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El pasado 6 de enero, día de Reyes, alguien entró en el domicilio del hombre llamado Juan Pablo Lozano, en Murcia. Cuando la familia regresó a casa, descubrió que habían revuelto muebles y cajones, pero no se habían llevado nada.

Que habían entrado en dicho domicilio lo sabían desde el fiscal general hasta el ministro de Justicia. En primer lugar, porque Lozano es fiscal anticorrupción en Murcia. Pero también se sabía porque la noticia apareció en los periódicos y porque el fiscal superior anticorrupción de la región, Manuel López Bernal, hizo llegar la denuncia “a todas las instancias a las que teníamos acceso y obligación de informar”. Entre otras la Fiscalía General del Estado y la Delegación del Gobierno correspondiente.

Investigar a quienes corrompen y son corrompidos consiste en ver pasar monedas con el canto convertido en filo de puñal. Entonces, sucede a veces que los crímenes se conocen, pero nada se mueve.

No era la primera vez que entraban en el domicilio de Juan Pablo Lozano. A mediados de julio de 2016 ya habían allanado esa morada. Entonces se llevaron solo un ordenador. En la máquina, parte de la documentación referente a los casos de corrupción que estaba investigando. También en aquella ocasión la noticia se publicó en los medios de comunicación, de la misma manera que se comunicó a las autoridades pertinentes. Entonces, el fiscal jefe Manuel López Bernal afirmó: “Parece que están mandando un mensaje de que pueden acceder a tu casa y a tu intimidad y a la de tu familia”.

No era la primera vez que entraban en el domicilio de Juan Pablo Lozano. A mediados de julio de 2016 ya habían allanado esa morada

Este crimen se conocía, por duplicado, pero nada había sucedido. Hasta que el jueves pasado, día 23 de febrero, el fiscal López Bernal, el mismo que había hablado de “un mensaje” tras el robo en casa de su compañero, volvió a desgranarlo con su obstinada serenidad en la Cadena Ser: “Lo que no puede ser es que al final los perseguidos seamos los fiscales que luchamos contra la corrupción, por delante de los corruptos”. Entonces, todo el mundo pareció darse cuenta de que en el aire flotaban las monedas a punto de caer. Y caerían de filo, no de canto. Hay crímenes que solo se conocen efectivamente cuando se puede echar mano de ellos.

“Fiscales perseguidos”

No sorprende, en este caso, que quienes se dedican al crimen y la corrupción utilicen métodos mafiosos para amedrentar a quienes les investigan. Alguien, en la radio, la mañana del jueves, pronunció las palabras “la Mafia de los años 20”. El fiscal anticorrupción López Bernal repitió “la Mafia de los años 20”, y todo estaba dicho. Lo que asombra es el silencio institucional que ha reinado hasta ahora en torno a las coacciones, atropellos o amenazas que sufren los fiscales. Y la falta de respuesta.

Pero el autor de la denuncia pública, López Bernal, azote contra la corrupción en Murcia, hace un par de días que ya no está en su cargo. Ni él, ni quien era su superior al frente de la Fiscalía Anticorrupción española, Antonio Salinas.

Salinas ha sido sustituido por Manuel Moix, el único de los siete candidatos al puesto sin experiencia alguna en anticorrupción

Salinas ha sido sustituido por Manuel Moix, el único de los siete candidatos al puesto sin experiencia alguna en anticorrupción. A dicho “mérito” se suman su intento de archivar el caso de espionaje con fondos públicos en la Comunidad de Madrid y el de frenar la publicación de los llamados Correos de Blesa, entre otros. A López Bernal le cesó el pasado miércoles 22 el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, precisamente cuando se encontraba en plena investigación de diversos casos de corrupción que salpican al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

No son los únicos fiscales que han caído esta semana, también han echado al progresista Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Los medios lo han llamado “la purga”, y parece que, como los crímenes que permanecen callados, esto también se sabía hace tiempo.

“Gravedad extrema”

El ministro de Justicia del actual Gobierno conservador, Rafael Catalá, se caracteriza por su locuacidad y la soltura con la que opina sobre las decisiones que toman o incluso están a punto de tomar los jueces. Resulta muy improbable que ignorara, entre otras agresiones a los fiscales anticorrupción, el robo del ordenador de Juan Pablo Lozano y los repetidos allanamientos de morada que ha sufrido.

Sin embargo, preguntado Catalá por la nueva denuncia pública de Manuel López Bernal, ese mismo miércoles tardó apenas un par de horas en responder que debería haberlo denunciado antes. Lo denunció, pero el ministro decidió no darse por enterado: “Si cualquier fiscal considera que tiene alguna limitación a su autonomía, tiene cauces internos para ponerlo de manifiesto ante la Fiscalía y por lo tanto garantizar su completa autonomía en el ejercicio de sus funciones. Y si considera el Fiscal Superior de Murcia que tiene algún problema para el ejercicio de sus responsabilidades, debería quizás haberlo puesto en conocimiento anteriormente de la Fiscalía General para ser tutelado en sus derechos”.

Alrededor de 500 kilómetros al norte, en la sede de la Fiscalía de Medioambiente de Galicia, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) recibió las palabras del ministro con el desagrado que habitualmente le suponen este tipo de declaraciones. Álvaro García Ortiz, con sus gafas redondas de fina montura metálica, acostumbra a insistir en que los fiscales trabajan para los ciudadanos, jamás para tal o cual gobierno. El miércoles probablemente pensó lo mismo que declara hoy al teléfono:

–La respuesta del ministro es inadecuada. Tú nunca le dices a una víctima de violencia, y es algo que nosotros vemos a diario, “usted lo que tiene que hacer es denunciar”. No. Nunca le debes hacer un reproche a una víctima. Lo que tienes que hacer es ampararla, y darle un espacio para que eso que le ha ocurrido no le vuelva a ocurrir ni a ella ni a su entorno. Eso es lo que tenía que haber hecho el ministro, decir “esto es un problema, vamos a atajarlo”.

–Es algo locuaz, Catalá.

–El problema del ministro es que tiene esa manía de comentar todo lo que ocurre en la Justicia, como si fuera un comentarista judicial. Y además se pone siempre en términos de confrontación. ¿Por qué tiene que confrontar el ministro con Bernal? Es absurdo. Tiene que poner los medios, decir que el ministerio y todos los medios públicos están a disposición de este servidor del Estado para que no se sienta como ha manifestado que se siente. Punto.

Uno de los problemas es que las cosas no suelen suceder así, y cuando le has visto el filo a la moneda, puede ocurrir que en cada esquina haya un afilador. El propio presidente de la UPF ha denunciado de nuevo que el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, Miguel Ángel Subirán, lleva tres años sufriendo tal grado de persecución –entradas en su casa, amenazas, empujones, acorralamiento, acoso a su familia…– que ha llegado a pedir permiso de armas. Y tres años parecen mucho tiempo para que el asunto no se haya atajado. Lozano, en Murcia, y Subirán, en Palma, son ejemplos, pero no los únicos.

El fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, Miguel Ángel Subirán, lleva tres años sufriendo tal grado de persecución que ha llegado a pedir permiso de armas

El magistrado y miembro de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch se ha convertido en una de las voces más destacadas en denunciar los problemas a la hora de investigar y juzgar la corrupción política en España. Responde por escrito: “Estas presiones no son habituales. Pero es cierto que sí existen en situaciones de cierta relevancia pública. Su gravedad es extrema, porque buscan alterar la actuación de un organismo como el Ministerio Fiscal, que está obligado a reclamar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Por ello, el allanamiento del domicilio de un fiscal debería implicar un gran esfuerzo de investigación para que no quede impune”.

“Investigación”

“El allanamiento del domicilio de un fiscal debería implicar un gran esfuerzo de investigación para que no quede impune”, decía Bosch. Al otro lado de la línea, la portavoz de la Policía Nacional de Murcia, de nombre Piedad, trata de zafarse de la llamada en la que se le pregunta acerca de la investigación sobre los dos ataques sufridos por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano en julio de 2016 y el pasado día de Reyes.

–Claro que se investigó. Esta persona lo denunció casi un mes después de que los hechos sucediesen. Se hizo la investigación oportuna, se vio cómo se había accedido a la vivienda y el modus operandi que podría haber llevado al interior. No había prácticamente nada revuelto y no se habían llevado nada. Pero no se sabe la autoría.

–¿No se llegó a ninguna conclusión clara?

–A ninguna.

–Pero Lozano sufrió dos allanamientos de morada, uno en julio y otro el pasado 6 de enero.

–No recuerdo… Sí… Es posible, pero no lo recuerdo exactamente. Pero es posible, sí. Entonces… no sé si en el primero llamó y en el segundo tardó en llamar y se presentó un mes después… o algo así.

–Según tengo entendido, en el segundo no robaron nada, pero en contra de lo que usted afirma, la casa sí estaba desordenada. Y en el primero robaron su ordenador. ¿Insiste usted en que no se llevaron nada?

–Pues no me acuerdo ahora mismo. Posteriormente hemos tenido muchos casos aquí de robo y es posible que se llevasen el ordenador, no me acuerdo.

–Robar en casa de un fiscal anticorrupción y llevarse solo el ordenador no parece un robo común, de esos que hay tantos como usted dice.

–Sí, pero es que a lo mejor no sabían que era fiscal anticorrupción (Ríe).

–Mujer, si no se llevaron más que el ordenador y no robaron ninguno de los objetos de valor que había en la casa…

–No tengo claro que se llevasen el ordenador, la verdad.

–Le digo que sí se llevaron el ordenador y fue denunciado.

–Pues ahora mismo no hay nadie detenido por esos hechos. Sé que se llevó a cabo una investigación, pero no puedo darle más datos de la misma.

–Pues si le parece bien y tiene tiempo, se informa y me llama cuando tenga más datos.

El teléfono suena exactamente 50 minutos después. Es Piedad.

–De lo que me has pedido, poca cosa te puedo decir, pero sí es verdad que hubo efectivamente dos robos, uno en verano y otro recientemente, a principio de año. En julio se llevaron un ordenador y dejaron toda la casa revuelta. Y este último también entraron, pero no se llevaron absolutamente nada, aunque la casa estaba también revuelta. Vamos, que ni siquiera se llevaron documentación que él tenía allí. Y la investigación no establece que hayan sido las mismas personas, ni nada de nada.

–¿No creen que puedan haber sido las mismas personas o con la misma intención?

–No hemos podido establecer una relación.

–Sin embargo, parece que el hecho de que en ambas entradas lo revuelvan todo y solo se lleven de casa de un fiscal el ordenador, ni objetos de valor ni…

–Es que ¡no sabemos exactamente lo que había en la casa! Sé que había documentación allí y no se la llevaron, ¿vale?

–Insisto, en un domicilio suele haber objetos de valor que no se llevaron.

–No se llevaron nada. Solo en el primer caso el ordenador. Y en el segundo nada, aunque estaba toda la casa revuelta.

–Y eso podría indicar que no son ladrones comunes. ¿Se ha investig…

–Pues puede indicarlo, pero esas suposiciones las tienen que hacer ustedes.

Más o menos a la misma hora que la portavoz Piedad toreaba al otro lado de la línea la anterior conversación, este viernes, el delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís de Querol, afirmaba que él nada sabía de denuncias sobre presiones o coacciones por parte de la fiscalía anticorrupción de su región. “Me remito a las palabras del ministro de Justicia y no tengo nada más que comentar. He tenido durante este tiempo muchas conversaciones con el fiscal superior saliente, pero no ha habido ninguna denuncia en la delegación del Gobierno relativa a esas supuestas presiones o coacciones que dice que ha podido sufrir”. Acto seguido, tal y como dejaba caer Piedad, apuntaba la posibilidad de que los allanamientos de morada sufridos por el fiscal Lozano, el desbarajuste de cajones y estantes sin robo, fuera un asunto de delincuencia común.

Por si faltaba algún pronunciamiento, prácticamente a la misma hora, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, añadía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Yo creo que las declaraciones de unos y de otros tienen que tener contención. Los fiscales muchas veces dicen, con razón, que se les presiona, o que hay una presión mediática sobre ellos. Creo que si saben de alguna conducta delictiva o de algún tipo de presión lo que tienen que hacer es denunciarlo o ponerlo en conocimiento por escrito de la fiscalía”.

“¿En qué barco estamos?”

En la última semana, la Fiscalía General ha sustituido al fiscal anticorrupción por el único candidato al puesto sin experiencia en el ámbito; el ministro de Justicia ha criticado al fiscal anticorrupción de Murcia por denunciar coacciones, al que acababan de cesar mientras investigaba por corrupción al presidente de su Comunidad; se han hecho públicas agresiones, amenazas y coacciones a los fiscales anticorrupción que, pese a ser conocidas, las instituciones parecían o habían decidido ignorar; se ha llevado a cabo lo que muchos consideran una “purga” en el ministerio fiscal: y como guinda, el delegado de Gobierno en Murcia ha declarado que los allanamientos de la morada de un investigador de la corrupción de cuyo domicilio no se ha sustraído nada más que un ordenador apuntan a un caso de delincuencia común.

El delegado de Gobierno en Murcia ha declarado que los allanamientos de la morada de un investigador de la corrupción de cuyo domicilio no se ha sustraído nada más que un ordenador apuntan a un caso de delincuencia común

“Los fiscales anticorrupción son muy molestos para los políticos contra los que se dirigen sus actuaciones”, reconoce el magistrado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Se trata de profesionales de gran solvencia jurídica y su papel ha sido determinante en la lucha contra la corrupción. A partir de ahí, los fiscales pueden encontrar todo tipo de dificultades en su labor, como ha denunciado López Bernal”.

Las dificultades suponen un escollo. Pero más preocupante es la falta de respuesta por parte de las instituciones a las que los fiscales pertenecen. O sea, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia. “En el caso de López Bernal, sorprende que la respuesta no haya sido: ‘No se trata de una persona sola, somos una institución y vamos a respaldar a nuestra gente”, lamenta García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales. Considera que las instituciones deberían haber cerrado filas con alguien que denuncia lo que denunció el destituido fiscal de Murcia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido la contraria. “Eso provoca una desazón. ¿En qué barco estamos? Los problemas se resuelven apartando a las personas, lo que se hace es quitarlos de en medio”, denuncia. “El mensaje es durísimo”.

La alarmante consecuencia de todo ello es que cada vez resulta más difícil encontrar fiscales que se quieran dedicar a la lucha contra la corrupción, precisamente en un momento en el que se ha convertido en el charco negro donde boquea sin crédito la política española. “En el último concurso hubo problemas para cubrir las plazas”, lamenta el presidente de los fiscales progresistas. “Ahora mismo no es atractivo ser fiscal anticorrupción para los fiscales”.

Las monedas puñal que flotan sobre los fiscales anticorrupción han comenzado a caer, y no precisamente contra sus cabezas. Los crímenes de los que nadie se da por enterado, de repente un día, en la voz terca de un hombre apartado, mueven el aire. Y quién sabe qué ponen en marcha.