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Tribuna

Sacad vuestras sucias manos de la acción popular

Escandaliza que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimirla o vaciarla de contenido

José Antonio Martín Pallín 17/05/2017

<p>Justicia.</p>

Justicia.

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Si la justicia emana del pueblo, como proclama nuestra Constitución y otras homólogas, parece lógico pensar que los ciudadanos puedan ejercer la acción popular para la persecución de determinados delitos. Sin embargo, por razones espúreas que trataremos de explicar a lo largo de este artículo, está siendo cuestionada con argumentos completamente ajenos a los principios esenciales que deben regir en una sociedad democrática, consciente de la indeclinable defensa del valor justicia, establecido como pórtico de nuestro texto constitucional. 

Tiene sus raíces en Inglaterra y fue adoptada por nuestros liberales desde la Constitución de 1812 que consagró la acción popular si bien, en principio, estaba limitada a los sobornos, cohechos y prevaricaciones cometidos por magistrados y jueces. Su permanencia nunca ha sido cuestionada, ni siquiera en los periodos dictatoriales que se han interferido en el devenir democrático de nuestra historia.

No creo que haga falta acudir a citas históricas para justificar su existencia. Es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública. Si esto ha sido así y admitido pacíficamente durante más de dos siglos, resulta sorprendente y hasta sospechoso que, con ocasión de procesos en los que se ven involucradas personas pertenecientes a la familia real, como una hija del anterior monarca, financieros o políticos cercanos al poder, se haya tratado de poner en duda su legitimidad. Dicho esto, no descarto que puedan hacerse algunas correcciones técnicas, meramente formales, para regular su ejercicio.  

Me parece que el vigente artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se formula de forma clara y a mi parecer impecable que todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitar la acción popular, cubre suficientemente las previsiones de las Constituciones anteriores y de la vigente que, en su artículo 125, le atribuye rango constitucional.

La acción popular es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública

El legislador solamente ha puesto como cautela la posibilidad de que el juez exija una fianza a las personas que pretendan ejercitarla, si bien, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estas fianzas nunca pueden ser desproporcionadas, hasta tal punto de que conviertan en disuasoria la pretensión de utilizarla. Salvado este obstáculo, corresponde a los jueces velar por que no se produzcan abusos o corruptelas en su ejercicio. 

En otros países, el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Fiscal, si bien existen variantes más cercanas a nuestra forma de regular el ejercicio de la acción penal. Este monopolio no se corresponde con nuestra cultura y tradición histórica y, por otro lado, la actualidad pone en evidencia que la estructura del Ministerio Fiscal, jerarquizada bajo la dirección de un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno y regido no sólo por el principio de  legalidad, sino también por el de oportunidad, no es la institución más adecuada para adjudicarle la exclusiva de la persecución de los delitos y mucho menos la instrucción de las diligencias previas al juicio oral.

Durante muchos años nadie discutió que la acción popular era un derecho de los ciudadanos españoles, considerados como personas individuales, que dotados de la plenitud de sus derechos civiles podían ejercitar la acción penal ante los juzgados y tribunales. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha venido a complicar, en cierto modo, esta clara y uniforme regulación de la institución, introduciendo la posibilidad de extender la acción popular a las Corporaciones, Asociaciones y grupos. En mi opinión el legislador ha querido, sin expresarlo de forma nítida,  reservarla exclusivamente para la defensa de los intereses generales, siempre que estos colectivos estén legal y específicamente habilitados para su defensa y promoción.  

Las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social

En mi opinión, las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social. Así por ejemplo una asociación dedicada a la lucha contra la violencia machista no hay duda de que estaría legitimada para ejercitar la acción popular en los delitos de violencia de género. Del mismo modo, una asociación de ecologistas tendría plena legitimación para ejercitar la acción popular en los casos de delitos medioambientales o relacionados con la ordenación del territorio. O una asociación de protección de los animales estaría legitimada para perseguir su maltrato.

Sin embargo, al socaire de esta habilitación legal han proliferado asociaciones y grupos  cuya misión justiciera se centra en perseguir indiscriminadamente cualquier clase de delito público que se cometa en territorio español. Esta interpretación me parece desmesurada y fuera de las previsiones legales. 

La consecuencia no se ha hecho esperar. El "sindicato" Manos Limpias, omnipresente en toda clase de procesos, ha sido acusado de utilizar la acción popular para extorsionar a personas y entidades, erigiéndose en una especie de institución paralela al Ministerio Fiscal. Las consecuencias han sido nefastas, hasta tal punto que se ha producido una deslegitimación de la acción popular y se ha dado pie para que los poderes políticos y financieros que puedan verse afectados por el ejercicio abusivo de la acción popular hayan recurrido a todo género de artificios, presiones políticas y propuestas legislativas para borrar del panorama procesal español la acción popular. Acabamos de conocer que una asociación promovida por un excomisario de policía, denominada Transparencia y Justicia, ha sido admitida como parte acusadora en el denominado Caso Lezo.

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular. Me tranquiliza que se esté investigando la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus integrantes. Pero más me preocupa y escandaliza, según hemos escuchado en la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas con ocasión de los últimos escándalos de corrupción, que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimir la acción popular o vaciarla de contenido.

Esta desvergüenza obscena, pornográfica y prepotente, me preocupa mucho más que las actividades procesales fraudulentas que pueden ser perfectamente controladas por los jueces. Disponen de líneas interpretativas suficientes para aceptar o denegar querellas injustificadas y maliciosas interpuestas al amparo de la acción popular. Su desaparición supondría un retroceso democrático y una desconfianza generalizada en un sistema judicial, en estos momentos, preocupantemente afectado por las reprobaciones solicitadas, en sede parlamentaria, del Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe Anticorrupción y el ministro de Justicia.

Expulsemos del proceso a los que utilizan la acción popular para deslegitimarla y conseguir su eliminación, potenciando su ejercicio, dentro de la legalidad, como instrumento para fortalecer los valores constitucionales, en el seno de una sociedad plenamente democrática de ciudadanos participativos que se sientan comprometidos con la limpieza de las instituciones.

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José Antonio Martin Pallín.-   Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) Abogado de Lifeabogados.

Autor >

José Antonio Martín Pallín

Es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

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  1. Jesús Díaz Formoso

    Los Jueces, hoy, parece que cayeron de un guindo; que pasaban por allí. Pero no. No son los Políticos los que vulneran nuestro Derecho al Juicio Justo. Son y han sido siempre LOS JUECES. // Veamos un caso mediático dónde la Corrupción sale por fuera del alcantarillado: ELPEQUEÑO NICOLÁS. - http://www.abc.es/espana/abci-anulan-condena-calumnias-pequeno-nicolas-acusar-espiarle-201705191127_noticia.html - // Anulan la sentencia condenatoria del Pequeño Nicolás porque no se admitió un testigo. ESA AUDIENCIA PROVINCIAL, TAN DULCE CON LA CORRUPCIÓN, Y TAN DURA E INDECENTE CON LOS POBRES; PEOR SI ADEMÁS DE POBRES SON ROJOS. // El Pequeño Nicolás, salsa de todas las corrupciones, SI TIENE DERECHO A UN JUICIO JUSTO. No a cualquier Juicio Justo; a un Juicio Justo de Cojones. // Fran Molero, no tuvo ni abogado; no pudo proponer testigo alguno, porque se le ocultó la misma existencia del proceso penal; se le ocultó la tramitación de las actuaciones penales durante toda la fase de instrucción, cuando se recopilan las pruebas. // Si para la Jurisprudencia del Tribunal Supremo –si, del Tribunal Supremo español-, del Tribunal Constitucional –Si, del español- y de los Tribunales Internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay algo imprescindible en la fase de Instrucción de todo proceso penal, es la declaración del imputado, al que antes se ha de informar de la acusación. Al “pequeño Nicolás” no le faltó ni información ni abogado; tuvo conocimiento de los hechos que se le imputaban, fue citado a declarar y tuvo una defensa efectiva. Pero hubo un testigo que, quizás, habría podido aportar algo a la defensa del niño de la Corrupción española. A ese Testigo no lo admitieron y recurrieron, recurso que fue resuelto. Ahora se anula la Sentencia. Los JUECES QUE “se equivocaron”, ¡se van de rositas, sin ser siquiera investigados?! // Pero Fran es pobre; y es Socialista. Y los pobres, y los socialistas, no tenemos derecho a un Juicio Justo. Solo a ser linchados en público. Ante nosotros se abre de nuevo la lacra del EXILIO POR RAZONES POLÍTICAS, si es que a la CORRUPCIÓN POLÍTICA, MEDIÁTICA, JUDICIAL Y FINANCIERA QUE LO ARRASA TODO SE LE PUEDE LLAMAR POLÍTICA; de hecho HA SIDO SIEMPRE la Política de estos “otros” 40 años. O te vas a la cárcel porque el Estado no respeta tus Derechos Humanos, o te exilias. EN TODAS LAS DICTADURAS SE ACABA ASÍ. // Pero parece que los Jueces pasaban por allí que la CORRUPCIÓN JUDICIAL no va con ellos. MENUDA CARA DURA DE CEMENTO ARMADO, SEÑORÍAS!! // DEJARON A FRAN SIN ABOGADO DURANTE TODA LA FASE DE INSTRUCCIÓN; Y LE OCULTARON LA INCOACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS HASTA MUCHO DESPUÉS DE HABERSE CERRADO LA INSTRUCCIÓN. Que es la fase del proceso en que se produce la Investigación Judicial, cuando se buscan y aportan las pruebas que luego se podrán practicar en el juicio Oral; en la que se exige inexcusablemente la presencia de abogado que asista al imputado; la misma exigencia inexcusable de que se produzca la Declaración Judicial del Imputado respecto de los hechos de que es acusado; de los que también es inexcusable que sea informado. Nada de esto tuvo lugar en el caso de Fran; si en el del “pequeño Nicolás”. // NEGAR A FRAN SU DERECHO AL JUICIO JUSTO, FUE EL SISTEMA IDEADO POR LA CORRUPCIÓN JUDICIAL DEL PP$*eE, ORGANIZADA Y DE LA MANO DEL FISCAL JEFE DE MADRID, EL INFAME MOIX, PARA LOGRAR LA IMPUNIDAD DE CRISTINA CIFUENTES, por sus EVIDENTES, pero "presuntos", delitos graves contra los Derechos Fundamentales; ponerla a salvo de graves imputaciones por la violencia policial que llevó a efecto desde la Delegación del Gobierno en Madrid, con el único objeto de VULNERAR LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN, ASI COMO LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. // Siempre Moix, ahora Moix; el Fiscal que veló porque Fran Molero no hubiese tenido un juicio justo ( http://puntocritico.com/2017/04/29/francisco_molero/ ) y, así, fuese condenado, injustamente. Para satisfacción de CRISTINA CIFUENTES y el PP de Madrid, con toda su corrupción, que necesitaban al menos una condena para justificar las brutales -y en mi opinión, como en la de muchos otros, delictivas-cargas policiales contra manifestantes pacíficos (que mejor forma de obtener la condena que dejando al imputado sin abogado). // Como señala el fallecido Comisario Pique i Batallé, en su estudio titulado "El Síndrome de Sherwood” ( http://www.ausaj.org/node/26 ), "Incluso han intentado, sin éxito, denunciar a la policía por detención ilegal o violar el derecho de circulación. Si se planifica correctamente, la fiscalía ha de estar avisada de la aplicación de esta táctica para evitar estas denuncias". // LA CORRUPCIÓN JUDICIAL, AL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE LOS NEOLIBERALES GLOBALISTAS. Fran ha sido su última víctima; la siguiente puedes ser tu. ES LA JUSTICIA, ESTÚPIDO.

    Hace 3 años 10 meses

  2. Jesús Díaz Formoso

    Otra opción más efectiva (la única efectiva): que los jueces respondan efectivamente de sus actos. Expulsemos de la judicatura a los Corruptos, en vez de ascenderlos. A LOS JUECES HA DE JUZGARLOS EL TRIBUNAL DEL JURADO. Y se acabó la impunidad de los corruptos, al acabar con la impunidad de "sus" Jueces. No hace falta encarcelarlos, no teman. SÓLO ACABAR CON LA CORRUPCIÓN ELIMINANDO SUS CAUSAS. Por ahora lo que se hace es perseguir a las víctimas de la CORRUPCIÓN JUDICIAL que se atreven a denunciarla. Condenando inocentes para encubrir a "sus" queridos delincuentes de cuello blanco ... y corazón negro, que los llevan de excursión. VOLQUETES DE PUTAS. VEMOS QUE ERAN TAMBIÉN VOLQUETES DE JUECES. Mezclados putas y jueces. Qué vergüenza.

    Hace 3 años 10 meses

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