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No le faltaba razón a Peret cuando decía aquello de que Barcelona tiene poder. Concretamente, un poder de seducción que el año pasado atrajo a unos 30 millones de visitantes entre turistas, excursionistas (personas que viven en poblaciones o regiones cercanas a Barcelona y acuden a la ciudad por ocio, o bien turistas que se alojan en poblaciones cercanas y visitan la capital sin pernoctar) y cruceristas, según una estimación de la Universitat de Girona sobre la que el consistorio barcelonés está elaborando su Plan Estratégico de Turismo 2020.

Este plan, cuya aprobación está prevista a principios del año que viene aunque todavía no hay establecida una fecha concreta, tiene como finalidad determinar de qué manera se debe desarrollar la actividad turística en la ciudad para que siga siendo una importante fuente de ingresos sin que eso represente un perjuicio para los barceloneses. 

Según la Encuesta de Servicios Municipales 2015 elaborada por el consistorio, el turismo es el cuarto problema más grave que tiene Barcelona, por detrás del paro y las condiciones de trabajo, la inseguridad y la limpieza. En algunos barrios, como el Gótico, la Barceloneta o l'Antiga Esquerra de l’Eixample, los vecinos lo ven como el primer problema. Además, el 43,1% de los encuestados considera que la ciudad está llegando al límite en la capacidad para dar servicio a los turistas, aunque un 52,8% opina que Barcelona debe seguir atrayendo más turistas.  

 Por otra parte, el 91,5% de los encuestados admite que el turismo es beneficioso para la ciudad. En 2015, Catalunya recaudó 43 millones en concepto de tasa turística, de los cuales 23, más de la mitad, los recaudó Barcelona, si bien la ciudad sólo se queda con el 50% de esta cantidad. Y un estudio del Ayuntamiento, la Diputación y Barcelona Turisme con datos del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat cifra en hasta 142.715 el número de trabajadores en el sector turístico en el cuarto trimestre de 2015, cuando el total de la población ocupada en la ciudad era de 681.400 personas.  Para el consistorio se trata, pues, de encontrar un equilibrio entre mantener a la gallina de los huevos de oro y evitar que, campando a sus anchas, acabe con todo el granero. 

El turismo es el cuarto problema más grave que tiene Barcelona, por detrás del paro y las condiciones de trabajo, la inseguridad y la limpieza

 Moratoria y pisos turísticos

Una de las primeras –y más polémicas– medidas que adoptó el equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú) fue la de decretar una moratoria para la concesión de licencias a los alojamientos turísticos, ya fueran hoteles, albergues o viviendas de uso turístico, en toda la ciudad. El objetivo era estudiar un plan de turismo y urbanismo sostenible que frenara la congestión de determinadas zonas de la ciudad y evitara o moderara la gentrificación y la subida de los pisos del alquiler, frenara la masificación del turismo y salvara a Barcelona de ser como Venecia.

La mayoría de hoteleros y fondos de inversión se echaron las manos a la cabeza por la imagen de inseguridad jurídica que proyectaba esa decisión de cara al exterior, y porque consideraban que atacaba a todo el sector por igual en vez de centrarse en perseguir los pisos turísticos ilegales y a plataformas como Airbnb, a quienes acusan de competencia desleal. 

Sin embargo, para aquellos que ya tenían licencias de actividad, la moratoria ha sido un buen negocio. Según un estudio de la consultora PwC, la moratoria y eventos internacionales como el Mobile World Congress harán que el ingreso medio diario por habitación (ADR por sus siglas en inglés) en 2017 sea de 135 euros, mientras que en 2015 fue de 125, y que la RevPar – el índice que mide los ingresos por habitación disponible – sea de 103, cuando en 2015 fue de 94. La ocupación hotelera en 2015 y 2016 fue del 75%, y está previsto que aumente al 76% el próximo año.  

Por otra, parte, el Ayuntamiento ha declarado abiertamente la guerra a los pisos turísticos ilegales y a las plataformas que anuncian pisos turísticos sin licencia. La semana pasada, sin ir más lejos, el consistorio anunció una nueva multa a Airbnb y HomeAway, esta vez de 600.000 euros, por reincidir en la publicación en sus webs de pisos sin número de licencia, una sanción considerada muy grave por la Ley de Turismo de Cataluña. Es la máxima sanción que se puede imponer por este tipo de delito. 

El desencuentro entre el ayuntamiento y estas plataformas empieza a finales de 2015, cuando el consistorio les multa por no facilitar información sobre pisos que aparecen en sus páginas web sin un número de licencia visible. Tanto Airbnb como HomeAway señalan, por una parte, que como plataformas albergadoras de datos que no intervienen en la fijación de precios no tienen obligación de comprobar que los pisos que se anuncian tienen autorización para operar como pisos turísticos. Por otra parte, defienden que proporcionar esa información violaría la Ley de Protección de Datos. 

El Ayuntamiento ha declarado abiertamente la guerra a los pisos turísticos ilegales y a las plataformas que anuncian pisos turísticos sin licencia

Jordi Bacaria, presidente de la sección de derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen del Colegio de Abogados de Barcelona y fundador de Global Legal Data, señala que “hay una ley que habilita o ampara al ayuntamiento a pedir los datos con finalidades de inspección de aquellos propietarios de los que no consta que tengan licencia”. Concretamente, el artículo 80bis de la Ley de Turismo de Catalunya, sobre la obligación de información, dice que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a proporcionar a los inspectores de turismo toda clase de datos, información, antecedentes y justificantes con trascendencia turística relacionada con el cumplimiento de sus propias obligaciones turísticas o deducidas de sus relaciones económicas o profesionales con otras personas obligadas. Y cita, en particular, a “los intermediarios y cualquier persona que intervenga en la publicidad, el ofrecimiento o la mediación de un servicio o actividad turística”.

Además de Airbnb y HomeAway, el Ayuntamiento indica que también están en trámite sanciones de 30.000 euros a otras nueve plataformas (Housetrip, 9flats, Wimdu, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, Tripadvisor, Niumba y Rent4days) que no atendieron los requerimientos de información. 

El director de Comunicación y Relaciones Públicas de Airbnb en España y Portugal, Andreu Castellano, señala otro problema: los particulares que alquilan su vivienda total o parcialmente de forma ocasional están en un limbo legal. "Lo que Airbnb reclama es una regulación que permita que los particulares puedan alquilar el propio hogar, un marco legal para los particulares distinto al de los profesionales”, señala. En otros países y ciudades existe un límite diario: en Holanda, por ejemplo, ese límite es de 60 días; en París, de 120 días; y en Londres, de 90.  En este sentido, Castellanos defiende que Airbnb “es parte de la solución a muchos de los retos que se plantean las ciudades y las administraciones”, ya que “empodera directamente al ciudadano y reparte los beneficios del turismo y los visitantes más allá de las zonas turísticas habituales, consiguiendo que lleguen a las familias y los comercios”. 

Respecto a la multa del ayuntamiento, afirma que “es una decisión triste y Airbnb apelará”. La capital catalana es la única ciudad que ha multado a la plataforma. “Barcelona camina por el lado contrario que la mayoría de ciudades en Europa y en el mundo”, indica. El Ayuntamiento de Barcelona, “a diferencia de muchas otras ciudades, no ha demostrado un interés real en explorar un diálogo constructivo con Airbnb en los últimos meses”, comenta Castellano, aunque añade que en la última reunión, celebrada hace poco más de un mes, el consistorio se comprometió a mantener un diálogo abierto. 

Los particulares que alquilan su vivienda total o parcialmente de forma ocasional están en un limbo legal

Desde HomeAway, señalan también que Barcelona es la única ciudad con la que tienen un contencioso-administrativo y que recurrirán la sanción si finalmente se les impone, igual que recurrieron la primera. “Obligamos a cualquier persona que se dé de alta a afirmar que cumplen con la legislación, pero no es nuestra responsabilidad comprobar que tienen licencia”, insisten. 

“No nos piden datos agregados que sí podríamos dar; no ven en nosotros un aliado para saber cómo se está desarrollando la oferta, el tipo de usuario, de dónde vienen. Aún no nos han preguntado ni el perfil de los propietarios y viajeros: atraemos familias y parejas, gama media-alta”, explican desde HomeAway. 

El regidor de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, rechaza que el consistorio no haya mantenido reuniones abiertas con todas las plataformas, igual que con otros agentes del sector. 

Entre las fórmulas que propone el Plan Estratégico de Turismo 2020, está  plantear que las viviendas de uso turístico puedan tener un marco impositivo propio

Colom señala que, entre las fórmulas que propone el Plan Estratégico de Turismo 2020, está  plantear que las viviendas de uso turístico puedan tener un marco impositivo propio. “El uso de la vivienda a cambio de una prestación económica lo cambia todo; la propiedad tiene una fiscalidad adecuada a la vivienda como residencia, pero si se hace un uso como actividad económica, se tendría que estudiar, porque el IBI de una residencia y de un local son diferentes”.

Otra forma de compensar el impacto del turismo sobre la ciudad que se estudiará es la de incrementar las tasas. “En Barcelona la tasa turística está en la banda baja, en comparación con otras ciudades, y creemos que hay margen”, indica Colom. “Hemos planteado dos posibilidades: que la Generalitat aumente el gravamen de la tasa turística que corresponde a Barcelona, o que habilite en la ley la posibilidad de que el ayuntamiento pueda imponer un gravamen sobre el turismo”. 

Mientras, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), cuya aprobación se espera que suceda “en los primeros meses del año”, prohíbe otorgar nuevas licencias a los pisos turísticos, aunque se reduzca el número de licencias actuales porque algún propietario dé de baja el inmueble.  

Por otra parte, la Generalitat prepara cambios: una modificación legislativa que regule el alquiler de habitaciones y una subida en la tasa turística que pagan las viviendas de uso turístico. Actualmente, quienes se alojan en estas propiedades pagan 0,65 euros por noche si se encuentran en la ciudad de Barcelona, y 0,45 euros si están fuera. La ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 prevé aumentar a 0,90 euros la noche en los pisos turísticos en toda Catalunya menos Barcelona, donde pagarían 2,25 euros la noche, lo mismo que los hoteles de cinco estrellas, gran lujo y campings de lujo.