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El tortuoso camino del Tratado entre Canadá y la Unión Europea (CETA) ha llegado a una de sus encrucijadas fundamentales. El Parlamento Europeo va a votar este miércoles 15 de febrero el primer gran acuerdo comercial de segunda generación, es decir, un macrotratado que supera ampliamente la materia de comercio e inversión, en un clima de conflicto abierto que hace apenas dos años nadie habría esperado. Desde hace dos años, y en particular a lo largo de 2016, el CETA ha sido objeto de innumerables críticas desde sectores sociales, sindicales, académicos y políticos, dentro y fuera del Parlamento Europeo.

De hecho, la fecha para votar el texto ha sido incierta durante un largo tiempo y postergada varias veces en un intento por calmar los ánimos. No lo han conseguido. De los ocho grupos parlamentarios de la Eurocámara, cuatro ya han anunciado su voto en contra (Verdes, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, el Grupo de la Europa por la Libertad y la Democracia Directa y el Grupo de Europa de las Naciones y las Libertades) y han presentado resoluciones contundentes para justificarlo. Además, se prevén manifestaciones multitudinarias en los aledaños de la sede de Estrasburgo donde se reúne esta semana el Parlamento. Aun así, el futuro del CETA no corre peligro, al menos no en esta etapa del camino: la gran coalición entre una buena parte de los socialdemócratas y los grupos de la derecha (Grupo del Partido Popular, la Alianza de los Demócratas y Liberales y los Conservadores y Reformistas) asegura una mayoría a favor de la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá.

Explicado en términos de política española: las y los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya/Verds, Compromís y EH Bildu se han posicionado en contra. El resto, incluyendo los 14 eurodiputados/as del PSOE, los 17  del PP, los cuatro de UPyD y los dos de Ciudadanos, apoyarán el CETA. Se prevé también el voto favorable del PNV y CDC.

No está de más repasar brevemente la historia del acuerdo. El nacimiento y primer desarrollo del CETA fue un agradable paseo hasta que unos grupos ecologistas y altermundistas tuvieron, allá por 2014, el acierto de convertir la lucha contra el TTIP --acuerdo UE-Estados Unidos-- en el emblema que ha ido aglutinando los movimientos de protesta a lo largo y ancho de la UE. Poco después, cuando se decidió vincular la protesta contra el TTIP con el rechazo al acuerdo con Canadá, dado que son tratados gemelos, empezaron los verdaderos problemas. Pero el CETA comenzó a negociarse mucho antes. De hecho, las primeras conversaciones sobre la posible creación de una zona de libre comercio que agrupase a la UE y a Canadá tuvieron lugar en la cumbre Canadá-UE celebrada en Ottawa en 2002. Aquel primer proyecto de CETA se congeló tres años después de su nacimiento y se reactivó tan sólo tras el fracaso de la ronda de Doha de la OMC. Las conversaciones se retomaron en 2007 y llevaron al inicio formal de la negociación en 2009, en un momento en el que en Canadá gobernaba un primer ministro conservador, Stephen Harper, al que se le podría incluso llamar hoy el “Trump canadiense avant la lettre”.

Nadie, salvo unas pocas organizaciones y movimientos sociales, reparó en la importancia de lo que se estaba negociando y su posible impacto. La falta de atención al acuerdo que se estaba gestando deriva sin duda de distintos factores: por un lado, probablemente todas las miradas políticas estaban puestas en el desarrollo de las crisis financieras -- recordemos que en aquellos momentos Nicolas Sarkozy hablaba de reformar el capitalismo en el marco de un recién fundado G-20--; por otro lado, no podemos olvidar que durante el proceso de negociación del CETA la opacidad mantenida por los responsables del procedimiento fue prácticamente total. De hecho, el Parlamento Europeo se pronunció en 2011 sobre un texto sin que la mayoría de los parlamentarios conociera su contenido y no hubo la más mínima apertura de información a la ciudadanía en general.

Nadie, salvo unas pocas organizaciones y movimientos sociales, reparó en la importancia de lo que se estaba negociando y su posible impacto

Finalmente, el texto se hizo público ya “cerrado”, el 26 de septiembre de 2014, por Stephen Harper y el presidente de la Comisión Europea en aquel momento, Durão Barroso, durante una Cumbre UE-Canadá en Toronto,  precisamente en el momento en el que comenzaba la movilización europea contra el TTIP. En ese contexto, la Comisión Europea decidió guardar el CETA en el frigorífico, con la excusa de una larga revisión jurídica, a la espera de que tuvieran lugar las elecciones canadienses, en octubre de 2015. La intención era, según los plazos originalmente previstos por los negociadores, conseguir la firma del CETA sin revuelo y evitar su solapamiento con el TTIP, pero no les fue posible.

La ‘batalla’ contra el CETA ha tenido un desarrollo curioso. Más allá de las protestas a ambos lados del Atlántico, no siempre acompasadas, las respuestas de los distintos gobiernos de la UE, de los partidos políticos y de los sindicatos han sido paradójicas y su análisis es útil para entender lo que va a escenificarse en la votación en el Parlamento Europeo.

En primer lugar, las expectativas respecto de una actuación contundente contra el CETA desde gobiernos como el chipriota o el griego eran altas. No fue así, el Gobierno griego, una vez ganada su particular lucha para incluir el queso feta entre las denominaciones de origen, se plegó a los designios de la mayoría del Consejo Europeo. Tampoco los gobiernos donde tienen influencia los partidos que forman parte del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, que ha mantenido una oposición frontal contra el CETA, como el de Lituania, han opuesto resistencia en el Consejo. Ni siquiera los landers donde estos partidos gobiernan en Alemania han manifestado su oposición al acuerdo. En cambio, fue la pequeña Valonia quien consiguió que se negociasen una serie de condiciones ante la firma del CETA en el Consejo del 30 de octubre, una opereta entre jefes de Gobierno de la que salieron 38 Declaraciones anexas, cuyo valor jurídico es incierto y cuyo contenido no limita, ni de lejos, las consecuencias negativas que van a derivarse de la aplicación del tratado.

Son innumerables los artículos que se han publicado denunciando los impactos que conllevará su entrada en vigor

Desde ese momento y a lo largo de los últimos meses se ha escrito mucho sobre las consecuencias que tendrá el CETA en los derechos sociales, ambientales, laborales, servicios públicos, agricultura, ganadería, investigación, etc. Son innumerables los artículos que se han publicado denunciando los impactos que conllevará su entrada en vigor y exigiendo a los eurodiputados un voto consciente y responsable con los intereses de las mayorías sociales. Pero parece que esto no va a ser posible.

Por un lado, y con toda probabilidad, asistiremos al fraccionamiento de los socialdemócratas, que votarán divididos. Una buena parte de los eurodiputados/as belgas, franceses, holandeses, portugueses, griegos, búlgaros, austríacos o irlandeses del grupo socialista votarán en contra del acuerdo. En parte por el clima político de sus países, marcado por un fuerte movimiento de protesta en muchas ocasiones, en parte por lo cercano de algunos comicios y la amenaza de fuerzas a su izquierda. Frente a este grupo contestatario, una mayoría de los eurodiputados socialdemócratas, que gustan de llamarse “progresistas”, votarán a favor del acuerdo y permitirán una mayoría holgada a favor del CETA. Serán los italianos, británicos, eslovacos o rumanos que no ven peligro por su izquierda y que están cómodos actuando como pilar de la gran coalición europea.

Hay dos casos sin embargo que contradicen la explicación anterior. En primer lugar, el SPD alemán, convertido en el gran valedor del acuerdo y que tendrá pocas deserciones, pese a que las movilizaciones en Alemania han sido las más contundentes de toda la UE y a la proximidad de sus comicios. En segundo lugar, el PSOE. No deja de llamar la atención la actitud cerril de los eurodiputados socialistas, e incluso de la actual secretaría económica, con el apoyo sin fisuras no sólo al CETA sino al mismo TTIP (Trump mediante). Se han convertido, sin ninguna necesidad --porque para eso ya está el PP-- en adalides del libre comercio a ultranza, desoyendo la creciente movilización y sin percatarse del coste político que va a tener su decisión. Podrían haber jugado, incluso, al doble discurso y haber condenado el TTIP, prácticamente ya muerto, u optar por la discreción respecto de su apoyo al CETA. Pero no, el PSOE, como si estuviera sobrado de apoyo social y conexión con la ciudadanía, prefiere hacer oídos sordos al clamor que une a aliados habituales suyos, como la UGT, con la mayoría del resto de sindicatos, organizaciones campesinas, medioambientales  Jueces para la Democracia y un larguísimo etcétera de entidades y organizaciones.

Califican a Canadá como el amigo bondadoso, desconociendo el comportamiento de este país respecto a los derechos ambientales, laborales o sociales

Parece que no se han dado cuenta de que el libre comercio se está convirtiendo en el nuevo eje que marca la lucha social al escenificar con claridad esa dicotomía manida, pero siempre real, del 99% desposeído frente al 1% cada vez más rico. Siguen pensando que la falacia de que la inversión extranjera y el libre comercio van a crear empleo es creíble; califican a Canadá como el amigo bondadoso, desconociendo el comportamiento de este país respecto a los derechos ambientales, laborales o sociales; aún pretenden engañarnos con triquiñuelas jurídicas (como las 38 Declaraciones que se han anexado al Tratado); o incluso se atreven a comparar la oposición al tratado con la política de Trump, demostrando su profundo desprecio por la movilización social.

Mañana se juega en el Parlamento una batalla decisiva. No estamos ante una etapa más de la vida del tratado, sino ante la votación que permitirá la aplicación provisional del CETA.  Luego nada será igual. Es cierto que aún queda la fase de votación en el ámbito estatal pero, aun cuando el texto no llegue a ratificarse finalmente porque algún Estado miembro lo rechace, el tratado ya habrá provocado consecuencias, sin duda graves e irreversibles. Esta encrucijada ofrece a los socialistas una oportunidad única de “redimirse”. Los eurodiputados del PSOE pueden elegir, pero queda poco tiempo. Pueden optar por escuchar a los movimientos sociales, a sus cargos públicos que en los ayuntamientos o Comunidades Autónomas han votado mociones en contra del CETA, a los sindicatos o a los académicos que publican advertencias respecto de lo que puede producir la entrada en vigor del Tratado. O pueden decidir permitir con su voto la entrada en vigor del CETA.