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La democracia española ha conocido siete leyes educativas distintas hasta la fecha. La primera data de 1970, con Franco aún en el sillón: se llamó Ley General de Educación, estuvo dos décadas vigente, y es la que estableció la escolarización obligatoria hasta los 14 años (con la EGB, el BUP y todos esos acrónimos que todavía perduraron hasta casi el final de siglo). La última, de 2013, se denominó Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): conocida también como Ley Wert en honor al ministro que ofició su alumbramiento, cuenta como principal mérito el haber batido a todas sus predecesoras en materia de contestación social, hasta el punto de conseguir algo inédito: que todos los grupos políticos y estamentos interesados se hayan tenido que sentar a negociar, con la presunta intención de alcanzar por enésima vez (octava en realidad) un rumbo nuevo, pero consensuado y perdurable esta vez.

Lo cierto es que ha sido el Partido Socialista, por su largo historial de gobierno en democracia, quien más ha influido en el modelaje moderno del sistema

Ley para la mejora, se llama la normativa vigente. Es lo que se supone trataron de conseguir todas las anteriores: mejorar lo que ya había. Resulta por tanto un misterio cómo han sido necesarias tantas leyes, cada vez más cercanas en el tiempo, para tratar de impugnar la anterior, si todas eran para mejorar (siguiendo esa lógica, deberíamos tener ya un sistema educativo rayano en la infalibilidad papal). Varias no llegaron a entrar en vigor, como la propuesta en 1980 por Adolfo Suárez: el PSOE, que llegó al poder dos años después, recurrió varios puntos por ser supuestamente contrarios a la Constitución. También la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, de 2002) de la segunda legislatura de José María Aznar, cuya implantación fue asimismo paralizada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero al ganar las elecciones de 2004.

Lo cierto es que ha sido el Partido Socialista, por su largo historial de gobierno en democracia (más de veinte: 14 años con Felipe González, 7 con Zapatero), quien más ha influido en el modelaje moderno del sistema. Implantó la LODE (en 1985, que dio vía libre a los colegios concertados), la LOGSE (1990; sustituye a la de 1970, estableciendo la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y delegando en las autonomías una parte importante de los contenidos), la LOPEG (1995; contestada por los sindicatos de profesores por ciertos puntos supuestamente privatizadores) y la LOE (2006; la de la polémica Educación para la ciudadanía, cuya implantación restaba horas lectivas a la Lengua y Literatura españolas; permitía pasar de curso con cuatro asignaturas suspendidas).

Con sus luces y sombras, sus puntos mejorables o deleznables, ése era el expediente con que se encontró en 2009 Ángel Gabilondo, catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que también fue rector, y ministro socialista por entonces; seguramente la figura política que con mayor voluntad de consenso y altura de miras ha tratado hasta ahora de alcanzar un gran acuerdo entre todos los agentes con alguna implicación en la materia y en la comunidad educativa.

Pero, “en todo caso, nunca concebimos el pacto como la foto de un amanecer en que saliéramos todos juntos, sino como un compromiso colectivo”, explicó Gabilondo en el Congreso a finales de febrero, como compareciente en la subcomisión del Pacto de Estado Social y Político por la Educación –el órgano parlamentario encargado de comenzar a elaborar el documento–. ¿Qué sería un pacto para el filósofo Ángel Gabilondo? “Frente a una idea de pacto como simple meta”, dijo, “estimo que hay que recuperar la idea del pacto como generador de un espacio. Acordar no es ir a un lugar ya existente, sino que hay que elaborarlo, hay que labrarlo, con mucha dedicación y trabajo”, también con “generosidad e inteligencia práctica”. “Para que un acuerdo sea posible” conviene “saber que el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo”.

Los únicos que anunciaron desde el principio que no lo respaldarían fueron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Estudiantes, por querer exclusivamente un pacto por la escuela pública

¿Qué sucedió en 2009? Se elaboró, en primer lugar, un documento de bases en que se diagnosticaba el estado de la educación en España y los retos a confrontar, articulando el trabajo en tres ámbitos: el político (en través del Congreso), el territorial (con las administraciones educativas de cada comunidad autónoma en la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Universidades) y el social (con las organizaciones presentes en el Consejo Escolar del Estado y en el Consejo General de Formación Profesional), alcanzando un primer documento que establecía objetivos “con un consenso muy asentado”, según el exministro.

Fueron “reuniones individuales mantenidas con cada partido político, con cada organización representante de los distintos sectores de la comunidad educativa y de los agentes económicos y sociales donde se pudo perfilar y definir más el proyecto”, tras al menos dos reuniones con cada uno de los agentes para analizar e incorporar aportaciones. 137 encuentros en total, pasando por debates en los diferentes consejos escolares, hasta llegar a un documento en que se indicaban 12 objetivos y 148 acciones que trasladar a cuatro mesas distintas de acción: de la Comunidad Educativa, de Partidos Políticos, de Diálogo Social y de las CC.AA. Se consiguió el acuerdo con los representantes “de todos los sectores de la comunidad educativa, tanto de la pública como de la privada y concertada; con las CC.AA.; con los agentes económicos y sociales (CEOE, CEPYME, FETE y CCOO)”.

Los únicos que anunciaron desde el principio que no lo respaldarían fueron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Estudiantes, por querer exclusivamente un pacto por la escuela pública. “Finalmente, y ya muy a última hora”, dijo Gabilondo, el Partido Popular también desestimó firmarlo. “Ya no tenía sentido proseguir”. El argumento del PP, después de haber conformado un equipo de trabajo codo a codo con el Gobierno –ergo, de haber avanzado bastante terreno en los acuerdos– fue, según dijo entonces María Dolores Cospedal, el “inmovilismo”, que lo que el sistema pedía no eran “meros retoques” sino “una reforma en profundidad” [lo cual sigue siendo el argumento estrella en el Congreso cuando algún partido no quiere apoyar tal o cual propuesta: no se la rechaza por excesiva sino por insuficiente, y así puede quedar la casa sin barrer; no porque uno no quiera limpiar, sino porque es tan limpio que lo que exige es cambiar el suelo. Y si alguien propone cambiar el suelo, se le rechaza por rupturista con el orden constitucional.]

El ‘tsunami’ de los recortes 

Desde que comenzaron las comparecencias por el Pacto de Estado por la Educación, los miembros de cada grupo parlamentario, del PP a ERC, han mostrado, hasta el momento, su rostro más conciliador, respaldando constructivamente las intervenciones de los comparecientes. María Moneo, portavoz popular en la comisión de Educación, ha dicho, refiriéndose a los recortes que ha sufrido esta materia durante los años de gobierno de su partido, que “hay decisiones que se toman más por obligación que por devoción”, y que “hay que reconocer el enorme esfuerzo que se les ha exigido [a los profesores]”. También que están “dispuestos a trabajar” para alcanzar acuerdos con toda la comunidad educativa porque “cualquier pacto sin el profesorado será parcial”.

Lo hizo tras escuchar el pasado 21 de febrero a Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE (Asociación Nacional del Profesorado Estatal). Fernández resumió la situación desde el año 2010 explicando que son más de 8.000 millones de euros lo que se ha dejado de invertir en Educación desde entonces: “Traducido al PIB, se ha pasado de más del 5,1% en 2009 al 4,1% en 2015, añadiendo a ello una continua reducción de oferta de empleo público, al menos desde 2011, que ha supuesto la pérdida de más de 35.000 puestos docentes, a pesar de que hay 300.000 alumnos más en el sistema, con un aumento de la interinidad del 8% a más del 25% actual”. “Debemos sumar otras cuestiones” derivadas, como “el aumento de horas lectivas” de los profesores y “el aumento de la ratio” de alumnos por clase, con lo que ello implica tanto para el rendimiento y la salud de los profesores en su trabajo como para la atención que se le puede prestar a cada estudiante. Hay una buena noticia: se ha reducido a niveles históricos el abandono escolar temprano, aunque se trata de algo directamente relacionable con la tasa de paro juvenil (se quedan más en los institutos porque saben que no tienen trabajo afuera).

Se calcula que en los próximos años, por el gran porcentaje de docentes mayores de 50 años y las consiguientes jubilaciones, en España se necesiten cerca de 700.000 profesores

Fernández destacó algunos puntos clave. Entre ellos, “la vertebración del sistema”. “Que las competencias educativas estén transferidas” a las comunidades autónomas, dijo, “no quiere decir que el Estado no deba garantizar unas enseñanzas básicas comunes” de cara a su cohesión, sobre todo en los tres ejes básicos del currículum (humanidades, ciencias y tecnología). También “priorizar la escuela pública” por haber demostrado ser “un garante de la cohesión social y del principio de igualdad de oportunidades”. Lo cual está directamente relacionado –como todo– con la financiación: “Tenemos que recuperar esta legislatura al menos un 5% del PIB. Si queremos una reforma real, hay que aumentar el presupuesto. Que haya un fondo de cohesión para paliar la solidaridad entre regiones”.

Respecto a la situación del profesorado, ésta “sigue siendo una asignatura pendiente”: “Todas las reformas educativas han puesto el acento en otras cosas, pero no en esto”: algo tan lógico como que “la calidad del sistema educativo no puede ser mayor que la calidad de sus profesores”. La calidad en dos direcciones: tanto del trabajo que prestan, por sus aptitudes y actitudes, como por la calidad de su puesto de trabajo. “Debemos cambiar los mecanismos de selección para atraer a los mejores”, dijo.

Se calcula que en los próximos años, por el gran porcentaje de docentes mayores de 50 años y las consiguientes jubilaciones, en España se necesiten cerca de 700.000 profesores, medio millón de ellos en el sistema público. “El MIR docente es una buena idea: formar, seleccionar y preparar con un práctico” para propiciar “una carrera profesional motivadora que incentive la implicación del profesor y sus buenas prácticas”, con “buena formación y buen salario”, acreditada en el mérito. Al mismo tiempo, consideran necesario un estatuto docente –cuyos beneficios ya parecen notarse en Portugal– que “dignifique” el trabajo del profesor con su reconocimiento como “autoridad pública” a todos los niveles. Es decir, lo contrario de bajarles el sueldo, aumentar excesivamente sus horas lectivas y obligarles a estar más pendientes de rellenar burocracia que de dar clase.

En este sentido, es interesante destacar la intervención del diputado de Esquerra Republicana Joan Olòriz Serra. Licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia y catedrático de Secundaria, Serra apuntó que el sistema funcionarial es el mejor para garantizar “la igualdad mérito-capacidad frente a enchufismos, que abundan”; sin embargo, dijo, convendría que el sistema permita mayores controles del profesorado: “que aquellas personas que no cumplan los objetivos, tengan la oportunidad de rectificar, o de desaparecer del sistema si es reiteradamente constatado que no cumplen ni de lejos el trabajo que hacen”.

Hay que buscar un mecanismo de activa participación, no sólo de consulta; que la educación se sostenga en grandes acuerdos sociales y políticos que permitan una propuesta sostenible

Por parte de los estudiantes, ayer, 2 de marzo, compareció en la comisión Ana García Rubio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), quien denunció que, tras el “tsunami” de recortes del Gobierno de Rajoy, hayan “desaparecido las ayudas a libros de texto, comedores escolares, centros de estudio” e incluso “facultades enteras”; pero sobre todo “la expulsión de 100.000 estudiantes de las aulas universitarias por no haber podido asumir las tasas”. “Se está expulsando a la fuerza” a quienes más dificultades económicas tienen, dijo, “castigados por el sistema de becas” quienes “tienen que estudiar y trabajar a la vez” y por tanto no disponen del mismo tiempo para rendir en los estudios. “Queremos un pacto que derogue la LOMCE”, dijo, y que “establezca un sistema justo para que todos puedan acceder a la educación superior; que se eliminen los regalos de dinero público a la enseñanza privada-concertada, se garantice la gratuidad y se acabe con la masificación” en las aulas.

“Solo quiero recordar”, había dicho días antes Ángel Gabilondo, “que no bastará con los partidos políticos, que hay que contar con los agentes sociales, con toda la comunidad educativa. Esto incluye también a las familias”, además de, “imprescindible también, los profesores”. “Porque no  se trata solamente de hacer un documento que suscribir, al que pudieran hacerse aportaciones o añadir también algunas sugerencias o comentarios, sino que hay que buscar un mecanismo de activa participación, no sólo de consulta; que la educación se sostenga en grandes acuerdos sociales y políticos que permitan una propuesta, esta sí, sostenible, que lo sea también social y políticamente porque sea justa”.

“¿Por qué no hacemos un pacto, por ejemplo, entre calidad y equidad”, se preguntó; “por ejemplo entre igualdad de oportunidades y esfuerzo; por qué no hacemos un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar”. “Por eso”, advirtió, “la privatización y la apropiación de ciertas palabras yo la denuncio: esfuerzo, responsabilidad, eficacia, transparencia. Cuidado con quienes se quieren quedar con esas palabras; son de todos nosotros”.

Las respuestas a todas esas preguntas, a lo largo del próximo año, en el Congreso de los Diputados, tras un proceso de comparecencias que aún se presenta muy largo como para vislumbrar siquiera por dónde irán esos tiros.