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Atarfe –18.092 habitantes en 2016 según el INE, área metropolitana de Granada– era, durante la primera década de este siglo, la envidia de la provincia y el emblema del desarrollo urbanístico en la provincia. Ciudad dormitorio de la vecina ciudad nazarí, aspirante a residencial de lujo para jubilados extranjeros y con una plaza de toros reconvertida en coliseo que le robaba los conciertos tanto de Alejandro Sanz como de Leonard Cohen a Sevilla y a Málaga cuando estos bajaban a Andalucía. Su alcalde entre 1991 y 2009, Víctor Sánchez, era uno de esos regidores del PSOE que en la región se eternizaban desde los 80 o primeros 90 empalmando mayorías absolutas como sin querer, con cierto prestigio en la zona. Hasta que llegaron, casi a la vez, la crisis y las denuncias, claro.

El proyecto estrella de Atarfe era la urbanización Medina Elvira, residencial de lujo con campo de golf aledaño

El proyecto estrella de Atarfe era la urbanización Medina Elvira, residencial de lujo con campo de golf aledaño que llenaba de cuadernillos de publicidad las páginas centrales de los periódicos locales. De 3.500 viviendas planificadas, sólo se iniciaron las obras de 990, se terminaron 430 y llegaron a tener propietario apenas 45. Durante varios años no hubo luz en las farolas porque la urbanización no estaba recepcionada por el ayuntamiento, y para retirar las aguas fecales los propietarios tenían que recurrir a contratar camiones cisterna. 

Ha dado lugar a dos casos judiciales, Medina Elvira I –donde los implicados fueron absueltos y que se encuentra recurrido en el Supremo– y Medina Elvira II –pendiente de juicio oral–: uno por la construcción por encima de lo que estaba permitido y en suelo protegido por motivos medioambientales y otro por dar la licencia de primera ocupación cuando todavía no estaba la obra terminada y las viviendas funcionaban con agua y luz de obra.

Pero al menos Medina Elvira es una urbanización ‘fantasma’ en la que virtualmente no vive nadie. La misma situación, pero con las viviendas habitadas, la denuncia la Asociación de Propietarios Plaza de Toros de Atarfe, que reúne a representantes de unas 70 familias del barrio aledaño a dicha plaza, terminado en 2009 y cuyas casas empezaron a entregarse y venderse sin tener licencias de primera ocupación ni estar recepcionadas las obras. Esto quiere decir que el barrio, legalmente, no existe, y el ayuntamiento, primero con PSOE-IU –pero sin Víctor Sánchez– y ahora con Por Atarfe Sí (PASI) –marca local de Podemos–, ha tenido que lidiar con todo tipo de problemas legales simplemente para poder enviar servicios de limpieza a la zona.

Los primeros propietarios recibieron sus viviendas con luz y agua de obra, tras serles vendidas como una zona ‘de lujo’ dentro del municipio

Calles sin asfaltar, arquetas abiertas, aceras inacabadas sin iluminación porque técnicamente ‘no existen’ y no pueden tener farolas, parcelas que siguen siendo escombreras de una obra de hace seis años y una potencia eléctrica inadecuada que hace que a los vecinos les salte el automático una vez por semana como mínimo. Porque, de hecho, los primeros propietarios recibieron sus viviendas con luz y agua de obra, tras serles vendidas como una zona ‘de lujo’ dentro del municipio. “Pagamos el IBI más alto de Atarfe pero no hay ni barrenderos, porque el barrio no está dado de alta y el ayuntamiento, legalmente, no los puede mandar. Ponen a gente de la bolsa de trabajo a barrer, pero no al servicio de limpieza municipal”, explica una vecina. 

En 2015 Atarfe obtuvo su propio ‘gobierno del cambio’ en minoría, Por Atarfe Sí, que con 6 ediles de 17 se mantiene por la incapacidad del resto de partidos para ponerse de acuerdo entre ellos. Dos auditorías, una urbanística y otra económica, afloraron una deuda de entre 60 y 65 millones de euros –para, repetimos, un municipio de 18.000 habitantes– entre proveedores, deuda bancaria y convenios urbanísticos paralizados bien por la crisis, bien por las diferentes denuncias interpuestas en su momento por los afectados o por los dirigentes en anteriores mandatos de PP e IU cuando se encontraban en la oposición –por cierto, hoy todos fuera de sus partidos–.

En paralelo, Atarfe tiene un 28,75 por ciento de desempleo: 2.169 personas están desempleadas de una población activa de 7.543, con un ayuntamiento que está, a efectos prácticos, paralizado por el precio de su propia deuda.

La actual teniente de alcalde, Rosa Félix, ex IU y ahora en PASI, afirma: “Cosas que no pensábamos que fuesen relevantes han acabado siendo las más importantes. Nos hemos encontrado con un ayuntamiento que tiene un tercio del personal que requeriría por tamaño del municipio”. La comparación la hace Félix sin salir del área metropolitana de Granada: el vecino Albolote, misma población que Atarfe, 260 trabajadores municipales; Atarfe, sólo 90. El objetivo es sacar 20 nuevas plazas “pero Hacienda está encima, porque la deuda es la que es. Lo malo es que con ese déficit de personal, cualquier cosa cuesta un mundo. No es poner en orden Urbanismo, es el funcionamiento normal de un ayuntamiento que atienda en ventanilla o tenga limpias las calles”.

El enredo judicial lo provoca el delicado estado de salud del exregidor Víctor Sánchez, hoy fuera del PSOE y de la política, que tiene paralizados al menos seis casos judiciales en los que está personado el ayuntamiento, en ocasiones con el actual equipo de gobierno teniendo que actuar contra la propia institución que preside. La defensa de Sánchez alega que su enfermedad le impide afrontar el estrés de una declaración en juicio oral, por lo que pide que se le aplique el artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el cual no se puede juzgar a pacientes que no se encuentran en plena posesión de sus facultades mentales, lo cual las acusaciones alegan que no es el caso del exalcalde.

Existen al menos dos casos en los que se ha condenado al arquitecto municipal pero no al alcalde al no haber sido juzgado

Se da la paradoja de que existen al menos dos casos en los que se ha condenado al arquitecto municipal pero no al alcalde al no haber sido juzgado: el de un edificio de apartamentos ‘disfrazado’ de residencia de ancianos y otro de viviendas levantadas en suelo industrial. La representación del funcionario ha recurrido ambos casos argumentando que si el exalcalde no es juzgable, no se pueden celebrar los juicios para ningún acusado. Así que la ambigua situación de Sánchez podría incluso librar de condenas ya establecidas al resto de implicados.

El pintoresco expediente judicial atarfeño incluye urbanizaciones sin saneamientos adecuados a las que se les desbordaban las alcantarillas, construcciones dentro del patio de un instituto, expropiaciones ilegales, permisos de urbanización junto a las vías del tren o escuchas de la Guardia Civil al sucesor de Sánchez en la alcaldía, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), a raíz de que apareciese en varias conversaciones de un conocido narcotraficante al que se investigaba por otra causa. Para rematar, los abogados de la actual corporación defienden al ayuntamiento admitiendo todas las ilegalidades de los gobiernos anteriores.

Un muestrario a pequeña escala de casi todos los vicios de la burbuja inmobiliaria y la corrupción que campó a sus anchas por nuestro país, también en el lamentable epílogo: una administración, gobierne quien gobierne, lastrada por la herencia, un pueblo ahogado por el paro y obras inacabadas cuyo daño ya está hecho y sin fácil solución.