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Si la justicia emana del pueblo, como proclama nuestra Constitución y otras homólogas, parece lógico pensar que los ciudadanos puedan ejercer la acción popular para la persecución de determinados delitos. Sin embargo, por razones espúreas que trataremos de explicar a lo largo de este artículo, está siendo cuestionada con argumentos completamente ajenos a los principios esenciales que deben regir en una sociedad democrática, consciente de la indeclinable defensa del valor justicia, establecido como pórtico de nuestro texto constitucional. 

Tiene sus raíces en Inglaterra y fue adoptada por nuestros liberales desde la Constitución de 1812 que consagró la acción popular si bien, en principio, estaba limitada a los sobornos, cohechos y prevaricaciones cometidos por magistrados y jueces. Su permanencia nunca ha sido cuestionada, ni siquiera en los periodos dictatoriales que se han interferido en el devenir democrático de nuestra historia.

No creo que haga falta acudir a citas históricas para justificar su existencia. Es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública. Si esto ha sido así y admitido pacíficamente durante más de dos siglos, resulta sorprendente y hasta sospechoso que, con ocasión de procesos en los que se ven involucradas personas pertenecientes a la familia real, como una hija del anterior monarca, financieros o políticos cercanos al poder, se haya tratado de poner en duda su legitimidad. Dicho esto, no descarto que puedan hacerse algunas correcciones técnicas, meramente formales, para regular su ejercicio.  

Me parece que el vigente artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se formula de forma clara y a mi parecer impecable que todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito, pueden ejercitar la acción popular, cubre suficientemente las previsiones de las Constituciones anteriores y de la vigente que, en su artículo 125, le atribuye rango constitucional.

La acción popular es una consecuencia lógica de la profundización democrática y del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública

El legislador solamente ha puesto como cautela la posibilidad de que el juez exija una fianza a las personas que pretendan ejercitarla, si bien, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estas fianzas nunca pueden ser desproporcionadas, hasta tal punto de que conviertan en disuasoria la pretensión de utilizarla. Salvado este obstáculo, corresponde a los jueces velar por que no se produzcan abusos o corruptelas en su ejercicio. 

En otros países, el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Fiscal, si bien existen variantes más cercanas a nuestra forma de regular el ejercicio de la acción penal. Este monopolio no se corresponde con nuestra cultura y tradición histórica y, por otro lado, la actualidad pone en evidencia que la estructura del Ministerio Fiscal, jerarquizada bajo la dirección de un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno y regido no sólo por el principio de  legalidad, sino también por el de oportunidad, no es la institución más adecuada para adjudicarle la exclusiva de la persecución de los delitos y mucho menos la instrucción de las diligencias previas al juicio oral.

Durante muchos años nadie discutió que la acción popular era un derecho de los ciudadanos españoles, considerados como personas individuales, que dotados de la plenitud de sus derechos civiles podían ejercitar la acción penal ante los juzgados y tribunales. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha venido a complicar, en cierto modo, esta clara y uniforme regulación de la institución, introduciendo la posibilidad de extender la acción popular a las Corporaciones, Asociaciones y grupos. En mi opinión el legislador ha querido, sin expresarlo de forma nítida,  reservarla exclusivamente para la defensa de los intereses generales, siempre que estos colectivos estén legal y específicamente habilitados para su defensa y promoción.  

Las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social

En mi opinión, las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular en la persecución de aquellos delitos que lesionen los intereses generales que son propios de su objeto social. Así por ejemplo una asociación dedicada a la lucha contra la violencia machista no hay duda de que estaría legitimada para ejercitar la acción popular en los delitos de violencia de género. Del mismo modo, una asociación de ecologistas tendría plena legitimación para ejercitar la acción popular en los casos de delitos medioambientales o relacionados con la ordenación del territorio. O una asociación de protección de los animales estaría legitimada para perseguir su maltrato.

Sin embargo, al socaire de esta habilitación legal han proliferado asociaciones y grupos  cuya misión justiciera se centra en perseguir indiscriminadamente cualquier clase de delito público que se cometa en territorio español. Esta interpretación me parece desmesurada y fuera de las previsiones legales. 

La consecuencia no se ha hecho esperar. El "sindicato" Manos Limpias, omnipresente en toda clase de procesos, ha sido acusado de utilizar la acción popular para extorsionar a personas y entidades, erigiéndose en una especie de institución paralela al Ministerio Fiscal. Las consecuencias han sido nefastas, hasta tal punto que se ha producido una deslegitimación de la acción popular y se ha dado pie para que los poderes políticos y financieros que puedan verse afectados por el ejercicio abusivo de la acción popular hayan recurrido a todo género de artificios, presiones políticas y propuestas legislativas para borrar del panorama procesal español la acción popular. Acabamos de conocer que una asociación promovida por un excomisario de policía, denominada Transparencia y Justicia, ha sido admitida como parte acusadora en el denominado Caso Lezo.

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular

Es evidente que Manos Limpias ha ensuciado la legitimidad y la fuerza democrática y ciudadana de la acción popular. Me tranquiliza que se esté investigando la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus integrantes. Pero más me preocupa y escandaliza, según hemos escuchado en la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas con ocasión de los últimos escándalos de corrupción, que presuntos delincuentes hayan establecido contactos y traten de presionar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se avenga a suprimir la acción popular o vaciarla de contenido.

Esta desvergüenza obscena, pornográfica y prepotente, me preocupa mucho más que las actividades procesales fraudulentas que pueden ser perfectamente controladas por los jueces. Disponen de líneas interpretativas suficientes para aceptar o denegar querellas injustificadas y maliciosas interpuestas al amparo de la acción popular. Su desaparición supondría un retroceso democrático y una desconfianza generalizada en un sistema judicial, en estos momentos, preocupantemente afectado por las reprobaciones solicitadas, en sede parlamentaria, del Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe Anticorrupción y el ministro de Justicia.

Expulsemos del proceso a los que utilizan la acción popular para deslegitimarla y conseguir su eliminación, potenciando su ejercicio, dentro de la legalidad, como instrumento para fortalecer los valores constitucionales, en el seno de una sociedad plenamente democrática de ciudadanos participativos que se sientan comprometidos con la limpieza de las instituciones.

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José Antonio Martin Pallín.-   Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) Abogado de Lifeabogados.