengador al solitario jubilado --presente en la sala como público-- contrasta con una posición de extraña venganza de Bankia y FROB contra los consejeros black.

Veladamente, los abogados de los acusados ponen sobre la mesa una cuestión de cierta enjundia que orbita por la sala: ¿por qué preocupan tanto a Bankia y al FROB las tarjetas black? 

Los puntos esgrimidos 

La Fiscalía y la acusación (FROB y Bankia principalmente) lo tienen claro, y así lo han mantenido hasta el final: pesa sobre ellos la acusación de apropiación indebida y delito fiscal, por los gastos asociados a las tarjetas black, esos 12 millones de euros que fueron a parar al agujero de Bankia. Por ello, esgrime la acusación, estos gastos tienen relación con los ajustes y esfuerzos de miles de millones de recortes públicos que se agravaron tras aceptar el préstamo europeo de 100.000 millones, destinado a salvar a las Cajas de Ahorro, y especialmente a Bankia, entidad que presentó las mayores pérdidas de la historia del sector. 

Los acusados tratan de defenderse, arguyendo que el posible daño patrimonial por el gasto de las tarjetas es de la heredera, la Fundación Caja Madrid, y no de Bankia, que está carente de “legitimidad activa” y sin “vela en este entierro” según un letrado, por no existir ni FROB ni Bankia cuando se dieron los hechos. Pero el fiscal Luzón zanjó este miércoles que “no es que FROB y Bankia tengan vela en este entierro”, “la tienen todos los españoles, no sé si en un entierro, pero sí en un funeral. El FROB –órgano del Estado para gestionar el rescate de la banca con dinero público-- encarna los intereses económicos de todos los españoles, y la Fiscalía va a velar por los intereses del FROB  y de los españoles”. 

Paralelamente a las acusaciones formales, los nuevos gestores de Bankia tratan de poner de manifiesto que, si hay diferencia entre Caja Madrid y Bankia esta no es formal, nominal o jurídica, sino moral. Algo que anunciaba ese día en la radio el único consejero que no aceptó el uso de estas tarjetas, Francisco Servando Verdú Pons, procedente del consejo de BBVA y fichado como consejero delegado de Bankia por Rato, que declaraba: “Antes de ello he sido directivo en Banco Vizcaya, en BBV, en Argentaria, en Banca March, y yo no puedo usar una tarjeta sin límite de gastos ni justificaciones”. Y proseguía: “Y ya tengo mi tarjeta para mis gastos de representación”. Quedaba así invalidado el argumento del complemento salarial y de gastos de representación, mientras ponía un cortafuegos entre la caja y la banca.

La defensa ha tratado de confrontar las acusaciones de FROB y Bankia con diversos argumentos: defender la prescripción de los delitos, cuestionar la legitimidad de las imputaciones, denunciar vulneración del derecho a la intimidad por la utilización de los correos de Blesa como prueba y cuestionar la validez de la hoja de Excel de gastos proporcionada por Bankia. En cuanto a la primera línea, los letrados tratan de fijar en cinco y no en 10 los años para la prescripción, basándose en dictámenes como el de César Alierta en el caso Tabacalera. En el segundo caso, se alude a la condición de Bankia como ilegítima sucesora de Caja Madrid. En cuanto a los correos, denuncian que afectan a la intimidad (sexualidad, vida privada), vulnerando la ley de protección de datos y principios constitucionales elementales. Y, por último, según la defensa, los datos de la hoja de Excel no son exhaustivos y no coinciden en muchos casos con los gastos realizados, por lo que niegan su validez como prueba.

Bankia no es Caja Madrid, pero ¿qué es Caja Madrid?

En general, las disquisiciones de acusación y acusados se centran básicamente en un punto: Caja Madrid no es Bankia, y por tanto las cuentas relativas a las tarjetas de crédito opacas no pertenecen a Bankia, sino a la Fundación Caja Madrid y Monte de Piedad. El presupuesto de partida se asienta sobre el golpe de mano que dio el FROB en Bankia, adquiriendo “ilegítimamente” documentos y activos de Caja Madrid (como el mobiliario y el edificio de la sede), que no incluían en ningún momento las cuentas 6.192,02 y 6.651, asociadas a las tarjetas black del consejo de administración. Más allá, se ha defendido que la cuenta, denominada “mayo 1988”, va más allá de la presidencia de Blesa, en concreto a la de Jaime Terceiro Lomba, el predecesor de Blesa, nombrado por el PSOE. Como prueba del vínculo está el presunto cerebro del entramado, Ildefonso Sánchez Barcoj, que entró en Bankia como mano derecha de Terceiro, manteniéndose con Blesa y luego con Rato. Varios letrados han pedido su comparecencia. 

Por otro, se pone en duda la fórmula que utilizó el FROB para adquirir Bankia y desplazar a Caja Madrid, convirtiendo la inyección del FROB en Bankia de 2010 en acciones convertibles por valor del 100% de las acciones de FBA, tenedora del 45% de las acciones de Bankia. Desde ese momento, las cajas agrupadas en Bankia carecen de activos, excepto, como esgrime la defensa, los de aquellas cuentas asociadas a la junta directiva, que pagaba rigurosamente Caja Madrid. 

¿Dos grupos diferenciados? La historia entre Bankia-BFA y BBVA

La cuestión de la identidad de Bankia no es baladí. Más, cuando Bankia y, por tanto, la acusación en el caso de las tarjetas black está promovida por exconsejeros del BBVA. Tres de los miembros de la entidad, el presidente, el consejero delegado y el único consejero ejecutivo, son ex del BBVA, y lo más importante, están vinculados a una clase pudiente rival, una saga de banqueros que se formalizaron como grupo en 1856 (veinte años después de la creación de las cajas de ahorro), tras concluir el monopolio sobre la emisión y el crédito que tenía el Banco de España, constituyéndose en los únicos banqueros que lograron mantener la libertad de emisión de dinero en España hasta el retorno al monopolio con la Restauración en 1878. 

La rivalidad entre hermanos ha sido tal que, antes de la desaparición de las cajas, se repartían la mitad del pastel del negocio de las hipotecas y los depósitos entre bancos y cajas de ahorros casi por igual. El sueño de las Cajas duraría hasta diciembre de 2012, momento en que se impone desde Bruselas la fórmula del Banco S.A. para captar capital, que procederá en su totalidad de fondos de inversión estadounidenses que ejercen como principales accionistas de los antiguos y los nuevos bancos.

Volviendo a la estirpe de los banqueros vascos --asociados al clan de Neguri y al BBVA--, se puede decir que resistieron la Restauración, la República y la dictadura pero sucumbieron a la Casa Aznar, que tumbó su liderazgo en el Banco, quitando de la presidencia a los Ybarra-Churruca y poniendo a su amigo González, y forzando a dimitir al resto del consejo. Todo sucedió en otro polémico caso, el caso pensiones black del BBVA, en el que dos de los que hoy se sientan en el banquillo, Rodríguez Ponga y Rodrigo Rato, en el momento de estallar el caso ocupaban los cargos de secretario de Estado de Hacienda y ministro de Economía, respectivamente. Hoy son acusados, entonces fueron indirectos promotores de la caza de brujas contra los poderosos negurianos Ybarra y Goirigolzarri, o los dos consejeros afines a Carlos Solchaga, José Aureliano Recio y Óscar Fanjul, el primer presidente de Repsol. 

Jersey, 2002

Para entender este juicio, que tiene múltiples aristas, merece la pena remontarse a otro caso black en el sector financiero: el descubrimiento de una cuenta black en Jersey en 2002, en la que el juez Baltasar Garzón descubrió que se ocultaban al fisco las pensiones millonarias del consejo de administración del BBVA, unos 18 millones de dólares (unos 16 millones de euros, solo cuatro millones más que la cuantía asociada al uso de las black). Hay que considerar que el Banco Bilbao Vizcaya se había fusionado en 1999 con la banca pública Argentaria, por lo que el caso fue un escándalo de grandes proporciones. 

Para rizar el rizo, se descubrió un entramado para el pago de comisiones camufladas como préstamos por parte del banco, que incluyó financiar la campaña del mismísimo Hugo Chávez en Venezuela (dos pagos por valor de 3 millones), o la de Alberto Fujimori en Perú, que acabó recibiendo a cambio el Banco Continental, privatizado por Fujimori en 1995. Entonces esas operaciones las supervisaba el joven José Ignacio Goirigolzarri, como responsable del BBV en Latinoamérica y miembro del comité de dirección.  

Ante Garzón, el ahora presidente de Bankia declaró que “las contribuciones a las que he hecho referencia se realizaron con cargo a los mismos y no, como yo siempre había creído, con cargo a la contabilidad del banco”. Se refería a que desconocía que aquel dinero procedía de la cuenta de Jersey. Finalmente no fue imputado por Garzón, tampoco Estanislao Rodríguez Ponga, y fue el único con apellido vasco que sobrevivió al desembarco del grupo de Aznar. Goirigolzarri salió del BBVA en 2009 cobrando  una polémica pensión de 52,49 millones de euros, a tres millones por año.

Designios del destino, Goirigolzarri es nombrado el 9 de mayo 2012  sustituto de Rato en la presidencia de Bankia ante las presiones que recibía el Gobierno, avisado en sucesivas ocasiones del riesgo sistémico que suponía la maltratada entidad, advertencias que venían del exfeudo de Rato, el FMI, sólo unas semanas antes de su sustitución.  

Ese mayo, el FROB, que controlaba el 45% de la cotizada Bankia, decidió la conversión de los 4.465 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en capital del BFA, haciéndose con el 100% de esta, desplazando así a las cajas de BFA.

La caída en desgracia: los correos de Blesa y Rato

Simona Levi, portavoz de 15MPaRato, cuenta durante el juicio de las black que una fuente anónima les envió en diciembre de 2013 al buzón de la Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X los correos corporativos de Rato y Blesa, y cómo reenviaron a El Mundo y a eldiario.es, haciendo así público y notorio el proceder de Caja Madrid y las complejas redes de favores y productos que fabricó Blesa para mantenerse: desde las preferentes a la financiación de empresarios de Miami amigos de Aznar. Fue el mismo año en que Gorigolzarri anunció unas pérdidas de Bankia por 19.193 millones, pidiendo más ayudas públicas.

Uno de los correos hizo saltar las alarmas, ya que confesaba la existencia de unas tarjetas corporativas invisibles al fisco, “Black”. A partir de ahí, Bankia inicia una investigación que culmina con el envío a la Fiscalía de las cuentas de las tarjetas. La filtración de los correos se atribuyó al juez Elpidio Silva, que investigaba entonces operaciones de Blesa, y que acabaría apartado de la carrera judicial, gracias a una querella de Aznar y de un testigo que le acusó de filtrarlos además de practicar magia negra. 

Al vapuleo público y mediático a Rato se sumó el espaldarazo del PP, que dio de baja a los 12 militantes de las tarjetas black en octubre de 2014. El 17 de abril de 2015, Rato era detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, en una operación que dio lugar a la famosa foto del policía acompañando el movimiento del exministro al entrar al coche. En 2016 el juez Andreu descubrió el entramado de sociedades que utilizaba para cobrar las consultorías a Telefónica de años anteriores. Eso, entendió Rato, no podía ser otra cosa karma, y fue a refugiarse en marzo de este año al templo budista de Pedreguer en Alicante. Era evidente que aquello era incomprensible con tantos amigos en el poder. 

Lo explica Simona Levi, portavoz de 15MpaRato, asociación que ejerce de acusación particular en la causa por la salida a Bolsa: “Hay un antes y un después en el que el Gobierno empieza a apretar con los correos, dejando que lo publique hasta El Mundo”.

El pantanal del PSOE y el juicio mediático de las tarjetas black son terreno propicio para seguir operando. Tanto es así que desde el FROB han aprovechado la ocasión para anunciar que empiezan los contactos para fusionar dos de las entidades participadas por dicha institución pública, Bankia y BMN. Teniendo en cuenta que el Estado da por perdidos los 36.000 millones invertidos en los rescates, cabe preguntarse, tal y como se hacen muchos letrados en el juicio, por qué el FROB y Bankia se afanan en recuperar aquellos 12 millones de euros procedentes de las tarjetas black. Pero seamos sinceros; después de todo, parten con ventaja, ya que ha quedado claro que no somos capaces de distinguir las víctimas de los verdugos.