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Hola. Parlament de Catalunya. A estas horas de la mañana del jueves se tendrían que estar votando las resoluciones del Pleno de Política General. Unas 16. Pero varias nombran la bicha/el referéndum, por lo que se ha parado el pleno, mientras la Mesa discute si las somete a voto o no. Recuerden que el TC declaró inconstitucional que este Parlament emitiera sobre ese tema --cualquier cosa, se supone, porque no ha emitido ninguna ley al respecto--, escasos segundos después de lo del 9N. En el interín, mientras me fumo media Vuelta Abajo en un patio del Parlament, les explico lo que ha dado de sí la cosa referéndum durante el pleno. Poco, pero con alguna variación escenográfica.

Resumiendo: JxS y CUP han hecho una resolución, refrendando la propuesta de referéndum anunciada por Puigdemont la pasada semana. Básicamente, hacer un referéndum pactado, antes del verano. En caso contrario, uno bilateral en septiembre. En esos chistes consiste el nuevo Procés. CSQEP --otro lío catalán; sorry; serían Los Comunes sin Comunes; una formulación de las izquierdas post15M realizada antes de que se empezara a formular En Comú Podem; para este pleno, el Grupo Parlamentario ha apostado por oradores Podem-- propone una resolución por un referéndum pactado, o amparado en el reconocimiento internacional. Hay no obstante, más resoluciones que abordan el tema territorial. PSC propone una reforma constitucional federal, y hasta cierto punto C's y PP han presentado también cacharros que proponen diálogo en torno a la financiación.

Lo que nos lleva, vamos, al palabro referéndum. ¿Es realizable? Juzguen ustedes. Hay dos accesos al referéndum. Pactado y unilateral. Ya escribí un articulete sobre las posibilidades de un referéndum pactado. Básicamente, ninguna, en ausencia de voluntad política. Es decir, ninguna. Con todas las letras. Quién hable de referéndum pactado y no tenga una nueva idea, o una nueva idea de presión, no está diciendo, por tanto, nada. ¿Es realizable, por lo contrario, un referéndum unilateral? Con los datos que nos ofrecen los políticos promotores, tampoco. Un referéndum sin ningún tipo de amparo estatal o internacional, se puede hacer. Pero de la misma manera que se puede hacer una paella colectiva y, luego, limpiar los platos con sólo tres gotas de Fairy. Incluso, de realizarse --el referéndum, no la paella--, podría disfrutar, más o menos, de las condiciones que establece el Congreso de Venecia --el ISO UE de las consultas-- para realizar consultas. Salvo que los partidarios del NO quieran participar en una consulta en la que no ganan nada y pueden perder mucho. Lo que es una dificultad que desarticula el todo. No se puede fundar, o dejar de hacerlo, un Estado a través de una consulta gaseosa y opinable.

Otra dificultad, también llamativa, para un referéndum unilateral, es la ausencia de voluntad de desobediencia por parte de la Gene. Para realizar un referéndum unilateral es necesario, en todo caso, hacerlo. Es decir, una autoridad que desobedezca al Estado y un montón de funcionarios --los que participan en unas elecciones, desde el dire de colegio que abre las puertas del colegio electoral, hasta la poli, pasando por todos los funcionarios implicados en la estructura y el recuento de un proceso--, dispuestos a ejercer la desobediencia y exponerse a un castigo más severo que el que recibiría un político en ese trance, que suele ser la inhabilitación.

La desobediencia es algo que no se produjo en la consulta de 2014 y que, pese a la ingente obra del TC --o quizás gracias a ella, no se lo pierdan--, tampoco se está produciendo. De hecho, desde 2012, las diversas formas que ha ido adquiriendo el Procés se han ido dibujando para evitar la desobediencia --el referéndum de ahora, de hecho, nace para evitar una declaración de independencia anunciada en campaña--, un delito que, incluso, no han reivindicado los cuatro cargos de la Gene empurados -ya son cinco; no se lo pierdan, insisto-, que en todo momento se han declarado inocentes, y han evitado, con ello, el engorro internacional para el Estado que significaría que varias altas autoridades catalanas abanderaran una desobediencia territorial en un juicio.

Es difícil confiar en la apuesta por la desobediencia del staff Procés en 2017, cuando no la hizo en 2014 por la consulta, cuando no empezó a hacerla en 2012, con el Procés y, más aún, cuando no la hizo desde 2010, en defensa de la Democracia y el Bienestar. Que se dice rápido.

Lo de la desobediencia es importante. Ante las opciones de diálogo del Estado --ninguna--, la desobediencia es el único valor político del Procés. Es decir, la existencia de desobediencia es lo que determina que exista Procés. No existe desobediencia. Por lo que a mi me sale que no existe Procés. Bueno, sí existe, como todo en el Procés, bajo la forma de su promesa futura. 

Y, puestos a hablar de desobediencia, ¿en qué consistiría una desobediencia política efectiva? Llevo varios meses hablando con diversos juristas y activistas del independentismo no procesista, una tradición tan minoritaria como antes del Procés, me temo. La desobediencia, al parecer, sólo podría ser efectiva, y no folklórica, a través de la fiscalidad, a través del impago al Estado. Hubo la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de ello cuando, hace un par de temporadas, se abrió la posibilidad de no realizar el pago de IRPF al Estado. Los ciudadanos que así lo quisieran, podrían ingresar el monto que les tocaba pagar de IRPF en una cuenta de la Agència Tributària Catalana, que sería quien protagonizara y tendría responsabilidad de desobediencia. En 2015, sólo lo hicieron 178 ciudadanos, a quién desde aquí saludo, felicito y pago una copa. Esa cifra escasa es un indicativo de que la Generalitat no apostó, informativamente, por esa vía. De hecho, devolvió los pagos a Hacienda con puntualidad. Y, quizás, un indicativo también de la voluntad de desobediencia del consumidor de Processisme, más proclive a leer o escuchar sobre discursos épicos y chachis sobre desobediencia en los medios y/o instituciones, que a ejercerla. 

Hay, no obstante, otra posibilidad de desobediencia fiscal, más efectiva y que no afectaría al ciudadano, sino a la Generalitat. Es decir, a su valentía. Sería el sello de que se ha cruzado el Rubicón, y de que los políticos que ocupan la Gene tienen, en efecto, un proyecto y una voluntad al respecto. Consistiría en la desobediencia fiscal de la Generalitat en su sentido mas amplio. Es decir, de todas las instancias de la Gene con CIF. Ese impago, se calcula, sería de unos 5000 millones de euros al año. Una cantidad suficiente como para que el Estado quiera negociar --o reprimir, que es la otra opción del Estado-- desde un primer momento. Es decir, una cantidad suficiente como para hacer peligrar el pago de deuda, por lo que Europa obligaría al Estado a negociar --o, snif, a reprimir-- con celeridad. Pegas. Con esa presión es más fácil negociar el Estado propio que el referéndum, que es la demanda del 80% de la ciudadanía. Quizás, el hecho de que esa desobediencia fiscal no se haya producido indica, en todo caso, que el staff CDC y ERC no está por la independencia -es decir, por el conflicto-, ni por la desobediencia. Lo que dibujaría el Procés --tachán-tachán-- como todo lo contrario a ella. Es más, como un proceso de obediencia gubernamental y cuyo objetivo primario es la obediencia ciudadana en un fin de Régimen, en una de las sociedades peninsulares más abierta a la posibilidad de conflicto político, conflicto político que se estaba perfilando con vehemencia desde 2011, hasta que llegó el Procés y mandó parar.

Rayos, comunican del Parlament que la Mesa ha aprobado las votaciones, con el voto de JxS y CSQEP. Será a las 17.00. En eso, sucede algo que lo cambia todo. O lo confirma. Aterriza la noticia de que el TC pide a la Fiscalía que trate de empurar a Carme Forcadell por, precisamente, desobediencia.

Leo el auto. En efecto, el TC pide a la Fiscalía que, tras "deducir testimonio de particulares", "si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente". Vamos, que Carme Forcadell, Presi de Parlament, queda empurada por lo penal, en efecto.

¿Es el esperado momento de la desobediencia pendiente, anunciado por el Processisme desde 2012? Llamo a Joan Queralt, catedrático de Dret Penal en la UB. Me explica que, en efecto, la cosa es por lo penal, y que los delitos serían, probáblemente, desobediencia y prevaricación. No entrañan pena carcelaria, sino inhabilitación a cargo público, pena que, cada día, cumple, por otra parte, el grueso de la sociedad. Pero Queralt me ofrece, por el mismo precio, unas meditaciones importantes. A saber: "el TC, ni con este auto, ni con ningún auto anterior sobre el tema, ha utilizado la palabra orden u ordenar". Es decir, al contrario de lo que pasa con el grueso de ciudadanos a los que les llega un auto de, pongamos, desahucio, ni a Forcadell, ni a ninguno de los The Consultettes, se les ha ordenado o conminado abandonar el inmueble o, en este caso, se les ha ordenado nada. Sin ordenes, vamos, no hay desobediencia. Queralt se explica: "El TC sabe lo que es. Es un tribunal extraño, diferente al resto de tribunales. No ha recurrido en este auto, o en los anteriores, a su reforma. Encarga a un fiscal que investigue". Vamos, que está vigilando su (lo que le queda de) prestigio. Está evitando erosionarse. Sabe, de alguna manera, que un problema político no se soluciona por la vía penal, por lo que no la protagoniza -podría, tras su reforma-, ni siquiera la potencia -evita ordenar nada a ninguna autoridad catalana-. Quizás todo ello explica un TC presionado políticamente, que de alguna manera hace lo que le dicen, pero no cómo se lo dicen. Puede costar creerlo, pero podría ser más radical y crear más conflicto, algo que evita, con la elisión de ordenar en sus autos, y con el traslado del marrón a fiscalía.

A las 16:30 Forcadell comparece y hace una declaración. No dice nada. Básicamente, dice lo mismo que los otros cargos empurados por lo mismo. Niega que haya incurrido en desobediencia -vamos, vuelve a renunciar a radicalizar el conflicto-, y utiliza la fórmula cursi-poética de Mas en ese trace: "lo volvería a hacer". Zzzzzz. El servicio militar en España finalizó, por cierto, cuando un número indeterminado de jóvenes, a menudo no coordinado, fue a juicio y se autoinculpó del delito de insumisión, exponiéndose a condenas de 2 a 4 años. O, lo que es lo mismo, el servicio militar en España acabó cuando supuso tener, pongamos, 30.000 presos políticos en España. Ese ejemplo, y su comparación con la declaración de Forcadell & The Consultettes, ayuda a entender, en fin, lo que es desobediencia democrática al Estado. Algo que hoy no se ha vuelto a producir. El TC ha sembrado la posibilidad de que no ocurra. También ha evitado plantear delitos que lleven directamente a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pesetas. Forcadell, a su vez, no se ha autoinculpado, algo que hubiera enviado al garete los esfuerzos del TC, y hubiera planteado un conflicto político king-size. Y, así, since 2012/ sáquenme de aquí.

Bueno. Votaciones. Novedades. La reforma federal, defendida por PSC, y tan verosímil como el referéndum, pactado o no, sólo la vota el PSC. La cosa referéndum pactado + referéndum unilateral, de JxS y CUP, la vota JxS y CUP. La resolución mas votada es, no obstante, de CSQEP -pro-referéndum pactado-, que recibió el apoyo de JxS. Para orientarnos sobre el carácter efectivo de estas resoluciones, se debe señalar que también se ganó otra contra el TTIP. 

Quizás todo esto ilustra que el referéndum pactado está ganando más enteros que el unilateral. Que el Procés puede encontrar su pista de aterrizaje -tan deseada, al parecer por su staff- en un referéndum pactado. Irrealizable, épico y rentable en tanto se somete a propaganda. Y que Els Comuns, cuando lleguen a esta cámara -más pronto que tarde, por cierto-, pueden liarse con otro Procés -es decir, con otra espiral de propaganda-, que consistiría en el referéndum pactado eterno. 

Desde criterios democráticos, es preciso acabar con el Procés, ese proceso infinito de omisión de políticas y de emisión de no desobediencia, de no buscar una solución efectiva, y de gestionar electoralmente y propagandísticamente un paisaje sin solución, en el que ni TC ni Gene quieren otra cosa que tablas. Por ello, sería una mala noticia que En Comú no aportara una solución, y se sumara, al no aportarla, al marco que gestiona CDC, y con el que está prolongando su vida. El Procés es la estabilidad en Catalunya, vamos. Quién se suma a él, desaparece.

¿Cómo se hace eso? Ni idea. ¿Cómo se hace que el futuro En Comú entre en otro Procés eterno y propagandístico, que se llamaría Referéndum Pactado? Muy fácil. Escenificando que, o estás por el Procés, o estás por el TC. Hay medios y periodistas del Règim necesarios para hacerlo. 

Debe de haber un marco, más próximo al referéndum y, por lo mismo, alejado del Procés y del TC. Es decir, un marco de fin de Régimen, de ruptura. ¿Cuál es? Ni idea. Yo soy periodista, no político. Y ese es el huevo de Colón. Huevo de Colón: jamás ha habido un momento de estancamiento de cambios tal en España. Sí, hubo la Restauración, y el Franquismo. Pero incluso en esas noches eternas, siempre se supo donde estaban las teclas para el cambio, y diversas maneras de accionarlas. Hoy, por lo visto, se desconoce la ubicación del teclado e, incluso, de los dedos con el que accionarlo. El Procés, en ese sentido, no ha aportado ninguna pista. El Procés gubernamental ha sido -es- un aplazamiento de lo que anuncia.

Desde 2011, se vive en España una crisis de fin de Régimen de catálogo. Los tramos de la crisis descomunal española de Democracia y Bienestar transcurren, me temo, en Europa. En el interior transcurre la calderilla política -temas como la corrupción-, y un temazo que podría significar el fin efectivo del Régimen. O su mantenimiento. El tema territorial. Si la nueva política renuncia al conflicto, renuncia a intentar una nueva estrategia política o una nueva presión -algo tentador, cuando tienes una mani anual de dos millones de personas que, encima, te reiría la gracia-, es que, definitivamente, no va a haber cambios.