---------------------------------
CTXT necesita la ayuda de sus lectores para seguir siendo un medio radicalmente libre e independiente. ¿Nos echas un cable?

Mensual : €6,00 EUR - mensualmente Anual : €60,00 EUR - anualmente Estudiante Mensual : €3,00 EUR - mensualmente Estudiante Anual : €30,00 EUR - anualmente

-------------------------------

Hace unas pocas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona anunció su propósito de lanzar en 2017 una prueba piloto sobre moneda social en la que participará un millar de familias del Eje Besós, una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Esta moneda social será digital y su propósito será, en palabras de sus impulsores, favorecer “la activación social y económica del mercado local”. En función de los resultados, se planteará su implantación en toda Barcelona en 2019. 

Tras el anuncio, nuestros comentaristas más liberales no tardaron en lanzarse a criticar la propuesta, agitando a menudo el repertorio de fantasmas habituales. Se trajo a colación desde la Ley de Gresham (como si Ada Colau fuera una sátrapa romana empeñada en devaluar el sestercio) hasta la hiperinflación de Zimbabwe pasando por las inevitables referencias a Venezuela. El País incluyó en el titular de su noticia al respecto una referencia a la supuesta desaprobación del Banco de España hacia la medida; si a tan emérita e infalible institución la cosa no le gustaba, la cosa no podía ser buena, venía a decir.

Los agitados contra la propuesta olvidan que las transacciones en moneda local representan el 2% del PIB de Suiza

Pero estos y otros “hombres de paja” agitados contra la propuesta (Juan Torres hizo un muy buen análisis de ellos) olvidaban que las monedas locales se utilizan no en Caracas o La Habana, sino en ciudades tan “respetables” como Nantes, Toulouse o Bristol; olvidan que las transacciones en moneda local (el Wir) representan el 2% del PIB de Suiza; y olvidan que en Estados Unidos ha habido casi un centenar de iniciativas similares (volveremos más tarde sobre ellas). A todo este guirigay contribuyó sin duda una estrategia de comunicación poco diestra del consistorio barcelonés que no dejó claro desde el principio si se estaba proponiendo una moneda avant la lettre o una simple puesta en circulación de IOUs, es decir, de deuda que el ayuntamiento usaría para pagar salarios o hacer transferencias y que recordaban demasiado a la funesta experiencia de los “patacones” en Argentina. 

Afortunadamente, hace solo unos días Lluís Torrens, director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, salió al trapo y publicó un muy interesante artículo en el que además de explicar, hasta donde se puede en esta etapa inicial, en qué consistirá esta moneda social, explicaba de forma muy didáctica las tipologías y características habituales de estas iniciativas. Así que una vez pasados los días de desinformación, y pinchado el globo de la indignación barata, podemos evaluar sin apriorismos y desde la economía la propuesta de una moneda social en Barcelona. Para los que no quieran detenerse a leer o lleven prisa puedo avanzarles mi conclusión, que es similar a la de Tim Harford al respecto: no veo que la medida vaya a tener muchos costes pero tampoco muchos beneficios, al menos en el ámbito “social,” entre los menos favorecidos. 

Queda por aclarar si la transformación de laies en euros llevará algún tipo de comisión y si la moneda tendrá una tasa de oxidación

Gracias a la excelente descripción de Torrens sabemos que la moneda que se plantea probar en Barcelona será digital y de circuito cerrado. Es decir, como ocurre con la Bristol Pound (que no es digital), se podrá comprar con ella en los comercios adheridos al sistema. Estos comercios asimismo podrán pagar a sus proveedores que también estén adheridos e incluso abonar con ella parte de los salarios de sus trabajadores que así lo quieran. La moneda se introducirá, como ha sucedido en otras ciudades, mediante una compra del ayuntamiento (en este caso financiada con los fondos del proyecto europeo Urban Innovative Action). Es decir, el consistorio depositará en una cuenta un importe en euros idéntico al importe de laies (que es así como llamaré a este nuevo dinero en honor al nombre íbero de la región barcelonesa), que estarán así respaldados con moneda de curso legal. Como explica Torrens en su artículo, los beneficiarios de distintos tipos de rentas de garantía de ingresos podrán, a cambio de “realizar diferentes políticas de inclusión social (formación-ocupación, empresa social, acciones para la  comunidad, reforma de la vivienda para permitir alquilar habitaciones, etc.),” cobrar parte de ellas en esta “moneda social.” Quedan por establecer o aclarar dos elementos importantes: primero, si la transformación de laies en euros llevará algún tipo de comisión, que suele introducirse para estabilizar la masa de la moneda local, y si la moneda tendrá una tasa de oxidación, es decir, si podrá perder parte o todo su valor cuando haya transcurrido un tiempo desde la última transacción realizada con ella. Esta tasa se utiliza para aumentar la velocidad de circulación de la moneda local. 

Después de esta –discúlpenme si ha sido larga-- introducción podemos pasar a evaluar los efectos económicos de la propuesta. Empecemos por suponer que no hay entrada adicional de esta moneda debido a ayudas o garantías de renta sino que simplemente se sustituye parte de la masa de euros de la ciudad por laies. Después analizaremos qué sucedería al relajar este supuesto. 

Van a ser el pequeño comercio y las transacciones locales quienes se beneficiarán de esta moneda

Existen dos elementos que debemos combinar. Primero, cuántos y qué tipo de comercios se adherirán al circuito. Torrens habla en su artículo de impulsar el comercio de proximidad y las relaciones de proveedor “de kilómetro 0”. Es cierto que resulta difícil creer que las grandes superficies querrán aceptar que una parte de su caja diaria sea en esta moneda, menos aún si hay comisión por cambio al euro: sus proveedores no son locales y sus trabajadores pueden provenir de otros barrios (si hablamos de la prueba piloto en el Besós) o de fuera de Barcelona (si se implanta a nivel de toda la ciudad). Por tanto va a ser el pequeño comercio y las transacciones locales quienes se beneficiarán de esta moneda. Por supuesto, si aumenta el valor de la actividad local esta será en detrimento de otra, es decir, de la actividad en establecimientos no adheridos. 

Es aquí donde llegamos al segundo elemento: si la cantidad de dinero local que los consumidores y empresas tendrán en sus bolsillos será inframarginal o no. Es decir, si será inferior a la cantidad que ya gastan en los comercios o proveedores que se adherirán al circuito. Si la cantidad de laies no es inframarginal, los consumidores redirigirán sus transacciones a los establecimientos donde puedan usar esa moneda y que suponemos que serán de proximidad. En el caso de la prueba piloto o en el de ciudades pequeñas como Santa Coloma de Gramanet (donde se lanzará una moneda similar) esto es más probable. En cambio, si la moneda operara a nivel de toda Barcelona es más probable que la cantidad de laies sea inframarginal, especialmente en el caso de personas con rentas medias o bajas y empresas pequeñas, cuyo patrón de consumo es de corte más local y cuya demanda de bienes importados (o de fuera del circuito) es menor. 

Que estas rentas conlleven aparejada una cierta obligación de ser gastadas a nivel local las hacen más aceptables para la población y menos costosas políticamente 

Supongamos ahora que se añaden laies a la masa monetaria en Barcelona a través de (una parte de) las rentas de garantía de ingreso o de gasto público social. La pregunta clave es si no sería una idea mejor otorgar estas ayudas solo en euros. La respuesta es conocida: la canalización del gasto social es atractiva al gobernante porque le permite alcanzar sus objetivos pero no lo es para los perceptores, que en este caso preferirían cobrar en euros porque no están atados a ningún patrón de consumo ni se oxidan. La razón para pagar en laies es probablemente política: en una época tan propicia como la nuestra a la demonización de los perceptores de subsidios y ayudas sociales, que estas rentas conlleven aparejada una cierta obligación de ser gastadas a nivel local las hacen más aceptables para la población en general y menos costosas políticamente. 

Terminemos haciendo un balance. Creo que los beneficios de las monedas locales existen y son menos difíciles de medir de lo que se cree: Por ejemplo, sabemos que el valor de los inmuebles está correlado con el nivel de actividad comercial “de proximidad”. Que el pequeño comercio cuente con una base leal de clientes puede acolcharles de shock negativos que, como hemos visto en la reciente crisis, pueden restringir severamente su acceso al crédito. Pero sería tonto negar que la mayoría de los potenciales beneficios de esta moneda local –un mayor sentido de comunidad, más solidaridad, más cercanía-- parecen nebulosos desde una perspectiva puramente económica. Esto puede hacer que los despreciemos o los consideraremos de segundo orden. Y sin embargo tenemos un nombre para ellos: capital social. Un mayor volumen de transacciones y relaciones locales puede contribuir a aumentar el capital social que, como sabemos, es positivo para el desarrollo económico. 

En cuanto a los costes o los espejismos de la medida: el evidente es que se está apostando por un modelo específico de ciudad que –ahí no me meteré-- puede tener sus desventajas (el capital social también tiene un reverso tenebroso). En segundo lugar, aunque el Cobi pueda fomentar la prestación de servicios entre particulares (que podrían encontrar en él un medio de pago tan conveniente como el uso de Swish en Suecia), cuesta creer que este aumento de actividad local pueda tener un efecto positivo relevante sobre el empleo local. De hecho, y pese a que se le llame “moneda social”, no hay en el artículo de Torrens una sola mención a que este nuevo dinero vaya a servir para reducir la pobreza o a aumentar el bienestar de los hogares de renta baja. También existe evidencia que muestra que aunque las monedas locales en Estados Unidos tienden a emerger en municipios de renta más baja, y mayor pobreza y desempleo, pero se mantienen en los de población más joven y educada. Por tanto es posible que no llegue a ser adoptada de forma estable por aquellos a los que se dirige. En cuanto a sus costes no debemos desdeñar los asociados a la  administración y gestión de la moneda y sus cuentas asociadas, que en el caso de Bristol no son desdeñables: Unos 50p por cada libra inyectada en el sistema. Otro problema es el de quiénes serán los beneficiarios del trasvase de transacciones que se producirá. Creo que esta crítica que se ha hecho a la propuesta barcelonesa sí está bien dirigida: sería deseable que no se limitara (o dirigiera) desde el consistorio qué establecimientos podrán adherirse para asegurarnos de que no se está beneficiando a grupos concretos y “cercanos.”

----------------------------------------------------------------------------- 

Santiago Sánchez-Pagés es profesor en el Departamento de Economía de la Universitat de Barcelona.