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En primera vuelta el banquero Guillermo Lasso, candidato del partido derechista CREO, cerró su campaña afirmando que crearía “zonas francas de salud”. Una semana después empezó a recular. Habló incluso de gratuidad de los servicios públicos. Aunque sus convicciones privatizadoras no están en duda, exhibía ahí su disposición a decir lo que hiciera falta para llegar al poder. Su relación con la palabra estaba rota. Semejante giro no provino de ninguna súbita toma de conciencia, sino de los efectos de la lucha política reabierta en la segunda vuelta: un sentido común anti-neoliberal, emergido desde la ciudadanía, forzó al candidato a travestir su discurso. En ese reacomodo quedaron dibujadas las fronteras de la disputa electoral que se define el próximo 2 de abril (2-A). Quedaba claro así que en el Ecuador del siglo XXI ya no resulta sencillo hacer una defensa explícita del retorno al libre mercado.

No en vano, al igual que Macri en Argentina o Temer en Brasil, el afán de CREO por quebrar la gestión estatal de los recursos públicos ha sido presentado como parte de la cruzada contra la “corrupción populista”. La arbitrariedad de los gobiernos progresistas con el uso de los fondos públicos contribuyó a dar aires de legitimidad a la falaz ecuación entre combate a la corrupción y recortes de la acción estatal. Hoy, en aquellos países, son evidentes los límites y contradicciones de esa apuesta retórica. No procuran los “neoliberales criollos” el buen uso de los recursos públicos sino que el Estado vuelva a ocupar el rol de puro protector de la acumulación privada. Llaman a esta estrategia “seguridad jurídica” y supone, en lo fundamental, otorgar las condiciones más propicias –cero impuestos, flexibilidad laboral, zonas francas, libre movilidad de capitales-- a las grandes inversiones, a los fondos especulativos, a la posibilidad de mercantilizar los bienes colectivos, a la búsqueda de rentabilidad privada de los recursos de la nación.  

No puede haber concesión alguna con quienes se han apropiado de los dineros del pueblo pero, a la vez, debemos permanecer atentos ante cualquier salida tramposa a semejante problema. La corrupción no se combate debilitando al Estado sino a través de la profundización de la democracia, la vitalidad de los sistemas republicanos de rendición de cuentas y el control radical de la fuga de capitales. Lasso, el astuto, no supo intuir la pervivencia del anti-neoliberalismo en la sociedad ecuatoriana --reflejado en el apoyo de esta a la Consulta Popular sobre los paraísos fiscales-- y no hizo el más mínimo gesto favorable al imperativo de bloquear toda conexión entre el poder político y los refugios fiscales globales. Esta abstención hizo explícita la insuperable paradoja en que se encuentran Lasso y sus allegados cuando buscan identificarse con el discurso del combate a la corrupción.  

La arbitrariedad de los gobiernos progresistas con el uso de los fondos públicos contribuyó a dar aires de legitimidad a la falaz ecuación entre combate a la corrupción y recortes de la acción estatal

Si bien el candidato de Alianza País (AP), Lenin Moreno, a diferencia de CREO, ha sido consistente en su defensa de la ampliación de derechos y del papel regulador del Estado, debe brindar aún más claras señales de cómo aplicará su receta de una “cirugía mayor” a la corrupción. Respecto a este asunto la ciudadanía ha manifestado una posición también clara e inclaudicable: la plena independencia de las instituciones de fiscalización pública así como la participación social autónoma son imperativos para la salud de la República. Una de las grandes deudas del ciclo correísta reposa en la nebulosa impunidad de unos cuantos poderosos. La democratización exige no solo la separación tajante entre poder económico y poder político –por ello, al contrario de lo que sostienen los neo-defensores de Lasso, su proyecto contiene una congénita negación democrática-- sino la plena garantía de que aquellos que acceden al ministerio público no abusarán de su posición para apuntalar negocios y fortunas privadas. Cualquier respuesta ambigua a este respecto no tardará en llevar la indignación popular a las calles.

En este contexto, si bien la papeleta del 2-A no abre alternativas promisorias para la radicalización del cambio social, el Foro de los Comunes[Colectivo de discusión y acción política] sostiene que la segunda vuelta electoral obliga a pensar las condiciones políticas más favorables para sostener las conquistas sociales plasmadas en la aún vigente Constitución. Por un lado, la experiencia histórica de la región evidencia que la movilización popular no puede avanzar cuando se precarizan de modo violento las condiciones de reproducción de la vida social. El proyecto de CREO apunta en esa dirección. Se trata de un modelo de país oligárquico y elitista (el retorno al poder de la gran banca), orientado a la re-concentración de la riqueza (“eliminaré 14 impuestos”) y al recorte de los derechos populares (“el salario real en el Ecuador resta competitividad”). Por otra parte, si bien la promesa des-correízadora de Lenin Moreno contiene no solo el signo de la pacificación de la política (“yo se escuchar, dialogaré con todos”) sino de concesiones a los de arriba (“revisaré el anticipo al impuesto a la renta”), la propuesta de AP sostiene la reivindicación de un Estado social atento a los derechos de las mayorías. No sin bemoles y retrocesos, el carácter popular e inclusivo de la acción pública es uno de los principales legados de la década de gobierno de Rafael Correa. En el ciclo de ajustes por venir cabe esperar que dicha impronta se mantenga. 

Ciertas políticas deben continuar, otras cambiar de sentido. Los impuestos redistributivos, las políticas sociales universalistas y el rol estatal en la recuperación de lo público deben mantenerse, el impulso a la economía popular y solidaria profundizarse, la autonomía del Estado frente a la gran banca radicalizarse, la apuesta por la universidad, la ciencia y la tecnología consolidarse, la procura de la integración latinoamericana reactivarse. El Estado plurinacional y la democracia participativa deben, por otra parte, tomar forma real y contribuir al empoderamiento de los procesos organizativos populares en lugar de sustituirlos por etiquetas vacías que simulan inclusión pero no permiten el aprendizaje del gobierno del pueblo ni la incorporación de las demandas formuladas desde abajo. Los derechos reproductivos de las mujeres y la soberanía sobre sus cuerpos así como el cabal respeto a la diferencia deben entrar en otro horizonte político en el marco de un estado laico y de una sociedad profundamente equitativa en el más amplio sentido del término. El trabajo en cultura ha de ser, en este mismo sentido, un amplio debate público que se ocupe del lugar de la creación cultural en la economía y en la producción de sentidos sociales democráticos. El imperativo de combatir la pobreza no puede ya servir de excusa para proseguir con un extractivismo ciego que atrofia la transformación productiva y es insensible con los derechos de la naturaleza. Por último, y en particular, las condiciones del ejercicio político no deben operar más por la vía la de una conducción vertical ajena a la deliberación con los sujetos políticos e incapaz de reconocer la crítica y el aporte de los movimientos sociales en la disputa por la transformación social. Ni el más elevado respaldo en las urnas es ya suficiente para gobernar sin interpelación política con las organizaciones sociales y el conjunto de la ciudadanía. 

El imperativo de combatir la pobreza no puede ya servir de excusa para proseguir con un extractivismo ciego que atrofia la transformación productiva y es insensible con los derechos de la naturaleza

El llamado al voto por Lenin Moreno el 2-A no es, entonces, ni ingenuo ni un cheque en blanco. Se trata de un apoyo estratégico para evitar la regresión social que suponen las políticas pro-mercado y para diezmar el avance de tal agenda en el conjunto de la región. Solo la derrota electoral de la gran banca ofrece condiciones propicias para que los sectores progresistas, populares y las izquierdas retomen iniciativa hegemónica, vuelvan a la disputa de los espacios políticos en la sociedad y procuren la expansión de las matrices culturales del cambio más allá del sentido común anti-neoliberal. 

En tales coordenadas será imperativo, además, apuntar a la reconstrucción de un amplio frente democrático que haga factible, en el mediano plazo, el relanzamiento de la disputa por una sociedad radicalmente justa, democrática, soberana, respetuosa de la naturaleza, socialista. Dicho espacio de articulación resulta imprescindible en medio de la ofensiva de las élites y los partidos neoliberales. Su impulso no se detendrá sean cuales sean los resultados del 2-A. El campo popular tampoco puede perder vigor luego de esta coyuntura. El electoralismo de la lucha social en la última década ya ocasionó suficientes daños como para volver a reiterar en la intermitencia de la acción política autónoma. La movilización social debe permanecer activa ante cualquier desenlace del balotaje. 

Insistimos: no se trata de un cheque en blanco ni un apoyo ingenuo. La viabilidad de un proyecto de continuidad-con-cambios, como el que promulga Moreno, es inseparable de un vigoroso escenario de diálogo político y cultural, del impulso de políticas que garanticen la máxima participación democrática, y de la conformación de un amplio arco de alianzas políticas y sociales con el conjunto de los sectores democráticos y populares del país.