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El pasado 27 marzo de 2017, la vicepresidenta del Gobierno remitió a la presidenta del Congreso la documentación relativa al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Así, el CETA entraba en el Congreso de los Diputados para ser ratificado, tras su aprobación en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Una vez más, el Gobierno español se apresta a situarse en la vanguardia de los Estados miembros “cumplidores”. Seguimos así una senda claramente marcada por el no cuestionamiento de los designios de la UE: quisimos ser los primeros en votar a favor de aquella Constitución Europea fallida, en 2004; los primeros en reformar nuestra Constitución para limitar nuestra capacidad de endeudarnos y para dar prioridad al pago de la deuda, en 2011; los primeros, sin duda, en aplicar diligentemente y sin protestar las Recomendaciones por País de la UE traducidas en brutales reformas laborales, en 2012; y, de nuevo, los primeros en aprobar sin debate público y desde luego sin referéndum, el acuerdo comercial con Canadá que tantas reticencias está despertando entre los países vecinos, los sindicatos, los movimientos sociales y un cada vez más amplio abanico de partidos políticos. En esta ocasión, empero, se nos ha adelantado la República Checa.

Lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular ha sido, desde el principio, un entusiasta de este acuerdo comercial. No le van a la zaga en el apoyo sin fisuras al CETA (y al TTIP) sus socios de Ciudadanos y el PSOE, los tres partidos conseguirán con sus votos la ratificación del acuerdo, escudados en un mantra que repiten sin cesar a modo de justificación absoluta: “el CETA, y en general el libre comercio, crea empleo”, más aún, incluso se atreven a decir que la liberalización del comercio va a generar, per se,una mejora de las condiciones laborales de los países implicados.

Es cierto que para sostener esta idea los negociadores se han pertrechado bien, financiando distintos informes que avalan resultados optimistas, siempre desde el punto de vista del análisis cuantitativo del empleo

Se acoge así, a modo de acto de fe, uno de los principales argumentos que viene utilizando la Comisión Europea para defender el CETA. Un argumento por cierto nada novedoso, es el mismo que fue en su día utilizado por Clinton para defender el NAFTA (acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México), que esgrimió Obama para promover la negociación del TTIP y que, en términos generales, ha acompañado el argumentario de defensa de la creación de la enorme red de tratados de comercio e inversión hoy en día en vigor o en fase de negociación.

Es cierto que para sostener esta idea los negociadores se han pertrechado bien, financiando distintos informes que avalan resultados optimistas, siempre desde el punto de vista del análisis cuantitativo del empleo. Así, el informe del Centre for Economic Policy Research (CEPR) afirma que la liberalización del comercio y el impulso de la inversión extranjera van a suponer un crecimiento de la economía de la Unión Europea de aproximadamente un 0.5% de su PIB; que los salarios para los trabajadores, cualificados y no cualificados, tenderían a aumentar un 5% y que el número de puestos de trabajo dependiente del comercio podría aumentarse en la UE en “varios millones”. Por su parte, el estudio financiado por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos para el caso español llega a afirmar que “el efecto acumulado durante los cinco primeros años tras la toma del acuerdo supondría un incremento total del PIB de 36.743,3 millones de euros y una creación de 334.836 nuevos empleos, como fruto exclusivo del acuerdo”.

Estas cifras tan optimistas han sido matizadas por la propia Comisión y desacreditadas por un buen número de estudios. De entre las abundantes críticas realizadas, destacan las que indican que la fiabilidad de los estudios financiados por la Comisión es muy reducida dado que son modelizaciones de Equilibrio General donde ni se computan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas sobre el empleo ni se tiene en cuenta el impacto en el empleo desde la vertiente cualitativa. Además, otras investigaciones han obtenido resultados opuestos. En este sentido destaca el estudio el elaborado por el profesor Capaldo que pronostica una caída de las rentas del trabajo (respecto de la que Francia sería la más afectada); una pérdida neta de empleo de aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la UE, con una mayor afectación a los países del norte de Europa, seguidos de Alemania y de Francia y una aceleración de la transferencia de renta desde el trabajo al capital. Por su parte, un reciente informe del FMI, el Banco Mundial y la OMC establece con claridad que “el comercio está dejando demasiadas personas y comunidades atrás, también en las economías avanzadas”, poniendo el dumping social y las deslocalizaciones en el centro del debate; la cosa no acaba aquí, el informe de impacto del CETA, publicado en 2011, reconoce que los trabajadores/as de sectores como la agricultura, la ganadería o la minería se verían afectados y forzados a buscar trabajo en otros sectores.

La fiabilidad de los estudios financiados por la Comisión es muy reducida dado que son modelizaciones de Equilibrio General donde ni se computan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas

Como es evidente, todo lo anterior está íntimamente relacionado con la cuestión de las pymes, el otro eje del debate sobre la creación de empleo. De manera paralela al endurecimiento de las críticas respecto del impacto de estos acuerdos, las partes negociadoras han venido promocionando estos tratados afirmando sus supuestos efectos beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas y presentándolos como la solución exportadora a las mismas. A pesar de esta afirmación, no existe ningún análisis del impacto positivo que la firma del CETA puede tener sobre estas empresas. Al contrario, el Comité Económico y Social Europeo ha remarcado que, al valorar el impacto de estos acuerdos (en concreto del TTIP) sobre las pymes no se ha computado el efecto expulsión del mercado que la entrada de empresas extranjeras en el mercado intraeuropeo, podría suponer para las pymes de la UE. Como advierte el Comité, la puesta en marcha de este tipo de acuerdos fomentaría la expansión de las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas, y sobre todo de las grandes empresas norteamericanas, o canadienses, que serían las grandes beneficiarias mediante su ganancia de cuota de mercado europeo. De hecho, el conocido estudio de Capaldo resalta cómo el TTIP fomentaría la sustitución de comercio intracomunitario por comercio de la UE con EEUU. Por añadidura, el CETA, calificado como el acuerdo más ambicioso jamás firmado por la UE, no incluye un capítulo sobre medidas concretas de apoyo a las pymes.

Más allá de las predicciones y del plano cuantitativo, debe quedar claro que todos los tratados comerciales y/o de inversión provocan un impacto sobre los derechos laborales en sí mismos considerados, es decir, una afectación cualitativa del trabajo. El alcance de la afectación depende fundamentalmente de la profundidad de la integración económica, del grado de desregulación, de la introducción de mecanismos de protección de los inversores o de cooperación reguladora y, en menor medida, este impacto sobre los derechos vinculados al trabajo se relaciona con la introducción de cláusulas sociales.

La discusión clásica acerca del impacto cualitativo de la liberalización del comercio puede sintetizarse en dos afirmaciones confrontadas. Desde el punto de vista crítico se afirma que, aun cuando en los acuerdos comerciales no se obligue directamente a las partes a reducir sus estándares laborales dejándoles libertad o incluso estableciendo mínimos comunes, desde el momento en el que el capital adquiere libertad de movimiento va a tender a ubicarse en los lugares con menores costes, tanto económicos como normativos. De esta manera, las zonas donde se mantengan o eleven los estándares laborales tenderán a perder inversiones respecto de aquellas donde se reduzcan y este fenómeno de dumping social lleva aparejado una dinámica ulterior de competencia entre los Estados (regulatory competition) que desemboca en una carrera a la baja (race to the bottom) en los estándares laborales para atraer la inversión extranjera utilizando el factor trabajo como elemento de competitividad.

Con el apoyo del Partido Socialista, puede acabar aprobándose un tratado de consecuencias previsiblemente muy graves para las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico

Contradiciendo este análisis, los partidarios de la liberalización comercial afirman que este fenómeno no tiene por qué producirse. En este sentido se delineó el antiguo artículo 117 del TCEE (hoy integrado en el art. 153 del TFUE) donde se acoge la teoría del “engranaje”, es decir, la confianza en que la equiparación por la vía del progreso de las condiciones de vida y de trabajo resultará del funcionamiento del mercado común que favorecerá la armonización de los sistemas sociales. Esta afirmación, que supone una relación win-win entre comercio y estándares laborales, no ha sido probada por ninguna de las actuales experiencias de integración vigentes. De hecho, el resultado es el contrario, solo hay que observar con atención las consecuencias del NAFTA o, sin ir más lejos, las de la integración europea.

Centrándonos en el contenido del CETA, es posible sintetizar tres elementos del acuerdo que van a provocar una rebaja de los niveles de protección laboral de las personas que trabajan en la UE o en Canadá: la maximización de la liberalización (o desregulación) de servicios y que va a afectar a los estándares laborales aplicables a la fuerza de trabajo desplazada en las prestaciones de servicios transnacionales; las posibles consecuencias de los mecanismos de cooperación regulatoria sobre las normas laborales y los convenios colectivos y el impacto de los sistemas de resolución de controversias inversor-Estado sobre los derechos de las y los trabajadores y en concreto sobre los convenios colectivos. Por no mencionar la repercusión del acuerdo sobre otras cuestiones con impacto en el empleo como las Denominaciones de Origen. La limitada cláusula social del capítulo 23 del CETA, que no prevé mecanismos de sanción efectiva por el incumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos laborales, es incapaz de prevenir la pérdida de puestos de trabajo o la reducción de los derechos de las y los trabajadores.

La preocupación por estas posibles repercusiones y la posibilidad de que algunos de estos mecanismos, y otros, sean contrarios a distintas disposiciones de la Constitución Española han motivado que desde la campaña ciudadana No al TTIP y al CETA se impulsara, en conjunto con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, la activación del procedimiento de control previo de constitucionalidad del CETA. Para ello, una vez el Gobierno remitió el texto del CETA a la presidenta del Congreso, este grupo interpuso un escrito donde se requiere la autorización del Congreso de los Diputados para solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre dos cuestiones: la existencia o inexistencia de contradicción entre diversas disposiciones del CETA, fundamentalmente el capítulo 8 y el 26, con los artículos 9.3, 14, 23 y 24 de la Constitución Española; y sobre la suficiencia o insuficiencia del art. 94 de la Constitución Española para dar cauce a la prestación del consentimiento del Estado al Tratado.

Se trata de un procedimiento establecido en el art. 95.2 de la Constitución Española, de radical higiene democrática, que nunca se había puesto en marcha desde el Congreso y que, para prosperar requiere del respaldo de la mayoría de las y los diputados. Así, una vez más la responsabilidad recae sobre los hombros del PSOE. Las y los eurodiputados de este partido ya se opusieron, inexplicablemente, a un procedimiento similar instado en el ámbito de la UE. Falta por ver si también se oponen a un procedimiento que busca ante todo la defensa de la intangibilidad de la Constitución Española. 

Si el PSOE se suma de nuevo al PP y a Ciudadanos para evitar este control, el Congreso no tardará en votar el CETA. Así, con el apoyo del Partido Socialista, puede acabar aprobándose un tratado de consecuencias previsiblemente muy graves para las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico, sin debate ciudadano, sin información pormenorizada y sin darnos la oportunidad de votar en referéndum. Siempre nos queda la esperanza de que el CETA lo pare Valonia, pero estaría bien, por una vez, ser las y los primeros en decir basta.

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Adoración Guamán. Profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de València. Miembro del Consejo Científico de ATTAC España y de la Campaña No al TTIP y al CETA. Autora de: TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia, Akal, Madrid, 2015; Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, Pol·len, Barcelona, 2016 (Dirigido con Pablo Jiménez) y El CETA al descubierto: las consecuencias del Tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, Bomarzo, 2016 (escrito con Jorge Conesa).