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Atrapados en Barcelona. La burbuja de los alquileres y las personas ‘sin techo’

La nueva burbuja inmobiliaria está condenando a las personas más golpeadas por la pobreza a una situación de exclusión residencial crónica

Albert Sales / Laura Guijarro 24/04/2017

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¿A quién se le ocurriría relacionar la subida de los precios de los alquileres con la presencia de personas sin techo en las calles? Todo el mundo sabe que nadie se queda en la calle porque le suban el alquiler. De hecho es así: un lanzamiento por impago del alquiler no suele llevar a nadie a dormir en un cajero o en el banco de un parque. De ser así, en Barcelona no habría 900 personas durmiendo en la calle sino muchísimas más.

Sin embargo, no podemos obviar que el contínuo incremento de los precios de los alquileres incide de manera directa e indirecta en la extensión y persistencia del sinhogarismo en todas sus formas. Numerosos estudios realizados durante las dos últimas décadas evidencian que las dificultades para acceder a una vivienda estable aumentan el riesgo de pobreza y de exclusión social. Los precios desorbitados de los alquileres generan una importante extensión de la vulnerabilidad social y más allá del déficit estructural de vivienda asequible, la nueva burbuja inmobiliaria está condenando a las personas más golpeadas por la pobreza a una situación de exclusión residencial crónica.

La nueva burbuja inmobiliaria está condenando a las personas más golpeadas por la pobreza a una situación de exclusión residencial crónica

Ricardo, de unos 50 años de edad, pasó un año y medio durmiendo en la calle. Salió cuando un equipo de educadores sociales le convenció para acceder a un albergue municipal. Después de ocho meses entró en un centro residencial en el que recibió apoyo durante un año y medio para buscar empleo y rehacer su vida. Encontró trabajo de vigilante nocturno y empezó a cobrar un salario de 450 euros mensuales. Tras reunir unos ahorros empezó a buscar un alojamiento que pudiera considerar un hogar. Han pasado siete meses y sigue buscando. Ricardo es una de las muchas personas atendidas en centros para personas sin hogar cuyo empleo no le permite alcanzar una vida autónoma y tomar distancia del apoyo que le prestan los servicios sociales y las entidades no lucrativas.

Tras dos años sin ingresos, María, de 47 años, se quedó en la calle. Dos semanas después dejó su municipio para “buscarse la vida” en Barcelona. Relata que el anonimato de la gran ciudad le hacía menos amargo el trago de tener que acudir a servicios sociales, ONG o parroquias en busca de ayuda. Entró en un albergue en el que le ayudaron a tramitar una renta mínima de inserción (algo menos de 500 euros mensuales). No ha conseguido encontrar otra fuente de ingresos pero su estancia en el centro no puede prolongarse por más tiempo. Con lo que ha conseguido ahorrar está intentando encontrar un alojamiento estable. Mientras tanto vive en un “youth hostel” pagando 15 euros la noche. Afirma que es la cama más barata que ha encontrado en la ciudad. Sigue acudiendo a comedores sociales a diario para “llegar a final de mes”.

A sus 64 años, Francisco cuenta los días para empezar a cobrar una pensión no contributiva. No ha llegado a dormir en la calle. Cuando perdió su vivienda, los servicios sociales le encontraron una plaza en un centro para personas sin hogar. Su salida depende de llegar a la jubilación y cobrar una pensión de 480 euros mensuales. Antes de empezar a buscar habitación era consciente de que la cuantía no le permitiría ningún lujo, pero su desánimo ha ido en aumento desde que ha tomado conciencia de los precios desorbitados que ofrecen los portales especializados de internet. Si quiere seguir en la ciudad sabe que todos sus ingresos se destinarán a no dormir en la calle.

Alcanzar la autonomía personal es uno de los objetivos del trabajo social. Estas tres personas son perfectamente capaces de gestionar su vida cotidiana sin necesidad de apoyo profesional. Gozan de buena salud, han reconstruido una red de relaciones sociales y han logrado cierta estabilidad emocional. Pero aunque su fuente de ingresos es estable, resulta absolutamente insuficiente para sobrevivir en Barcelona, donde una vivienda digna tiene un precio mínimo de 800 euros mensuales, una habitación se paga a 350 euros, y una litera en un albergue para turistas cuesta 15 euros al día.

La inexistencia de viviendas y alojamientos asequibles condenan a Ricardo, María y Francisco a seguir dependiendo de los servicios sociales. Para comer cada día deben ir a un comedor social, para completar sus ingresos deben seguir vinculados a servicios y entidades solicitando pequeñas ayudas económicas y servicios a los que no pueden acceder en el mercado: peluquería, odontología, cambiar las gafas, transporte, ocio…

Es habitual que los centros diseñados para una estancia temporal acaben convirtiéndose en centros de larga estancia, albergando a residentes por períodos superiores a un año y medio

En estas circunstancias y frente a la inestabilidad de sus situaciones residenciales, lo más apropiado parecería prolongar su estancia en centros residenciales o proveer una vivienda definitiva para evitar posibles recaídas. Pero los recursos son limitados y el constante goteo de personas a situaciones de exclusión residencial severa colapsa unos servicios pensados para dar apoyo temporal y proporcionar a las personas atendidas cierta estabilidad para recuperar la autonomía. Es habitual que los centros diseñados para una estancia temporal acaben convirtiéndose en centros de larga estancia, albergando a residentes por períodos superiores a un año y medio. La vulnerabilidad social de algunas personas atendidas y la imposibilidad de acceder a la vivienda hacen que los albergues destinados a personas sin hogar se vean obligados a prolongar la estancia de sus residentes, impidiendo de esta manera la entrada de nuevas personas.

Podría parecer que la racionalidad económica debería llevar a estas personas a huir de Barcelona. Pero abandonar la ciudad supone rupturas que muchas personas no pueden permitirse. Rupturas tan duras como quedarse sin vivienda. Alejarse de la gran ciudad puede facilitar el acceso a viviendas más baratas, pero el diferencial de precios no tiene por qué compensar los gastos añadidos que puede suponer residir lejos de las oportunidades de subempleo que proporciona el sector servicios y la hostelería de Barcelona a las personas con baja formación. ¿Cuánto gastaría en transporte Francisco para acudir a su puesto de trabajo como vigilante nocturno si se desplazara a un municipio con precios más asequibles? ¿A qué distancia de su centro de trabajo debe empezar a buscar para encontrar una vivienda que pueda pagar con su salario de 450 euros al mes?

Para las personas que viven de pensiones no contributivas o de rentas mínimas, mantenerse en la ciudad permite beneficiarse de los servicios que se ofrecen allí exclusivamente. Comedores sociales, centros de día, bibliotecas y centros cívicos… y unos servicios sociales que pueden frenar una posible recaída provocada por problemas sobrevenidos. María ya sabe lo que es dirigirse a los servicios sociales de su pueblo y recibir como respuesta a sus problemas que el municipio no tiene recursos para ella y que lo mejor es buscar apoyo en los servicios sociales barceloneses o en una de las muchas entidades y ONG que trabajan en la capital.

La infravivienda se convierte en la vida en la calle, la entrada en el circuito de atención a las personas sin hogar y el tránsito de albergue en albergue sin perspectivas de acceso a un hogar

Atendiendo únicamente a la racionalidad económica y al equilibrio entre ingresos y precio de la vivienda no está tan claro como pudiera parecer que huir de Barcelona pueda ser viable para las personas más empobrecidas de la ciudad. Pero además, hay poderosas razones que escapan al cálculo monetario que vinculan a las personas a su ciudad y a su barrio. Las situaciones de sinhogarismo extremo se caracterizan por la soledad. Si la frágil red de apoyo de que disponen las personas sin hogar se localiza en las calles de una ciudad, las personas que están rehaciendo sus vidas y reconstruyendo sus relaciones sociales difícilmente estarán dispuestas a abandonar su entorno hacia uno nuevo y desconocido.

Las subidas de precios de los alquileres facilitadas por una legislación que desprotege absolutamente al inquilino generan varios tipos de expulsiones. Una parte cada vez más amplia de la población se ve obligada a dejar su ciudad acelerando procesos de gentrificación y de sustitución de población. Pero hay personas con empleos muy precarios vinculados a los servicios y al turismo que no pueden permitirse una vivienda digna pero tampoco instalarse fuera de la ciudad por el propio coste, en tiempo y dinero, del trayecto diario a su puesto de trabajo. Este segundo grupo engrosa las cifras de población en situaciones de infravivienda. En sus versiones más extremas, la infravivienda se convierte en la vida en la calle, la entrada en el circuito de atención a las personas sin hogar y el tránsito de albergue en albergue sin perspectivas de acceso a un hogar. Una parte de nuestros vecinos y vecinas, con problemáticas derivadas de una larga trayectoria en situaciones de exclusión social, se encuentra en el limbo generado por el efecto atracción de las migajas del dinamismo económico de Barcelona y el efecto expulsión de su mercado de la vivienda.

Según los datos de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona y del Ayuntamiento, se estima que cada noche duermen en las calles de la ciudad más de 900 personas, en los alojamientos y viviendas de la administración municipal y de las organizaciones sociales de la red unas 2.000, y en asentamientos instalados en solares y naves industriales abandonadas alrededor de 400. Aunque resulte extremadamente complicado de cuantificar, a través de diferentes fuentes municipales se estima que unas 12.000 personas viven en condiciones de mal alojamiento o infravivienda en pisos sobreocupados, insalubres o sin suministros, bajo la amenaza inminente de desahucio o lanzamiento, ocupando ilegalmente.

Sin vivienda asequible, sin hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, el sistema de atención a las personas sin hogar se convierte en un callejón sin salida y la gente atendida no deja de crecer transitando entre la calle y los albergues sin poder alcanzar una vida digna y autónoma. 

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Albert Sales es sociólogo y politólogo. Activista e investigador en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Asesor del Ayuntamiento de Barcelona y profesor de la Universidad Pompeu Fabra. @albertsc79

Laura Guijarro es antropóloga. Secretaria técnica de San Juan de Dios Servicios Sociales en Barcelona. Miembro del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Social (GRECS). @lauraguijarroed

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3 comentario(s)

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  1. Chema

    Yo pienso que todo el mundo debería pasar unos meses de su vida sin recursos para entender lo que es sentirse así, y debería ser obligatorio para ejercer la política.

    Hace 4 años 3 meses

  2. Gius

    Con todo el respecto y probable ignorancia: "una vivienda digna a 800 euros mensuales, una habitación a 350 euros, y una litera en un albergue para turistas cuesta 15 euros al día" me suena mejor de lo que oigo a diario: vivienda digna desde 1000 para arriba euros y habitaciones a 500 euros. Y apoyo lo que dice Amelia sobre "pisos sociales compartidos".

    Hace 4 años 5 meses

  3. Amelia collado

    Se puden arbitrar soluciones de pisos compartidos por 3 o 4 personas,puestos en contecto por los servicios sociales, seleccionados entre personas que sean compatibles; se compartirían gastos y con una pequeña ayuda social alimentaia podrían salir adelante con cierta dignidad y además no estarían solos, podrían acompañarse y establecer relaciones

    Hace 4 años 5 meses

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