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“La hora del pacto salarial”. De este modo titulaba El País uno de sus editoriales del 6 de marzo. Ya en el texto se hace referencia a la política salarial y a la de rentas, como si ambos términos fueran intercambiables, como si significaran lo mismo.

Esta confusión es un clásico y desde hace muchos años está presente tanto en los medios de comunicación como en el discurso político. Antes y ahora, cuando los agentes sociales –sindicatos y patronales-- suscriben un acuerdo en materia salarial se desliza el mensaje de que dicho acuerdo representa la materialización de la política de rentas. Se traslada, igualmente, la idea de que los intereses de las partes convergen en una suerte de pacto social sustentado en la negociación, donde de alguna manera todos ceden y todos ganan.

Para deshacer el equívoco hay que preguntarse si los salarios son la única fuente de ingresos. En absoluto. Los de naturaleza no salarial, esto es, los beneficios, los dividendos abonados a los accionistas, los pagos financieros, las rentas derivadas del patrimonio también cuentan y, por supuesto, están registrados en la contabilidad. El peso de estos ingresos en la renta nacional ha aumentado en las últimas décadas, en España y en la Unión Europea (UE) (ver la figura). En los años de crisis, que ya podemos denominar “década perdida”, esta tendencia se ha hecho todavía más prominente; con la excepción de los primeros años, cuando sobre todo perdieron su empleo los trabajadores con salarios más bajos (contratos temporales y a tiempo parcial), lo que tuvo el “efecto estadístico” de un crecimiento del salario promedio.

¿Política de rentas? No confundamos a la gente, pues sólo ha existido política salarial, que, además, desde que la ideología y los intereses neoliberales impregnan la agenda política y económica del mundo capitalista, ha estado orientada a la contención de los costes laborales, con el objetivo de reducir la inflación y mejorar la competitividad.

¿Política de rentas ahora? Si se entiende por la misma un intento de compartir, con un criterio de equidad, los costes de la crisis, ni existe ni se la espera. Más bien hemos sido testigos de lo contrario. Los intereses de los ricos están a salvo o incluso han salido fortalecidos, ante una fiscalidad francamente regresiva y condescendiente con el fraude, los grandes patrimonios y fortunas, y con paraísos fiscales, dentro de Europa, dispuestos a acoger y proteger sus intereses. El resultado de esa degradación ha sido una fractura social en nuestro país de proporciones históricas: el índice de gini ha crecido en tres puntos porcentuales entre 2007 y 2015, hasta situarse en uno de los más elevados de la Europa comunitaria (34,6 en 2015); en esos años, el número de personas en situación de pobreza o exclusión social ha pasado del 23,3% al 28,6%, y el de trabajadores pobres, desde el 10,2% al 13,2%. Sí, política de rentas, pero marcadamente regresiva.

¿Política salarial? Lo que hemos conocido durante el periodo de crisis es una persistente y profunda degradación de los salarios medios y bajos, con el pretexto de que, a cambio, se crearía empleo, las inversiones se dinamizarían y las empresas ganarían competitividad. Ninguno de estos objetivos se ha alcanzado. La destrucción de puestos de trabajo ha sido masiva y los creados son precarios, la inversión apenas repunta y la presencia en el mercado internacional se debe en buena medida a factores externos. Pero la política de represión salarial sí ha contribuido a la intensificación de la desigualdad, al debilitamiento de los sindicatos y a la mejora de los márgenes empresariales.

Necesitamos una política de rentas, pero no la que los mercados y las políticas de austeridad y de ajuste estructural impulsan. Esa política debe incluir los ingresos no salariales y los salarios percibidos por las élites empresariales. Una verdadera política de rentas tiene que aplicar medidas eficaces encaminadas a dotar de más progresividad al sistema tributario, unificar en la UE los tipos impositivos sobre los beneficios, gravar las transacciones financieras especulativas, luchar contra el fraude, regular la banca en la sombra y prohibir los productos financieros tóxicos y los paraísos fiscales.

Necesitamos una política de rentas, pero no la que los mercados y las políticas de austeridad y de ajuste estructural impulsan

De otro lado, un pacto salarial digno de tal nombre exige que todos los salarios entren en la negociación, también los de los ejecutivos y altos directivos. Porque la brecha salarial no ha dejado de aumentar y, como recuerda a menudo la Organización Internacional del Trabajo, las retribuciones de las élites empresariales se han disparado. Han alcanzado cotas que nada tiene que ver con su productividad, que tan sólo se explican por su estatus privilegiado y el poder que atesoran en el organigrama corporativo. Una política salarial progresista debe poner límites a esas retribuciones, empezando por las empresas del sector público y las que se han beneficiado de los rescates pagados con el dinero de todos. Asimismo, debe garantizar que las remuneraciones de los trabajadores aumenten, las de aquellos que han perdido más capacidad adquisitiva, y recuperar el peso que los salarios tenían en la renta nacional antes de la implosión financiera.

Urge un gran acuerdo social presidido por la equidad, por el principio básico de que tienen que pagar más los que más tienen. Pero la deriva europea, en claro proceso de desintegración, la ocupación de las instituciones por las oligarquías y el rumbo de la política económica --el pack austeridad, reformas estructurales--, apunta justamente en la dirección contraria. Por eso, conviene tener claro –y los sindicatos debieran tomar buena nota de ello-- que sólo será posible avanzar en esa dirección si hay voluntad política –en la actualidad, inexistente-- y si los trabajadores y la ciudadanía se movilizan dentro y fuera de las instituciones.

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Fernando Luengo. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del círculo de Podemos Chamberí